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México, peor que Egipto, China, Brasil y Zambia

Transparencia Internacional (TI) dio a conocer ayer su Índice de Percepción de la Corrupción 2014. Las conclusiones del estudio realizado por esta organización basada en Berlín, Alemania, no son optimistas.

Para empezar, TI afirma que el “crecimiento transparente está en riesgo” porque “el secreto corporativo y el lavado de dinero a escala mundial hacen aún más difícil el combate a la corrupción en las economías emergentes”.

México es una economía emergente.

TI señala que “Más de dos tercios de los 175 países incluidos en el Índice de Percepción de la Corrupción 2014 obtuvieron una puntuación inferior a 50, en una escala de 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 (percepción de bajos niveles de corrupción). Dinamarca se sitúa en la primera posición de 2014, con una puntuación de 92, mientras que Corea del Norte y Somalia comparten el último lugar, con apenas 8 puntos”.

Este año México se ubica en el lugar 103 de la lista con apenas 35 puntos, un punto mas que los 34 que recibió en los Índices 2013 y 2012.

Nuestro país resulto peor calificado que otras naciones que tienen fama de ser gobernados por políticos y funcionarios rateros, como son China, Egipto, Zambia, Tailandia, Brasil y otros.

De los países de América latina y el Caribe, solo son más corruptos Ecuador (lugar 110), República Dominicana (115), Guatemala (115), Guyana (124), Honduras (126), Nicaragua (133), Paraguay (150), Haití (161) y Venezuela (161).

Envidia deben darnos Chile y Uruguay, que con 73 puntos están en el lugar 21, y Bahamas en la posición 24 con 71 puntos. Son los únicos países del ámbito latinoamericano y caribeño en obtener más de 70 puntos de calificación.

Y más envidia aún deben causaron los habitantes de Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia, Noruega, Suiza, Singapur, Holanda, Canadá y Australia, que ocupan en ese orden los 11 primeros lugares en el Índice.

Los resultados que obtiene nuestro país en el Índice 2014 de TI no deben sorprender a nadie. La corrupción de los funcionarios existe en México desde el primer día de su independencia, tal como también existió en la Nueva España.

El problema es que en México nada serio se ha hecho para combatir a los corruptos que aprovechan sus cargos público para enriquecerse ilícitamente. Desde diciembre de 1982, cuando Miguel de la Madrid asumió la presidencia de la republica, hasta ahora, todos los jefes del Ejecutivo han prometido que combatirán la corrupción y nada hicieron para cumplir sus promesas.  En estos 32 años la corrupción de lo funcionarios no disminuyó sino que aumentó y quedó demostrado que priístas, panistas, perredistas y sus respectivos títeres son igualitos, tan corruptos los unos como los otros. 

Alejandro Salas, Director Regional para América de Transparencia Internacional, señala que para generar cambios significativos en los países de nuestra región es necesario, entre otras cosas:

“Poner un alto a la impunidad ante casos de corrupción, dejando de politizar y permitir los sobornos en instituciones policiales y de impartición de justicia.

“Abrir al escrutinio público el financiamiento de la política, para que se sepa quién financia y por qué montos a que candidatos y partidos políticos. Esta medida además ayuda a dificultar la entrada de dinero del crimen organizado en la política e instituciones del estado”.

¿Le harán caso a Salas los que mandan en este país? Lo dudo.

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Fecha: 
Jueves, 04 de Diciembre 2014 - 12:00
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¡Los partidos y sindicatos como sujetos obligados a ser transparentes!

En política todo se vale, eso dicen los que saben de política. Al menos parece ser que eso dicen que ocurre al interior de los partidos políticos y sindicatos, sobre todo, porque sus actos suelen no ser tan transparentes. 

Dentro de poco tendrán que ser sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información de los recursos públicos que reciben y ejercen, así como a proteger los datos personales que obren en su poder. 

Y, se dice dentro de poco, porque legisladores del PRI, PRD, PAN y PVEM, presentaron hoy en la Cámara de Senadores el Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que según podemos imaginar sea de pronta aprobación por la mayoría de senadores y diputados.  

Es una ley con 215 artículos, que dispone entre otros objetivos el de propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin de contribuir a la consolidación de la democracia.

Así tenemos que para consolidar la democracia en nuestro país resulta importante reglamentar la transparencia de los actos partidistas y sindicalistas. 

No obstante, quizá sea una carga pesada, pues es un problema que resulta distante por la aceptación de sus dirigentes, cuando por ley se les obligue al cumplimiento de promover la generación, documentación y publicación de la información en formatos abiertos o atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que en materias de transparencia y acceso a la información realicen los organismos garantes y el Sistema Nacional o la de fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar el derecho de acceso a la información o el de cumplir con las resoluciones y recomendaciones emitidas por los órganos garantes o  la de publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia.  

Estimado lector, esperemos la pronta vigencia de la referida ley, digamos para este mes de diciembre.

Así que, querido lector, me parece que no será posible, pues a los senadores y diputados se les termina el periodo ordinario para el 15 de diciembre, al menos que convoquen a un periodo extraordinario, así todos unidos asistan y contribuyan con la consolidación de la democracia.

Al tiempo, tiempo…

Fecha: 
Martes, 02 de Diciembre 2014 - 18:00
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Diagnóstico de la crisis de los poderes públicos

 

El presidente Enrique Peña proferirá hoy un discurso en el que expondrá la ruta a seguir para enfrentar la crisis que asuela a los poderes públicos en México, y amenaza con provocar una espiral de ingobernabilidad. El diagnóstico que la elite política haya hecho de la circunstancia mexicana es vital para medir el alcance y la efectividad del remedio. Al parecer el tema central será la violencia. Puede ser un buen indicio si se entiende que la violencia tiene muchas caras: la del gobierno por no cumplir ni hacer cumplir la ley, o sea, la impunidad; la violencia política o desigualdad ante la ley; la violencia económica, que se revela como desigualdad y marginación; la violencia de la corrupción o uso privado de los bienes públicos, que mina el erario y a la competitividad; la violencia a los derechos del individuo o guerra contra las drogas, etc.

Estas manifestaciones de la violencia tienen en jaque a partidos y poderes públicos: el posible conflicto de interés entre el presidente y empresarios causó una crisis de confianza que socava su legitimidad. Los miles de asesinatos y desaparecidos devastan al poder judicial, y cierra este círculo la respuesta de la Suprema Corte al referendo, vía consulta popular, sobre salarios mínimos y energía: esta figura jurídica nació muerta, ya que cualquier ley tiene implicaciones económicas. Si el ciudadano no puede incidir sobre el destino de su dinero (los impuestos) se anula el sistema representativo. Así, la Corte da la espalda a la democracia. Por su lado, el legislativo no equilibra al ejecutivo. La corrupción e impunidad, que corroe a los partidos, obstruye a este canal como medio para encausar el conflicto social. Y estados y municipios están colapsados. Las violencias liquidaron a la estructura institucional.

Reconstruir a las instituciones es tarea de mediano plazo. En lo inmediato, es crucial incidir en el sistema de rendición de cuentas, que implica pedir perdón, un desagravio simbólico y tal vez una amnistía y, a partir de ahora, combatir con firmeza la corrupción, el tráfico de influencias, el abuso del poder y la malversación del dinero de cada uno de nosotros. Sugiero esto porque quizá no haya políticos sin mancha. Para preservar los derechos individuales debe sustituirse la guerra a las drogas por la prevención de las adicciones: es condición sine qua non para sanear a las policías. Contra la violencia económica hay que subir salarios, depurar programas sociales (origen del clientelismo), establecer una política industrial que reconstruya las cadenas productivas, brinde crédito, desarrolle la ciencia y dé fin a la colusión políticos-empresarios. Por último, hay que fijar plazos y metas. Es el último tren de las elites.

Fecha: 
Jueves, 27 de Noviembre 2014 - 17:30
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¡Por su honor y conducta intachable! Examen para los aspirantes, precandidatos y candidatos del PRI

El Consejo Político Nacional a través de la Secretaría Técnica del Partido Revolucionario Institucional (PRI) emitió el Acuerdo por el que se establecen medidas para blindar al partido, a sus aspirantes, precandidatos y candidatos en contra de la delincuencia organizada y del uso de recursos de procedencia ilícita en los procesos electorales federales y locales del 2014-2015.  

Los requisitos para los militantes que aspiren a participar en los procesos internos de selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular tendrán que cumplir con suscribir una carta compromiso. En ella asumirán autorizar al PRI para que se les investigue en relación con su situación patrimonial y/o fiscal,  así como por su entorno social (relaciones personales), y por su actuación como servidor público, tomando en cuenta el tipo de responsabilidades penales o administrativas en las que haya incurrido.

Asimismo, los aspirantes tendrán que autorizar el someterse a todas las pruebas necesarias, ya que el propósito consiste en saber y comprobar la autenticidad de lo manifestado, y saber y comprobar que no tengan actos relacionados con el uso de recursos de procedencia ilícita ni con la delincuencia organizada ni que sean adictos al consumo de estupefacientes.

Los diez partidos políticos nacionales que van a participar en dicho proceso, indiscutiblemente necesitan implementar mecanismos internos para prevenir que sus aspirantes, precandidatos, candidatos y dirigentes partidistas no tengan vínculos con la delincuencia organizada ni que utilicen usos de recursos de procedencia ilícita ni que sean adictos al consumo de estupefacientes.  

Estimado lector, ahora bien, cabe preguntar: ¿Cuántos aspirantes, precandidatos y candidatos y dirigentes aprobarán los exámenes? ¿Cómo van implementar los sistemas de evaluación y quiénes serán los encargados de aplicar los exámenes?

Así, qué, querido lector, la legalidad y transparencia es la base para que aspirantes, precandidatos y candidatos de todos los partidos y candidatos independientes se les otorgue confianza y certidumbre por los ciudadanos, y así sean buenos representantes populares, siempre y cuando aprueben que cumplen con los principios de honestidad, probidad, lealtad, veracidad y transparencia, por tanto serán confiables, por su honor y conducta intachable.

Al tiempo, tiempo...

Fecha: 
Miércoles, 26 de Noviembre 2014 - 18:30
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Conspiración contra el presidente Peña

La denuncia del presidente Enrique Peña Nieto de que al parecer los intereses que afectaron sus reformas intentan desestabilizar a su gobierno es muy grave. ¿Qué pretende con esta delación ni más ni menos que del jefe de Estado y de gobierno mexicano? Tan seria acusación no viene de un ciudadano común, de un analista o de cualquier predicador que libremente puede gritar ante hechos que salen de su comprensión: ¡allí viene el lobo!, y no pasa a mayores cosas. La investidura del presidente le faculta para usar los instrumentos legales y juzgar a los conspiradores. ¿Por qué en lugar de actuar conforme a sus atribuciones recurre a denunciar una conspiración? Ante el evidente pasmo del gobierno para enfrentar la crisis política cabe preguntar: ¿se trata de una figura retórica para aplacar las críticas o de una fuga de la razón que se niega a ver la complejidad de los problemas nacionales?

Si a la clara demanda ciudadana de erradicar la impunidad y la corrupción para forjar un país de leyes, así como establecer un piso mínimo de oportunidades para todos, se le llama conspiración, estamos cerca de una grave ruptura constitucional. Cuando los problemas se explican mediante teorías conspirativas la política se reduce a la lucha de buenos contra malos, y no deja espacio para la libertad, para las opiniones diferentes, pues la lógica maniquea mata a la pluralidad y reduce la convivencia a un estás conmigo o estás contra mí. Y no justifico la violencia de grupos radicales; lo que propongo es combatir la impunidad, cualquiera que sea su origen, pues si el gobierno no ve que el problema es la ausencia de ley o impunidad (que es la guerra de todos contra todos), no entenderá que esa es la causa que origina la violencia.

En vez de teorías conspirativas, los mexicanos queremos escuchar propuestas precisas de las clase política de cómo no volverán a ocurrir sucesos como los de Iguala y Tlatlaya; qué procedimientos legales y políticos se establecerán para investigar y sancionar casos de conflictos de interés, de corrupción de políticos y el contubernio con empresarios; cuándo se terminará con esta guerra absurda a las drogas ilícitas, que agudizó las deficiencias de instituciones políticas ya frágiles y nos sumó en una espiral de violencia; cómo se combatirá la delincuencia, que no sea ocultando la información; cómo se reformará el aparato de Estado para que en lugar de servir a una pequeña elite económica vele por el bien común; qué medidas económicas y culturales se tomarán para combatir la desigualdad; y qué reformas se realizarán para que los políticos nos representen y nos rindan cuentas.

Foto: www.cnnexpansion.com

Fecha: 
Jueves, 20 de Noviembre 2014 - 17:00
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De Frente y Claro - Derecho a la Información. GDF Impunidad y Complicidad

Con preocupación seguimos viviendo hechos por demás reprobables, que si bien el motivo en un principio fue la desaparición de 43 estudiantes, que por lo que se ha logrado saber en las investigaciones, se presuponen los asesinaron, esto se ha convertido en la excusa de muchos para cometer actos fuera de la ley, desorden, destrozos como en el Museo Tamayo, en la estación del Metrobus en CU, quemar un camión del Metrobus, agresiones físicas, e inclusive llegar al grado de prenderle fuego a la Puerta Mariana de Palacio Nacional, que en verdad enciende los focos rojos, de qué está pasando, pero sobre todo, habría que analizar y determinar, quién lo está provocando, y que es lo que busca con ello.

Estos actos que me he referido han sido en la ciudad de México, pero también en diferentes lugares del país, principalmente en el estado de Guerrero y los han cometido sin que haya autoridad alguna que los detenga.

No es una casualidad, sino una causalidad que siempre que se pretenda cuestionar al gobierno federal, en este caso al Presidente Enrique Peña Nieto, los hechos se lleven a cabo en el DF, donde los millones de ciudadanos que aquí vivimos tenemos que pagar las consecuencias de lo que sucede en otros lugares, en donde hay responsables directos y no los cuestionan.

Analizando los hechos, surgen muchas dudas y para resolverlas se requiere información. Por ello es importante contar con los datos de los 43 estudiantes normalistas, es decir que se publique en los principales diarios de circulación nacional, su foto, su nombre, copia de su credencial que los acredite como estudiantes de esa normal rural; su historial académico, para conocer qué tipo de estudiante es, cuántos años lleva estudiando, que nivel escolar tiene, y su dirección, lo que nos permitiría principalmente saber si realmente son estudiantes, si lo son de esa normal y si realmente viven en esa ciudad.

Asimismo sería importante ya que los padres han salido a la luz pública a exigir sus derechos y que los encuentren vivos. También todos los mexicanos que estamos padeciendo sus protestas, tenemos el derecho a saber quiénes son ellos, a que se dedican, porque me llama la atención que al estar en tantas manifestaciones, dar conferencias y moverse de un lado a otro, pareciera que no trabajan, que no tienen responsabilidades, una familia que mantener, gastos que cumplir y más importante, de donde sale el recurso para estarlo haciendo.

Asimismo conocer también quienes son las personas que vinieron a la marcha desde Guerrero, porque insisto para quien trabaja, cumple sus obligaciones, tiene la responsabilidad de una familia, es muy difícil andar faltando a su trabajo para apoyar en una marcha.

De igual manera, ya es necesario que cada autoridad cumpla con sus obligaciones, y así como le exigen al Presidente de la Republica que resuelva este asunto, habría que exigirle también al Jefe de Gobierno del DF que cumpla con la suya, y que ya no este permitiendo que estos manifestantes cometan delitos impunemente, que aplique las leyes, porque si las manifestaciones fueran en su contra y no del Presidente Enrique Peña Nieto, ya las hubiera impedido.

Y pregunto qué no han podido investigar quienes son esos autollamados anarquistas que llevan todos sus implementos para prender fuego, lanzar petardos, destruir, sin que les hagan nada.

Porque a los pocos que detienen los dejan salir solamente con el pago de una fianza, que normalmente la cubren con recursos provenientes de integrantes de partidos como el PRD, que aportan inclusive legisladores, les pagan abogado y las autoridades de la PGJDF los deja salir sin que volvamos a saber si fueron sujetos a un proceso y cuáles fueron los resultados.

Eso se llama impunidad y complicidad, porque no lo olviden, se es cómplice de un delito por acción o por omisión, y así lleva aconteciendo con las autoridades del GDF desde que entraron en 1997.

Ya basta de permitirlo y les recuerdo lo que señalo el señor Martí a quien le secuestraron y asesinaron a su hijo, SI NO PUEDEN QUE RENUNCIEN.

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Jueves, 13 de Noviembre 2014 - 17:00
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El amparo concedido a "El Chapo" Guzmán, el caos que prevalece en el país y falta de transparencia del patrimonio de nuestros funcionarios

Esta tarde, el abogado penalista Marco Antonio Rizo nos explica qué significa el amparo que un juez le concedió a Joaquín "El Chapo" Guzmán. En el estudo me acompañan Kenia Lópe Rabadán y Bernardino Esparza con quienes comento la situación de caos que prevalece en varias ciudades del país sin que los gobiernos federal y estatales actúen para resolverla; la falta de transparencia que caracteriza el patrimonio de nuestros funcionarios; la importancia de LinkedIn para obtener empleo o conseguir personal. Yemy Zonana aplica un test empresarial.

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Miércoles, 12 de Noviembre 2014 - 19:30
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Corrupción en Liconsa, a hipocresía del PRD y el descuido gubernamental en la escuela de Ayotzinapa

Esta tarde Benjamín Rojas, ex Gerente Liconsa en Guanajuato, denuncia un caso de corrupción en esa empresa gubernamental, caso que aparentemene está tratando de ocultar el director general de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Puga. En el estudio me acompañan Mariana Campos y David Calderón Martín del Campo y comentamos: la hipocresía del PRD al tratar de evadir su responsabilidad por lo que ocurre en Guerrero: el descuido gubernamental en la escuela de Ayotzinapa; le falta de transparencia en la información pública. Luis G y G habla del problema de la cibersegiridad. El empresario Marco Reyes Botado narra los beneficios que obtuvo al asistir a un evento de vinculación organizado por mi programa y Grupo Fórmula.

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Jueves, 06 de Noviembre 2014 - 19:00
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Iniciativa del IFAI de Ley de Transparencia: ¿Qué pasó con la política de reserva de información?

El Congreso tiene hasta febrero de 2015 para aprobar la Ley secundaria en materia de Transparencia.

Es muy importante entender la política de reserva de información, porque la información a la que en la práctica tendremos acceso lo ciudadanos será la implementación de lo dicte la ley menos la política de reserva (incluida en la ley).

El IFAI ya presentó su iniciativa, con avances para la transparencia pero con una política de reserva muy cuestionable. Hay excesiva generalidad en las causales y de las posibilidades de que una interpretación de éstas lleve a reservar información elemental para la rendición de cuentas.

Se trata simplemente de precisar y no dejar a la interpretación estas causales de reserva de información. Tenemos que dejar muy delimitado cuando sí se puede reservar información y no hablar de áreas generales, necesitamos una política muy específica.

Por otro lado la propuesta no reduce le tiempo de reserva actual y es omisa para regular la implementación de la reserva de información, lo que es delicado porque dicha omisión más bien deja abiertos espacios para la discrecionalidad. 

La ley actual solicita a los sujetos obligados la elaboración de un índice se reserva de información, el cual ayuda a especificar que documentos están reservados, estipula que deberá ser entregado al IFAI pero no obliga su publicación. Pues esta propuesta para la nueva ley ni siquiera menciona la existencia del índice. Así, no queda claro como el IFAI va a saber que documentos están reservados. De hecho la publicación de ese índice era el siguiente paso a dar para que esa política de reserva evolucionara. 

No se promueve una mejora en la claridad, transparencia y contundencia de la política de reserva de información, en este aspecto, lo propuesto no está en línea con el principio de la máxima publicidad de la información.

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Jueves, 06 de Noviembre 2014 - 18:30
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Iniciando el proceso electoral

El pasado 7 de octubre, el Instituto Nacional Electoral dio inicio al Proceso Electoral Federal 2014–2015, después de la integración de los Tribunales Electorales y los Organismos Públicos Locales en 17 entidades federativas, en las que se renovarán nueve gobernaturas, 903 presidencias municipales, 639 diputaciones locales y la Cámara Federal.

Por tal motivo, los diez partidos políticos nacionales (PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Morena, Partido Humanista y Encuentro Social), más los partidos locales, deberán proponer a sus mejores perfiles para ocupar alguna de las 2,051 candidaturas, cuyas campañas comenzarán el 30 de marzo de 2015 y concluirán 60 días después, es decir, el 4 de junio del mismo año, y finalmente el 7 de junio los ciudadanos ejercerán su derecho al voto.

Lo que nos lleva a reflexionar sobre la importancia que tienen los partidos políticos en la ciudadanía, tenga ésta alguna filiación política o no, dado que sus decisiones repercuten en el ámbito político, económico, social y cultural de los ciudadanos, ya que una mala decisión puede traer como consecuencia ejemplos tan lamentables como Iguala. Hoy los partidos políticos tienen una responsabilidad ética de proponer para los cargos de autoridad en cualquier nivel, ya sea nacional, estatal o municipal a las mejores mujeres y hombres, que respalden las políticas públicas y no le den la espalda al ciudadano.

Hoy la tecnología y el acceso a la información nos abren una ventana más de oportunidades para “minimizar” los riesgos en la elección interna de los próximos candidatos, ya que se cuenta con: declaraciones de situaciones patrimoniales, cartas de no inhabilitación para ejercer algún cargo a nivel local o federal, cartas de no antecedentes penales, evaluaciones de conocimientos generales y exámenes de control de confianza, entre otros, podrán ser un instrumento para elegir a los mejores perfiles, priorizando siempre la rentabilidad social.

Los partidos políticos deben observar que sus candidatos no sólo representen a su persona, sino a los principios y doctrina del partido que los postula, para que el sufragio de la ciudadanía sea por la confianza en el candidato pero también por el partido político, así la corresponsabilidad entre el partido y la autoridad será clara para los electores y será un medio más de control y transparencia. Ojalá los partidos políticos respondan a esta eficiencia ciudadana para que los mejores hombres y mujeres que postulen estén a la altura de las necesidades del país.

Fecha: 
Miércoles, 15 de Octubre 2014 - 17:00
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