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Habrá auditorías externas a OHL, informa la SFP

¿Realmente servirán de algo? En esos negocios intervinieron personas muy importantes. La SFP nunca ha servido y no creo que ahora sirva de algo.

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2015/audotorias-ohl-1103343.html

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Jueves, 28 de Mayo 2015 - 14:00
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La de Ocho:

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Medida insuficiente

La Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer ayer sus Acciones ejecutivas para prevenir la corrupción y evitar los conflictos de interés.

La primera acción ejecutiva tiene que ver con la llamada Declaración de Posible Conflicto de Interés que el mes entrante deberán presentar aproximadamente 206,000 servidores públicos de unas 350 dependencias del gobierno federal y consiste en que “A partir de mayo de este año, mes en que por ley todos los servidores públicos entregan la declaración patrimonial, será obligación de los servidores públicos federales, presentar una declaración de posibles conflictos de interés. Esta declaración deberá entregarse al ingresar a cargos públicos federales, actualizarse anualmente o en cualquier momento en que un funcionario considere que pudiera ocurrir un posible conflicto de interés en su responsabilidad. Asimismo, permitirá determinar si existe una posible influencia indebida en las decisiones de los servidores públicos que impida cumplir con las obligaciones de su encargo con objetividad e imparcialidad”.

En la Declaración de Posible Conflicto de Interés deberán anotarse: “1. Puestos, cargos, comisiones, actividades o poderes que el declarante desempeña en órganos directivos en organizaciones con fines de lucro (empresas), o bien, en otras asociaciones privadas, señalando la frecuencia anual con la que participa y si ha sido antes o durante el servicio público; y 2. Participaciones económicas o financieras, así como aquellos convenios, contratos, compromisos o acuerdos que tengan un valor económico presente o futuro y que el declarante tenga con personas físicas o morales, precisando si el tipo de participación o contrato fue antes o durante el servicio público. Adicionalmente, se incluye en el formato de declaración de situación patrimonial, en el apartado de inmuebles, el indicar el nombre o razón social del vendedor o enajenante del inmueble y su relación con el declarante. Todo lo anterior, será aplicable, en su caso, al cónyuge, concubina o concubinario o dependientes económicos del servidor público declarante”.

Hasta aquí todo está bien. Sin embargo, esta Declaración de Posible Conflicto de Interés así como la Declaración Patrimonial que cada uno de los 206,000 servidores públicos presentan ante la SFP se mantienen ocultas del escrutinio de la sociedad a menos de que el declarante autorice que se hagan públicas. Y aún si lo autoriza, puede ser una autorización para que sean solo parcialmente públicas, ocultándose los datos que el declarante no quiera que conozcan quienes a fin de cuentas le pagan el sueldo.

Por lo anterior, la primera acción ejecutiva no servirá de gran cosa mientras las declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal de los servidores públicos se mantengan ocultas o solo sean parcialmente públicas. Es una medida insuficiente porque desde su fundación en 1982 la SFP ha demostrado ser incapaz de combatir y reducir a corrupción que existe dentro del gobierno federal. Se nos pide ahora que creamos que esta inútil dependencia va a fiscalizar a los servidores públicos cuando nunca lo ha hecho y que gracias a la nueva declaración de intereses los corruptos van a dejar de serlo.

No nos engañemos. Mientras no se hagan públicas las tres declaraciones, como sucede en los países con menores niveles de corrupción e impunidad, las cosas seguirán más o menos igual.

El gran fiscalizador de las conductas de lo servidores públicos federales, estatales y municipales solo puede y debe ser la sociedad y no un grupo de funcionarios de la SFP y sus similares estatales y municipales que hasta ahora han sido totalmente inútiles.

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Fecha: 
Jueves, 30 de Abril 2015 - 12:00
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Nombramiento de Virgilio Andrade. Más fallecimientos por explosión de Hospital en Cuajimalpa. Quiebra de Radio Shack

En esta ocasión me acompañan Tere Vale, Bernardino Esparza y Álvaro Rattinger. Los temas que abordamos esta noche fueron:

  • Nombramiento de Virgilio Andrade como secretario de la SFP
  • Aumento el número de fallecimientos por la explosión de Hospital Materno-Infantil de Cuajimalpa 
  • La falta de regulación a las compañías gaseras
  • La quiebra de RadioShack

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Fecha: 
Lunes, 09 de Febrero 2015 - 15:30
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El rey desnudo

El equipo del presidente Enrique Peña intenta ocultar la desnudez de su jefe y logra mostrarnos a un gobierno yermo, un páramo lunar. Con bombo y platillo inducen a su jefe a pregonar políticas para combatir el conflicto de interés, una de las principales fuentes de la corrupción en México y una causa primaria de la injusticia y la desigualdad. Entre las medidas se cuentan la obligación de los funcionarios de declarar sus intereses, transparentar la lista de proveedores y contratos. Bien, pero… para tal fin intentan revivir a la jurídicamente muerta Secretaría de la Función Pública (en 2013 se decidió en la ley finiquitarla para crear una fiscalía anticorrupción, aún inexistente), y aconsejan a Peña a llamar a un hombre de sus confianzas y operador electoral en su campaña para encabezar dicha dependencia. ¿Qué significa todo este galimatías?

Los asesores del presidente obligan a su jefe a que muestre su desnudez y de paso ellos nos revelan su alma vacía. La propuesta sólo logra colocar, nuevamente, la principal llaga del gobierno en el primer plano de la agenda política y mediática nacional. Y bien por México, pero muy mal para su jefe. ¿Cuál es su problema? En primer lugar, creyeron que los mexicanos somos tontos e ignorantes, y vaya pasmo: no somos ni una ni la otra cosa. En segundo lugar, es un contrasentido que un subordinado y amigo de su jefe vaya a ser el fiscal investigador: he ahí el primer conflicto de interés, así que el secretario debería excusarse y declinar al cargo. En tercer lugar, esa Secretaría está en tránsito de extinción por lo cual el presidente no puede asignarle nuevas tareas. En cuarto lugar, el conflicto de interés no está tipificado en la ley, salvo si el funcionario asigna directamente el contrato a la empresa a favorecer.

¿Qué sigue al desastre? El intento del gobierno para exculparse es fallido. La estrategia tendrá efectos negativos para encarar las elecciones en puerta y con manos tan sucias no hay calidad moral para capitalizar el otro gran problema de presunta corrupción, la de Marcelo Ebrard en la L-12 del Metro. ¿Qué puede pasar si la crisis de legitimidad se cruza con la tormenta económica en cierne? Vislumbro dos posibles escenarios: que por fin el gobierno de Peña entienda que debe encarar el problema de la corrupción y del conflicto de interés, y puede hacerlo sin sobresaltos ya que al presidente sólo puede juzgársele por traición a la patria y delitos graves del fuero común. El otro escenario es siniestro: un régimen débil y acorralado, abandonado por sus aliados, y acosado por la crítica, la crisis de inseguridad y una revuelta popular en evolución, puede optar por la fuerza, empezando por censurar a la prensa. ¿Errarán los asesores?

Foto: http://mexico.cnn.com/

Fecha: 
Jueves, 05 de Febrero 2015 - 17:00
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En Entrevista: Virgilio Andrade Martínez, Secretario de la Función Pública

Esta tarde converso con el nuevo secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, sobre cómo se investigarán las compras de casas a Grupo Higa por el presidente Enrique Peña Nieto, su esposa Angélica, y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

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Miércoles, 04 de Febrero 2015 - 20:00
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En Entrevista: Virgilio Andrade Martínez, Secretario de la Función Pública

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Mi programa:

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Conflictos de interés

El martes pasado el presidente Enrique Peña Nieto designó a Virgilio Andrade Martínez como Secretario de la Función Pública y anunció lo que denominó “conjunto de acciones ejecutivas”.

Dijo, entre otras cosas, que “A partir de mayo de este año, mes en que por ley todos los servidores públicos entregan la declaración patrimonial, será obligación de los servidores públicos federales, presentar una declaración de posibles conflictos de interés. Esta declaración deberá entregarse al ingresar a cargos públicos federales, actualizarse anualmente o en cualquier momento en que un funcionario considere que pudiera ocurrir un posible conflicto de interés en su responsabilidad… La declaración contendrá, entre otros elementos, las actividades profesionales del funcionario, su participación en empresas, la existencia de deudas o bienes propios de su cónyuge o dependientes económicos, así como las causas por las que el servidor público considere que pudiera existir un conflicto de interés con relación a las decisiones que tiene a su cargo. Esta declaración de posibles conflictos de interés retoma las mejores prácticas internacionales y su diseño cuenta con el aval de los expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE”.

Ahora bien, ¿qué es un conflicto de interés, como lo define la OCDE?

En su documento Managing Conflict of Interest in the Public Service: OECD Guidelines and Country Experiences (en español: Administrado el Conflicto de Interés en el Servicio Público: Directrices de la OCDE y Experiencias de Países), publicado en 2003, la OCDE señala que: “Históricamente, la definición del término "conflicto de interés" ha sido el tema de muchos y variados enfoques. Todos los funcionarios tienen legítimos intereses que se derivan de su condición de ciudadanos particulares, conflictos de interés que no pueden ser simplemente evitados o prohibidos, y que deben ser definidos, identificados y gestionados. Estas directrices adoptan un enfoque definicional que deliberadamente es sencillo y práctico para ayudar a la identificación efectiva y la gestión de las situaciones de conflicto, de la siguiente manera:

“Un ‘conflicto de interés’ implica un conflicto entre la obligación pública y los intereses privados de un funcionario, en el que el funcionario público tiene intereses privados que podrían influir indebidamente en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades oficiales.

“Definido de esta manera, ‘conflicto de interés’ tiene el mismo significado que ‘conflicto real de interés’. Por lo tanto, una situación de conflicto de interés puede ser actual o se puede detectar que existió en algún momento en el pasado.

“Por el contrario, un conflicto de interés aparente puede existir cuando parece ser que los intereses privados de un funcionario público podrían influir indebidamente en el desempeño de sus funciones, pero esto no es de hecho el caso. Un conflicto potencial surge cuando un funcionario tiene intereses privados tales que un conflicto de interés surgiría si el funcionario tuviera que participar en responsabilidades oficiales relevantes (es decir, en conflicto) en el futuro.

“Cuando un interés privado de hecho ha puesto en peligro el correcto desempeño de los deberes de un funcionario público, esa situación específica debe mejor considerarse como un caso de mala conducta o de ‘abuso de autoridad’, o incluso un caso de corrupción, más que como un ‘conflicto de interés’.

“De acuerdo con esta definición, los ‘intereses privados" no se limitan a intereses financieros o pecuniarios, o aquellos intereses que generan un beneficio personal directo al funcionario público. Un conflicto de interés puede involucrar actividades privadas legítimas, afiliaciones y asociaciones de carácter personal, e intereses familiares, si es que podría razonablemente esperarse que esos intereses podrían influir indebidamente en la actuación del funcionario. Un caso especial es el de un empleo de un funcionario después de abandonar el sector publico: la negociación de un próximo empleo por un funcionario antes de dejar su cargo público es ampliamente considerado como una situación de conflicto de interés”.

El tema es obviamente muy complicado. ¿Podrá Andrade aplicar las mejores prácticas internacionales en un país sumido en la corrupción en donde los conflictos de interés nunca han sido visto como lo que son?

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Fecha: 
Jueves, 05 de Febrero 2015 - 12:00
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La reactivación de la SFP. Investigación de compra de casas a Grupo Higa. Los altos sueldos de los diputados.

Esta tarde converso con el nuevo secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, sobre cómo se investigarán las compras de casas a Grupo Higa por el presidente Enrique Peña Nieto, su esposa Angélica, y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. En el estudio me acompañan Bernardino Esparza y el escritor Carlos Pascual y comentamos sobre los altos sueldos de los diputados, la reactivación de la SFP, la Guerra Cristera vista a casi 90 años de distancia, la capacidad de rebote de Apple. Con Tere Vale discuto sobre los sueldos de los diputados. Yemy Zonana explica cuándo hay que cambiar de trabajo.

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Miércoles, 04 de Febrero 2015 - 19:00
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Mi programa:

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La vigencia de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública

El origen de la Secretaría de la Función Pública data del año de 1982. Los nombres han sido varios para identificarla tal y como actualmente se le nombra.  

De 1982 a 1994 siendo presidentes de la República Miguel de la Madrid Hurtado y Carlos Salinas de Gortari, se le nombró “Secretaría de la Contraloría General de la Federación”. Los secretarios de entonces fueron: Francisco Rojas Gutiérrez  (1983-1987);  Ignacio Pichardo Pagaza (1987-1988); y, María  Elena Vázquez Nava (1988-1994).  

De 1994 a 2000, siendo presidentes de la República Ernesto Zedillo Ponce de León y Vicente Fox Quesada, se le denominó “Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo”. Los secretarios de entonces fueron: Norma Samaniego (1994-1995); Arsenio Farell Cubillas (1995-2000);  y, Francisco Barrio Terrazas (2000-2003).  

No obstante, en la presidencia de Vicente Fox es cuando cambia de nombre la “Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo” a “Secretaría de la Función Pública”. El secretario de entonces fue Eduardo Romero Ramos (2003-2006).    

El nombre  de “Secretaría de la Función Pública” subsistió a la fecha, siendo Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa. Los secretarios de entonces fueron: Germán Martínez Cázares (2006-2007); Salvador Vega Casillas (2007-2011); y, Rafael Morgan Ríos (2011-2012).

Y, con el Presidente Enrique Peña Nieto, el 2 de enero de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que reformó, adicionó y  derogó diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y entre ellos, se derogó el nombre de “Secretaría de la Función Pública”, y por ende, la desaparición y transferencia de las atribuciones. 

No obstante, cabe destacar que la publicación del citado Decreto consistió por la creación de un órgano autónomo constitucional en materia de anticorrupción, tal y como fue la pretensión del actual Poder Ejecutivo. De tal suerte, mientras ocurría su aprobación, en el mismo Decreto del 2 de enero de 2013, se estableció que  “…por lo que se refiere a la desaparición y transferencia de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, entrarán en vigor en la fecha en que el órgano constitucional autónomo que se propone crear en materia anticorrupción entre en  funciones…”. 

Asimismo, dice el Decreto que: “entre tanto se expiden y entran en vigor las disposiciones…la Secretaría de la Función Pública continuará ejerciendo sus atribuciones conforme a los ordenamientos vigentes al momento de expedición” del mencionado Decreto.

Por lo pronto, estimado lector, desde 2012 el encargado de la “Secretaría de la Función Pública”, fue Juan Olivas Ugalde, y a partir del 3 de enero de 2015 el nuevo secretario es Virgilio Andrade Martínez. 

Así que, querido lector  desde 1982 a 2015 son 33 años y 12 secretarios los responsables de tres secretarías:  “Secretaría de la Contraloría General de la Federación”; “Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo”, y de la “Secretaría de la Función Pública”. Por tanto, cabe preguntar: ¿cuál será el nombre de la cuarta secretaría?

Al tiempo, tiempo…

Fecha: 
Miércoles, 04 de Febrero 2015 - 17:00
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El discurso de EPN. El recorte al presupuesto federal. Mercadotecnia digital

Esta tarde me acompañan Liliana Alvarado, Juan Azcárraga y Bernardino Esparza con quienes analizamos el discurso del presidente Enrique Peña Nieto en donde pide que la SFP analice el caso de las casas que él, su esposa Angélica y el secretario de Hacienda Luis Videgaray le compraron al Grupo Higa. Con Luis Enrique Mercado platico del recorte al presupuesto federal y con Marco Paz Pellat sobre la mercadotecnia digital. Fidel Ruiz-Healy nos dice por qué es importante llevar a los niños a que les hagan un examen de la vista.

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Martes, 03 de Febrero 2015 - 19:00
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