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Los delitos electorales del servidor público

Al momento de celebrar las elecciones en nuestro país, se  dice que fluye como tema común, la utilización de los recursos públicos por parte del servidor público a favor del partido político que milita, y por ende, de sus candidatos. En otras palabras para la promoción del voto, se utilizan, los bienes materiales y humanos de las dependencias gubernamentales; computadoras, automóviles, programas sociales, empleados y demás menesteres.

Es sin duda, uno de los temas recurrentes en las campañas electorales. A unos días de que formalmente inicien las campañas de los partidos políticos y sus candidatos a diputados federales, cabe destacar que el servidor público que  utilice los recursos públicos, en tal sentido, entonces, tal y como lo describe la Ley General de Delitos Electorales, será sujeto a la imposición de doscientos a cuatrocientos días de multa y con prisión de dos a nueve años de prisión.

Mejor dicho, las conductas sancionadas por la ley corresponden cuando el servidor público, por ejemplo:

Coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición; condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición; a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un precandidato, candidato, partido o coalición.

Asimismo, estimado lector, dice le Ley de Delitos Electorales que cuando  el servidor público, destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado; proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sea que lo haga por sí mismo o a través de sus subordinados, en sus horarios de labores; solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política, o bien, no entregar o niegue, sin causa justificada, la información que le sea solicitada por la autoridad electoral competente, relacionada con funciones de fiscalización.

En definitiva, querido lector, quizá Usted sea servidor público, y por si acaso es subordinado de su jefe, pues observe y prevenga no caer en algunas o en todas las conductas típicas de los delitos electorales.

Al tiempo, tiempo… 

Fecha: 
Miércoles, 25 de Marzo 2015 - 17:30
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Seis estrategias anticorrupción

Después de la inseguridad, la corrupción es el tema que más urge resolver. Esto es lo que indica la encuesta cuyos resultados fueron dados a conocer por Juan Azcárraga, el 24 de febrero pasado, en mi programa de radio y TV que se transmite por las estaciones de radio y TV de Grupo Fórmula.

Hasta hace poco la corrupción era un problema que no preocupaba mucho a los mexicanos. Sin embargo, parece ser que los casos de enriquecimiento inexplicable y conflictos de interés que durante los último meses han captado la atención del público están generando, por fin, un creciente rechazo contra los actos de corrupción que desde siempre han dañado tanto a nuestra sociedad como a nuestra economía.    

En el Congreso se están aprobando diversas reformas constitucionales, expidiendo nuevas leyes y reformando otras con el fin de transparentar lo procesos y gastos gubernamentales y combatir más eficazmente los actos corruptos de funcionarios y particulares.

Mucho se ha escrito sobre la corrupción, sus causas y la manera de combatirla y es obvio que para combatirla eficazmente hay que atacar las causas que la originan.

Hace poco, mientras navegaba en Internet, me encontré un artículo escrito por Augusto López-Claros, el director de Indicadores Globales y Análisis del Banco Mundial, intitulado “Seis estrategias para combatir la corrupción”, las cuales espero estén siendo tomadas en cuenta por los legisladores y funcionarios que actualmente están definiendo las leyes para promover la transparencia y atacar la corrupción.

Las seis estrategias de López-Claros son:

1. Pagarle bien a los servidores públicos. “El que los funcionarios sean debidamente compensados o muy mal pagados claramente afectará motivación e incentivos. Si los salarios del sector público son demasiado bajos, los empleados pueden encontrarse bajo presión para complementar sus ingresos de una manera no oficial”.

2. Crear transparencia y apertura en el gasto gubernamental. “Mientras más abierto y transparente sea el proceso del gasto público, menores oportunidades habrá para la malversación y abuso. También se ve la diferencia en los países donde los ciudadanos son capaces de examinar las actividades del gobierno y debatir los méritos de las distintas políticas públicas. En este sentido, la libertad de prensa y los niveles de alfabetización también influirán de manera importante sobre el contexto de las reformas. Si un país tiene una sociedad civil activa, una cultura de participación puede ser un ingrediente importante para apoyar las diversas estrategias destinadas a reducir la corrupción”.

3. Eliminar los procesos burocráticos. Para la académica e investigadora Susan Rose-Ackerman, “el enfoque más obvio es el de sencillamente eliminar las leyes y programas que generan corrupción’”.

4. Reemplazar subsidios regresivos y distorsionantes con transferencias de dinero en efectivo hacia destinatarios específicos. “Los subsidios son otro ejemplo de cómo las políticas gubernamentales puedes distorsionar los incentivos y crear oportunidades para la corrupción… los subsidios generan contrabando, escasez y mercados negros”.

5. Establecer convenciones internacionales. “En vista de que en una economía globalizada la corrupción tiene cada vez más dimensiones transfronterizas, el marco legal internacional para e control de la corrupción en un elemento clave entre las opciones disponibles para los gobiernos”.

6. Adoptar tecnología inteligente. “Tal como las distorsiones inducidas por gobierno ofrecen muchas oportunidades para la corrupción, el contacto directo y frecuente entre los funcionarios del gobierno y los ciudadanos puede generar las oportunidades para la realización de transacciones ilícitas. Una forma de enfrentar este problema es mediante la utilización de tecnologías disponibles que alientan una relación independiente entre funcionarios y la sociedad civil; en este sentido el Internet ha demostrado ser una herramienta eficaz para reducir la corrupción”.

El artículo de López-Claros puede leerse en: blogs.worldbank.org/futuredevelopment/six-strategies-fight-corruption

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Fecha: 
Lunes, 09 de Marzo 2015 - 12:00
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¡Me comprometo de manera pública!

En tono enérgico el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, instruye a los servidores públicos de su administración para que a la brevedad hagan pública su declaración patrimonial, y en caso contrario, afirmó quien no quiera hacerlo “ya sabe cuál será la decisión del Jefe de Gobierno”.

Su instrucción fue hoy, durante la presentación del Sistema de Transparencia, Rendición de Cuentas, Fiscalización, Prevención y Combate a la Corrupción. Además, se dice que los servidores públicos tendrán que presentarse a realizar exámenes de evaluación, sicométricos, socioeconómicos y poligráficos. 

La legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, son los principios con los que se comprometen a respetar y que acepta el servidor público cuando firma, la “Carta de obligaciones de los servidores públicos del Gobierno del DF”. 

Por tanto, ante las instrucciones de su Jefe de Gobierno, los servidores públicos están obligados a presentar su declaración patrimonial de manera pública.

Les guste o no les guste, tendrán que hacerlo por instrucción jerárquica y por la “Carta de obligaciones”, compromiso número 13 de la fracción II en el rubro de nombre: “Manifiesto que mis principales Obligaciones como servidor público son: …13. Reportar a la Contraloría General del Distrito Federal, periódica y verazmente los bienes de mi patrimonio, mediante una declaración de situación patrimonial”.

Estimado lector, los servidores públicos están obligados a declarar todos sus bienes inmuebles (terrenos, casas,  departamentos, etc.) y bienes muebles (menaje de casa, joyas, pinturas, autos, créditos bancarios –tarjetas de crédito-, etc.). Y, de igual forma, los bienes inmuebles y muebles de su cónyuge y dependientes económicos (hijos, hijas y/o padres).

Así que, querido lector, les guste o no, a los servidores públicos del DF, tendrán que dar a conocer de manera pública sus bienes muebles e inmuebles, por instrucción de su jefe superior y por ley, máxime, porque aceptaron y firman su compromiso en la “Carta de Obligaciones”, que al final del documento dice a la letra: “Me comprometo a cumplir bajo mi más estricta responsabilidad con las obligaciones encomendadas en términos del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos."

Al tiempo, tiempo…

Fecha: 
Martes, 09 de Diciembre 2014 - 18:30
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El cohecho internacional y los desafíos para asegurar el crecimiento y una prosperidad compartida en América Latina

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico presentó el 2 de diciembre un informe sobre el Soborno Internacional que analiza el delito de cohecho de servidores públicos extranjeros, titulado OECD Foreign Bribery Report. Este informe pionero se basa en un análisis de los datos emergentes de todos los procedimientos por cohecho transnacional que han sido concluidos desde 1999. Considera 427 casos en todo el mundo que implican a empresas o individuos de los 41 países signatarios de la Convención de la OCDE contra el Cohecho (Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales), los cuales estuvieron implicados en el cohecho de servidores públicos extranjeros. Los casos tuvieron lugar entre febrero de 1999, fecha en la que la Convención entró en vigor, y junio de 2014.

El soborno extranjero se define de acuerdo con el artículo 1 de la Convención de la OCDE contra el Soborno, como "ofrecer, prometer o dar alguna ventaja pecuniaria indebida u otra, ya sea directamente o a través de intermediarios, a un funcionario público extranjero, para ese funcionario o para un tercero, con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en relación con el desempeño de funciones oficiales, con el fin de obtener o retener un negocio u otra ventaja indebida en la conducción de los negocios internacionales".

Por otra parte, el 6 de diciembre la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, presentó en Chile la conferencia “Desafíos para asegurar el crecimiento y una prosperidad compartida en América Latina”.

Principales Resultados del informe sobre el Soborno Internacional:

  • La mayoría de los cohechos internacionales son pagados por empresas grandes, por lo general con el conocimiento de los altos directivos.
  • En los casos analizados, los cohechos equivalieron al 10.9% del valor total de la transacción en promedio, y al 34.5% de las utilidades, es decir USD 13.8 millones por cohecho.
  • Dadas la complejidad y la naturaleza oculta de las transacciones corruptas, esto sin duda es simplemente la punta del iceberg, afirma la OCDE.
  • Por lo general, los cohechos se pagan para obtener contratos de empresas propiedad del Estado, o controladas por el Estado, en las economías avanzadas —más que en el mundo en desarrollo—, y la mayoría de quienes los pagan y quienes los cobran provienen de países ricos.
  • Casi dos tercios de los casos ocurrieron en sólo cuatro sectores:
    • Extractivo (19%);
    • Construcción (15%);
    • Transporte y almacenamiento (15%); e
    • Información y comunicaciones (10%).
  • Casi la mitad de los casos involucran el soborno de funcionarios públicos de los países con niveles de desarrollo humano alto (22%) o muy alto (21%)
  • Los sobornos fueron prometidos, ofrecidos o entregados con mayor frecuencia a:
    • Empleados de empresas propiedad del Estado (27%),
    • Funcionarios aduanales (11%),
    • Funcionarios de salud (7%) y
    • Funcionarios de la defensa (6%).
  • Los jefes de Estado y ministros recibieron los cohechos en 5% de los casos, pero éstos representaron el 11% del total de lo pagado por este concepto.
  • En la mayoría de los casos, los cohechos se pagaron para obtener contratos de compras públicas (57%), seguidos por la agilización de trámites de despacho aduanero (12%).
  • El 6% de los cohechos se entregaron para obtener un tratamiento fiscal preferencial.
  • En 41% de los casos los cohechos fueron pagados o autorizados por empleados a nivel directivo, y el director general (CEO) participó en 12% de los casos. En un caso, un congresista fue declarado culpable de conspiración por sobornar a funcionarios públicos extranjeros.
  • En tres de cuatro casos de soborno a funcionarios públicos extranjeros hubo intermediarios; en 41% de ellos, se trató de representantes de ventas y marketing, distribuidores y corredores locales. Otro 35% de los intermediarios fueron agentes corporativos, como empresas filiales, empresas ubicadas en centros financieros de paraísos fiscales, o compañías establecidas para usufructo del funcionario público que recibió el soborno.
  • Uno de cada tres casos llegaron a la atención de las autoridades a través de auto presentación de informes por las empresas o individuos demandados. Las siguientes fuentes más comunes fueron las investigaciones iniciadas directamente por las autoridades policiales (13%) y los casos de soborno extranjeros que salieron a la luz en el contexto de la asistencia formal o informal legal mutua entre países (13%). Informes de denuncias y cobertura mediática muy raramente instigaron una investigación de soborno extranjero (2% y 5%, respectivamente).
  • Las empresas que auto reportaron, tuvieron conocimiento del soborno en el extranjero en sus operaciones internacionales principalmente a través de auditorías internas (31%) y de concentraciones y procedimientos de debida diligencia de adquisición (28%).
  • Se dictaron penas de prisión a 80 personas que fueron declaradas culpables de soborno en el extranjero. La pena de prisión más larga combinada impuesta hasta la fecha en un caso relacionado con una condena por conspiración para cometer soborno en el extranjero de 13 años para un individuo, a otros 38 individuos se les impusieron penas de prisión.
  • En total, hubo 261 multas impuestas a personas y empresas, la mayor multa combinada contra una sola empresa fue por un total de 1.8 mil millones de euros. La mayor sanción pecuniaria impuesta contra una persona en un caso de soborno en el extranjero era una orden de decomiso por valor de USD 149 millones.
  • En el 69% de los casos de soborno extranjero, las sanciones fueron impuestas a título de liquidación, utilizando procedimientos que incluyen la libertad condicional corporativa (Canadá); la sección 153 (a) del Código de Procedimiento Penal (Alemania); Patteggiamento (Italia); Aviso de Pena (Noruega); Reparación en virtud del artículo 53 del Código Penal (Suiza); Acuerdos de no enjuiciamiento (NPA´s), Acuerdos de enjuiciamiento diferido (DPA´s) y Alegato de acuerdo (US).
  • Estados Unidos ha sancionado a personas y entidades por el delito de soborno extranjero en relación con 128 esquemas separados de soborno extranjero desde la entrada en vigor de la Convención contra el Soborno de la OCDE. Alemania ha sancionado a personas y entidades por el delito de soborno extranjero en relación con 26 regímenes separados; Corea en relación con 11; e Italia, Suiza y el Reino Unido en relación con 6.
  • El tiempo requerido para concluir los casos de cohecho ha aumentado con el tiempo, desde cerca de dos años en promedio para aquellos concluidos en 1999 hasta poco más de siete hoy día.
  • Esto puede reflejar la creciente sofisticación de los sobornadores, la complejidad que afrontan los organismos encargados de hacer cumplir las leyes para investigar casos en varios países, o bien que las empresas y las personas están menos dispuestas a negociar que antes.
  • La corrupción debilita el crecimiento y el desarrollo.
  • La prevención de la delincuencia de guante blanco debería ser el punto central de la gobernanza corporativa.
  • Al mismo tiempo, es necesario que la contratación pública se convierta en sinónimo de integridad, transparencia y rendición de cuentas.
  • De acuerdo con la OCDE, para resolver el cohecho y la corrupción, es importante que los gobiernos de todo el mundo refuercen las sanciones, den a conocer las negociaciones y reafirmen la protección a denunciantes como parte de iniciativas mayores.
  • El abrumador uso de intermediarios también demuestra la necesidad de una mayor celeridad y supervisión de los programas de cumplimiento corporativo y de que los ejecutivos de las empresas prediquen con el ejemplo en el combate al soborno a funcionarios públicos extranjeros.

Desafíos para asegurar el crecimiento y una prosperidad compartida en América Latina:

  • En las últimas dos décadas, la mayoría de los países en América Latina consiguieron un triplete de política económica, consistente en bajas tasas de inflación, disciplina fiscal y estabilidad financiera.
  • Estas economías prosperaron gracias a sus sólidos marcos de política económica, el aumento de precios de las materias primas y las favorables condiciones financieras internacionales.
  • Mientras otras regiones atravesaron dificultades, América Latina capeó el temporal financiero mundial de 2008 con “discreta confianza” y logró enormes avances en la reducción de la pobreza y la desigualdad.
  • “Los ingresos reales promedio han aumentado más del 25% desde 2000, y la pobreza extrema se ha reducido a la mitad”
  • Pese a estos notables logros económicos y sociales, el camino que queda por delante parece cada vez más difícil debido a los cambios en las condiciones económicas y financieras a escala mundial.
  • Los precios de las materias primas, que ayudaron a impulsar el crecimiento en la región durante más de una década, están disminuyendo, y pronto se acabará la era del acceso fácil al financiamiento en dólares.
  • Algunos países de América Latina se enfrentan a vulnerabilidades subyacentes, mientras que otros están llegando a sus límites de capacidad.
  • Esto subraya la necesidad de aplicar reformas estructurales en ámbitos tales como la educación, las redes de protección social, la inclusión financiera y la infraestructura.
  • Estas reformas contribuirán a elevar la productividad y permitirán a la región diversificar su producción y reducir la importancia de los sectores primarios que tienen menor valor agregado.
  • En este momento crítico, es más importante que nunca fomentar un crecimiento que sea inclusivo, equilibrado y sostenible.
  • Después de décadas de estancamiento, la clase media de América Latina ha crecido en tamaño y confianza, ampliándose en aproximadamente el 50% desde 2003”.
  • Gran parte de esta expansión puede atribuirse a una reducción de la desigualdad salarial, entre otras razones, gracias a aumentos del salario mínimo, así como a asistencia social focalizada.
  • A pesar de estos avances, los indicadores sociales siguen siendo débiles, y la desigualdad es mucho mayor que en otras regiones comparables.
  • Esto es importante, porque las crecientes expectativas de la clase media de América Latina chocan contra las deficiencias en la provisión de servicios públicos.
  • Es importante que los gobiernos de la región sigan trabajando con ahínco para mejorar los servicios públicos, como por ejemplo mejorando la calidad y el alcance de la educación pública, ampliando el sistema de protección social y expandiendo la base de ingresos públicos.
  • Se necesitan todas estas medidas —y muchas más— para crear una sociedad más inclusiva y más fuerte.
  • Ante los desafíos actuales América Latina podría trabajar de forma más integrada para elevar el crecimiento potencial de toda la región.
  • Promover la inversión y reforzar la colaboración regional en los ámbitos de energía, transporte, logística y tecnología de la información ayudaría a elevar el crecimiento potencial.
  • Las autoridades deberían reevaluar el enfoque actual en el ámbito del comercio y crear nuevos mecanismos para integrar a la región en las cadenas mundiales de valor.
  • Más allá del comercio, hay una gran variedad de cuestiones que podrían beneficiarse de una mayor disposición a superar las fronteras y aprender unos de otros.
  • Una de estas cuestiones es la delincuencia violenta, que está afectando a toda la región. Aparte del costo humano, la delincuencia también perjudica la inversión y el desarrollo económico, y corroe las instituciones democráticas.
  • Los esfuerzos para afianzar la agenda regional deben abarcar temas como el trabajo, la competencia, la seguridad y el medio ambiente.
  • Estas nuevas formas de integración respaldarían el crecimiento en América Latina al aumentar la eficiencia en el suministro de bienes y servicios públicos a nivel regional, y ayudarían a hacer frente a desafíos sociales de alcance regional.

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Fuentes:

OCDE. OECD Foreign Bribery Report. Diciembre de 2014.

Boletín del FMI: Lagarde propugna “crecimiento de calidad” en América Latina. 5 de diciembre de 2014. http://www.imf.org/external/np/speeches/2014/120514.htm

Fecha: 
Lunes, 08 de Diciembre 2014 - 17:00
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