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¿Quién detendrá el escándalo de OHL?

Obrascon Huarte Lain (OHL) protagoniza un escándalo que está siendo seguido por los medios de México y España, como producto de la revelación de unas grabaciones en las que uno de los ejecutivos de la firma trata con el secretario de Comunicaciones del Estado de México “arreglar” unas vacaciones para el funcionario, a cambio de que se permita a la empresa incrementar el costo del peaje que se paga en las autopistas concesionadas. Por supuesto, ambos implicados negaron la veracidad de la grabación. Pablo Wallentin (OHL) aseguró que se trataba de un montaje. Algo parecido respondió Apolinar Mena Vargas, secretario de Comunicaciones del Estado de México hasta hace unas horas.

La prensa señala que desde que comenzó el sexenio, OHL ha ganado contratos por 26 mil millones de pesos. Ahora, sus acciones sufren en la bolsa y hay varias investigaciones acerca de su proceder. El gobernador Ávila ha ordenado que las tarifas de las autopistas permanezcan sin cambio hasta nuevo aviso.

La semana pasada, Pablo Wallentin presentó su “renuncia voluntaria” a OHL y ayer Mena Vargas también hizo lo propio, es decir, ambos fueron renunciados. El ahora ex funcionario fue multado, además, con 189 mil pesos, una bicoca si se toma en cuenta que las vacaciones de marras costaron alrededor de 124 mil pesos.

Se dice que la empresa está siendo investigada, pero nadie habla de quitarle las concesiones, tal vez conseguidas a fuerza de pagar vacaciones. Tampoco se habla de excluirla de futuras licitaciones. Por su parte, a Mena Vargas se le multó y se le despidió, pero no se le inhabilitó, en un esquema muy parecido al de David Korenfeld. Cabe preguntarse si ambos funcionarios, el federal y el local, serán reinstalados en otro puesto una vez capeado el temporal.

¿Esta es la forma de enfrentar la corrupción y el abuso en los cargos? Claramente no. Se están haciendo las cosas a medias ante una ciudadanía que no asume su función de vigilante y juez y medios que se ostentan como jueces morales, sin serlo.

La pregunta ahora es: ¿la salida de Wallentin y Mena Vargas detendrá el escándalo? Ojalá no, porque parece haber mucho más fondo.

MAL Y DE MALAS: sólo puede ser atribuido a la mala suerte lo ocurrido este fin de semana al satélite Centenario, que debía servir para dar rapidez y eficiencia a las comunicaciones en nuestro país. El lanzamiento de este satélite causó cierta expectación y terminó en desastre. El secretario de Comunicaciones, el inefable Ruiz Esparza, dice que el artefacto estaba totalmente asegurado. Por supuesto, nada mencionó sobre los servicios que ya no prestará el Centenario. Como decían las abuelas: el gobierno de Peña Nieto necesita una limpia… ¿de gabinete?

Fecha: 
Lunes, 18 de Mayo 2015 - 18:00
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Reacción vs prevención

Un conocido mío, propietario de una mina de plata en Durango, me comentó hace unos seis meses que le salía más caro satisfacer las exigencias monetarias de los soldados que supuestamente estaban para protegerlo a él y a los demás pobladores de la región que las que les hacían los delincuentes que operaban en la zona. En pocas palabras, los buenos le pedían más dinero que los malos para que su mina operara sin problemas.

El problema es que estaba obligado a darle a las dos organizaciones, la militar y la criminal, para no verse perjudicado por alguna de ellas.

Esto me lo platicó el minero hace seis meses, es decir mucho antes de que una banda delincuencial se robara, la semana pasada, 900 kilogramos de oro valuados en 8.4 millones de dólares de la mina El Gallo 1, ubicada en la zona serrana de Mocorito, en Sinaloa, uno de los estados más inseguros de nuestro país.

Lo que el minero me dijo no es nuevo, tal como le lo ratificaron varios de sus colegas con quienes hablé después.

Por eso me llama mucho la atención de que el robo del oro propiedad de la minera canadiense McEwen Mining haya causado tanto alboroto. Tal vez el escándalo obedeció a que el propietario de la empresa, Robert McEwen, declarara en un programa de finanzas de la televisión canadiense que ésta nunca había tenido problemas porque mantenía “una buena relación” con las organizaciones criminales de la región. Durante el programa McEwen explicó: “Si queremos ir a explorar a algún lugar les preguntamos y te dicen 'no', pero luego dicen 'regresen en un par de semanas cuando terminemos’ lo que estamos haciendo”.

Lo dicho por McEwen de alguna manera confirmó lo que meses atrás me habían dicho los mineros que entrevisté, aunque el canadiense después tratara de aclarar que no dijo lo que dijo sino que quería decir otra cosa.

A raíz del robo del oro propiedad de la empresa canadiense la Comisión Nacional de Seguridad anunció que investigará a las minas que estén colaborando con el hampa o sean víctimas de ésta. Para variar, se necesitó de un escándalo mediático con repercusiones en el extranjero para que las autoridades federales decidieran actuar en torno a una realidad que desde hace tiempo se conoce y se comenta en las zonas mineras afectadas, situación que desde hace meses denuncié en mi programa de radio y TV sin que algún funcionario del las áreas de seguridad pública o nacional me contactara para obtener más información sobre el caso que denuncié públicamente.

Conozco desde hace casi un cuarto de siglo al Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, y no tengo porqué dudar de que es un funcionario probo y capaz. Por eso le sugiero que no solo investigue a las empresas mineras sino a los mandos del Ejército, la Policía Federal, la Marina y las policías estatales y locales que aparentemente descubrieron que vender sus servicios para proporcionar seguridad a las empresas es un negocio altamente redituable. No olvido lo que me dijo el minero duranguense: “Me sacan más dinero los soldados que los delincuentes”.

También le sugiero a los responsables de  los servicios de inteligencia que demuestren que la tienen atendiendo a las denuncias que se hacen a través de los medios de comunicación nacionales y no solo los extranjeros. Que sean capaces de prevenir los delitos y no limitarse a reaccionar una vez que estos se cometen, como aparentemente ha sido la norma hasta ahora.

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Fecha: 
Miércoles, 15 de Abril 2015 - 12:00
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El cohecho internacional y los desafíos para asegurar el crecimiento y una prosperidad compartida en América Latina

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico presentó el 2 de diciembre un informe sobre el Soborno Internacional que analiza el delito de cohecho de servidores públicos extranjeros, titulado OECD Foreign Bribery Report. Este informe pionero se basa en un análisis de los datos emergentes de todos los procedimientos por cohecho transnacional que han sido concluidos desde 1999. Considera 427 casos en todo el mundo que implican a empresas o individuos de los 41 países signatarios de la Convención de la OCDE contra el Cohecho (Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales), los cuales estuvieron implicados en el cohecho de servidores públicos extranjeros. Los casos tuvieron lugar entre febrero de 1999, fecha en la que la Convención entró en vigor, y junio de 2014.

El soborno extranjero se define de acuerdo con el artículo 1 de la Convención de la OCDE contra el Soborno, como "ofrecer, prometer o dar alguna ventaja pecuniaria indebida u otra, ya sea directamente o a través de intermediarios, a un funcionario público extranjero, para ese funcionario o para un tercero, con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en relación con el desempeño de funciones oficiales, con el fin de obtener o retener un negocio u otra ventaja indebida en la conducción de los negocios internacionales".

Por otra parte, el 6 de diciembre la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, presentó en Chile la conferencia “Desafíos para asegurar el crecimiento y una prosperidad compartida en América Latina”.

Principales Resultados del informe sobre el Soborno Internacional:

  • La mayoría de los cohechos internacionales son pagados por empresas grandes, por lo general con el conocimiento de los altos directivos.
  • En los casos analizados, los cohechos equivalieron al 10.9% del valor total de la transacción en promedio, y al 34.5% de las utilidades, es decir USD 13.8 millones por cohecho.
  • Dadas la complejidad y la naturaleza oculta de las transacciones corruptas, esto sin duda es simplemente la punta del iceberg, afirma la OCDE.
  • Por lo general, los cohechos se pagan para obtener contratos de empresas propiedad del Estado, o controladas por el Estado, en las economías avanzadas —más que en el mundo en desarrollo—, y la mayoría de quienes los pagan y quienes los cobran provienen de países ricos.
  • Casi dos tercios de los casos ocurrieron en sólo cuatro sectores:
    • Extractivo (19%);
    • Construcción (15%);
    • Transporte y almacenamiento (15%); e
    • Información y comunicaciones (10%).
  • Casi la mitad de los casos involucran el soborno de funcionarios públicos de los países con niveles de desarrollo humano alto (22%) o muy alto (21%)
  • Los sobornos fueron prometidos, ofrecidos o entregados con mayor frecuencia a:
    • Empleados de empresas propiedad del Estado (27%),
    • Funcionarios aduanales (11%),
    • Funcionarios de salud (7%) y
    • Funcionarios de la defensa (6%).
  • Los jefes de Estado y ministros recibieron los cohechos en 5% de los casos, pero éstos representaron el 11% del total de lo pagado por este concepto.
  • En la mayoría de los casos, los cohechos se pagaron para obtener contratos de compras públicas (57%), seguidos por la agilización de trámites de despacho aduanero (12%).
  • El 6% de los cohechos se entregaron para obtener un tratamiento fiscal preferencial.
  • En 41% de los casos los cohechos fueron pagados o autorizados por empleados a nivel directivo, y el director general (CEO) participó en 12% de los casos. En un caso, un congresista fue declarado culpable de conspiración por sobornar a funcionarios públicos extranjeros.
  • En tres de cuatro casos de soborno a funcionarios públicos extranjeros hubo intermediarios; en 41% de ellos, se trató de representantes de ventas y marketing, distribuidores y corredores locales. Otro 35% de los intermediarios fueron agentes corporativos, como empresas filiales, empresas ubicadas en centros financieros de paraísos fiscales, o compañías establecidas para usufructo del funcionario público que recibió el soborno.
  • Uno de cada tres casos llegaron a la atención de las autoridades a través de auto presentación de informes por las empresas o individuos demandados. Las siguientes fuentes más comunes fueron las investigaciones iniciadas directamente por las autoridades policiales (13%) y los casos de soborno extranjeros que salieron a la luz en el contexto de la asistencia formal o informal legal mutua entre países (13%). Informes de denuncias y cobertura mediática muy raramente instigaron una investigación de soborno extranjero (2% y 5%, respectivamente).
  • Las empresas que auto reportaron, tuvieron conocimiento del soborno en el extranjero en sus operaciones internacionales principalmente a través de auditorías internas (31%) y de concentraciones y procedimientos de debida diligencia de adquisición (28%).
  • Se dictaron penas de prisión a 80 personas que fueron declaradas culpables de soborno en el extranjero. La pena de prisión más larga combinada impuesta hasta la fecha en un caso relacionado con una condena por conspiración para cometer soborno en el extranjero de 13 años para un individuo, a otros 38 individuos se les impusieron penas de prisión.
  • En total, hubo 261 multas impuestas a personas y empresas, la mayor multa combinada contra una sola empresa fue por un total de 1.8 mil millones de euros. La mayor sanción pecuniaria impuesta contra una persona en un caso de soborno en el extranjero era una orden de decomiso por valor de USD 149 millones.
  • En el 69% de los casos de soborno extranjero, las sanciones fueron impuestas a título de liquidación, utilizando procedimientos que incluyen la libertad condicional corporativa (Canadá); la sección 153 (a) del Código de Procedimiento Penal (Alemania); Patteggiamento (Italia); Aviso de Pena (Noruega); Reparación en virtud del artículo 53 del Código Penal (Suiza); Acuerdos de no enjuiciamiento (NPA´s), Acuerdos de enjuiciamiento diferido (DPA´s) y Alegato de acuerdo (US).
  • Estados Unidos ha sancionado a personas y entidades por el delito de soborno extranjero en relación con 128 esquemas separados de soborno extranjero desde la entrada en vigor de la Convención contra el Soborno de la OCDE. Alemania ha sancionado a personas y entidades por el delito de soborno extranjero en relación con 26 regímenes separados; Corea en relación con 11; e Italia, Suiza y el Reino Unido en relación con 6.
  • El tiempo requerido para concluir los casos de cohecho ha aumentado con el tiempo, desde cerca de dos años en promedio para aquellos concluidos en 1999 hasta poco más de siete hoy día.
  • Esto puede reflejar la creciente sofisticación de los sobornadores, la complejidad que afrontan los organismos encargados de hacer cumplir las leyes para investigar casos en varios países, o bien que las empresas y las personas están menos dispuestas a negociar que antes.
  • La corrupción debilita el crecimiento y el desarrollo.
  • La prevención de la delincuencia de guante blanco debería ser el punto central de la gobernanza corporativa.
  • Al mismo tiempo, es necesario que la contratación pública se convierta en sinónimo de integridad, transparencia y rendición de cuentas.
  • De acuerdo con la OCDE, para resolver el cohecho y la corrupción, es importante que los gobiernos de todo el mundo refuercen las sanciones, den a conocer las negociaciones y reafirmen la protección a denunciantes como parte de iniciativas mayores.
  • El abrumador uso de intermediarios también demuestra la necesidad de una mayor celeridad y supervisión de los programas de cumplimiento corporativo y de que los ejecutivos de las empresas prediquen con el ejemplo en el combate al soborno a funcionarios públicos extranjeros.

Desafíos para asegurar el crecimiento y una prosperidad compartida en América Latina:

  • En las últimas dos décadas, la mayoría de los países en América Latina consiguieron un triplete de política económica, consistente en bajas tasas de inflación, disciplina fiscal y estabilidad financiera.
  • Estas economías prosperaron gracias a sus sólidos marcos de política económica, el aumento de precios de las materias primas y las favorables condiciones financieras internacionales.
  • Mientras otras regiones atravesaron dificultades, América Latina capeó el temporal financiero mundial de 2008 con “discreta confianza” y logró enormes avances en la reducción de la pobreza y la desigualdad.
  • “Los ingresos reales promedio han aumentado más del 25% desde 2000, y la pobreza extrema se ha reducido a la mitad”
  • Pese a estos notables logros económicos y sociales, el camino que queda por delante parece cada vez más difícil debido a los cambios en las condiciones económicas y financieras a escala mundial.
  • Los precios de las materias primas, que ayudaron a impulsar el crecimiento en la región durante más de una década, están disminuyendo, y pronto se acabará la era del acceso fácil al financiamiento en dólares.
  • Algunos países de América Latina se enfrentan a vulnerabilidades subyacentes, mientras que otros están llegando a sus límites de capacidad.
  • Esto subraya la necesidad de aplicar reformas estructurales en ámbitos tales como la educación, las redes de protección social, la inclusión financiera y la infraestructura.
  • Estas reformas contribuirán a elevar la productividad y permitirán a la región diversificar su producción y reducir la importancia de los sectores primarios que tienen menor valor agregado.
  • En este momento crítico, es más importante que nunca fomentar un crecimiento que sea inclusivo, equilibrado y sostenible.
  • Después de décadas de estancamiento, la clase media de América Latina ha crecido en tamaño y confianza, ampliándose en aproximadamente el 50% desde 2003”.
  • Gran parte de esta expansión puede atribuirse a una reducción de la desigualdad salarial, entre otras razones, gracias a aumentos del salario mínimo, así como a asistencia social focalizada.
  • A pesar de estos avances, los indicadores sociales siguen siendo débiles, y la desigualdad es mucho mayor que en otras regiones comparables.
  • Esto es importante, porque las crecientes expectativas de la clase media de América Latina chocan contra las deficiencias en la provisión de servicios públicos.
  • Es importante que los gobiernos de la región sigan trabajando con ahínco para mejorar los servicios públicos, como por ejemplo mejorando la calidad y el alcance de la educación pública, ampliando el sistema de protección social y expandiendo la base de ingresos públicos.
  • Se necesitan todas estas medidas —y muchas más— para crear una sociedad más inclusiva y más fuerte.
  • Ante los desafíos actuales América Latina podría trabajar de forma más integrada para elevar el crecimiento potencial de toda la región.
  • Promover la inversión y reforzar la colaboración regional en los ámbitos de energía, transporte, logística y tecnología de la información ayudaría a elevar el crecimiento potencial.
  • Las autoridades deberían reevaluar el enfoque actual en el ámbito del comercio y crear nuevos mecanismos para integrar a la región en las cadenas mundiales de valor.
  • Más allá del comercio, hay una gran variedad de cuestiones que podrían beneficiarse de una mayor disposición a superar las fronteras y aprender unos de otros.
  • Una de estas cuestiones es la delincuencia violenta, que está afectando a toda la región. Aparte del costo humano, la delincuencia también perjudica la inversión y el desarrollo económico, y corroe las instituciones democráticas.
  • Los esfuerzos para afianzar la agenda regional deben abarcar temas como el trabajo, la competencia, la seguridad y el medio ambiente.
  • Estas nuevas formas de integración respaldarían el crecimiento en América Latina al aumentar la eficiencia en el suministro de bienes y servicios públicos a nivel regional, y ayudarían a hacer frente a desafíos sociales de alcance regional.

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Fuentes:

OCDE. OECD Foreign Bribery Report. Diciembre de 2014.

Boletín del FMI: Lagarde propugna “crecimiento de calidad” en América Latina. 5 de diciembre de 2014. http://www.imf.org/external/np/speeches/2014/120514.htm

Fecha: 
Lunes, 08 de Diciembre 2014 - 17:00
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México, peor que Egipto, China, Brasil y Zambia

Transparencia Internacional (TI) dio a conocer ayer su Índice de Percepción de la Corrupción 2014. Las conclusiones del estudio realizado por esta organización basada en Berlín, Alemania, no son optimistas.

Para empezar, TI afirma que el “crecimiento transparente está en riesgo” porque “el secreto corporativo y el lavado de dinero a escala mundial hacen aún más difícil el combate a la corrupción en las economías emergentes”.

México es una economía emergente.

TI señala que “Más de dos tercios de los 175 países incluidos en el Índice de Percepción de la Corrupción 2014 obtuvieron una puntuación inferior a 50, en una escala de 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 (percepción de bajos niveles de corrupción). Dinamarca se sitúa en la primera posición de 2014, con una puntuación de 92, mientras que Corea del Norte y Somalia comparten el último lugar, con apenas 8 puntos”.

Este año México se ubica en el lugar 103 de la lista con apenas 35 puntos, un punto mas que los 34 que recibió en los Índices 2013 y 2012.

Nuestro país resulto peor calificado que otras naciones que tienen fama de ser gobernados por políticos y funcionarios rateros, como son China, Egipto, Zambia, Tailandia, Brasil y otros.

De los países de América latina y el Caribe, solo son más corruptos Ecuador (lugar 110), República Dominicana (115), Guatemala (115), Guyana (124), Honduras (126), Nicaragua (133), Paraguay (150), Haití (161) y Venezuela (161).

Envidia deben darnos Chile y Uruguay, que con 73 puntos están en el lugar 21, y Bahamas en la posición 24 con 71 puntos. Son los únicos países del ámbito latinoamericano y caribeño en obtener más de 70 puntos de calificación.

Y más envidia aún deben causaron los habitantes de Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia, Noruega, Suiza, Singapur, Holanda, Canadá y Australia, que ocupan en ese orden los 11 primeros lugares en el Índice.

Los resultados que obtiene nuestro país en el Índice 2014 de TI no deben sorprender a nadie. La corrupción de los funcionarios existe en México desde el primer día de su independencia, tal como también existió en la Nueva España.

El problema es que en México nada serio se ha hecho para combatir a los corruptos que aprovechan sus cargos público para enriquecerse ilícitamente. Desde diciembre de 1982, cuando Miguel de la Madrid asumió la presidencia de la republica, hasta ahora, todos los jefes del Ejecutivo han prometido que combatirán la corrupción y nada hicieron para cumplir sus promesas.  En estos 32 años la corrupción de lo funcionarios no disminuyó sino que aumentó y quedó demostrado que priístas, panistas, perredistas y sus respectivos títeres son igualitos, tan corruptos los unos como los otros. 

Alejandro Salas, Director Regional para América de Transparencia Internacional, señala que para generar cambios significativos en los países de nuestra región es necesario, entre otras cosas:

“Poner un alto a la impunidad ante casos de corrupción, dejando de politizar y permitir los sobornos en instituciones policiales y de impartición de justicia.

“Abrir al escrutinio público el financiamiento de la política, para que se sepa quién financia y por qué montos a que candidatos y partidos políticos. Esta medida además ayuda a dificultar la entrada de dinero del crimen organizado en la política e instituciones del estado”.

¿Le harán caso a Salas los que mandan en este país? Lo dudo.

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Fecha: 
Jueves, 04 de Diciembre 2014 - 12:00
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El Estado de Derecho contra la corrupción

En suma, comentaba ayer con mi tema “Por la vigencia plena del Estado de Derecho”, que el Estado de Derecho es el imperio y primacía de la ley, por medio de un sistema jerárquico de normas para el pleno establecimiento de la seguridad jurídica. Y, para ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma fundamental del país, que asiduamente es reformada por el legislador, como bien se aprecia con las 618 modificaciones desde su creación en 1917 a la fecha.

Pues, bien, con la norma jurídica se combate a la corrupción, al menos esa es una de las propuestas del Partido de Acción Nacional (PAN) que presentó esta semana a través de la iniciativa de ley suscrita por sus diputados y senadores, para  reformar y adicionar y derogar diez artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La corrupción es un tema que les ocupa igualmente a los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pues en noviembre de 2012 presentaron la iniciativa de ley suscrita por sus senadores para reformar y adicionar nueve artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La corrupción se combate con la ley. Por lo visto con las modificaciones al texto constitucional se pretende crear por parte de los legisladores del PAN un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), conformado por un Comité Coordinador, un Consejo Nacional para la Ética Pública y un Comité de Participación Ciudadana.

El sistema se coordinará entre sí para cumplir con las políticas en materia de prevención, corrección, combate a la corrupción y promoción de la integridad. Un Sistema Nacional de Fiscalización, encargado de coordinar las acciones de los órganos de fiscalización en el país, con el objetivo de generar condiciones que permitan un mayor alcance en sus revisiones; evite duplicidades; permita un intercambio efectivo de información; homologue los criterios de planeación, ejecución y reporte de auditorías; y establezca una serie de deberes para quienes conforman el Sistema.

Además, nos dicen los del PAN, que es necesario crear la figura de la extinción del dominio en el delito de enriquecimiento ilícito de los servidores públicos. Esto es, que los bienes derivados de dicho delito sean tratados acorde al procedimiento de extinción de dominio.

Por su parte en la iniciativa de los legisladores del PRI y PVEM se pretende  crear una Comisión Nacional de Anticorrupción y la reorganización de la estructura de la Administración Pública para determinar en desaparecer la Secretaría de la Función Pública (SFP). 

En definitiva, son buenas intenciones de los legisladores. En efecto, no es prudente pensar que entre todos es sabido que los actos de corrupción son muchos, muchos, muchos todos los días y no hacemos nada para evitarlos.

Los legisladores en sus iniciativas manifiestan el porque quieren que se modifique el texto constitucional, entre otras causas de corrupción, muestran la corrupción en México con diversos estudios. Por ejemplo, que en 2010, Transparencia Mexicana reportó e identificó para la conformación del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, que al menos 200 millones de actos de corrupción para acceder a 35 trámites y servicios monitoreados. En diez de cada cien ocasiones en que se realizó un trámite o se accedió a un servicio público, los hogares pagaron sobornos.

Por ende, se estima que el costo económico de dicha forma de corrupción rebasó los 32 mil millones de pesos, lo cual representa 165 pesos por cada hogar mexicano que debió pagar por el uso de servicios públicos provistos por autoridades federales, estatales, municipales, así como por concesiones y servicios administrados por particulares. 

Estimado lector, la corrupción es un tema de hace muchos años, difícil de combatir, y que las leyes tratan de limitar sus tipos, por ejemplo, el nepotismo, el uso indebido de los recursos públicos, el enriquecimiento ilícito, el abuso de autoridad, los conflictos de intereses, el favoritismo, el soborno, el amiguísimo, el compadrazgo, el uso político de los recursos públicos, el blanqueo de dinero, el uso discrecional o político electoral de los recursos públicos y/o la ausencia de rendición de cuentas.

Así, qué, querido lector esperemos que los legisladores no tarden otros dos años para crear todo un sistema institucional, que combata de manera eficiente y eficaz la corrupción en nuestro país.

Al tiempo, tiempo…

Fecha: 
Miércoles, 05 de Noviembre 2014 - 18:30
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De Frente y Claro - Abarca y su red protectora. Morena ¿involucrada?

 

La captura de José Luis Abarca, ex Alcalde de Iguala, Guerrero, junto con su esposa María de los Ángeles Pineda, tiene temblando a muchas personas que están relacionadas con ellos, y más aún, con los que le dieron para comprar la candidatura y pagaron porque este tipo fuera Alcalde.

Las diversas líneas de investigación, de llevarse a cabo realmente, aportarán información muy importante y relevante, sobre todo para mostrar y demostrar que algunos partidos políticos ya fueron infiltrados con recursos ilegales.

De acuerdo a lo que se ha venido difundiendo, Abarca llegó al cargo en Iguala en base a alianzas, apoyos y complicidades al interior del partido del sol azteca, todo señalando especialmente de la corriente Nueva Izquierda. Esto indica e involucra a los “Los Chuchos”, como los que de la nada llevaron a ser Alcalde a Abarca, destacando que su padrino fue Lázaro Mazón, ex líder de esa tribu en Guerrero y ahora carta fuerte política del Peje en ese estado.

Y la lista crece, que decir de Marcelo Luis Ebrard, que apoyó según se afirma, económicamente, para que Ángel Aguirre fuese Gobernador y Abarca Alcalde. Inclusive Héctor Serrano hoy flamante Secretario de Gobierno con Mancera, y Jesús Valencia, Delegado en Iztapalapa, fueron promotores del voto para estos distinguidos perredistas. ¿Será Casualidad o causalidad que Abarca se escondiera en Iztapalapa?

También la que anda algo nerviosa y con el PH muy alto, es la asambleísta Dione Anguiano, Casualmente también, líder del PRD en la zona donde fueron detenidos los Abarca y del tema nada quiere comentar.

Hay mucho que investigar solamente para encontrar los porqués Abarca y su esposa llegaron a Iztapalapa. Y pregunto ¿las autoridades delegacionales, las policiacas, las del GDF, no se enteraron que semejantes personajes llegarían a esa demarcación? Cuando todo lo que se relacione con este tipo de personas y a lo que se dedican, lo tienen bien informado y controlado.

Y sigo preguntando, ¿por qué en el DF, por qué en Iztapalapa? Por qué en la colonia Santa María Aztahuacán, zona en donde se ha caracterizado que en sus fiestas populares se hagan disparos al aire con pistolas automáticas, metralletas Uzi, fusiles de asalto AK 47. Sin olvidar que motivo de alguno de estos disparos, ocasionó la muerte del niño Hendrik, quien asistía a una sala de cine el 2 de noviembre del 2012.

Por otra parte, también tendría que investigarse como entró al DF Abarca, ya que tanto nos presumen su cinturón de seguridad en el DF, para impedir que los delincuentes de otras entidades se pasen y miren nada más que gran personaje dejaron entrar, o ¿esa era la instrucción?.

Asimismo otra línea de investigación, sería el dejar claro quién o quiénes del PRD recibieron los 20 millones que Abarca entregó para ser candidato. ¿A dónde fueron a dar, en qué se utilizaron, o simplemente, entre quiénes se los repartieron?

Y continuando con lo que se debería investigar, destaca también la Casualidad, que el padrino de Abarca, Lázaro Mazón, es quien tiene destinado Morena para ser candidato a alcalde en Acapulco. Y obvio el Peje señala que eso le corresponde a Morena, pero de Guerrero. ¿Será que tampoco lo conoce y sólo se toma fotos?

Mucha tela de donde cortar, que abarcará a infinidad de personas, en cuanto Abarca declare, de donde puede haber información que relacione y muestre complicidad de dirigencias estatales y nacionales de algunos partidos que se vieron beneficiados con recursos que les dieron votos, y hasta su posible nexo del grupo conocido como Guerreros Unidos, que puede llegar también hasta funcionarios estatales, municipales y de la Rectoría de la UAG.

Y pregunto, ¿será por ello que el nuevo Gobernador de Guerrero nombró a Salvador Martínez Della Roca alías “El Pino”, Secretario de Educación?

Tiempo al Tiempo. Esperemos el curso de esta investigación que puede ser determinante para los procesos políticos del 2015.

 

Fecha: 
Miércoles, 05 de Noviembre 2014 - 18:00
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