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El pecado original del INE

A pocos dejó satisfecha la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de mantener el registro del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a pesar de las violaciones graves y sistemáticas de la ley, que sugieren que ameritaba la máxima sanción. Leí lo que escribieron los consejeros del Instituto argumentando que sólo el voto ciudadano debe determinar la permanencia o no del registro de un partido. Añadieron que violaría derechos políticos fundamentales de ciudadanos una decisión administrativa de esa magnitud, y sólo sería válida en caso de que el Verde hubiese atentado contra los cimientos de la democracia, como los partidos nazis o fascistas. También dijeron que no se trata de un caso de impunidad, pues los ilícitos del partido se sancionaron reiteradamente, y en tiempo real, con fuertes multas. La decisión de los consejeros es opinable. A mi juicio su argumentación no es sólida.

Antes de emitir mi opinión, destaco la virtud cívica del Consejero Presidente de aceptar el reto de discutir en público la decisión del INE. Ahora bien, desde mi punto de vista, la resolución del Instituto debilita la credibilidad pública en el árbitro electoral y ahonda la desconfianza en las instituciones y en el sistema democrático como instrumento de convivencia en una sociedad plural y de mecanismo para transmitir pacíficamente el poder y, a mediano plazo, como medio para igualar las oportunidades de los ciudadanos y lograr una sociedad justa. Dicen los consejeros que el mercado electoral debe determinar la vida o la muerte de un partido, como si se tratara de una mercancía y no de una institución de interés público. Y que sólo amerita retirar el registro a un partido si atenta contra las bases democráticas; se aludió al fascismo.

En otros países el desafío a la democracia puede ser el fascismo, y excluyen a tales partidos a pesar de violar derechos políticos de sus partidarios. En México la impunidad, el crimen sin castigo, es lo que socava a la democracia. El INE argumenta que no hubo impunidad pues se multó al PVEM, sanción que retira o mitiga el tribunal electoral. Pero la ley habla de violaciones graves y sistemáticas como causal de retiro del registro, que las hubo; sin embargo no las sancionó: a esto se llama impunidad. Así, la interpretación que hace el Instituto de la ley mina a la democracia pero hiere, tal vez mortalmente, su credibilidad, crucial para la paz. Es lamentable. Entreveo que el pecado original de tamaño desaguisado se origina en su diseño institucional, que a la vez es organizador y árbitro electoral. ¿No debería acotarse su papel a organizar elecciones limpias y equitativas, y dejar el arbitraje al tribunal?

Fecha: 
Jueves, 20 de Agosto 2015 - 19:00
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¿También gozamos del derecho a manifestarnos?

En este mismo espacio escribimos en relación al derecho a moverse y reglamentar las marchas en el DF. En tal contexto, apuntaba que los capitalinos estamos cansados del cierre al paso vehicular de las avenidas y calles de la ciudad; Insurgentes, Reforma, Tlalpan, y/o Periférico entre otras tantas calles. El motivo es por las manifestaciones públicas a cualquier hora del día. No hay día que puedas circular libremente y por ende llegar a tu destino a la hora programada.  

Las marchas, mítines, toma de instalaciones (plazas públicas), plantones, y más y más y más manifestaciones, es y será la bronca a resolver de todos los días para miles de capitalinos en la Ciudad de México.

Se nos dice, según por datos de los representantes de las cámaras de comercio del DF, de pérdidas millonarias, entre otras, tales como por el número de horas que dura una marcha, las cifras en pérdidas económicas aumentan: los negocios pierden 340 millones de pesos cuando dura de dos a tres horas; 575 millones de pesos cuando es de cuatro a cinco horas; y, 937 millones si dura más de cinco horas.

En la búsqueda de cifras relacionadas con las movilizaciones, se nos dice, también, que por ejemplo, se registraron 7,319 movilizaciones en 2012 y 7,910 en 2013. Sobre conteos del 2014 aún no se conocen datos.

No obstante, continuarán las marchas en la Ciudad de México, no importa por parte de los quejosos que presenten inconformidad ante los jueces por leyes que se presume atentan contra su derecho a la manifestación. 

Y, más aún, cuando se nos comenta que la Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa del DF, declaró la inconstitucionalidad de tres artículos de la nueva Ley de Movilidad del Distrito Federal aprobada en julio de 2014, por la Asamblea Legislativa.  

Así es, al menos eso se nos dice, que la resolución de la Juez Paula María García Villegas Sánchez Cordero encontraba sustento porque la libertad de expresión y de asociación no dispone de límites, es decir, que las manifestaciones son públicas, y por tanto, es la herramienta de dichas libertades, y como tal, es un derecho fundamental, y es para vigilar y denunciar las violaciones a derechos humanos. 

De la misma forma nos dicen, que el veredicto establecía que los siguientes artículos no se podrían aplicar en dicho ámbito de las manifestaciones: 

“Artículo 212.- Seguridad Pública tendrá la obligación de brindar las facilidades necesarias para la manifestación publica, de los grupos o individuos den aviso.

Para la realización de desfiles, caravanas, manifestaciones, peregrinaciones o cualquier otro tipo de concentración humana de carácter político, religioso, deportivo, recreativo o social, cuya finalidad sea perfectamente licita y que pueda perturbar el tránsito en las vialidades, la paz y tranquilidad de la población de la ciudad, es necesario que se dé aviso por escrito a Seguridad Publica, con por lo menos 48 horas de anticipación a la realización de la misma.

La Administración Pública en el ámbito de su competencia deberá informar a la población a través de los medios masivos de comunicación y medios electrónicos, sobre el desarrollo de manifestaciones, actos o circunstancias que alteren de forma momentánea, transitoria o permanente la vialidad. Asimismo, deberá proponer alternativas para el tránsito de las personas y/o vehículos”.

“Artículo 213.- Los desfiles, caravanas, manifestaciones, peregrinaciones o cualquier otro tipo de concentración humana de carácter político, religioso, deportivo, recreativo o social que se efectúen en la ciudad, podrán utilizar las vialidades salvo las vías primarias de circulación continua, excepto para cruzar de una vía a otra, para conectarse entre vialidades o cuando sea la única ruta de acceso al punto de concentración, siempre y cuando sea de manera momentánea”. 

“Artículo 214.- Seguridad Pública tomará las medidas necesarias para evitar el bloqueo en vías primarias de circulación continua, apegándose a lo dispuesto por la normatividad aplicable.

Los lineamientos referentes a este capítulo, se establecerán en el Reglamento correspondiente”

Estimado, lector, con ello no termina el asunto, pues al parecer el Tribunal Colegiado encargado de revisar la decisión de la Juez, no acepta su decisión.  

En todo caso, porque quienes se manifiestan en la vía pública amparados en su derecho, en su libertad de expresión y manifestación de las ideas, no serán objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, y lo podrán hacer siempre y cuando no se ataque la moral, los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público. Se trata, por tanto, de límites determinados y directamente especificados en la Constitución. 

Al menos, así lo concede el texto constitucional y los criterios del Poder Judicial, con fijar los límites a la manifestación de las ideas, a fin de no invadir los derechos y libertades que todos tenemos, por ejemplo, con nuestra libertad de tránsito.

Así que, querido lector es correcto los derechos humanos, los derechos señalados en la Constitución, son derechos para todos, pero, pero, pero, también existen límites, claro, claro, claro, en el sentido que ya referimos.

Al tiempo, tiempo…

Fecha: 
Jueves, 04 de Diciembre 2014 - 18:30
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La indisoluble unidad de la Nación española

La independencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña, España, aún todavía se encuentra sujeta a la decisión del Tribunal Constitucional español. El motivo, cabe recordar es porque el Gobierno de España presentó dos recursos de inconstitucionalidad contra el Decreto de Convocatoria y contra la Ley de Consultas, que convocan y regularizan el referéndum independentista del 9 de noviembre, y emplazado por su Presidente Artur Mas, no obstante, hasta que el Tribunal Constitucional determine la constitucionalidad o inconstitucionalidad del decreto y de la ley, quedan por el momento ambos instrumentos suspendidos.

Y, por el momento, y de cualquier manera, se dice en Cataluña, que mientras decide el  órgano judicial, sí realizará una consulta el 9 de noviembre. Es una consulta alternativa que también, se dice que por lo pronto son 23,800 mil voluntarios inscritos. Este tipo de consulta la formaliza el gobierno catalán amparados en la Constitución de España y en su Estatut.

Son dos los artículos que encuentran fundamento para convocar al proceso de participación ciudadana: el artículo 9.2 constitucional, al establecer que los poderes públicos faciliten la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social; y, el artículo  43 del Estatut, al apuntar que los poderes públicos han de promover la participación social en la elaboración, la prestación y la evaluación de las políticas públicas. Asimismo, es posible, que sean invocados algunos de los artículos que no fueron suspendidos por el Tribunal Constitucional con el tramite de la impugnación de la ley recién emitida, es decir, la ley 10/2014 de consultas populares no refrendarias y otras formas de participación política, y que formalizan la participación ciudadana con audiencias públicas, foros de participación y/o encuestas.

Todo, estupendo, y la pregunta es: ¿cuál es el objeto de realizar una consulta alternativa en la misma fecha programada para el referéndum independentista? Por si acaso, adelantar la estrategia política, es decir, por  si las dudas, que la resolución del Tribunal Constitucional manifieste la inconstitucionalidad de la declaratoria de convocatoria independentista y de la ley 10/2014. Al parecer, todo indica, que por dicha estrategia, se anuncia ya que será declarada la inconstitucionalidad del referéndum independentista.

Estimado, lector, las respuestas pueden ser varias y/o ocurrir bajo dos escenarios.

El primero se observa que la consulta alternativa es para que los electores respondan las mismas preguntas que se pretenden formular en el referéndum: ¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado?". Y, ¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente?".  Con ello, se comprobará el interés de los electores por separar  Cataluña del resto del territorio español.

El segundo, es por tanto, proyectar el pulso político, por parte del gobierno catalán, de la participación ciudadana, en adelantar elecciones en Cataluña, a pesar, como dice el Presidente del Gobierno Español, que si ahora volviera a haber, elecciones, se producirían tres elecciones autonómicas en apenas en cinco años en Cataluña, esto es la primera en 2010 y la segunda en 2012.    

Así, qué, querido elector con el resultado de la participación ciudadana del próximo 9 de noviembre, habrá como resultado un ganador o un perdedor por la separación de Cataluña del territorio de España, pero, pero, pero, me parece que de cualquier forma que sea el resultado, no procederá su consulta alternativa, pues la Constitución española prescribe la no separación de las Comunidades Autónomas en “la indisoluble unidad de la Nación española”. Por tanto, esto ya se conoce, pero lo que aún no se echar de ver, es la tendencia por saber las condiciones políticas por adelantar elecciones.

Al  tiempo, tiempo…

Fecha: 
Lunes, 20 de Octubre 2014 - 18:00
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