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PRI y PVEM atentan contra transparencia. Políticos impresentables. El éxito de la conscientización ciudadana

Esta tarde me acompañan en el estudio Anayanssi Moreno y Bernardino Esparza y platicamos sobre la manera en que senadores del PRI y PVEM atentan contra la transparencia; los malos anuncios de los partidos políticos y el INE; un político oaxaqueño que debe casi 16 millones de pesos en impuestos atrasados desde 2011; los partidos políticos y los acuerdos que deben lograr para no echar a perder el proceso electoral. Tere Vale habla sobre dos políticos impresentables: Ebrard y Bejarano. Hugo González comenta sobre las bandas radiofónicas. Mónica Uribe analiza los nuevos cardenales nombrados por el papa Francisco, José Luis Romero Hicks nos explica por qué han sido exitosas diversas campañas de conscientización ciudadana en otros países.

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Lunes, 16 de Febrero 2015 - 19:00
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El PRI vs. la Transparencia

El jueves pasado, en mi programa de radio y TV en Grupo Fórmula, la Coordinadora del Programa de Gasto, Rendición de Cuentas y Corrupción de México Evalúa (centro de análisis de políticas públicas), Mariana Campos, explicó ampliamente qué es lo que supuestamente pretenden algunos funcionarios de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, a través de senadores del PRI y PVEM, para lograr que la opacidad rija en las áreas más importantes de la administración pública. Aparentemente, a estos alto funcionarios de Los Pinos no les importa que el propio presidente Enrique Peña Nieto se haya comprometido públicamente en diversas ocasiones a transparentar las decisiones y procesos gubernamentales.

En su artículo intitulado ¿Transparencia RIP?, que puede leerse íntegramente en http://www.ruizhealytimes.com/opinion-y-analisis/transparencia-rip, Mariana señala ocho cambios que los legisladores de la fracción PRI-PVEM pretenden hacerle a la Ley General de Transparencia que ahora se discute en el Senado de la República. Transcribo parte de lo que ella escribe:

1.  “Se busca eliminar la prueba de daño como un mecanismo efectivo para hacer legítima la reserva de información. Este mecanismo, cuando es bien definido, puede evitar que se reserve información en vano ya que exige a los sujetos obligados demostrar que en efecto la divulgación de cierta información daña algún interés público jurídicamente protegido. Sin un mecanismo de prueba de daño se vuelve mucho más fácil reservar información sin una razón legítima.

2. “Se busca eliminar la obligación de que los funcionarios documenten la información relacionada con el desempeño de sus obligaciones, definidas en  los distintos ordenamientos jurídicos… La inexistencia de la información es actualmente la justificación más utilizada para que los ciudadanos no podamos acceder a la información. Para impedir que este pretexto se siga utilizando es necesario obligar en todas las leyes secundarias en la materia a que los funcionarios documenten sus actividades y cumplan con las obligaciones establecidas en el máximo ordenamiento jurídico de nuestra nación.

3. “Se busca que la Ley General de Transparencia no tenga prevalencia sobre otras leyes que contengan disposiciones en materia de transparencia. De esta forma se desinflaría la reforma constitucional...

4. “Se busca excluir a ciertas instituciones del Estado del cumplimiento de las disposiciones de Ley General de Transparencia. En particular, con el argumento de que Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya no son entidades paraestatales, sino empresas productivas del Estado, se solicitó exentarlas de las obligaciones de transparencia… tal medida no se justifica, ya que ambas empresas siguen empleando recursos públicos, por lo que son y deben ser sujetos obligados.

5. “Con una intención similar, se busca que varias instancias federales puedan prescindir de Comités de Transparencia… Entre esas instancias se encuentran varias instituciones dedicadas a la seguridad pública y  a la procuración de justicia...

6. “La transparencia de los fideicomisos no queda bien definida. Se busca evitar que los fideicomisos que no tienen estructura orgánica rindan cuentas de manera directa.

7. “Se pretende establecer plazos permanentes de reserva de información, extender los plazos totales de 7 a 12 años y reservar la información de crímenes contra la humanidad.

8. “Se busca eliminar varias obligaciones de transparencia, entre las cuales destacan dos: se pretende eliminar la obligación de que los funcionarios hagan públicas sus declaraciones patrimoniales… se pretende eliminar la obligación de publicar los resultados de evaluaciones de desempeño practicadas a los funcionarios…”.

Después de leer la denuncia hecha por Mariana Campos es válido preguntarse si Peña Nieto es sincero cuando promete transparentar la administración pública. Si el presidente piensa efectivamente cumplir sus promesas, algunos priístas en la Consejería Jurídica de la Presidencia y/o en el Senado han decidido no hacerle caso.

Dentro de pocos días sabremos la verdad.

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Lunes, 16 de Febrero 2015 - 12:00
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¿Transparencia RIP?
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¿Transparencia RIP?

“Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad (…)”.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 6°

El texto de la reforma constitucional en materia de transparencia que fue aprobada hace un año por el Congreso Federal es muy claro: amplía el alcance del derecho de acceso a la información pública gubernamental, estableciendo el principio de la máxima publicidad como el eje rector de la política de transparencia en México. En palabras comunes y corrientes, significa que todos los mexicanos debemos acceder a más información proveniente de más instituciones públicas y que sólo en casos verdaderamente excepcionales podrá reservarse la información, y esto sólo para perseguir el mismo fin que persigue la Transparencia: la D E M O C R A C I A.

En este tenor, la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y de Vinculación Ciudadana del Senado de la República redactó a finales de 2014 la iniciativa de Ley General de Transparencia, en conjunto con diversas organizaciones de la Sociedad Civil.

La iniciativa lograda no era perfecta. Al menos tenía dos grandes limitaciones que mantenían preocupadas a varias de organizaciones de la sociedad civil:

1. Las causales de reserva de información habían quedado definidas en un sentido demasiado amplio, en contraste con las buenas prácticas internacionales establecidas en la Ley Modelo de Acceso a la Información Administrativa redactada por la Organización de los Estados Americanos. Por ejemplo, bajo la causal “Dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria” (Artículo 113, fracción IV), preocupaba que pudiera justificarse la reserva de información pública relevante, como por ejemplo datos sobre finanzas públicas, el ejercicio presupuestario, la estrategia de coberturas del precio del petróleo, la contratación de deuda o fideicomisos. Es importante considerar que la estabilidad financiera del país está determinada por un conjunto muy amplio de variables, de las cuáles gran parte ni siquiera depende del estado mexicano, como es el caso del precio internacional del petróleo. Esta causal parecía buscar proteger un interés que no es protegible, por lo que más bien parecía un pretexto para reservar información pública.

Otra causal que había quedado mal definida era la relativa a información cuya divulgación podía obstruir “las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes”. La Ley Modelo[1] establece que esta causal “no debe aplicarse a los resultados de un examen o de una auditoría en particular, una vez que estos hayan concluido”, una aclaración que no se incluyó en la iniciativa de ley en México. Aunque parezca increíble, es importante notar que la Ley actual reserva de manera permanente las auditorias internas de las obras públicas.

Así, varias causales quedaron definidas de manera burda, poniendo en riesgo el acceso a la información de carácter público. De acuerdo con la Ley Modelo, ninguna causal de reserva de información debe definirse a partir de temáticas generales, que podrían permitir a los sujetos obligados prácticamente reservar un tema completo[2].

2. Se amenazaba a funcionarios que, incluso accidentalmente, llegaran a publicar información que no es pública. En contra de lo recomendado en la Ley Modelo[3], la iniciativa ya incluía medidas para imponer sanciones a los servidores públicos de los organismos garantes del acceso a la información que llegaran a revelar información que afecte el cumplimiento de las funciones o pueda ocasionar daños y perjuicios a los sujetos obligados. Estas medidas pueden generar incentivos negativos en los funcionarios públicos encargados de la transparencia, ya que ante una duda razonable, pueden optar por reservar información que debe ser pública.

Desafortunadamente, hoy la situación es todavía más preocupante. En adición a lo antes comentado, el espíritu de la máxima publicidad está en mayor riesgo de ser reducido, aplacado, extinguido. Según información de especialistas y legisladores recabada en los medios, hace unas semanas, algunos Senadores —sobre todo de la facción PRI-Verde de la Comisión de Anticorrupción y Vinculación Ciudadana— y la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República habrían puesto trabas a la iniciativa presentada. Hasta donde entiendo, no se ha publicado un documento oficial con los cambios propuestos.

Así, las organizaciones de la sociedad civil y demás interesados desconocemos el detalle de las propuestas de cambios; quedando sin información sobre que propuestas han sido aceptadas y cuáles han sido rechazadas. Las modificaciones han sido expuestas y negociadas en reuniones de trabajo sin registro oficial, una situación que ilustra el nivel de opacidad en el que trabaja el Poder Legislativo para producir una ley que, irónicamente, pretender traer más transparencia en la operación del Estado mexicano. Es lamentable que la sociedad civil quede finalmente fuera del diseño de un instrumento ciudadano que posiblemente es el único que permite ejercer un verdadero contrapeso a los poderes de la Unión.

Por lo que se filtró en los medios, los cambios propuestos preocupan por tres motivos: 1) porque trazan una ruta contraria a las buenas practicas establecidas en la ley modelo, 2) porque suponen un retroceso en el alcance de la reforma constitucional, pero sobre todo 3) por el efecto regresivo que podrían tener en el ejercicio del derecho de acceso a la información de los ciudadanos mexicanos, en el momento en que el Estado necesita más que nunca una política seria, integral y  efectiva  de rendición de cuentas. Las modificaciones que se perfilan son las siguientes:

Se busca eliminar la prueba de daño como un mecanismo efectivo para hacer legítima la reserva de información. Este mecanismo, cuando es bien definido, puede evitar que se reserve información en vano ya que exige a los sujetos obligados demostrar que en efecto la divulgación de cierta información daña algún interés público jurídicamente protegido. Sin un mecanismo de prueba de daño se vuelve mucho más fácil reservar información sin una razón legítima.

Se busca eliminar la obligación de que los funcionarios documenten la información relacionada con el desempeño de sus obligaciones, definidas en  los distintos ordenamientos jurídicos. La iniciativa modificada propone que en los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia de la información. Esto no es sólo contrario a las mejores prácticas en la materia, en las que se establece lo contrario, que debe obligarse a los funcionarios a documentar sus actividades y actos, ya que la generación de archivos es una precondición para la existencia de la transparencia. También este cambio tiene un espíritu contrario al de la reforma constitucional en donde también se estableció precisamente lo contrario: la obligación de que los funcionarios sí documenten la información del desempeño de sus funciones. La autoridad no puede elegir si cumple o no con sus obligaciones, tiene que desempeñar las tareas que la normatividad le mandata y además debe documentar lo hecho.

La inexistencia de la información es actualmente la justificación más utilizada para que los ciudadanos no  podamos acceder a la información. Para impedir que este pretexto se siga utilizando es necesario obligar en todas las leyes secundarias en la materia a que los funcionarios documenten sus actividades y cumplan con las obligaciones establecidas en el máximo ordenamiento jurídico de nuestra nación. De acuerdo con un análisis de Open Society, “los Estados no sólo deben tener la obligación de conservar y producir la información relacionada con su actuación para el cumplimiento de sus obligaciones, además en caso de no tener la información requerida deben explicar todo lo que se realizó para intentar recuperarla o reconstruirla, de tal manera que se proteja el derecho de acceso a la información”.

3. Se busca que la Ley General de Transparencia no tenga prevalencia sobre otras leyes que contengan disposiciones en materia de transparencia. De esta forma se desinflaría la reforma constitucional, y con el paso del tiempo podrían crearse disposiciones en otras leyes que atenten contra las de la Ley General. Con respecto a este punto en la Ley Modelo se establece que la ley de acceso a la información debe prevalecer sobre cualquier otra legislación que contenga disposiciones en la materia.

4. Se busca excluir a ciertas instituciones del Estado del cumplimiento de las disposiciones de Ley General de Transparencia. En particular, con el argumento de que Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya no son entidades paraestatales, sino empresas productivas del Estado, se solicitó exentarlas de las obligaciones de transparencia. Además de generar nichos de opacidad, tal medida no se justifica, ya que ambas empresas siguen empleando recursos públicos, por lo que son y deben ser sujetos obligados. La reforma energética les concedió una enorme flexibilidad para que autorregulen sus sistemas de contratación, al margen de las instituciones del Estado mexicano, y precisamente esa flexibilidad debe ser balanceada con transparencia. Además, el espíritu de la reforma constitucional consiste en elevar el alcance de la transparencia mediante la inclusión de más sujetos obligados como los fideicomisos y los partidos políticos, por lo que crear excepciones para otras instituciones es un contrasentido.

5. Con una intención similar, se busca que varias instancias federales puedan prescindir de Comités de Transparencia, es decir, que en éstas, la atención de solicitudes de información serían tomadas por una sola persona, en lugar de un órgano colegial. De esta forma se solicita que se conceda un mayor espacio para la discrecionalidad. . Entre esas instancias se encuentran varias instituciones dedicadas a la seguridad pública y  a la procuración de justicia[4], áreas prioritarias del Estado mexicano que requieren urgentemente ser manejadas con menor discrecionalidad.

6. La transparencia de los fideicomisos no queda bien definida. Se busca evitar que los fideicomisos que no tienen estructura orgánica rindan cuentas de manera directa. Sin embargo, no operan de manera virtual, el personal encargado de estos fideicomisos debería rendir cuentas de manera directa sobre los recursos públicos que ejecuta. Por otro lado, debería especificarse en la Ley que la información de los fideicomisos de fondos mixtos (que cuenten con recursos públicos y privados) es pública. Actualmente existen esquemas de inversión pública que promueven la operación de fideicomisos de recursos mixtos, que no deben quedar exentos a la rendición de cuentas por tener recursos privados.

7. Se busca ampliar los plazos de reserva de información. Se pretende establecer plazos permanentes de reserva de información, extender los plazos totales de 7 a 12 años y reservar la información de crímenes contra la humanidad. La Ley Modelo Interamericana no permite la reserva de información de manera permanente. En el caso de los crímenes contra la humanidad, el derecho internacional establece, además del derecho a la información, el derecho a la verdad que exige que se dé a conocer toda la verdad sobre los responsables de este tipo de casos.

8. Se busca eliminar varias obligaciones de transparencia, entre las cuales destacan dos, que son indispensables para fortalecer la rendición de cuentas hacia los ciudadanos. En primer lugar, se pretende eliminar la obligación de que los funcionarios hagan públicas sus declaraciones patrimoniales. En el contexto de la crisis de confianza que enfrentan algunos de los más altos funcionarios de esta administración por sus vínculos con el Grupo Higa y la sospecha de que esta empresa haya podido ser favorecida con contrataciones públicas, es evidente la necesidad de obligar a los servidores públicos y políticos a transparentar no sólo sus declaraciones patrimoniales, sino también las de intereses y las fiscales. En segundo lugar, también se pretende eliminar la obligación de publicar los resultados de evaluaciones de desempeño practicadas a los funcionarios, en contradicción con las recomendaciones de la Ley Modelo[5].

Los cambios propuestos pretenden no sólo esquivar el Artículo 6to de nuestra Constitución, máximo ordenamiento jurídico de nuestro país, sino también ignorar las buenas prácticas de regulación en materia de acceso a la información establecidas en la Ley Modelo interamericana sobre el Acceso a la  Información.

Varios actores de la sociedad civil y organismos multilaterales como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos  (OCDE) habíamos dado por hecho que el avance en materia de transparencia era una realidad, en gran parte porque el Congreso aprobó una reforma constitucional bastante sólida. Incluso, la OCDE publicó un estudio hace algunas semanas, donde estima el impacto que pueden tener las reformas estructurales aprobadas en el contexto del pacto por México, entre ellas la de transparencia, en el crecimiento del PIB per cápita de México[6].

Lamentablemente del dicho al hecho hay mucho trecho. De ser aceptadas con estos cambios deprimirán el espíritu de la reforma constitucional.  Se afectaría el avance en el derecho de acceso a la información y se cancelaría el efecto en el crecimiento económico de esta reforma, tan presumida por la OCDE. Pero además se postergaría de manera dramática la oportunidad para todos los mexicanos de acceder a un sistema democrático fundado en instituciones más modernas a partir de las cuáles podamos construir una vida más digna y justa.

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[1] Cabe destacar que esta Ley fue elaborada por un grupo de expertos sobre acceso a la información de varios países del mundo bajo la coordinación de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Consejo permanente de la Organización de los Estados Americanos. Es la pauta aceptada en América para el diseño de las leyes que regulen el derecho humano de acceso a la información, mismo que se deriva del derecho humano a la libre expresión.

[2] De acuerdo con la Ley Modelo las autoridades públicas pueden reservar información sólo cuando (1) “Cuando el acceso a la información dañe intereses privados (…)” y (2) “Cuando el acceso generare un riesgo claro, probable, y específico de un daño significativo, el cual deberá ser definido de manera detallada en la ley (de acceso a la información)”.

[3] De acuerdo a las buenas prácticas definidas en la Ley Modelo: “Nadie será objeto de acción civil o penal ni perjuicio laboral, por un acto de fe, en el ejercicio, cumplimiento o intención de cumplimiento de las facultades o atribuciones en los términos de la ley (de acceso a la información), siempre que se haya actuado razonablemente y de buen fe.”

[4] Éstas son el Centro de Investigación y Seguridad Nacional; el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia; el Centro Federal de Protección a Personas; la Dirección de Coordinación de Inteligencia de la Comisión Nacional de Seguridad; la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; el Estado Mayor Presidencial, el Estado Mayor de la Defensa Nacional y el Estado Mayor General de la Armada o en su caso, las unidades administrativas que los sustituyan.

[5] Ésta establece que las autoridades deberán publicar de manera proactiva todo mecanismos interno y externo de supervisión, de reportes, de monitoreo de la autoridad pública, en particular la información sobre su desempeño.

[6] OCDE (2015) Estudios económicos de la OCDE: México 2015. 

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Jueves, 12 de Febrero 2015 - 17:30
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Nombramiento de Virgilio Andrade. Más fallecimientos por explosión de Hospital en Cuajimalpa. Quiebra de Radio Shack

En esta ocasión me acompañan Tere Vale, Bernardino Esparza y Álvaro Rattinger. Los temas que abordamos esta noche fueron:

  • Nombramiento de Virgilio Andrade como secretario de la SFP
  • Aumento el número de fallecimientos por la explosión de Hospital Materno-Infantil de Cuajimalpa 
  • La falta de regulación a las compañías gaseras
  • La quiebra de RadioShack

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Lunes, 09 de Febrero 2015 - 15:30
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URBI entra a concurso mercantil. Las fallas de la CNBV. La 1a. Carrera de Cáncer de Mama

El socio director de Softec, Gene Towle, nos explica lo que significa que URBI, una de las grandes desarrolladoras de vivienda, entre a concurso mercantil. En el estudio me acompaña Mariana Campos y platicamos sobre las fallas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; la falta de transparencia en los procesos de licitación del gobierno; y la confusión que existe por la baja de los precios del petróleo. Luis G y G nos da un consejo para reducir nuestro consumo de electricidad. Fernando Guisa, fundador de la Fundacion Cáncer de Mama (FUCAM) y Ma. Luisa Guisa Ortega, Directora Administrativa de FUCAM, nos invitan a la 1a. Carrera de Cáncer de Mama que se realizará el Domingo 25 de enero de 2015, a partir de las 8:00 AM, saliendo de la Torre Mayor.

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Jueves, 22 de Enero 2015 - 19:30
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Las reformas constitucionales del 2014

En el 2014 se han modificado 45 artículos de 136 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los temas son: transparencia, en materia política-electoral, el derecho a la entidad, en materia de responsabilidad de los funcionarios públicos, en materia de trabajo para los menores de edad, y en materia de compra o adquisición de cobertura informativa o tiempos en radio y televisión.

Así tenemos diversas reformas y adiciones al texto constitucional. La primera modificación es en materia de transparencia. En el Decreto se otorga autonomía constitucional al organismo responsable de garantizar el derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales. Asimismo, se amplía a los sujetos obligados, y por ende, se establece las bases de transparencia para las entidades federativas

La segunda modificación es en materia política-electoral. Con el Decreto se establecen varios cambios: se crea el Instituto Nacional Electoral; se incorpora la reelección consecutiva de senadores y diputados federales, diputados locales, presidentes municipales, regidores y síndicos; se le otorga autonomía constitucional al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; se modifica la fecha de inicio del cargo de Presidente de la República; se faculta a las Cámaras del Congreso para ratificar a determinados Secretarios de Estado; se crea la Fiscalía General de la República como órgano constitucional autónomo.

La tercera modificación es en materia del derecho a la identidad. Con el Decreto se incorpora el derecho de toda persona a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. Asimismo, se establece que la autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de nacimiento.

La cuarta modificación es en materia de responsabilidades de los funcionarios públicos. Con el Decreto se establece que a "los integrantes de los ayuntamientos", en la relación de funcionarios públicos que serán responsables por violaciones a la Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales.

La quinta modificación es en materia de trabajo para los menores de edad. El Decreto establece que queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince años.

La sexta modificación es en materia de compra o adquisición de cobertura informativa o tiempos en radio y televisión. El Decreto refiere que en el caso de compra o adquisición de cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley, será parte del sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes.

Estimado lector, el año termina, pero, pero, pero, los cambios  a la Ley Fundamental continuarán para el próximo 2015.

Así que, querido lector, desde el año de 1917 el texto constitucional ha sido modificado 618 veces.

Al tiempo, tiempo…

Fecha: 
Lunes, 22 de Diciembre 2014 - 18:00
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SEP entrega a Mexicanos Primero la base de datos del Censo Educativo

Por mandato del IFAI la SEP entrega a Mexicanos Primero la base de datos del Censo Educativo

  • La entrega se realizó el pasado martes 9 de diciembre por resolución del IFAI al recurso de revisión presentado por Mexicanos Primero.
  • Este logro de transparencia servirá para demandar la corrección del desorden y la corrupción, y para rendir cuentas a los ciudadanos.
  • Los primeros tabulados que la SEP e INEGI dieron a conocer el pasado mes de marzo, permitieron identificar el desorden y desvío que se desprenden de 298,174 pagos irregulares.
  • Esta entrega de información con datos más completos a Mexicanos Primero, permitirá verificar si los datos publicados en el portal del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) son correctos y completos.
  • Este esfuerzo de transparencia permitirá 1) conocer con el detalle necesario la situación de infraestructura y logro educativo en las escuelas, 2) revisar la honestidad en la distribución y el ejercicio de la nómina magisterial, y 3) ajustar los programas que se diseñan para mejorar el sistema educativo del país.
  • Mexicanos Primero revisará detalladamente la información recibida y comunicará a la opinión pública los hallazgos principales con el objetivo seguir avanzando hacia un sistema educativo responsable y centrado en el derecho a aprender de los alumnos.

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Jueves, 11 de Diciembre 2014 - 19:00
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¡Me comprometo de manera pública!

En tono enérgico el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, instruye a los servidores públicos de su administración para que a la brevedad hagan pública su declaración patrimonial, y en caso contrario, afirmó quien no quiera hacerlo “ya sabe cuál será la decisión del Jefe de Gobierno”.

Su instrucción fue hoy, durante la presentación del Sistema de Transparencia, Rendición de Cuentas, Fiscalización, Prevención y Combate a la Corrupción. Además, se dice que los servidores públicos tendrán que presentarse a realizar exámenes de evaluación, sicométricos, socioeconómicos y poligráficos. 

La legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, son los principios con los que se comprometen a respetar y que acepta el servidor público cuando firma, la “Carta de obligaciones de los servidores públicos del Gobierno del DF”. 

Por tanto, ante las instrucciones de su Jefe de Gobierno, los servidores públicos están obligados a presentar su declaración patrimonial de manera pública.

Les guste o no les guste, tendrán que hacerlo por instrucción jerárquica y por la “Carta de obligaciones”, compromiso número 13 de la fracción II en el rubro de nombre: “Manifiesto que mis principales Obligaciones como servidor público son: …13. Reportar a la Contraloría General del Distrito Federal, periódica y verazmente los bienes de mi patrimonio, mediante una declaración de situación patrimonial”.

Estimado lector, los servidores públicos están obligados a declarar todos sus bienes inmuebles (terrenos, casas,  departamentos, etc.) y bienes muebles (menaje de casa, joyas, pinturas, autos, créditos bancarios –tarjetas de crédito-, etc.). Y, de igual forma, los bienes inmuebles y muebles de su cónyuge y dependientes económicos (hijos, hijas y/o padres).

Así que, querido lector, les guste o no, a los servidores públicos del DF, tendrán que dar a conocer de manera pública sus bienes muebles e inmuebles, por instrucción de su jefe superior y por ley, máxime, porque aceptaron y firman su compromiso en la “Carta de Obligaciones”, que al final del documento dice a la letra: “Me comprometo a cumplir bajo mi más estricta responsabilidad con las obligaciones encomendadas en términos del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos."

Al tiempo, tiempo…

Fecha: 
Martes, 09 de Diciembre 2014 - 18:30
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El cohecho internacional y los desafíos para asegurar el crecimiento y una prosperidad compartida en América Latina

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico presentó el 2 de diciembre un informe sobre el Soborno Internacional que analiza el delito de cohecho de servidores públicos extranjeros, titulado OECD Foreign Bribery Report. Este informe pionero se basa en un análisis de los datos emergentes de todos los procedimientos por cohecho transnacional que han sido concluidos desde 1999. Considera 427 casos en todo el mundo que implican a empresas o individuos de los 41 países signatarios de la Convención de la OCDE contra el Cohecho (Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales), los cuales estuvieron implicados en el cohecho de servidores públicos extranjeros. Los casos tuvieron lugar entre febrero de 1999, fecha en la que la Convención entró en vigor, y junio de 2014.

El soborno extranjero se define de acuerdo con el artículo 1 de la Convención de la OCDE contra el Soborno, como "ofrecer, prometer o dar alguna ventaja pecuniaria indebida u otra, ya sea directamente o a través de intermediarios, a un funcionario público extranjero, para ese funcionario o para un tercero, con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en relación con el desempeño de funciones oficiales, con el fin de obtener o retener un negocio u otra ventaja indebida en la conducción de los negocios internacionales".

Por otra parte, el 6 de diciembre la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, presentó en Chile la conferencia “Desafíos para asegurar el crecimiento y una prosperidad compartida en América Latina”.

Principales Resultados del informe sobre el Soborno Internacional:

  • La mayoría de los cohechos internacionales son pagados por empresas grandes, por lo general con el conocimiento de los altos directivos.
  • En los casos analizados, los cohechos equivalieron al 10.9% del valor total de la transacción en promedio, y al 34.5% de las utilidades, es decir USD 13.8 millones por cohecho.
  • Dadas la complejidad y la naturaleza oculta de las transacciones corruptas, esto sin duda es simplemente la punta del iceberg, afirma la OCDE.
  • Por lo general, los cohechos se pagan para obtener contratos de empresas propiedad del Estado, o controladas por el Estado, en las economías avanzadas —más que en el mundo en desarrollo—, y la mayoría de quienes los pagan y quienes los cobran provienen de países ricos.
  • Casi dos tercios de los casos ocurrieron en sólo cuatro sectores:
    • Extractivo (19%);
    • Construcción (15%);
    • Transporte y almacenamiento (15%); e
    • Información y comunicaciones (10%).
  • Casi la mitad de los casos involucran el soborno de funcionarios públicos de los países con niveles de desarrollo humano alto (22%) o muy alto (21%)
  • Los sobornos fueron prometidos, ofrecidos o entregados con mayor frecuencia a:
    • Empleados de empresas propiedad del Estado (27%),
    • Funcionarios aduanales (11%),
    • Funcionarios de salud (7%) y
    • Funcionarios de la defensa (6%).
  • Los jefes de Estado y ministros recibieron los cohechos en 5% de los casos, pero éstos representaron el 11% del total de lo pagado por este concepto.
  • En la mayoría de los casos, los cohechos se pagaron para obtener contratos de compras públicas (57%), seguidos por la agilización de trámites de despacho aduanero (12%).
  • El 6% de los cohechos se entregaron para obtener un tratamiento fiscal preferencial.
  • En 41% de los casos los cohechos fueron pagados o autorizados por empleados a nivel directivo, y el director general (CEO) participó en 12% de los casos. En un caso, un congresista fue declarado culpable de conspiración por sobornar a funcionarios públicos extranjeros.
  • En tres de cuatro casos de soborno a funcionarios públicos extranjeros hubo intermediarios; en 41% de ellos, se trató de representantes de ventas y marketing, distribuidores y corredores locales. Otro 35% de los intermediarios fueron agentes corporativos, como empresas filiales, empresas ubicadas en centros financieros de paraísos fiscales, o compañías establecidas para usufructo del funcionario público que recibió el soborno.
  • Uno de cada tres casos llegaron a la atención de las autoridades a través de auto presentación de informes por las empresas o individuos demandados. Las siguientes fuentes más comunes fueron las investigaciones iniciadas directamente por las autoridades policiales (13%) y los casos de soborno extranjeros que salieron a la luz en el contexto de la asistencia formal o informal legal mutua entre países (13%). Informes de denuncias y cobertura mediática muy raramente instigaron una investigación de soborno extranjero (2% y 5%, respectivamente).
  • Las empresas que auto reportaron, tuvieron conocimiento del soborno en el extranjero en sus operaciones internacionales principalmente a través de auditorías internas (31%) y de concentraciones y procedimientos de debida diligencia de adquisición (28%).
  • Se dictaron penas de prisión a 80 personas que fueron declaradas culpables de soborno en el extranjero. La pena de prisión más larga combinada impuesta hasta la fecha en un caso relacionado con una condena por conspiración para cometer soborno en el extranjero de 13 años para un individuo, a otros 38 individuos se les impusieron penas de prisión.
  • En total, hubo 261 multas impuestas a personas y empresas, la mayor multa combinada contra una sola empresa fue por un total de 1.8 mil millones de euros. La mayor sanción pecuniaria impuesta contra una persona en un caso de soborno en el extranjero era una orden de decomiso por valor de USD 149 millones.
  • En el 69% de los casos de soborno extranjero, las sanciones fueron impuestas a título de liquidación, utilizando procedimientos que incluyen la libertad condicional corporativa (Canadá); la sección 153 (a) del Código de Procedimiento Penal (Alemania); Patteggiamento (Italia); Aviso de Pena (Noruega); Reparación en virtud del artículo 53 del Código Penal (Suiza); Acuerdos de no enjuiciamiento (NPA´s), Acuerdos de enjuiciamiento diferido (DPA´s) y Alegato de acuerdo (US).
  • Estados Unidos ha sancionado a personas y entidades por el delito de soborno extranjero en relación con 128 esquemas separados de soborno extranjero desde la entrada en vigor de la Convención contra el Soborno de la OCDE. Alemania ha sancionado a personas y entidades por el delito de soborno extranjero en relación con 26 regímenes separados; Corea en relación con 11; e Italia, Suiza y el Reino Unido en relación con 6.
  • El tiempo requerido para concluir los casos de cohecho ha aumentado con el tiempo, desde cerca de dos años en promedio para aquellos concluidos en 1999 hasta poco más de siete hoy día.
  • Esto puede reflejar la creciente sofisticación de los sobornadores, la complejidad que afrontan los organismos encargados de hacer cumplir las leyes para investigar casos en varios países, o bien que las empresas y las personas están menos dispuestas a negociar que antes.
  • La corrupción debilita el crecimiento y el desarrollo.
  • La prevención de la delincuencia de guante blanco debería ser el punto central de la gobernanza corporativa.
  • Al mismo tiempo, es necesario que la contratación pública se convierta en sinónimo de integridad, transparencia y rendición de cuentas.
  • De acuerdo con la OCDE, para resolver el cohecho y la corrupción, es importante que los gobiernos de todo el mundo refuercen las sanciones, den a conocer las negociaciones y reafirmen la protección a denunciantes como parte de iniciativas mayores.
  • El abrumador uso de intermediarios también demuestra la necesidad de una mayor celeridad y supervisión de los programas de cumplimiento corporativo y de que los ejecutivos de las empresas prediquen con el ejemplo en el combate al soborno a funcionarios públicos extranjeros.

Desafíos para asegurar el crecimiento y una prosperidad compartida en América Latina:

  • En las últimas dos décadas, la mayoría de los países en América Latina consiguieron un triplete de política económica, consistente en bajas tasas de inflación, disciplina fiscal y estabilidad financiera.
  • Estas economías prosperaron gracias a sus sólidos marcos de política económica, el aumento de precios de las materias primas y las favorables condiciones financieras internacionales.
  • Mientras otras regiones atravesaron dificultades, América Latina capeó el temporal financiero mundial de 2008 con “discreta confianza” y logró enormes avances en la reducción de la pobreza y la desigualdad.
  • “Los ingresos reales promedio han aumentado más del 25% desde 2000, y la pobreza extrema se ha reducido a la mitad”
  • Pese a estos notables logros económicos y sociales, el camino que queda por delante parece cada vez más difícil debido a los cambios en las condiciones económicas y financieras a escala mundial.
  • Los precios de las materias primas, que ayudaron a impulsar el crecimiento en la región durante más de una década, están disminuyendo, y pronto se acabará la era del acceso fácil al financiamiento en dólares.
  • Algunos países de América Latina se enfrentan a vulnerabilidades subyacentes, mientras que otros están llegando a sus límites de capacidad.
  • Esto subraya la necesidad de aplicar reformas estructurales en ámbitos tales como la educación, las redes de protección social, la inclusión financiera y la infraestructura.
  • Estas reformas contribuirán a elevar la productividad y permitirán a la región diversificar su producción y reducir la importancia de los sectores primarios que tienen menor valor agregado.
  • En este momento crítico, es más importante que nunca fomentar un crecimiento que sea inclusivo, equilibrado y sostenible.
  • Después de décadas de estancamiento, la clase media de América Latina ha crecido en tamaño y confianza, ampliándose en aproximadamente el 50% desde 2003”.
  • Gran parte de esta expansión puede atribuirse a una reducción de la desigualdad salarial, entre otras razones, gracias a aumentos del salario mínimo, así como a asistencia social focalizada.
  • A pesar de estos avances, los indicadores sociales siguen siendo débiles, y la desigualdad es mucho mayor que en otras regiones comparables.
  • Esto es importante, porque las crecientes expectativas de la clase media de América Latina chocan contra las deficiencias en la provisión de servicios públicos.
  • Es importante que los gobiernos de la región sigan trabajando con ahínco para mejorar los servicios públicos, como por ejemplo mejorando la calidad y el alcance de la educación pública, ampliando el sistema de protección social y expandiendo la base de ingresos públicos.
  • Se necesitan todas estas medidas —y muchas más— para crear una sociedad más inclusiva y más fuerte.
  • Ante los desafíos actuales América Latina podría trabajar de forma más integrada para elevar el crecimiento potencial de toda la región.
  • Promover la inversión y reforzar la colaboración regional en los ámbitos de energía, transporte, logística y tecnología de la información ayudaría a elevar el crecimiento potencial.
  • Las autoridades deberían reevaluar el enfoque actual en el ámbito del comercio y crear nuevos mecanismos para integrar a la región en las cadenas mundiales de valor.
  • Más allá del comercio, hay una gran variedad de cuestiones que podrían beneficiarse de una mayor disposición a superar las fronteras y aprender unos de otros.
  • Una de estas cuestiones es la delincuencia violenta, que está afectando a toda la región. Aparte del costo humano, la delincuencia también perjudica la inversión y el desarrollo económico, y corroe las instituciones democráticas.
  • Los esfuerzos para afianzar la agenda regional deben abarcar temas como el trabajo, la competencia, la seguridad y el medio ambiente.
  • Estas nuevas formas de integración respaldarían el crecimiento en América Latina al aumentar la eficiencia en el suministro de bienes y servicios públicos a nivel regional, y ayudarían a hacer frente a desafíos sociales de alcance regional.

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Fuentes:

OCDE. OECD Foreign Bribery Report. Diciembre de 2014.

Boletín del FMI: Lagarde propugna “crecimiento de calidad” en América Latina. 5 de diciembre de 2014. http://www.imf.org/external/np/speeches/2014/120514.htm

Fecha: 
Lunes, 08 de Diciembre 2014 - 17:00
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Visita de EPN a Iguala. Índice de corrupción 2014. Infiltrado cubano en marchas.

Esta tarde conduce Bernardino Esparza. Lo acompañan en cabina Mariana Campos y Victor Ronquillo. Hablan acerca de la visita de EPN a Iguala, Gro. De los apoyos fiscales y estructurales también para Acapulco, Zihuatanejo y Taxco. El Indice Corrupción 2014 y la Ley de Transparencia. El infiltrado cubano en las marchas. En entrevista, David Calderón Martín del Campo, de Mexicanos Primero, presenta denuncia penal contra el líder sindical de Nayarit. Luis G y G nos trae lo más reiente en tecnología y nos presenta el Nexus 6 de Motorola. Zulema Velazquez, Directora Comercial de Senexcare, nos habla de su experiencia en el Networking.

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Fecha: 
Jueves, 04 de Diciembre 2014 - 20:00
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