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Controlar internet

 

Cada cierto tiempo salen propuestas de supervisión, control y supervisión de Internet y las redes sociales. Prácticamente todas ellas provienen de políticos ligados a partidos políticos en el gobierno de corte autoritario. Todas fracasan en regímenes democráticos, pero los políticos que les provoca sensibilidad la libertad del mundo digital siguen insistiendo.

Ahora le toco a México. El senador por el estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, presentó la iniciativa de Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos. Entre las consideraciones de su iniciativa, destacan los siguientes argumentos que describen sus intenciones y preocupaciones:

“Las nuevas tecnologías y la creciente demanda de Internet resultan un campo fértil para la delincuencia, que ha encontrado nuevas formas para consumar delitos a través de medios electrónicos y tecnológicos, los cuales son aprovechados para afectar a la ciudadanía, las empresas y el gobierno…

Esto obliga a transformar también nuestro marco jurídico ya que a través de estos medios se realizan conductas humanas que tienen efectos en el mundo real, y afectan la esfera jurídica de las personas…

El incremento de los incidentes va en estricta relación con el incremento del numero de usuarios de Internet, redes sociales y medios informáticos”.

Y remata el senador Fayad para argumentar la necesidad y urgencia de esta nueva ley: actualmente 41% de los países a nivel mundial sí cuentan con legislación contra el cibercrimen.

Ley Federal para Prevenir y Sancionar Delitos Informáticos

Entre los artículos más destacados de la propuesta de ley federal están:

  • Los delitos previstos se prevendrán, investigarán, perseguirán y sancionarán por la federación.
  • La prevención se efectuará a través de la vigilancia de la seguridad y los derechos de las personas en la red pública de Internet y de la promoción de las denuncias.
  • La unidad especializada de la Policía Federal realizará investigación para la prevención de los delitos contenidos en la ley por lo que podrá supervisar las acciones necesarias para la investigación de los delitos electrónicos cometidos, requeridas por la autoridad competente; y gestionar la cooperación con empresas proveedoras del servicio de Internet para suspender sitios, páginas electrónicas y cualquier contenido que atenten contra la seguridad pública.
  • Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos, colaborarán en la investigación de los delitos informáticos, por lo que deberán proporcionar oportunamente asistencia técnica y la información que requieran las autoridades federales competentes para la investigación de los delitos informáticos.
  • Los proveedores de servicios y toda aquella institución privada que mantenga infraestructura informática para la proveeduría de servicios de telecomunicaciones y de aplicaciones en Internet, deberán conservar los datos de trafico de origen y destino de la comunicación o cualquier otra información que pueda ser de utilidad a la investigación.
  • A quien acose, hostigue, intimide, agreda o profiera cualquier forma de maltrato físico, verbal o psicológico en contra de usuarios de Internet, de forma reiterada y sistemática, se le impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a ochenta días de salario mínimo vigente.
  • A quien, sin la autorización correspondiente, revele, difunda o ceda, en todo o en parte, información privada referente a imágenes, audio, video o la información sensible de usuarios, se le impondrán de seis a doce años de prisión y multa de ciento cincuenta a doscientos días de salario mínimo vigente.
  • A quien publique, replique, comercialice, almacene o distribuya sitios web apócrifos en el territorio nacional o cualquier otro lugar fuera de él, se le impondrán de cinco a diez años de prisión y multa de 100 a 150 días de salario mínimo vigente.

Conclusión

Una iniciativa de ley controvertida, que por un lado promueve la necesidad de evitar el uso nocivo de Internet, que es una intención legítima y necesaria, pero lo hace limitando la libertad existente en el mundo digital y le otorga indebidamente facultades al gobierno federal para investigar, controlar y sancionar todo aquello que crea que atenta contra los intereses de terceros, donde los políticos son lo más sensibles.

Esta propuesta está condenada al fracaso. Más valdría promover el buen uso de los medios digitales a través de una gran campaña nacional de alfabetización digital y de su uso productivo. Lo negativo, con las buenas prácticas y la mejora de la cultura digital, se irá resolviendo. Nadie puede creer que el gobierno tenga la capacidad y la neutralidad en este caso, como tampoco lo ha sido en otros, de ser la mejor opción para vigilar y sancionar los excesos.

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Fecha: 
Martes, 03 de Noviembre 2015 - 16:00
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Korenfeld (2)

El director general de CONAGUA, David Korenfeld, trató de justificar el uso indebido de un helicóptero del organismo público a su cargo, el 27 de marzo pasado, asegurándonos que acompañado de su esposa e hijos voló desde su casa en Huixquilucan, Estado de México, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para buscar tratamiento médico para su cadera y rodilla. Lo que no informó fue en qué hospital o consultorio iba a ser atendido. Tampoco explicó porque él y su familia llevaban maletas y mochilas que generalmente acompañan a quienes van a realizar un viaje de cierta duración.

El escándalo en torno al uso familiar del helicóptero de CONAGUA se hizo más grande cuando días después se supo que el viaje que emprendió la familia Korenfeld el 27 de marzo no solo incluía una probable visita a un hospital sino la estancia en un destino mucho más agradable y exclusivo.

Y se supo gracias al diario defeño El Universal, que el viernes 3 de abril informó que los Korenfeld viajaron a Estados Unidos el domingo 29 de marzo, dos días después de abordar el helicóptero en Huixquilucan, dos días antes de que la CONAGUA informara que sus familiares “lo acompañaban al aeropuerto de la Ciudad de México para que él asistiese a un tema de índole médico” y tres días antes de que el propio funcionario tuiteara que requería tratamiento médico y que el uso del helicóptero fue “un error inexcusable”.

El mismo periódico informó que los cuatro miembros de la familia Korenfeld viajaron el domingo 29 de marzo a Denver, Colorado, en el vuelo 1087 de United Airlines y que las autoridades migratorias estadounidenses confirmaron que ese mismo día ingresaron a Estados Unidos.

Ese mismo día, el 29, también de acuerdo al El Universal, la esposa de Korenfeld, Sandra Kershenobich, recibió a las 17:22 este mensaje en su cuenta de Twitter @sandrakerse: “Hola Sandra! Soy del equipo de Cuvée, esperándolos en el Arrabelle de Vail. Cuál es tu hora estimada de llegada? Gracias!”. La remitente del mensaje, Rita Cuéllar (@rcuellar7),  aparece como DM Operations Manager en el sitio web de la agencia de viajes www.cuveeescapes.com.

Es decir, que el martes 27 de marzo David Korenfeld y su familia utilizaron el helicóptero de CONAGUA para iniciar su viaje hacia Vail, Colorado, seguramente para ocupar alguno de los chalets que Cuvée promueve en su sitio web, cuyas rentas van de los 1,900 a los 9,950 dólares por noche. Lo que nunca imaginaron ese día es que las fotos de cuando abordaron la aeronave en el fraccionamiento Bosque Real echarían a perder sus planes. La ejecutiva de Cuvée le informó a El Universal que de última hora Korenfeld canceló su reservación, aunque no lo comprobó con el documento correspondiente

Para explicar su “error inexcusable” Korenfeld comparecerá próximamente ante la Secretaría de la Función Pública, la cual determinará la sanción que deberá aplicársele al funcionario.

Si el nuestro fuera un país verdaderamente democrático y transparente, Korenfeld ya hubiera presentado su renuncia. Pero, como no lo es, no es descabellado pensar que seguirá en su cargo mientras el presidente Enrique Peña Nieto considere que le es más útil en la CONAGUA que fuera de ella. Que Korenfeld sea un mentiroso y haya abusado del cargo parece no ser importante.

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Fecha: 
Martes, 07 de Abril 2015 - 12:00
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Diagnóstico de la crisis de los poderes públicos

 

El presidente Enrique Peña proferirá hoy un discurso en el que expondrá la ruta a seguir para enfrentar la crisis que asuela a los poderes públicos en México, y amenaza con provocar una espiral de ingobernabilidad. El diagnóstico que la elite política haya hecho de la circunstancia mexicana es vital para medir el alcance y la efectividad del remedio. Al parecer el tema central será la violencia. Puede ser un buen indicio si se entiende que la violencia tiene muchas caras: la del gobierno por no cumplir ni hacer cumplir la ley, o sea, la impunidad; la violencia política o desigualdad ante la ley; la violencia económica, que se revela como desigualdad y marginación; la violencia de la corrupción o uso privado de los bienes públicos, que mina el erario y a la competitividad; la violencia a los derechos del individuo o guerra contra las drogas, etc.

Estas manifestaciones de la violencia tienen en jaque a partidos y poderes públicos: el posible conflicto de interés entre el presidente y empresarios causó una crisis de confianza que socava su legitimidad. Los miles de asesinatos y desaparecidos devastan al poder judicial, y cierra este círculo la respuesta de la Suprema Corte al referendo, vía consulta popular, sobre salarios mínimos y energía: esta figura jurídica nació muerta, ya que cualquier ley tiene implicaciones económicas. Si el ciudadano no puede incidir sobre el destino de su dinero (los impuestos) se anula el sistema representativo. Así, la Corte da la espalda a la democracia. Por su lado, el legislativo no equilibra al ejecutivo. La corrupción e impunidad, que corroe a los partidos, obstruye a este canal como medio para encausar el conflicto social. Y estados y municipios están colapsados. Las violencias liquidaron a la estructura institucional.

Reconstruir a las instituciones es tarea de mediano plazo. En lo inmediato, es crucial incidir en el sistema de rendición de cuentas, que implica pedir perdón, un desagravio simbólico y tal vez una amnistía y, a partir de ahora, combatir con firmeza la corrupción, el tráfico de influencias, el abuso del poder y la malversación del dinero de cada uno de nosotros. Sugiero esto porque quizá no haya políticos sin mancha. Para preservar los derechos individuales debe sustituirse la guerra a las drogas por la prevención de las adicciones: es condición sine qua non para sanear a las policías. Contra la violencia económica hay que subir salarios, depurar programas sociales (origen del clientelismo), establecer una política industrial que reconstruya las cadenas productivas, brinde crédito, desarrolle la ciencia y dé fin a la colusión políticos-empresarios. Por último, hay que fijar plazos y metas. Es el último tren de las elites.

Fecha: 
Jueves, 27 de Noviembre 2014 - 17:30
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El Ejército y el caso de Tlataya, indios de América Latina y iPhone 6

Esta tarde me acompañan Antonio Castro Quiroz y José Luis Romero Hicks con quienes hablo del aumento de la productividad de los trabajadores y los bajos salarios, de los indios de América Latina y su situación económica y social, del Ejército y el caso de Tlataya, MEX, del iPhone 6 vs otros smartphones. Mónica Uribe comenta sobre las medidas disciplinarias ejercidas por el papa Francisco contra un monseñor polaco pederasta y un obispo paraguayo corrupto. Con Tere Vale discuto la situación que en el IPN provocó su directora general.

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Fecha: 
Lunes, 29 de Septiembre 2014 - 21:00
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Seis meses sin Línea Dorada

El pasado 4 de septiembre, el Sistema de Transporte Colectivo Metro en el DF cumplió sus primeros 45 años, y cuenta en su totalidad con 195 estaciones divididas en 12 líneas, que van de norte a sur, de oriente a poniente y recorren con sus 226.3 km de distancia gran parte del Distrito Federal, siendo este servicio el más utilizado por los capitalinos.

Sin embargo, desde el 12 de marzo de este año, el servicio del Metro se vio reducido, debido al desgaste y ondulaciones en rieles, vibraciones en los trenes, tornillos rotos y ruedas dañadas de la denominada Línea Dorada, inaugurada en octubre de 2012, lo que ocasionó una evidente afectación a más de 430 mil usuarios del servicio.

En un esfuerzo por conocer las razones técnicas que originaron la suspensión, la Asamblea Legislativa del DF instaló el 15 de marzo la Comisión Especial de Investigación de la Línea 12; por su parte, la Cámara de Diputados hizo lo propio a través de la Comisión Especial de Seguimiento al ejercicio de los Recursos Federales que se destinen o se hayan destinado a la Línea 12 del Metro, mientras que el Gobierno del DF se comprometió a esclarecer las fallas, reparar las averías y en los casos procedentes, sancionar a los servidores públicos involucrados, contratando a las empresas Systra y TSO, de origen francés para que realizara los dictámenes respectivos y atendiera las fallas.

En un primer compromiso, el Gobierno capitalino informó que en junio de este año se tendrían los resultados correspondientes a las fallas de la Línea 12, sin embargo, hasta el 4 de este mes, casi seis meses después de que se suspendió el servicio, la Secretaría de Obras y Servicios dio a conocer las conclusiones de los estudios realizados, en el que participaron 160 especialistas en la materia, se analizaron 3 mil documentos técnicos y se efectuaron más de 200 pruebas y simulaciones tanto en laboratorios nacionales como internacionales.

El estudio de Systra y TSO destaca que el principal problema que originó el desgaste ondulatorio y el sobre esfuerzo en la vía es la incompatibilidad entre trenes, ruedas y rieles; además señala que existen defectos en la calidad de algunos elementos que conforman las vías, deficiencia en el mantenimiento, una inadecuada atención a los problemas ya detectados y defectos en su realización, datos que ya habían sido declarados cuando se decidió suspender el servicio.

Este dictamen no sólo contiene la parte técnica, sino que realizó una auditoría al proyecto en su integridad, determinando que existe documentación apócrifa, se utilizaron recursos que no han sido comprobados hasta la fecha y un evidente desvío de los mismos. Bajo estos hechos, el día de ayer, la Contraloría General del Gobierno del DF decidió inhabilitar a funcionarios y ex funcionarios relacionados al proyecto por daño patrimonial al GDF y uso indebido de sus cargos. Entre los sancionados se encuentra el ex Director del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, inhabilitado para ocupar cargos públicos por 20 años, así como a 32 personas más de distintos cargos y por diversas acciones. Hoy diversos funcionarios han mencionado que impugnarán dicha resolución.

Esta problemática va más allá de una discusión entre el actual Jefe de Gobierno del DF y su antecesor, este tema tiene muchos pendientes que el Gobierno debe esclarecer, como la fecha exacta en que se reanudará el servicio, el tiempo real que llevarán las reparaciones y los costos que se tendrán que erogar, y lo más importante, si ese nuevo gasto va a ser cargado a las carteras de los capitalinos, que por un lado tendrán que pagar nuevamente por errores gubernamentales y por el otro, no tienen hoy un metro eficaz, seguro y digno.

Fecha: 
Miércoles, 10 de Septiembre 2014 - 18:00
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