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Las violacioncitas

No estoy de acuerdo con la resolución del INE por la que libera al Partido Verde Ecologista de México por las violaciones sistemáticas y reiteradas a la normativa en materia electoral.

Durante el pasado proceso electoral el Verde Ecologista, en abierto reto a las instituciones y a los demás partidos políticos, desoyó los señalamientos según los cuales ese partido político se estaba apropiando de programas sociales para hacer propaganda electoral, puso en riesgo, a decir del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, el principio de equidad en la contienda.

Esas acciones en las que incurrió el partido de la ecología provocaron también que el pleno del Consejo lo sancionara en reiteradas ocasiones con multas a cuenta de las prerrogativas electorales. Se hablaba, incluso, de la posibilidad de retirarle el registro a petición de diversos sectores y actores políticos.

Pero esta semana el Consejo General del INE consideró que las violaciones a la Constitución y a la normativa electoral no eran tan graves como para retirarle el registro o aplicarle alguna otra sanción.

Como dije al principio, no estoy de acuerdo. No podemos estar de acuerdo cuando la autoridad en materia electoral minimiza en grado extremo la falta de acatamiento a las normas jurídicas aplicables al caso. No podemos consentir que se califique de mínimas las violaciones a la ley y más a la Constitución.

La normativa está ahí. Apropiada o inapropiada, justa o injusta, la norma está vigente y su aplicación no depende de la voluntad de terceros, que deciden qué es grave y que no lo es.

La interpretación, en caso de duda, corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de los órganos y procedimientos constitucionalmente establecidos.

La resolución a la que llegó el INE, el miércoles pasado, en estricto sentido, va en oposición a lo ya mencionado párrafos arriba, respecto a la deliberación del Tribunal, de que esas acciones vulneran el principio de equidad. Aún y cuando el caso del Verde dividió a los Consejeros electorales, la resolución aprobada por el pleno, verdaderamente sienta un precedente que muchos analistas han señalado, según el cual, la violación a las normas no tiene mayor significado que una multa que puede ser recurrida en los tribunales.

Considero que no se va al fondo de la cuestión que es la violación per se a las normas jurídicas que regulan los procesos electorales en el país, desde la Constitución a la ley de partidos políticos y en materia electoral.

¿Son poco trascendentes las violaciones del Verde? Yo considero que no. No puede haber violaciones pequeñas o grandes. Transgredir la ley es un hecho lamentable y la propia legislación establece sanciones a conductas específicas tipificadas como graves o no graves, etc., pero insisto, la conducta, que parece reto a las instituciones, es lo que verdaderamente es reprobable.

Fecha: 
Sábado, 15 de Agosto 2015 - 10:00
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CNDH emite recomendación a Nuevo León por dejar a hombre 2 años más en prisión

El gobernador de NL @RodrigoMedina dejó que esto ocurriera mientras él se hacía rico y desgobernaba.

http://www.24-horas.mx/cndh-emite-recomendacion-a-nuevo-leon-por-dejar-a-hombre-2-anos-mas-en-prision/
 

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Fecha: 
Jueves, 13 de Agosto 2015 - 15:00
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La de Ocho:

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Chapomanía

La fuga del Chapo Guzmán de la cárcel de alta seguridad capturó la imaginación nacional y mundial. Aquí y allá se mofan del ridículo que hizo el gobierno de Enrique Peña y se pone de manifiesto el descrédito de México, que tendrá costos. En el ámbito interno un escenario posible es que puede complicarse, a medida que fenece el sexenio, la gobernanza. En el campo internacional es factible un deterioro de las relaciones con Estados Unidos por bloquear la extradición del capo; asimismo, existe el riesgo de que pocos gobiernos tomen en serio al régimen mexicano: el efecto Chapo puede acarrear una especie de aislamiento diplomático (¿y económico?) del país. A este penoso suceso le antecede la crisis de credibilidad por el conflicto de interés de las casas del presidente y de algunos funcionarios de su primer círculo. También le precede la crisis de derechos humanos en Tlatlaya e Iguala.

A tan delicados asuntos se le suma el descrédito de los poderes Legislativo y Judicial, ambos lastrados por la corrupción y el uso arbitrario y patrimonial del poder y de los recursos públicos en beneficio de sus camarillas. El mismo derrotero siguen los partidos políticos, que representan más bien a sus familias y pandillas. El distintivo de la clase política es la impunidad y la corrupción. El divorcio entre el pueblo y sus representantes es patente. El resultado es que México está al arbitrio del más fuerte, lo que genera más desigualdad. Si las instituciones están rebasadas por disfuncionales y, por tanto, están capturadas por los políticos y la gran empresa, si por ende el gobierno es incompetente, y si la ley está al servicio de las elites, entonces estamos ante una crisis de legitimidad política de las clases gobernantes. ¿Sigue la guerra civil?

Hay que evitar este posible escenario catastrofista. Es hora que el gobierno de Peña muestre que entiende que sí entiende. Ello implica un golpe de timón para cumplir y hacer cumplir la ley, para combatir a la impunidad –mediante la rendición de cuentas– y a la corrupción, llevando a los tribunales a los presuntos corruptos. También involucra un cambio de personas y en las políticas de seguridad y de lucha contra el narcotráfico. La seguridad debe centrarse en combatir a los delitos que más dañan y humillan a los mexicanos (secuestro, extorsión, asesinatos, etc.), y la estrategia contra el narcotráfico requiere sacar al ejército de ese infierno y replantear la política punitiva contra las drogas ilícitas ante Estados Unidos, pues esta inútil lucha nos arrastra a la guerra civil, que dañaría la seguridad del poderoso vecino norteño. Es lamentable lo que pasó, pero es atroz persistir en lo que nos lastima.

Fecha: 
Jueves, 16 de Julio 2015 - 17:00
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¿Y quién me regresa lo que me robaron?

Se nos dice que a finales del mes pasado (26.03.15) compareció ante la Asamblea del Distrito Federal (ALDF) el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) Hiram Almedia, para rendir su primer informe de labores. En dicho informe destaca el incremento de los delitos cometidos en el DF.

Cuatro son los delitos que van en aumento; secuestro, robo al interior del Metro, homicidio doloso y violación.

El índice en el aumento de casos denunciados ocurre de manera comparativa entre febrero y marzo del 2014 y febrero y marzo del 2015. 

El delito de secuestro fue de 59 casos en 2014 y 60 casos en 2015.  

El delito de robo al interior del Metro fue de 378 casos en 2014 y de 398 casos en 2015.

El delito de homicidio doloso fue de 724 casos en 2014 y de 764 casos en 2015. 

El delito de violación fue de 496 casos en 2014 y de 540 casos en 2015. 

En el marco del informe, además, se mencionan cuáles han sido los avances para combatir el crimen en la Ciudad de México. Se menciona que detuvieron a 2 mil 311personas por la comisión del delito de narcomenudeo, principalmente concentrada dicha acción en las siguientes demarcaciones políticas: con el 12 por ciento Cuauhtémoc y Venustiano Carranza; con el 14 por ciento Iztapalapa; con el 15 por ciento Gustavo A. Madero; y con el 22 por ciento Coyoacán. 

En la Ciudad de México “siempre te roban”. Esto me lo comenta mi amigo Miguel que viaja en el transporte público. 

¿Cómo te asaltaron? Ante tal pregunta responde: “La semana pasada se subieron al camión dos hombres y una mujer. Uno desde la puerta apuntaba con una pistola a los pasajeros, mientras la mujer y el otro hombre con un cuchillo nos amenazaba para despojarnos de nuestros celulares, carteras, zapatos tenis y chamarras”.

Por supuesto, concluye el agredido “y nadie logro detener a los delincuentes, la policía ni sus luces”.

En realidad y desgraciadamente el tema de la inseguridad pública es un problema que las autoridades, por ahora, no han logrado combatir con eficacia y eficiencia.

¿La suerte de Miguel depende de la Ley? Ayer la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen por el cual se abroga la Ley de Seguridad Pública  del Distrito Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio de 1993, para crear la nueva la Ley de Seguridad Pública  del Distrito Federal.

El contexto jurídico del nuevo ordenamiento, se dice que se integra por “92 artículos y nueve transitorios”.

Asimismo, “destaca que los integrantes de las instituciones de Seguridad Pública del Distrito Federal deberán abstenerse de infligir, instigar o tolerar actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, aun cuando se trate de cumplir con la orden de un superior o se argumenten circunstancias especiales como amenaza a la seguridad pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra”.

Y, también, se menciona que: “el ejercicio de seguridad pública deberá considerar como eje central a la persona y sus derechos fundamentales, así como la rendición de cuentas, la armónica convivencia de las personas y comunidades, así como la participación social”.

En efecto, su contenido, por lo menos resulta interesante, sin embargo, para Miguel la realidad es otra: ¿Y quién me regresa lo que me robaron? 

Fecha: 
Viernes, 24 de Abril 2015 - 17:00
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El PVEM está más allá del bien y del mal

Hay una apasionada polémica entre quienes están a favor de quitar el registro al partido verde (PVEM) por violación grave y sistemática de la ley (causal de pérdida de registro), y por quienes sostienen que la decisión de quitar el registro a ese o cualquier partido atañe exclusivamente a los electores, es decir, si no obtiene en la elección de junio tres por ciento de los votos efectivos. ¿Cuáles son sus razones? Quienes están por sancionar al verde dicen que incurrió en las causales que señala la ley como motivo para perder el registro. Quienes se oponen a esa “decisión drástica” arguyen que una autoridad administrativa no debe tener la potestad de aplicar la ley como fue aprobada por los legisladores de los mismos partidos, y que las malas conductas de sus dirigentes no tienen por qué afectar a los seguidores y electores del partido en cuestión: el verde más allá del bien y del mal.

El argumento de quienes piden que no se cumpla la ley, y por tanto no se sancione al partido verde, parece favorecer la idea de dejar hacer, dejar pasar: que impere la ley del más fuerte. Todo se vale en la lucha por el poder político: durante el periodo electoral se abre un paréntesis en el que se suspende la ley. También adolecen de un vicio harto común entre los economistas, a saber, que existe la información perfecta, que todos saben lo mismo y que a partir del conocimiento excelso se toman “decisiones racionales”, las que hacen compatible el interés individual con el bien común. Olvidan que en el mercado electoral influyen el clientelismo, la publicidad engañosa, el hambre, el interés propio, la corrupción... Ergo, si la necesidad es causa prima de las “decisiones racionales”, la ley debe regular el mercado electoral.

Los apologistas del verde parecen pedir violar la ley, pues no les gusta (les parece excesiva). Nos quejamos por este o aquel vacío legal, pero cuando existe la ley pedimos clemencia. ¿Acaso la violación sistemática de la ley sin consecuencias no es una de las principales causas de la descomposición de México? ¿No sería un remedio eficaz para abatir la impunidad entre los políticos y sus partidos? ¿No es una ventana de oportunidad para someter a la partidocracia a la ley y depurar el sistema de partidos? ¿No constituiría un potente mensaje para que los políticos pongan sus barbas a remojar? ¿Acaso aplicar la ley no revitalizaría la confianza en el árbitro electoral, el INE? Si los encargados de cumplir y hacer cumplir la ley no la aplican seguirá el lento proceso de degradación política que se manifiesta como violencia. Es hora de preguntarnos seriamente si queremos o no un país de leyes.

Fecha: 
Jueves, 16 de Abril 2015 - 18:00
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De Frente y Claro: Corruptos en MORENA. El Peje y Batres cobran y violan estatutos

Fiel a su forma de ser toda su vida, el Peje López Obrador, vuelve a mentir. Si bien mentir es un defecto, él lo considera una virtud, porque en ello sumado a la traición, ha fincado su carrera política.

Y en esta ocasión vuelve a mentir en compañía y voz de su lacayo, Martí Batres Guadarrama, ahora flamante Presidente del peje partido de Familia, también conocido como MORENA, con el tema que siempre nos ha querido ver la cara, afirmando que López Obrador no cobra un sueldo por su labor política.

Pero la realidad es que siempre lo ha hecho, inclusive hasta con su autonombramiento ridículo de Presidente Legítimo cobraba, supuestamente 60 mil pesos mensuales.

Ahora sigue la misma farsa y a pesar de que el 9 de abril de este 2015, en un reducido comunicado de parte de los integrantes de MORENA, negaron que se cobren sueldos, pero intentan cubrirlo diciendo que se apoya a López Obrador para el ejercicio de sus labores, especialmente en las intensas giras que realiza. Señalando que en el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) hasta ahora ningún integrante del Comité Ejecutivo Nacional ha recibido sueldo o salario.

Eso dicen ellos, pero un documento del Instituto Nacional Electoral (INE) señala que Andrés Manuel López Obrador y Martí Batres, devengan 50 mil pesos mensuales cada uno.

Y vamos no solamente a las mentiras sino a la violación de estatutos, porque según el artículo 70 de sus estatutos internos, en MORENA no existen los salarios para sus líderes, sino, “aportaciones económicas” para realizar sus tareas en la organización de izquierda, las cuales, no podrán exceder los 30 salarios mínimos, es decir, 2 mil 103 pesos.

Entonces pregunto, ¿por qué el Peje y Batres cobran casi 25 veces más de lo que señala el estatuto?

Y reiteramos lo que ellos mismos establecieron: “el Comité Ejecutivo Nacional apoyará a los dirigentes que tengan las responsabilidades más altas en relación a la presente campaña electoral y los apoyos económicos que entrega MORENA están y estarán estrictamente en el marco estatutario”. Lo cual en la realidad es una ILEGALIDAD.

Y siguen surgiendo las pruebas de ello, un documento del Instituto Nacional Electoral (INE), otorgado a un diario mediante la Ley de Transparencia, revela que la nómina de MORENA, en sus primeros cinco meses como partido político, ascendió a cuatro millones de pesos, con pagos mensuales que van desde los mil hasta los 50 mil pesos para sus dirigentes.

Es por ello y de acuerdo a sus propios Estatutos, el Peje López Obrador y Martí Batres, cometen una violación de sus propios estatutos al contar con un sueldo de 50 mil pesos mensuales, lo cual rebasa por 47 mil 897 pesos el tope máximo de aportaciones económicas permitido en sus normas internas.

Pero ojo, no son los únicos, otros miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) hacen lo mismo, como Tomás Pliego Calvo, secretario de Organización, y Marco Antonio Medida Pérez, secretario de Finanzas, 20 mil pesos mensuales. Los demás 16 integrantes de la dirigencia de MORENA, según la copia de la nómina entregada por el INE, no tienen aportaciones económicas ni salarios asignados, entre ellos, la secretaria general, Bertha Luján; el secretario de Combate a la Corrupción, Bernardo Bátiz, y el encargado de Arte y Cultura, Paco Ignacio Taibo II.

Siendo un tema que es contradictorio con su propaganda de MORENA, en la que el Peje no se cansa de decir que en ese partido no habrá Corrupción y mucho menos aceptan Corruptos, agregando ya en su labor como partido, que no reciben un salario y prácticamente trabajan de gratis.

Por ello se les ha solicitado responder a esta realidad, sobre el sueldo que cobran, a pesar de que sus estatutos internos lo prohíben, y obviamente, no dan la cara.

Ojalá no salga ahora el Peje con su mentira de cuando era dizque Presidente Legítimo, diciendo que los 60 mil pesos que cobraba los aportaban los pobres en una cuanta de Fundación que él creó y el Presidente de la misma era casualmente su secretario particular.

El Cinismo en su máxima expresión. Por ello pregunto ¿Cree usted en MORENA?

Fecha: 
Jueves, 16 de Abril 2015 - 17:30
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De Frente y Claro - Caso Ayotzinapa, de la Tolerancia a la Impunidad. Padres de Normalistas, buscan apoyo de narcos

Mientras más días pasan y no se fija una postura final en relación a los desaparecidos de Ayotzinapa, el tema sigue siendo confuso y con ayuda de algunos más, se ha convertido en perverso.

Señalo lo anterior, porque sigue siendo ilógico que continúen los supuestos padres de estos desaparecidos, que al final de cuentas algunos si lo son y otros, nadie sabe que hacen ahí, comenzando por quien los liderea, moviéndose por todo México y ahora hasta en el extranjero, cuando para ello se requiere dinero y pocas cantidades.

De igual manera, pregunto si no tienen que trabajar, sostener a una familia, porque estar aquí y pasearse por diferentes lugares, no permite trabajar en ningún lado sin que lo despidan. Y si bien perder un hijo es muy grave, sigue inquietando si no hay otros por quien preocuparse o cuidar también.

En esta línea de que los días pasan y estos “supuestos” padres han hecho y desecho por todo el país, cometiendo inclusive violaciones a las leyes, menciono la perversidad que los envuelve, al enterarnos que ¡ahora recurren al narco para que los ayuden a encontrar a su hijos!, verdaderamente de perversidad completa.

Ante esta actitud y decisión, no hay mejor frase que “ellos se los llevaron, ellos que los regresen”, ahí si coincido, y no exigiéndoselo al gobierno federal.

Y por si esta perversidad no fuere suficiente, resulta que la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, la CETEG, y el Movimiento Popular Guerrerense, MPG, respaldaron la decisión de estos “supuestos” padres de los 43 normalistas, de pedir el apoyo al líder del grupo “Los Rojos”, Santiago Mazari Hernández, alias “El Carrete”, para la búsqueda de sus hijos.

La verdad esto rebaza toda coherencia y congruencia, es lo que se reflexiona, luego de esta decisión que los padres de los normalistas tomaron y anunciaron cerca de Iguala, de reunirse con el presunto Capo. Y de lo externado por estas organizaciones la CETEG y la MPG, en la que señalaron tienen todo su apoyo. Porque ante la falta de certezas y de resultados, los familiares tienen derecho de recurrir a cualquier medio, señaló el líder de la CETEG.

Mientras que Efraín Fierro, dirigente del Frente de Defensa Popular, FDP, e integrante del MPG, agregó, que la autoridad puso el mal ejemplo de buscar información en los delincuentes y darla como cierta, como la que difundieron respecto a que los jóvenes fueron incinerados en un basurero de Cocula, que la obtuvieron del testimonio de varios de los presuntos sicarios involucrados.

En verdad preocupa y mucho la actitud de estas personas, que sin importar a quien se dirijan, lo hacen, y además lo hacen público, en una abierta afrenta hacia no solamente las autoridades, sino al respeto irrestricto de las leyes e instituciones, que ellos mismos no han respetado.

Lo cual se frenaría, en el momento que se les aplique la ley, porque la han violado muchas veces, e inclusive llegaron al grado de buscar enfrentar a nuestras fuerzas armadas, que en caso de que hubiese sido cualquier otro ciudadano, le hubieran cargado todo el peso de la Ley, como debe ser.

Ya que en este país bien tenemos garantías y derechos, también hay obligaciones y responsabilidades que cumplir. La gran duda es ¿hasta cuándo será el límite de la tolerancia para estos padres de los normalistas?, ya que de la tolerancia que debe existir en toda democracia, se ha pasado a la impunidad para pisotear nuestras leyes y reglamentos, sin que nada se haga al respecto.

Espero por el bien del país y de todos los mexicanos, sea pronto. 

Fecha: 
Viernes, 10 de Abril 2015 - 17:00
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Derechos Humanos, 365 días al año

En 1950, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 10 de diciembre como el Día de los Derechos Humanos por celebrarse ese día el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento que detalla en sus 30 artículos los derechos fundamentales, civiles, culturales, económicos, políticos y sociales que nos dan identidad a todos los habitantes del planeta bajo los mismos ideales y valores.

La Declaración proclama el reconocimiento universal de los derechos y libertades fundamentales, los cuales son universales, indivisibles e inalienables a todos los seres humanos por el hecho de serlo, sin importar nacionalidad, residencia, género, origen étnico, color de piel, religión, idioma o cualquier otra condición; por lo que la comunidad internacional se ha comprometido a defender la dignidad y la justicia para todos los seres humanos.

Este año, la ONU, lanzó la campaña #Rights365 para recordarle a todas las naciones, pueblos y personas, que los derechos humanos se viven y se respetan los 365 días del año, no es un día es específico, todos los días tenemos que trabajar como comunidad para que se respeten en momentos de conflicto, para evitar la represión, la desaparición forzada, la discriminación, la tortura, y en general luchar contra las injusticias para lograr que en cada rincón del mundo se respeten y se disfruten, teniendo un acceso equitativo a la educación, oportunidades económicas, tradiciones culturales y atención sanitaria.

A lo largo de los años, se ha generado un compromiso internacional para difundir la cultura de respeto a los derechos humanos, por lo que en el campo del Derecho se han elaborado alrededor de 80 tratados y declaraciones internacionales, reformas a disposiciones constitucionales, acuerdos regionales o leyes nacionales.

Sin embargo, aún falta mucho por hacer en cuanto a la cultura de respeto y defensa de los derechos fundamentales, ya que en el caso de México, según informes de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el año inmediato anterior, el total de las quejas corresponde a 143,819 quejosos de violaciones a los Derechos Humanos, siendo las 10 principales autoridades federales señaladas en los registros de quejas del Organismo público las siguientes:

  • Instituto Mexicano del Seguro Social
  • Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública
  • Secretaría de la Defensa Nacional
  • Procuraduría General de la República
  • Policía Federal
  • Secretaría de Educación Pública
  • Instituto del Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
  • Instituto Nacional de Migración
  • Comisión Federal de Electricidad
  • Secretaría de Marina

Los motivos presuntamente violatorios de Derechos Humanos señalados con mayor frecuencia en los expedientes de queja son:

  • Prestar indebidamente el servicio público
  • Faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones
  • Omitir proporcionar atención médica
  • Detención arbitraria
  • Trato cruel, inhumano o degradante
  • Obstaculizar o negar las prestaciones de seguridad social a que se tiene derecho
  • Omitir fundar el acto de autoridad
  • Negligencia médica
  • Omitir motivar el acto de autoridad
  • Incumplir con alguna de las formalidades para la emisión de la orden de cateo o durante la ejecución de éste, así como para las visitas domiciliarias

En total se emitieron 109 Recomendaciones a 43 Instituciones, de las cuales, sólo 57 se han cumplido de manera parcial, por lo que aún falta mucho que trabajar en México para que se respeten los derechos humanos, y se puede hacer, fomentando desde nuestras casas y nuestro entorno acciones contra cualquier forma de violencia, discriminación e inequidad.

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Fuente:

Informe de Actividades 01 de enero a 31 de dieiembre 2013. CNDH. México. 2014.

Fecha: 
Miércoles, 10 de Diciembre 2014 - 18:00
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Un México en donde no pasa nada y sí pasa todo, abuso de derechos y violación de leyes y recomendaciones para el fin de semana

Esta tarde me acompañan en el estudio Tere Vale y Bernardino Esparza y comentamos sobre un México en donde no pasa nada y sí pasa todo; de como grupos minoritarios abusan de sus derechos y violan los de las mayorías; de como nuestros gobernantes violan las leyes al no hacerlas cumplir. Tomás Borges reseña las Memorias de Marco Aurelio. Mónica Belén nos recomienda que hacer este fin de semana y discute con Tere sobre la calidad de una película.

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Fecha: 
Viernes, 14 de Noviembre 2014 - 20:00
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Mi programa:

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Comentarios sobre el dictamen y anteproyecto de ley de protección de la infancia

Activando la posibilidad de presentar una Iniciativa Preferente para cada periodo de sesiones del Congreso, el Presidente Enrique Peña Nieto envió el 1º de septiembre un anteproyecto de Ley General de Protección de la Infancia.

La iniciativa fue intensamente criticada por los expertos y las organizaciones dedicadas a los derechos de niños, niñas y adolescentes, por su enfoque asistencialista y vertical, además de incompleto.

Desde hace años, las organizaciones reunidas en la Red para los Derechos de la Infancia en México, en la que también participa Mexicanos Primero han venido trabajando en proponer una “Ley de Altura” es decir, un sistema integral de garantías de los derechos infantiles; en 2013 presentamos 10 por la Infancia.

Las comisiones del Senado retomaron muchas de estas críticas, elementos de iniciativas paralelas y elaboraron un anteproyecto, mucho mejor que la iniciativa que vino de Presidencia, pero que aún requeriría de correcciones.

Algunas consideraciones:

  • Ya incluye normas concretas para que los educadores se hagan responsables de evitar o detener el abuso y acoso en la escuela.
  • Tiene todavía algunas expresiones preocupantes, como multas a los medios por difundir algo “contrario al desarrollo o que haga apología de la violencia”
  • No incluye todavía elementos precisos para combatir la suspensión de servicios educativos y la discriminación en el ejercicio del derecho a aprender.
  • El DIF no tiene capacidades construidas para coordinar el sistema integral, y es preocupante por el papel que ha jugado, a nivel estatal y municipal, de control o de promoción de las esposas de los mandatarios, sin competencia técnica ni fundamento democrático en esa función coordinadora. 

Tres elementos que son cruciales y aún deben incluirse en un sistema integral:

  • Defensorías expertas y autónomas para vocalizar la atención a las violaciones o amenazas a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
  • Presupuesto suficiente, transparente y con rendición de cuentas para las tareas de coro.
  • Información disponible y asegurada, desde los sistemas de identificación (actas de nacimiento y demás documentos personales) hasta acceso a los ciudadanos de los presupuestos, agendas y reportes de resultados de los programas.
  • Participación de los mismos niños y niñas en el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas que se refieren a ellos, así como a los padres, cuidadores, activistas y expertos del campo.

Se espera que lo que se presente próximamente a voto en el pleno del Senado sea un avance.

Autor:

Fecha: 
Jueves, 25 de Septiembre 2014 - 18:00
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