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¿Qué armas llevaban los policías michoacanos para enfrentar a los sicarios del CJNG?

El fiscal general de Michoacán, Adrián López Solís, informó que fueron más de 30 sicarios quienes, el lunes pasado, emboscaron a 42 policías estatales que viajaban a bordo de cinco vehículos en el municipio de Aguililla.

En el ataque 13 policías murieron, nueve quedaron heridos y 20 resultaron ilesos. Hasta ahora no se ha reportado la muerte o lesión de alguno de los agresores.

En el lugar de los hechos se encontraron 110 casquillos de balas calibres .50, .223 y 7.62 utilizados en fusiles diseñados para uso militar y de alta letalidad.

El calibre .50 es la munición que disparan varios fusiles de alta potencia, como el estadounidense Barret M82A3, que es parte del equipo de las fuerzas de élite de varios ejércitos del mundo, incluyendo los de México y Estados Unidos.

Wikipedia anota que “como en la mayoría de las municiones de máxima potencia para fusiles, especialmente aquellas con balas de punta encamisada metálica, el M82 penetra fácilmente los chalecos antibalas Tipo IV y la mayoría de los materiales de construcción de un edificio. Con la potencia añadida debido a su tamaño, el M82 puede además perforar blindajes ligeros y vidrio blindado de nivel 8 —considerado el más fuerte existente (…) Últimamente ha sido frecuentemente confiscado a los cárteles de narcotraficantes mexicano”.

Un cartucho calibre .50 es impresionante. Pesa 269 gramos, tiene una longitud de 13.84 cm y un diámetro de 1.27 cm. Tiene un alcance de 1.5 Km y puede alcanzar los 2.5 Km. Es virtualmente imposible que un ser humano sobreviva al impacto de su bala.

Los cartuchos calibre .223 y 7.62 son los que disparan los dos fusiles preferidos por militares, guerrilleros y sicarios alrededor del mundo.

La primera munición es la que alimenta al fusil ligero Colt AR-15, que es la versión semiautomática del fusil M16 empleado por el Ejército de los Estados Unidos. Mide 57 mm de largo, 9.6 mm de diámetro y su bala tiene un alcance de entre 275 a 550 metros, dependiendo de las condiciones en que se realice el disparo. Su letalidad depende de los órganos que penetre la bala y su trayectoria dentro del cuerpo.

El calibre 7.62 es la munición que dispara el fusil ruso Avtomat Kalashnikova modelo 1947, mejor conocido como AK-47 o en México “Cuerno de Chivo”. Wikipedia señala: “El AK-47 es famoso por su gran fiabilidad, ya que soporta condiciones ambientales muy desfavorables sin ningún inconveniente. Se ha probado que la arma sigue disparando a pesar de ser lanzada al barro, sumergida en agua y atropellada por una camioneta. Ejemplares viejos con decenas de años de servicio activo no presentan ningún problema; es una arma muy segura y permite alcanzar un blanco a 285 metros de distancia”.

¿Qué armas llevaban el lunes los policías para repeler a los sicarios? ¿Tenía cada uno de ellos un fusil y una pistola Sig Sauer de fabricación suiza iguales a las que el 10 de octubre de 2017 les entregó a sus superiores el gobernador Silvano Aureoles? ¿Tenían suficientes cartuchos para repeler el ataque?

Estas preguntas exigen respuesta porque todo parece indicar que los jefes de la policía estatal michoacana mandaron a sus 42 policías a la “guerra sin fusil”, lo que significa que, por lo menos, 13 de ellos iban hacia una muerte segura.

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Miércoles, 16 de Octubre 2019 - 10:50
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Miércoles, 16 de Octubre 2019 - 19:35
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Jueves, 17 de Octubre 2019 - 06:50
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Las fuerzas armadas no masacran, los criminales sí

Ayer, mientras los miembros del Gabinete de Seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador presentaban un informe sobre el estado que guarda la seguridad pública y las acciones que realiza el gobierno para mejorarla, 14 policías estatales michoacanos morían durante una emboscada en el municipio de Aguililla, entre las ciudades de Apatzingán y Aguililla.

El ataque ocurrió alrededor de las 8:00 de la mañana (Centro), cuando en el Salón Tesorería el secretario de la Defensa Nacional, Gral. Luis Cresencio Sandoval, presentaba su informe. Antes que él, lo habían hecho el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.

Después del general, hicieron sus presentaciones el secretario de Marina, José Rafael Ojeda, el comandante de la Guardia Nacional Luis Rodríguez Bucio y, finalmente, el coordinador nacional de Protección Civil, David León Romero.

A las 10:49 horas (Centro), la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP-MCH) difundió la noticia por medio de un tuit: “Lamentamos la agresión a elementos de la #PolicíaMichoacán que cumplimentaban un mandato judicial en el municipio de Aguililla. En este momento se llevan acabo [sic] las actuaciones de ley para dar con los responsables”.

A las 10:57 horas (Centro), la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC) emitió este tuit: “La #SSPC condena el ataque en el que murieron 14 agentes policiacos en Aguililla, Michoacán.  Nos encontramos en comunicación y ponemos a disposición del gobierno del estado todos nuestros recursos humanos y tecnológicos para dar con los agresores y llevarlos ante la justicia”.

A las 11:55 horas, la SSP-MCH tuiteó: “Reforzamos las labores de prevención y vigilancia en el municipio de Aguililla, derivado de una agresión que sufrieran elementos de la Policía Michoacán, cuando daban cumplimento a un mandamiento civil”. Y a las 11:56 añadió: “Los agentes policiales se encontraban en la localidad de El Aguaje, cuando civiles armados dispararon en su contra; hasta el momento se tiene confirmada la pérdida de la vida de 13 elementos, además 3 resultaron heridos”.

Resulta irónico que la SSPC anotara en su tuit que pone “a disposición del gobierno del estado todos sus recursos humanos y tecnológicos para dar con los agresores y llevarlos ante la justicia” cuando horas antes el titular de la misma, Durazo, aceptó que hay “solo 1.14% de probabilidades de que un delito se denuncie y esclarezca”.

En su conferencia de prensa de ayer, AMLO elogió a los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina al decir que “Han venido adecuando sus métodos de operación y poniendo en el centro el respeto a los derechos humanos, el uso moderado de la fuerza, la manera en la que se va avanzando sin guerra, sin exterminios, sin masacres”.

Desgraciadamente, quienes no aprecian que las fuerzas armadas respeten los derechos humanos y hagan un “uso moderado de la fuerza” son los criminales, entre ellos los sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación que ayer masacraron y exterminaron cobardemente a los 14 policías michoacanos.

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Martes, 15 de Octubre 2019 - 10:45
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Martes, 15 de Octubre 2019 - 19:30
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Miércoles, 16 de Octubre 2019 - 06:45
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42-1

43 personas murieron el viernes pasado durante una balacera entre sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación y policías federales en el Rancho El Sol, entre Ecuandureo y Tanhuato, Michoacán.

42 de los muertos eran parte de un grupo de unos 60 delincuentes que armados con fusiles AK-47 y Barrett 50 se enfrentaron a aproximadamente 40 federales que en esta ocasión estuvieron apoyados por un helicóptero Blackhawk y llegaron al lugar a bordo de ocho camionetas, cuatro de ellas blindadas.

Entrevisté ayer en mi programa de radio y TV a Enrique Galindo Ceballos, el Comisionado Nacional de la Policía Federal (PF). Le dije que muchos nos estábamos preguntando la disparidad en el marcador final de la balacera: 42 delincuentes muertos contra un solo policía federal.

Galindo me explicó que en esta ocasión la PF estaba muy bien preparada para el enfrentamiento. En primer lugar, los policías llegaron temprano en la mañana y sorprendieron a los delincuentes. Éstos ofrecieron resistencia y dispararon contra aquellos pero muchos de ellos, por estar “crudos” y desvelados, no fueron lo eficaces que han demostrado ser cuando matan a soldados, marinos y federales en una emboscada. En segundo lugar, los primeros policías que ingresaron al rancho iban a bordo de las cuatro camionetas blindadas, lo que les dio la suficiente protección para enfrentar la andanada de balas que recibieron de los sicarios. En tercer lugar, el apoyo del Blackhawk fue invaluable para neutralizar a muchos de los delincuentes.

De acuerdo a las autoridades, unos 20 sicarios escaparon, tres fueron capturados y ninguno de los muertos aceptó rendirse al pedírsele que lo hiciera.

Esta es la versión oficial y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ya investiga el caso.

Tanto Galindo Ceballos como el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, han negado que en Michoacán hayan sido ejecutados extrajudicialmente los 42 delincuentes y ninguno de los dos ha rechazado ser entrevistado por los medios de comunicación sobre el asunto.

Lo que me llama mucho la atención es que varios comentaristas en medios electrónicos e impresos de entrada estén poniendo en tela de juicio la versión oficial de los hechos y lamentando que 42 delincuentes hayan muerto el viernes, olvidándose que estos individuos estaban armados y, de acuerdo con los vecinos de la localidad, fueran personas violentas que tenían aterrorizados a quienes viven en la región. ¡Caray, un columnista hasta se quejó de que Rubido lamentara la muerte del policía federal pero no el de los sicarios!

Claro que lo ideal es que todos los delincuentes se hubieran rendido dócilmente ante los policías, pero eso no suele ser el caso. También hubiera sido deseable que los muertos quedaran presentables después de recibir uno o varios balazos de armas de alto poder pero la realidad es que es altísima la fuerza destructiva de fusiles como los AK-47 y Barrett 50 usados por los delincuentes o los diversos modelos de fusiles que utiliza la Policía Federal. Otro columnista se quejaba que algunos cadáveres estaban destrozados. ¿Qué esperaba este ingenuo?

La muerte de 43 personas, sean delincuentes o defensores de la ley es siempre lamentable. En Tanhuato 42 de los 43 muertos eran delincuentes que sabían a lo qué se enfrentarían tarde o temprano. Su muerte enluta a decenas de hogares y genera un alto rencor en cada una de ellas. No es una situación deseable, pero menos deseable es que el viernes hubieran muerto 42 federales y un sicario. Si esto hubiera ocurrido, los mismos que ahora critican al gobierno lo hubieran criticado por una aparente falta de preparación de los policías. ¿Quién los entiende? ¿Qué pretenden?

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Martes, 26 de Mayo 2015 - 12:00
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De Frente y Claro - Caso Ayotzinapa, de la Tolerancia a la Impunidad. Padres de Normalistas, buscan apoyo de narcos

Mientras más días pasan y no se fija una postura final en relación a los desaparecidos de Ayotzinapa, el tema sigue siendo confuso y con ayuda de algunos más, se ha convertido en perverso.

Señalo lo anterior, porque sigue siendo ilógico que continúen los supuestos padres de estos desaparecidos, que al final de cuentas algunos si lo son y otros, nadie sabe que hacen ahí, comenzando por quien los liderea, moviéndose por todo México y ahora hasta en el extranjero, cuando para ello se requiere dinero y pocas cantidades.

De igual manera, pregunto si no tienen que trabajar, sostener a una familia, porque estar aquí y pasearse por diferentes lugares, no permite trabajar en ningún lado sin que lo despidan. Y si bien perder un hijo es muy grave, sigue inquietando si no hay otros por quien preocuparse o cuidar también.

En esta línea de que los días pasan y estos “supuestos” padres han hecho y desecho por todo el país, cometiendo inclusive violaciones a las leyes, menciono la perversidad que los envuelve, al enterarnos que ¡ahora recurren al narco para que los ayuden a encontrar a su hijos!, verdaderamente de perversidad completa.

Ante esta actitud y decisión, no hay mejor frase que “ellos se los llevaron, ellos que los regresen”, ahí si coincido, y no exigiéndoselo al gobierno federal.

Y por si esta perversidad no fuere suficiente, resulta que la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, la CETEG, y el Movimiento Popular Guerrerense, MPG, respaldaron la decisión de estos “supuestos” padres de los 43 normalistas, de pedir el apoyo al líder del grupo “Los Rojos”, Santiago Mazari Hernández, alias “El Carrete”, para la búsqueda de sus hijos.

La verdad esto rebaza toda coherencia y congruencia, es lo que se reflexiona, luego de esta decisión que los padres de los normalistas tomaron y anunciaron cerca de Iguala, de reunirse con el presunto Capo. Y de lo externado por estas organizaciones la CETEG y la MPG, en la que señalaron tienen todo su apoyo. Porque ante la falta de certezas y de resultados, los familiares tienen derecho de recurrir a cualquier medio, señaló el líder de la CETEG.

Mientras que Efraín Fierro, dirigente del Frente de Defensa Popular, FDP, e integrante del MPG, agregó, que la autoridad puso el mal ejemplo de buscar información en los delincuentes y darla como cierta, como la que difundieron respecto a que los jóvenes fueron incinerados en un basurero de Cocula, que la obtuvieron del testimonio de varios de los presuntos sicarios involucrados.

En verdad preocupa y mucho la actitud de estas personas, que sin importar a quien se dirijan, lo hacen, y además lo hacen público, en una abierta afrenta hacia no solamente las autoridades, sino al respeto irrestricto de las leyes e instituciones, que ellos mismos no han respetado.

Lo cual se frenaría, en el momento que se les aplique la ley, porque la han violado muchas veces, e inclusive llegaron al grado de buscar enfrentar a nuestras fuerzas armadas, que en caso de que hubiese sido cualquier otro ciudadano, le hubieran cargado todo el peso de la Ley, como debe ser.

Ya que en este país bien tenemos garantías y derechos, también hay obligaciones y responsabilidades que cumplir. La gran duda es ¿hasta cuándo será el límite de la tolerancia para estos padres de los normalistas?, ya que de la tolerancia que debe existir en toda democracia, se ha pasado a la impunidad para pisotear nuestras leyes y reglamentos, sin que nada se haga al respecto.

Espero por el bien del país y de todos los mexicanos, sea pronto. 

Fecha: 
Viernes, 10 de Abril 2015 - 17:00
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José Luis y María de los Ángeles

Fueron capturados ayer en la madrugada después de 35 días de estar en fuga. Se escaparon del palacio municipal de Iguala el 30 de septiembre pasado, justo después de que él pidiera licencia a su cargo y 10 minutos antes de que llegara la Policía Ministerial para arrestarlos. Cuando los atraparon estaban escondidos en un cuarto que rentaban dentro de una casa en Iztapalapa, en la Ciudad de México.

Desde que asumió el cargo de presidente municipal perredista de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda ejercieron el poder de una manera absoluta. Se dice que la que mandaba era ella mientras que él administraba los asuntos cotidianos del municipio.

Las autoridades federales y estatales nos han dicho que esta pareja es responsable por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa el pasado 26 de Septiembre; que él es quien ordenó atacar a balazos los normalistas y luego desaparecerlos; que él es responsable de los seis muertos que dejó la balacera; que él ordenó el asesinato, en junio de 2013, de un líder de la Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona y tal vez de otros dos miembros de esa organización; que ella es la cabeza en Iguala de la banda Guerreros Unidos, la cual fundada por ex sicarios de el Cártel de los Beltrán Leyva, organización a la cual pertenecieron sus padres y cuatro hermanos, dos de los cuales murieron asesinados. También se nos ha dicho que desde 2009 se sospechaba que María de los Ángeles y su hermano Salomón estaban al frente de los Guerreros Unidos, que éste fue capturado y luego dejado en libertad por un “error” en la integración de la averiguación previa.

Sabemos también que el matrimonio Abarca-Pineda es propietaria de 65 propiedades que están a su nombre o el de sus hijos. Nada mal para un hombre que en una época vendió sombreros y huaraches en un  tianguis y luego se dedicó a vender joyería de oro en la economía informal. Aparentemente, la pareja acumuló una considerable fortuna sin jamás ser investigada por el Servicios de Administración Tributaria (SAT). Tan solo una de sus propiedades, un centro comercial en Iguala, está valuada en 300 millones de pesos.

Todos esto lo sabemos porque nos lo han dicho las autoridades federales y estatales.

Ahora bien, ¿qué pasará si José Luis y María de los Ángeles niegan ser responsables de todo lo que se les acusa, como supongo que lo harán?

Pues los ministerios públicos federal y estatal que los investigan deberán probar cada una de las acusaciones y convencer a los jueces que se encarguen de los casos que tanto él como ella son culpables de los delitos que se les imputan. Aquí deberán comprobarse los delitos con base en evidencias reales y no en los dichos de otros delincuentes, como ocurrió durante el sexenio pasado.

Tal vez sea más fácil mandarlos a la cárcel por el delito de evasión fiscal. Recuerda, solo así pudieron condenar al temible Al Capone.

Foto: www.vanguardia.com.mx

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Miércoles, 05 de Noviembre 2014 - 12:00
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