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Chapomanía

La fuga del Chapo Guzmán de la cárcel de alta seguridad capturó la imaginación nacional y mundial. Aquí y allá se mofan del ridículo que hizo el gobierno de Enrique Peña y se pone de manifiesto el descrédito de México, que tendrá costos. En el ámbito interno un escenario posible es que puede complicarse, a medida que fenece el sexenio, la gobernanza. En el campo internacional es factible un deterioro de las relaciones con Estados Unidos por bloquear la extradición del capo; asimismo, existe el riesgo de que pocos gobiernos tomen en serio al régimen mexicano: el efecto Chapo puede acarrear una especie de aislamiento diplomático (¿y económico?) del país. A este penoso suceso le antecede la crisis de credibilidad por el conflicto de interés de las casas del presidente y de algunos funcionarios de su primer círculo. También le precede la crisis de derechos humanos en Tlatlaya e Iguala.

A tan delicados asuntos se le suma el descrédito de los poderes Legislativo y Judicial, ambos lastrados por la corrupción y el uso arbitrario y patrimonial del poder y de los recursos públicos en beneficio de sus camarillas. El mismo derrotero siguen los partidos políticos, que representan más bien a sus familias y pandillas. El distintivo de la clase política es la impunidad y la corrupción. El divorcio entre el pueblo y sus representantes es patente. El resultado es que México está al arbitrio del más fuerte, lo que genera más desigualdad. Si las instituciones están rebasadas por disfuncionales y, por tanto, están capturadas por los políticos y la gran empresa, si por ende el gobierno es incompetente, y si la ley está al servicio de las elites, entonces estamos ante una crisis de legitimidad política de las clases gobernantes. ¿Sigue la guerra civil?

Hay que evitar este posible escenario catastrofista. Es hora que el gobierno de Peña muestre que entiende que sí entiende. Ello implica un golpe de timón para cumplir y hacer cumplir la ley, para combatir a la impunidad –mediante la rendición de cuentas– y a la corrupción, llevando a los tribunales a los presuntos corruptos. También involucra un cambio de personas y en las políticas de seguridad y de lucha contra el narcotráfico. La seguridad debe centrarse en combatir a los delitos que más dañan y humillan a los mexicanos (secuestro, extorsión, asesinatos, etc.), y la estrategia contra el narcotráfico requiere sacar al ejército de ese infierno y replantear la política punitiva contra las drogas ilícitas ante Estados Unidos, pues esta inútil lucha nos arrastra a la guerra civil, que dañaría la seguridad del poderoso vecino norteño. Es lamentable lo que pasó, pero es atroz persistir en lo que nos lastima.

Fecha: 
Jueves, 16 de Julio 2015 - 17:00
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Dos fechas: Tlatlaya y Ayotzinapa

Este 26 de junio se cumplen nueve meses de los acontecimientos en Iguala, donde perdieron la vida y desaparecieron 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. El próximo 30 de junio se cumple, a su vez, el primer aniversario de Tlatlaya, lugar en donde un grupo de supuestos delincuentes fue asesinado por efectivos del Ejército. Ambas situaciones son parte del entramado que golpeó fuertemente la credibilidad del gobierno federal y afectó de manera particular al presidente Peña Nieto.

Oficialmente, ambos casos se encuentran resueltos. En el primero, el matrimonio Abarca y una buena cantidad de funcionarios, policías y delincuentes de dos municipios se encuentran encarcelados por esos crímenes, aunque los cargos directos aún no les son imputados ni al exalcalde ni a su esposa. Para la Procuraduría General de la República, los 43 estudiantes están muertos, pero en un enredo político “se les sigue buscando”. Un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investiga el caso desde hace meses. El caso Tlatlaya culminó con la detención y enjuiciamiento de varios efectivos militares y el otorgamiento de compensaciones millonarias a los familiares de los supuestos delincuentes ejecutados.

Para muchos, ninguno de los dos casos está cerrado. Los familiares y compañeros de los muchachos desaparecidos siguen exigiendo justicia y claridad en las investigaciones. Argumentan que hubo una participación del Ejército y que esto no ha sido investigado. En este sentido, los expertos de la CIDH han solicitado entrevistarse con los militares del cuartel de Iguala. En el caso de Tlatlaya, varias organizaciones exigen que se investigue a funcionarios del Estado de México y del Ejército que trataron de ocultar los hechos.

Por supuesto, en ambos casos hay muchos interesados, algunos de manera directa, otros porque beneficia a su agenda política. Si bien el caso Tlatlaya no fue tan llamativo, el caso Ayotzinapa sí lo fue, tanto a nivel nacional como internacional. Ahora son temas de segundo orden en la atención mediática, más allá de su importancia humana y legal. Varias cosas los han desgastado: el tiempo mismo, los métodos usados para exigir justicia, los aliados que escogieron, la división de los familiares, las acusaciones mutuas, etc.

Ahora ambos casos han sido escogidos por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como una muestra de los abusos en derechos humanos que se cometen en nuestro país. Este informe no fijará la postura del gobierno de Obama hacia nuestro país, pero internamente se está tratando de usar para golpear de nuevo al gobierno federal.

Es de esperarse que, a menos que surjan nuevas evidencias, ambos temas serán pasajeros en la atención mediática. Son temas “viejos” y ya han causado todo el daño posible (un gran daño, por cierto).

¿Se violan los derechos humanos? Por supuesto… ¿al grueso de los mexicanos les importa? Por desgracia, parece que no.

Fecha: 
Viernes, 26 de Junio 2015 - 17:30
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Tanhuato

El viernes pasado el enfrentamiento entre fuerzas federales y civiles armados, integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) sacudió a México y fue noticia de la prensa internacional. El lugar donde ocurrió este enfrentamiento se registró en la comunidad de Tinaja de Vargas, en el municipio de Tanhuato, a tres kilómetros de la Autopista México-Guadalajara. El saldo fue de 42 civiles y 1 policía federal muertos. Apenas a tres días, el nombre de Tanhauto ya es significativo.

Esta vez, el gobierno federal parece haber aprendido la lección. Nada de esconder, de inmediato sacó a la luz el caso. Monte Alejandro Rubido, Comisionado Nacional de Seguridad, fue el encargado de confirmar los hechos. Aunque todo sucedió en Michoacán, el asunto se encuadra en la operación de seguridad de Jalisco. Esta demostración de fuerza contrarresta en buena medida el descalabro del 1 de mayo en Guadalajara.

El Gabinete de Seguridad Nacional se trasladó de inmediato a la zona. Sin duda un acierto la rápida reacción por la parte federal. Otro aspecto positivo es que, a diferencia de lo sucedido en Jalisco el pasado 2 de mayo o lo que está ocurriendo en Guerrero, el gobernador michoacano, Salvador Jara, reconoce una excelente coordinación con el Ejército y la Policía Federal con las autoridades estatales.

Es importante que la buena imagen y actuación del gobierno federal mostrada inmediatamente después del enfrentamiento, no sea diluida por dejar cabos sueltos sobre la investigación con los que se pueda presumir que se está gestando un “Nuevo Tlatlaya”, como de hecho sugiere La Jornada. Dado el resultado tan abultado de personas muertas (43) y el hecho de que la gran mayoría son civiles, así como las fotos que se han comenzado a difundir por internet, las dudas pueden empañar el operativo. No debe quedar duda sobre la actuación de las fuerzas federales, por lo que es necesaria una narrativa impecable de los hechos en la que intervenga la CNDH.

Por lo pronto, ya comenzaron las sospechas respecto a los resultados de este operativo. Medios como La Jornada, Sin embargo y Aristegui Noticias, así como actores influyentes en redes sociales, están cuestionando dichos resultados y deslizan la idea de que hubo una matanza de civiles, apoyados en los 42 muertos del Cártel y sólo uno de la Policía Federal. Actores políticos como Gustavo Madero y Andrés Manuel López Obrador aprovechan el momento para criticar duramente al gobierno federal.

Por lo anterior, es urgente que se refuerce la  narrativa oficial y que se sustente el reporte preliminar emitido haciendo hincapié en que las fuerzas de seguridad nacional actuaron  conforme a protocolos establecidos para realizar este tipo de operativos. Sería clave conocer la opinión de la CNDH.

Fecha: 
Lunes, 25 de Mayo 2015 - 18:30
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¿Navidad y Año Nuevo se llevaron los problemas?

Por supuesto, la respuesta es negativa, pero el reflujo de las protestas resultó evidente. Así ha sido en cada coyuntura similar. Recuérdese que antes de la navidad del 2005 las confrontaciones entre AMLO y Calderón habían tensado a las fuerzas políticas nacionales. Llegó la navidad y con ella la prohibición de hacer cualquier tipo de campaña (la llamada “tregua navideña”) y la tensión bajó.

Esta vez no fue diferente, para descanso del atribulado gobierno federal. Permanecen Tlatlaya, Ayotzinapa y el escándalo de la relación con el Grupo HIGA, pero estos temas están siendo impulsados en buena medida por organismos y personajes no partidarios, como los de derechos humanos o la CETEG y la CNTE, no por partidos políticos con registro e influencia institucional.

Tomar en cuenta esto es relevante porque el año que corre es electoral y pronto se desatarán todas las campañas con toda su intensidad. Se dirá que estas campañas llegan en un momento de descrédito de partidos e instituciones, lo cual es cierto, pero tal vez el votante mexicano, en su mayoría, prefiera a los partidos políticos, con todo y todo, que a grupos que incendian, paralizan vialidades, toman comercios y golpean y secuestran personas.

Los partidos políticos tratarán de usar Tlatlaya, pero por lo que se ve, el tema no es algo que le quite el sueño a los mexicanos ni a los grupos más agresivos de la oposición partidaria o no partidaria. Ayotzinapa es una papa caliente para tratar de usarlo como tema de campaña. El Movimiento Ciudadano lo usó en un spot, sin mencionarlo por su nombre, y ya los padres de familia de los jóvenes desaparecidos advirtieron que no lo permitirían. Podríamos suponer que MORENA y AMLO tenderán a utilizar Ayotzinapa, pero el riesgo de que el tema se les vuelva en contra es alto.

Los nexos con el grupo HIGA son más fáciles de utilizar, pero en este punto todos los partidos tienen un historial sucio. Sólo López Obrador está en condiciones de usarlo para golpear al PRI. Como quiera que sea, las elecciones de este año tendrán un fuerte componente local y se centrarán en buena medida en lo económico y la seguridad.

Sin duda, en medio del descrédito, este año será la confrontación de temas como los referidos arriba que afectan a algunos sectores, contra la maquinaria electoral y los temas de los partidos.

¿Cómo manejarán los partidos y el gobierno federal estos temas que impactaron en 2014? Seguro que lo están calibrando, pero el que juegue a no verlos puede correr el riesgo de perder piso. 

Fecha: 
Lunes, 05 de Enero 2015 - 17:00
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¿Crisis o nueva normalidad?

En muchos medios, periodistas y analistas se muestran pesimistas y aseguran que México vive una gran crisis. Indudablemente recurren a Tlatlaya, Ayotzinapa y la casa blanca como ejemplos de esa situación. La inseguridad y la mala economía también son puestas como ejemplo. Las imágenes de las protestas del magisterio disidente, sobre todo en Oaxaca y Guerrero, dan la vuelta al mundo: “eso es México”, dicen estos preocupados personajes.

Caso por caso es importante acercarse a la forma cómo se están tomando estas situaciones. Por ejemplo, el caso Tlatlaya no debió ser, pero pocos se han adentrado en el fondo del asunto: no se puede sacar a un ejército, entrenado para usar las armas, y ponerlos a combatir en una guerra interna contra narcos sin que se lleve al borde a estos soldados. Esta guerra ha sido muy prolongada y los militares mexicanos no estaban (ni están) acostumbrados a librarla. Dos hechos graves sobre esto: es posible que haya más casos como este y no se conozcan, pero suponer que el gobierno federal en su conjunto es culpable es una idiotez o parte de una agenda. Segundo, me temo que muchos mexicanos se encogen de hombros por esta violación enorme a la ley y a los derechos humanos y siguen adelante, “ellos se lo buscaron”.

De Ayotzinapa, sin duda una tragedia, el radicalismo de las protestas está ahuyentando los apoyos. Poco a poco se va aislando lo que fuera una oportunidad para poner en el tapete de la discusión temas como los desaparecidos, los muertos anónimos, el uso de las fuerzas armadas, los policías corruptos. Igual que en el caso anterior: muchos mexicanos están hartos del manejo del tema.

El caso de la casa blanca de Las Lomas es otra tragedia, aunque distinta: una casa muy costosa, una explicación insuficiente y un aparente conflicto de intereses, pero no hay marchas por esto, no hay masas exigiendo la aclaración o la renuncia. Sí, hay redes sociales noche y día, pero hasta ahí. Los mexicanos parecen decir: “no nos sorprende”, esa es la tragedia.

La inseguridad disminuye poco a poco, tanto en los datos oficiales como los de organismos civiles serios. Menos muertes violentas, menos secuestros. La economía parece también mejorar: menos desempleo, inflación controlada, pero se viene un año muy difícil. No importa, son vacaciones de fin de año y los mexicanos parecen querer olvidar los problemas pasados y los que vendrán. El que apueste a otra cosa en estos días se equivocará. Hasta los maestros disidentes de Oaxaca han abandonado la plaza para los turistas.

¿Nos hemos acostumbrado a una normalidad absurda, violenta y cruel?, ¿el mundo se ha acostumbrado a esa realidad? 

Fecha: 
Lunes, 22 de Diciembre 2014 - 17:30
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Conspiración contra el presidente Peña

La denuncia del presidente Enrique Peña Nieto de que al parecer los intereses que afectaron sus reformas intentan desestabilizar a su gobierno es muy grave. ¿Qué pretende con esta delación ni más ni menos que del jefe de Estado y de gobierno mexicano? Tan seria acusación no viene de un ciudadano común, de un analista o de cualquier predicador que libremente puede gritar ante hechos que salen de su comprensión: ¡allí viene el lobo!, y no pasa a mayores cosas. La investidura del presidente le faculta para usar los instrumentos legales y juzgar a los conspiradores. ¿Por qué en lugar de actuar conforme a sus atribuciones recurre a denunciar una conspiración? Ante el evidente pasmo del gobierno para enfrentar la crisis política cabe preguntar: ¿se trata de una figura retórica para aplacar las críticas o de una fuga de la razón que se niega a ver la complejidad de los problemas nacionales?

Si a la clara demanda ciudadana de erradicar la impunidad y la corrupción para forjar un país de leyes, así como establecer un piso mínimo de oportunidades para todos, se le llama conspiración, estamos cerca de una grave ruptura constitucional. Cuando los problemas se explican mediante teorías conspirativas la política se reduce a la lucha de buenos contra malos, y no deja espacio para la libertad, para las opiniones diferentes, pues la lógica maniquea mata a la pluralidad y reduce la convivencia a un estás conmigo o estás contra mí. Y no justifico la violencia de grupos radicales; lo que propongo es combatir la impunidad, cualquiera que sea su origen, pues si el gobierno no ve que el problema es la ausencia de ley o impunidad (que es la guerra de todos contra todos), no entenderá que esa es la causa que origina la violencia.

En vez de teorías conspirativas, los mexicanos queremos escuchar propuestas precisas de las clase política de cómo no volverán a ocurrir sucesos como los de Iguala y Tlatlaya; qué procedimientos legales y políticos se establecerán para investigar y sancionar casos de conflictos de interés, de corrupción de políticos y el contubernio con empresarios; cuándo se terminará con esta guerra absurda a las drogas ilícitas, que agudizó las deficiencias de instituciones políticas ya frágiles y nos sumó en una espiral de violencia; cómo se combatirá la delincuencia, que no sea ocultando la información; cómo se reformará el aparato de Estado para que en lugar de servir a una pequeña elite económica vele por el bien común; qué medidas económicas y culturales se tomarán para combatir la desigualdad; y qué reformas se realizarán para que los políticos nos representen y nos rindan cuentas.

Foto: www.cnnexpansion.com

Fecha: 
Jueves, 20 de Noviembre 2014 - 17:00
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La Casa Blanca de la Primera Dama

El día de hoy dos noticias llaman la atención, ambas relacionadas de alguna manera: la declaración pública de Angélica Rivera y el discurso de Enrique Peña Nieto que advierte sobre un intento de desestabilización. Estos dos hechos noticiosos probablemente forman parte de una especie de contraofensiva gubernamental.

El reportaje sobre la llamada Casa Blanca de Las Lomas, hecho por Carmen Aristegui y su grupo, llegó como suelen venir estas noticias: en el peor momento. Agobiado por Tlatlaya y Ayotzinapa, el presidente Peña Nieto tuvo que tragar otra mala noticia. En una primera reacción, señaló que la casa mencionada no era de su propiedad, sino de su esposa, Angélica Rivera, y que esta sería la encargada de dar las explicaciones.

El día de ayer, Rivera explicó por Youtube cuál era el origen de la propiedad. La compró a plazos y ha pagado dos años de ocho con los recursos que ganó en 25 años como estrella de Televisa. El propósito de su revelación fue claro: quitar una mala noticia a la pesada carga del presidente Peña Nieto. Es probable que los medios, quizá la misma Aristegui, se lancen a verificar dato por dato lo dicho por la primera dama. Si encuentran alguna rendija en donde colocar otro golpe, lo harán y así debe ser en una democracia.

Desgraciadamente, en el mejor de los casos, aunque la historia se mantenga, el daño ya está hecho: se recordará la espléndida casa y no su origen. La mayoría de los mexicanos seguirá con esa incredulidad casi existencial que sostenemos ante los dichos de los políticos.

Por otro lado, la declaración de Peña Nieto hecha ayer es preocupante. Parece un presidente que comienza a sentirse cercado. El mandatario asegura que su proyecto seguirá, pese a los intentos de provocar una desestabilización. Esta declaración se suma a la que hizo a su llegada de la gira internacional, por medio de la cual recordó que es el Estado el que tiene el uso legal exclusivo de la fuerza pública.

Es cierto que el pasado fin de semana ocurrió un primer intento coordinado de sabotaje contra el Buenfin: una grabación que circuló entre sectores medios y que alertaba de un caos en la ciudad e invitaba a no salir a la calle, es decir, a no comprar; el bloqueo de carreteras que llevan a Acapulco, principal destino del turismo defeño; la toma de Plaza Oriente por más de seis horas; bloqueos a los Walmart en Oaxaca y Guerrero, entre algunos hechos. ¿En verdad podemos creer que todo esto fue espontáneo y coincidente?

Ahora se ha logrado la cancelación del desfile del 20 de noviembre, un día en que el Ejército sale a demostrar lo que hace y tiene. La cancelación del evento por tres marchas, una de las cuales amenaza con tomar el aeropuerto, seguro no tiene contentos a los integrantes de las Fuerzas Armadas.

Sí, hay bases fuertes para creer que hay intentos de desestabilizar y montar una provocación al gobierno federal, que hasta ahora ha sido prudente. Sin embargo, el gobierno de Peña Nieto debe cuidar sus acciones, sin entrar en el juego de los violentos. 

Fecha: 
Miércoles, 19 de Noviembre 2014 - 18:45
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Cambió la percepción del país

Para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto las cosas iban muy bien hasta que hace un mes empezaron a ir mal.

El 17 de septiembre cambió el ambiente de optimismo y la percepción de la realidad nacional dio un giro.

Ese día la revista Esquire Latinoamérica publicó un articulo titulado “Exclusiva: Testigo revela ejecuciones en el Estado de México - Una testigo dice a Esquire que el ejército ejecutó a 21 presuntos delincuentes en Tlatlaya, Estado de México”.

Desde entonces han ocurrido sucesos que han derrumbado la imagen de paz y tranquilidad que el gobierno federal tan cuidadosamente construyó desde 1l de diciembre de 2012, cuando decidió minimizar las noticias relacionadas con la delincuencia organizada y maximizar las que tenían que ver con el Pacto por México y las reformas que los tres principales partidos políticos acordaron discutir y aprobar en el Congreso.

En solo un mes los mexicanos nos enteramos que hay un municipio mexiquense llamado Tlatlaya en donde bandas criminales operan con virtual impunidad y que a una veintena de supuestos delincuentes se les acabó la vida cuando el 30 de junio pasado tres soldados los mataron a sangre fría dentro de una bodega en la comunidad rural de San Pedro Limón.

Nueve días después, el 26 de septiembre, el caos y la corrupción que imperan en Guerrero salieron a flote después de que la policía municipal de Iguala matara a seis personas, entre ellos a tres estudiantes de la normal de Ayotzinapa, y secuestrara a 43 normalistas.

Hoy, la opinión pública nacional e internacional sabe que el ex presidente municipal perredista de Iguala, su esposa y su jefe de la policía, todos ellos prófugos, aparentemente estaban asociados a una banda criminal llamada Guerreros Unidos; que la policía del municipio trabajaba para los delincuentes; que otro presidente municipal, el priísta de Cocula y su jefe de policía fueron arrestados por sus posibles nexos con los Guerreros Unidos y la participación de algunos policías de este municipio en el secuestro de los normalistas.

Hoy se sabe que mandos de la Secretaría de la Defensa y funcionarios del gobierno del Estado de México pretendieron encubrir la masacre de Tlatlaya; que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la Procuraduría General de la República (PGR) y el gobierno de Guerrero no actuaron contra Abarca y sus cómplices a pesar de que tenían en sus poder información sólida que mostraba los vínculos que tenían con la delincuencia organizada.

Para complicar el asunto, durante la búsqueda de los 43 secuestrados se encontraron 28 cadáveres en tumbas clandestinas cerca de Iguala. Cadáveres de personas que hasta el momento no han sido identificadas pero que la PGR ya descartó sean la de los normalistas.

Tlatlaya e Iguala perjudicaron la imagen del gobierno federal y la del Estado de México y empeoraron la que se tenía de Guerrero.

Aquí solo me he referido a eventos que a los mexicanos nos regresaron a la realidad del México violento y dominado en muchos lugares por la delincuencia organizada, al México de la corrupción ilimitada y de la impunidad casi absoluta.

Si todo lo anterior no fuera suficiente, están la huelga del Politécnico, las bajas en los precios del petróleo y otras materias primas que México exporta, el ébola…

Foto: http://planoinformativo.com/

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Viernes, 17 de Octubre 2014 - 12:00
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¿Por qué los mataron?

Mucho se ha dicho y escrito sobre los violentos sucesos ocurridos en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio, y en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre.

Con base en la información proporcionada por la Procuraduría General de la República (PGR) sabemos que en Tlatlaya tres soldados mataron a 22 criminales. De acuerdo al procurador general, Jesús Murillo Karam, 14 perdieron la vida durante la balacera y ocho fueron asesinados con sus propias armas después de rendirse. También sabemos que el Procurador General de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, mintió el 17 de julio al asegurar que sus investigaciones mostraban que cada uno de los 22 perdió la vida al enfrentarse a los militares.

Sabemos que en Iguala una veintena de policías municipales mató a seis personas y secuestró a 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa. También, que cerca de Iguala se han encontrado varias tumbas clandestinas de donde se han rescatado 28 cadáveres que aún no han sido identificados. Sabemos que el presidente municipal perredista de Iguala, José Luis Abarca, su esposa y el jefe de la policía municipal de Iguala están prófugos después de que el gobernador perredista de Guerrero, el expriísta Ángel Aguirre Rivero, no hizo nada para prevenir su fuga apenas se supo de que aparentemente estaban involucrados en los asesinatos y secuestros.

Lo que no sabemos es por qué mataron a los 21 en Tlatlaya, ni por qué los policías municipales de Iguala dispararon en contra de los autobuses en donde iban los estudiantes de Ayotzinapa y los jóvenes jugadores del equipo de futbol Los Avispones de Chilpancingo. Tampoco sabemos por qué los policías, aparentemente apoyados por miembros de la banda criminal Guerreros Unidos, se llevaron a los 43 normalistas. Asimismo ignoramos porque el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Procuraduría General de Justicia de Guerrero no actuaron contra Abarca y sus cómplices hace meses, cuando se enteraron de que estaban involucrados con la delincuencia organizada.

En lo que al caso Tlatlaya se refiere, personas que están enteradas del asunto me dicen que los soldados mataron a los 22 para vengar a militares y policías que han muerto al ser emboscados por criminales o al enfrentarse a alguna de las distintas bandas de la delincuencia organizada que operan en los municipios de Tlatlaya, Luvianos, Amatepec y Tejupilco, en la Tierra Caliente mexiquense. Lo que nadie me ha podido o querido decir es si los militares actuaron por su cuenta o acatando órdenes superiores.

La pregunta de por qué agredieron a balazos a los normalistas y por qué secuestraron a 47 de ellos sigue sin respuesta. La única explicación lógica es que tal vez algunos de los estudiantes estaban de alguna manera afectando las actividades criminales y los negocios de los Guerreros Unidos, del prófugo José Luis Abarca, su esposa y de quién sabe cuántos otros funcionarios involucrados con esta y otras bandas criminales.

La investigación de ambos casos está en manos de la PGR y del ministerio público federal y supuestamente permitirá que, tarde o temprano, se conozca la verdad, caiga quien caiga.

Foto: http://media.proceso.com.mx/

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Martes, 14 de Octubre 2014 - 12:00
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En Entrevista: Alejandro Encinas, Senador PRD Estado de México

El presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Senado de la República, Alejandro Encinas (PRD-MEZ), nos hable de los casos Tlatlaya e Iguala y como el segundo afecta la imagen del PRD.

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Fecha: 
Lunes, 13 de Octubre 2014 - 20:00
Media: 

En Entrevista: Alejandro Encinas, Senador PRD Estado de México

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