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rendición de cuentas

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De la crisis de confianza a la crisis de legitimidad

México tiende a precipitarse hacia una crisis de legitimidad. Poco a poco parece configurarse esa ominosa posibilidad. Desde hace años la credibilidad en los políticos es muy baja, pero se complicó con una crisis de confianza que desencadenaron las casas presidenciales y del secretario de Hacienda. A ello se suman la presunta partidización de la Suprema Corte de Justicia, la corrupción generalizada en el Congreso, el grosero pillaje de las haciendas públicas estatales, el desfondamiento de los partidos políticos y la debacle del árbitro electoral, el INE. Se conforma una crisis institucional: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial y los tres órdenes de gobierno abdican a su papel de representar a los mexicanos para procurar sólo sus intereses particulares. La elite política mexicana parece empeñada en destruir a la democracia representativa. El vaciamiento de las instituciones nos arrastra a un callejón sin salida.

¿No ven los políticos que están cerrando los canales de movilidad e interlocución? Viene a complicar este escenario la crudeza con la que pega la caída de los precios del petróleo y el desatino del gobierno de sacrificar a sectores cruciales como la inversión pública y la salud, mientras se dilapidan los dineros públicos en salarios y prestaciones exorbitantes de políticos y funcionarios de los primeros círculos de gobierno, en partidas desmesuradas para los partidos políticos, en fondos sin sustento legal a grupos de presión, contratos millonarios a los empresarios amigos… El desprestigio de la cosa pública es tal y el fracaso de las políticas de estímulo es tan evidente (el mayor gasto público no impulsó el crecimiento ni el empleo, pues por cada peso que crece el PIB se importan 45 centavos) que el régimen está entrampado.

El desencanto social tenderá a recrudecerse al término del proceso electoral cuando se combinen dos eventos previsibles: mayor restricción al gasto público y el mantenimiento de la composición de las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados y los gobiernos estatales, en virtud de la posible alta abstención y el poder del sistema clientelar, es decir, la capacidad de gobiernos y sus partidos para condicionar los votos de los electores. En tan compleja circunstancia, si persiste la arrogancia de la elite política (reflejada en la insultante rebaja de 100 pesos quincenales de la dieta de los senadores, mayor a 170 mil pesos al mes) el riesgo es  un colapso del sistema político o un clamor popular de pagar tributos sólo a cambio de representación y rendición de cuentas, opción que involuntariamente promueve la campaña del PAN a favor de reducir los impuestos. Hacia allá nos puede llevar la crisis de legitimidad política.

Fecha: 
Jueves, 12 de Marzo 2015 - 18:00
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Mando Único Policial: una solución a medias

Desde hace varios años, México atraviesa por momentos difíciles en términos de rendición de cuentas, corrupción y seguridad, lo cual ha obligado al gobierno a rediseñar e implementar políticas que mejoren esta situación. Entre éstas, destaca la Ley General de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción. Cabe señalar que ambos esfuerzos han estado acompañados de una participación activa por parte de la sociedad civil.[1] Actualmente, se busca que lo mismo suceda en el caso de la Iniciativa que presentó el Ejecutivo de crear un Mando Único Policial Estatal.

Frente a esta problemática, recientemente la organización Causa en Común conformó la Red Nacional por la Seguridad: Ciudadanos + Policías, de la cual Ethos forma parte. Ésta ha logrado reunir a más de 60 organizaciones de la sociedad civil y académicos para que participen en la consolidación de instituciones de seguridad confiables, profesionales, cercanas a la ciudadanía y que rindan cuentas.

El Ejecutivo y el Mando Único Policial

Se debe resaltar que desde hace algunos años, varios estados, como Nuevo León, Guerrero, Morelos y Chihuahua ya han avanzado en la implementación de policías estatales únicas, pero éstas conviven en la práctica con policías municipales. La novedad de esta reforma es que pretende modificar el artículo 21 de la Constitución para establecer que la seguridad pública sea una función exclusiva de la Federación y de las entidades federativas, con lo que los municipios sólo podrán coadyuvar con el diseño y la ejecución de políticas no policiales de prevención del delito. La propuesta del Ejecutivo considera los siguientes cambios:[2]

  • Desaparecer las policías municipales. Los municipios sólo podrán contar con agentes con funciones de visita, inspección y sanción, que no desplegarían funciones propias de seguridad pública, con lo que se pasaría de más de 1,800 corporaciones de policías municipales a 32 de las entidades federativas.
  • Los gobiernos estatales quedarían a cargo de la seguridad pública de los municipios, así como de las funciones de tránsito. Cada municipio tendría que aportar recursos de su propia hacienda para solventar el servicio.
  • Los agentes de las policías municipales pasarían a las policías estatales, pero podrían ser sometidos a las evaluaciones y certificaciones que cada estado determine.
  • Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Jalisco serían los primeros estados en implementar lo dictado en la reforma. Durante el periodo de transición, los municipios mantendrán sus atribuciones en seguridad pública.
  • Se pretende fijar reglas para la homologación de las policías estatales en los criterios y procedimientos de selección; ingreso y permanencia; remuneración mínima;[3] la formación; la certificación y evaluación; el equipamiento; y el régimen disciplinario de los integrantes de las instituciones de seguridad pública.[4]
  • Según la SEGOB, en 8 años el mando único podría operar en todo el país.[5]

Balance del proyecto de reforma:[6]

Los pros

  • Las policías municipales son débiles en términos presupuestarios y de capacidades. Oportunidad para que se vuelvan a planificar los recursos materiales, de infraestructura y comunicacionales, así como sueldos que incentiven un comportamiento honesto y comprometido de los agentes.[7]
  • La reducción a 32 cuerpos policiales únicos ayudará a que la ciudadanía identifique más fácilmente a la autoridad que está al mando de cada uno.
  • La centralización del mando pretende impedir la infiltración del crimen organizado.

Los contras

  • No se hace un diagnóstico suficiente de la situación que guardan las policías al día de hoy. Actualmente hay casos de policías municipales, como los de Cd. Juárez, Monterrey, Tijuana y Querétaro, más capacitadas que las estatales. En contraste, estados como Michoacán, Nayarit, Tlaxcala, BCS y Zacatecas no han atendido el desarrollo de sus policías.[8]
  • Puede propiciar mala repartición de los recursos cuando el gobernador pertenezca a un partido político y maneje a la policía estatal con fines político-electorales (por ejemplo, cuando permite que la inseguridad aumente en un municipio gobernado por la oposición).
  • Es más fácil solucionar los problemas entre más cercana sea la autoridad al ciudadano. Idea de que la seguridad se construye desde el ámbito local.
  • Actualmente se corrompen a las autoridades de ciertos municipios, afectando principalmente a los habitantes de dicho municipio. Tras el cambio se podría corromper a las autoridades de todo un estado.
  • Las policías de Mando Único podrían disminuir los delitos de alto impacto, pero también propiciar un aumento en los delitos patrimoniales, como robos a casa habitación, personas y vehículos.[9]
  • No representa un cambio de fondo en las instituciones policiales, sino sólo un cambio gerencial.[10]

La sociedad civil coincide en que el desarrollo policial es fundamental

Varias organizaciones concuerdan en que el desarrollo policial, producto de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2009, es la base del éxito de las políticas policiales de seguridad, no el cambio a un mando único. En este sentido, la solución, más allá de estar en el cambio a un mando más centralizado, estaría en implementar esquemas de carrera policial, profesionalización y certificación y un régimen disciplinario para las policías estatales.[11]Adicionalmente, la problemática de las policías estatales y municipales es distinta, por lo que es difícil pensar que un remedio va a acabar con distintos males.[12]

Conclusiones

A pesar de los efectos positivos que podría ocasionar la estrategia del Mando Único en términos de seguridad, esta medida carece de:

  • Elementos de control y evaluación internos y externos.
  • Diagnóstico adecuado de la situación actual policiaca.
  • Claridad en diversos aspectos de la operación del programa, entre otras cosas, que podrían afectar de manera significativa la eficacia en la disminución de la inseguridad.

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[1]Con el Sistema Nacional Anticorrupción intervinieron organizaciones como Transparencia Mexicana, Transparencia Internacional y la Red por la Rendición de Cuentas. El Colectivo por la Transparencia (que aglutina alrededor de 300 organizaciones) se ha manifestado en torno a los recientes cambios de la iniciativa de la Ley General de Transparencia.

[2] El texto de la iniciativa puede consultarse en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-12-02-1/assets/documentos...

[3] Aproximadamente 40% de los policías municipales perciben un sueldo base mensual inferior a $4,600 pesos y menos del 4% percibe un sueldo superior a los $12,000 pesos.(http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-12-02-1/assets/documentos...)

[4] http://mexico.cnn.com/nacional/2014/12/03/mando-unico-policial-y-otras-1...

[5] http://www.milenio.com/policia/anos-mando-unico-pais-Osorio-Chong-insegu...

[6] http://mexico.cnn.com/nacional/2014/12/03/mando-unico-policial-y-otras-1...

[7] http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/apoyan-gobernadores-man...

[8] Ídem, pág. 2

[9] http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/30/mando-unico-policial-condu...

[10] http://causaencomun.org.mx/wp-content/uploads/2015/02/Posicionamiento-de...

[11] http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNSP.pdf

[12] http://causaencomun.org.mx/wp-content/uploads/2015/02/Posicionamiento-de...

Foto: http://www.aztecanoticias.com.mx

Fecha: 
Martes, 03 de Marzo 2015 - 17:00
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Breve recuento de la educación en 2014

En el 2014 el tema educativo tuvo grandes e importantes acciones que motivan el impulso y esperanza para continuar con más fuerza en 2015.

  • El año inició con un reto importante en educación: la implementación de la Reforma Educativa.
  • La realización por primera vez del Concurso de Oposición para el Ingreso a la Educación Básica, regulado por el INEE, que busca garantizar que sea el mérito lo que determine la asignación de una plaza de maestro o director, y no la venta o herencia.
  • La sociedad civil impulsó la realización de un Censo Escolar cuyos datos permitirán demandar la corrección del desorden y la corrupción en educación, y rendir cuentas a los ciudadanos. Estas bases de datos completas ya las tenemos y estamos en proceso de revisión y análisis.
  • La realización de Foros de Consulta para el modelo educativo y consulta del INEE a comunidades indígenas.
  • Se estableció el Programa de la Reforma Educativa que atenderá a escuelas primarias, secundarias y planteles pertenecientes al CONAFE, identificados con altos niveles de carencia en su infraestructura, para ello se asignó un presupuesto de 7 mil 500 millones de pesos.
  • Se realizó la conciliación de plazas de maestros, por lo que a partir de la primera quincena de enero de 2015 será el Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto de Operación (FONE) el que disperse la nómina de los docentes, y de acuerdo con la Reforma Hacendaria, generará un control administrativo de las plazas federalizadas transferidas a los estados.
  • No debemos olvidar que vienen retos importantes y urgentes que atender. Uno de ellos es la armonización de las leyes estatales pues aún hay estados pendientes como Hidalgo, Yucatán y Zacatecas que incumplieron en la armonización legislativa; Oaxaca que está en falla total; Campeche, Durango, Chiapas y Sonora en donde aún prevalece la opacidad; y Michoacán, Morelos, Baja California Sur, Baja California, Zacatecas, Oaxaca, Chiapas y Sonora a quienes el Ejecutivo presentó controversia constitucional.

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Fecha: 
Jueves, 18 de Diciembre 2014 - 18:00
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SEP entrega a Mexicanos Primero la base de datos del Censo Educativo

Por mandato del IFAI la SEP entrega a Mexicanos Primero la base de datos del Censo Educativo

  • La entrega se realizó el pasado martes 9 de diciembre por resolución del IFAI al recurso de revisión presentado por Mexicanos Primero.
  • Este logro de transparencia servirá para demandar la corrección del desorden y la corrupción, y para rendir cuentas a los ciudadanos.
  • Los primeros tabulados que la SEP e INEGI dieron a conocer el pasado mes de marzo, permitieron identificar el desorden y desvío que se desprenden de 298,174 pagos irregulares.
  • Esta entrega de información con datos más completos a Mexicanos Primero, permitirá verificar si los datos publicados en el portal del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) son correctos y completos.
  • Este esfuerzo de transparencia permitirá 1) conocer con el detalle necesario la situación de infraestructura y logro educativo en las escuelas, 2) revisar la honestidad en la distribución y el ejercicio de la nómina magisterial, y 3) ajustar los programas que se diseñan para mejorar el sistema educativo del país.
  • Mexicanos Primero revisará detalladamente la información recibida y comunicará a la opinión pública los hallazgos principales con el objetivo seguir avanzando hacia un sistema educativo responsable y centrado en el derecho a aprender de los alumnos.

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Fecha: 
Jueves, 11 de Diciembre 2014 - 19:00
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¡Me comprometo de manera pública!

En tono enérgico el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, instruye a los servidores públicos de su administración para que a la brevedad hagan pública su declaración patrimonial, y en caso contrario, afirmó quien no quiera hacerlo “ya sabe cuál será la decisión del Jefe de Gobierno”.

Su instrucción fue hoy, durante la presentación del Sistema de Transparencia, Rendición de Cuentas, Fiscalización, Prevención y Combate a la Corrupción. Además, se dice que los servidores públicos tendrán que presentarse a realizar exámenes de evaluación, sicométricos, socioeconómicos y poligráficos. 

La legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, son los principios con los que se comprometen a respetar y que acepta el servidor público cuando firma, la “Carta de obligaciones de los servidores públicos del Gobierno del DF”. 

Por tanto, ante las instrucciones de su Jefe de Gobierno, los servidores públicos están obligados a presentar su declaración patrimonial de manera pública.

Les guste o no les guste, tendrán que hacerlo por instrucción jerárquica y por la “Carta de obligaciones”, compromiso número 13 de la fracción II en el rubro de nombre: “Manifiesto que mis principales Obligaciones como servidor público son: …13. Reportar a la Contraloría General del Distrito Federal, periódica y verazmente los bienes de mi patrimonio, mediante una declaración de situación patrimonial”.

Estimado lector, los servidores públicos están obligados a declarar todos sus bienes inmuebles (terrenos, casas,  departamentos, etc.) y bienes muebles (menaje de casa, joyas, pinturas, autos, créditos bancarios –tarjetas de crédito-, etc.). Y, de igual forma, los bienes inmuebles y muebles de su cónyuge y dependientes económicos (hijos, hijas y/o padres).

Así que, querido lector, les guste o no, a los servidores públicos del DF, tendrán que dar a conocer de manera pública sus bienes muebles e inmuebles, por instrucción de su jefe superior y por ley, máxime, porque aceptaron y firman su compromiso en la “Carta de Obligaciones”, que al final del documento dice a la letra: “Me comprometo a cumplir bajo mi más estricta responsabilidad con las obligaciones encomendadas en términos del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos."

Al tiempo, tiempo…

Fecha: 
Martes, 09 de Diciembre 2014 - 18:30
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El cohecho internacional y los desafíos para asegurar el crecimiento y una prosperidad compartida en América Latina

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico presentó el 2 de diciembre un informe sobre el Soborno Internacional que analiza el delito de cohecho de servidores públicos extranjeros, titulado OECD Foreign Bribery Report. Este informe pionero se basa en un análisis de los datos emergentes de todos los procedimientos por cohecho transnacional que han sido concluidos desde 1999. Considera 427 casos en todo el mundo que implican a empresas o individuos de los 41 países signatarios de la Convención de la OCDE contra el Cohecho (Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales), los cuales estuvieron implicados en el cohecho de servidores públicos extranjeros. Los casos tuvieron lugar entre febrero de 1999, fecha en la que la Convención entró en vigor, y junio de 2014.

El soborno extranjero se define de acuerdo con el artículo 1 de la Convención de la OCDE contra el Soborno, como "ofrecer, prometer o dar alguna ventaja pecuniaria indebida u otra, ya sea directamente o a través de intermediarios, a un funcionario público extranjero, para ese funcionario o para un tercero, con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en relación con el desempeño de funciones oficiales, con el fin de obtener o retener un negocio u otra ventaja indebida en la conducción de los negocios internacionales".

Por otra parte, el 6 de diciembre la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, presentó en Chile la conferencia “Desafíos para asegurar el crecimiento y una prosperidad compartida en América Latina”.

Principales Resultados del informe sobre el Soborno Internacional:

  • La mayoría de los cohechos internacionales son pagados por empresas grandes, por lo general con el conocimiento de los altos directivos.
  • En los casos analizados, los cohechos equivalieron al 10.9% del valor total de la transacción en promedio, y al 34.5% de las utilidades, es decir USD 13.8 millones por cohecho.
  • Dadas la complejidad y la naturaleza oculta de las transacciones corruptas, esto sin duda es simplemente la punta del iceberg, afirma la OCDE.
  • Por lo general, los cohechos se pagan para obtener contratos de empresas propiedad del Estado, o controladas por el Estado, en las economías avanzadas —más que en el mundo en desarrollo—, y la mayoría de quienes los pagan y quienes los cobran provienen de países ricos.
  • Casi dos tercios de los casos ocurrieron en sólo cuatro sectores:
    • Extractivo (19%);
    • Construcción (15%);
    • Transporte y almacenamiento (15%); e
    • Información y comunicaciones (10%).
  • Casi la mitad de los casos involucran el soborno de funcionarios públicos de los países con niveles de desarrollo humano alto (22%) o muy alto (21%)
  • Los sobornos fueron prometidos, ofrecidos o entregados con mayor frecuencia a:
    • Empleados de empresas propiedad del Estado (27%),
    • Funcionarios aduanales (11%),
    • Funcionarios de salud (7%) y
    • Funcionarios de la defensa (6%).
  • Los jefes de Estado y ministros recibieron los cohechos en 5% de los casos, pero éstos representaron el 11% del total de lo pagado por este concepto.
  • En la mayoría de los casos, los cohechos se pagaron para obtener contratos de compras públicas (57%), seguidos por la agilización de trámites de despacho aduanero (12%).
  • El 6% de los cohechos se entregaron para obtener un tratamiento fiscal preferencial.
  • En 41% de los casos los cohechos fueron pagados o autorizados por empleados a nivel directivo, y el director general (CEO) participó en 12% de los casos. En un caso, un congresista fue declarado culpable de conspiración por sobornar a funcionarios públicos extranjeros.
  • En tres de cuatro casos de soborno a funcionarios públicos extranjeros hubo intermediarios; en 41% de ellos, se trató de representantes de ventas y marketing, distribuidores y corredores locales. Otro 35% de los intermediarios fueron agentes corporativos, como empresas filiales, empresas ubicadas en centros financieros de paraísos fiscales, o compañías establecidas para usufructo del funcionario público que recibió el soborno.
  • Uno de cada tres casos llegaron a la atención de las autoridades a través de auto presentación de informes por las empresas o individuos demandados. Las siguientes fuentes más comunes fueron las investigaciones iniciadas directamente por las autoridades policiales (13%) y los casos de soborno extranjeros que salieron a la luz en el contexto de la asistencia formal o informal legal mutua entre países (13%). Informes de denuncias y cobertura mediática muy raramente instigaron una investigación de soborno extranjero (2% y 5%, respectivamente).
  • Las empresas que auto reportaron, tuvieron conocimiento del soborno en el extranjero en sus operaciones internacionales principalmente a través de auditorías internas (31%) y de concentraciones y procedimientos de debida diligencia de adquisición (28%).
  • Se dictaron penas de prisión a 80 personas que fueron declaradas culpables de soborno en el extranjero. La pena de prisión más larga combinada impuesta hasta la fecha en un caso relacionado con una condena por conspiración para cometer soborno en el extranjero de 13 años para un individuo, a otros 38 individuos se les impusieron penas de prisión.
  • En total, hubo 261 multas impuestas a personas y empresas, la mayor multa combinada contra una sola empresa fue por un total de 1.8 mil millones de euros. La mayor sanción pecuniaria impuesta contra una persona en un caso de soborno en el extranjero era una orden de decomiso por valor de USD 149 millones.
  • En el 69% de los casos de soborno extranjero, las sanciones fueron impuestas a título de liquidación, utilizando procedimientos que incluyen la libertad condicional corporativa (Canadá); la sección 153 (a) del Código de Procedimiento Penal (Alemania); Patteggiamento (Italia); Aviso de Pena (Noruega); Reparación en virtud del artículo 53 del Código Penal (Suiza); Acuerdos de no enjuiciamiento (NPA´s), Acuerdos de enjuiciamiento diferido (DPA´s) y Alegato de acuerdo (US).
  • Estados Unidos ha sancionado a personas y entidades por el delito de soborno extranjero en relación con 128 esquemas separados de soborno extranjero desde la entrada en vigor de la Convención contra el Soborno de la OCDE. Alemania ha sancionado a personas y entidades por el delito de soborno extranjero en relación con 26 regímenes separados; Corea en relación con 11; e Italia, Suiza y el Reino Unido en relación con 6.
  • El tiempo requerido para concluir los casos de cohecho ha aumentado con el tiempo, desde cerca de dos años en promedio para aquellos concluidos en 1999 hasta poco más de siete hoy día.
  • Esto puede reflejar la creciente sofisticación de los sobornadores, la complejidad que afrontan los organismos encargados de hacer cumplir las leyes para investigar casos en varios países, o bien que las empresas y las personas están menos dispuestas a negociar que antes.
  • La corrupción debilita el crecimiento y el desarrollo.
  • La prevención de la delincuencia de guante blanco debería ser el punto central de la gobernanza corporativa.
  • Al mismo tiempo, es necesario que la contratación pública se convierta en sinónimo de integridad, transparencia y rendición de cuentas.
  • De acuerdo con la OCDE, para resolver el cohecho y la corrupción, es importante que los gobiernos de todo el mundo refuercen las sanciones, den a conocer las negociaciones y reafirmen la protección a denunciantes como parte de iniciativas mayores.
  • El abrumador uso de intermediarios también demuestra la necesidad de una mayor celeridad y supervisión de los programas de cumplimiento corporativo y de que los ejecutivos de las empresas prediquen con el ejemplo en el combate al soborno a funcionarios públicos extranjeros.

Desafíos para asegurar el crecimiento y una prosperidad compartida en América Latina:

  • En las últimas dos décadas, la mayoría de los países en América Latina consiguieron un triplete de política económica, consistente en bajas tasas de inflación, disciplina fiscal y estabilidad financiera.
  • Estas economías prosperaron gracias a sus sólidos marcos de política económica, el aumento de precios de las materias primas y las favorables condiciones financieras internacionales.
  • Mientras otras regiones atravesaron dificultades, América Latina capeó el temporal financiero mundial de 2008 con “discreta confianza” y logró enormes avances en la reducción de la pobreza y la desigualdad.
  • “Los ingresos reales promedio han aumentado más del 25% desde 2000, y la pobreza extrema se ha reducido a la mitad”
  • Pese a estos notables logros económicos y sociales, el camino que queda por delante parece cada vez más difícil debido a los cambios en las condiciones económicas y financieras a escala mundial.
  • Los precios de las materias primas, que ayudaron a impulsar el crecimiento en la región durante más de una década, están disminuyendo, y pronto se acabará la era del acceso fácil al financiamiento en dólares.
  • Algunos países de América Latina se enfrentan a vulnerabilidades subyacentes, mientras que otros están llegando a sus límites de capacidad.
  • Esto subraya la necesidad de aplicar reformas estructurales en ámbitos tales como la educación, las redes de protección social, la inclusión financiera y la infraestructura.
  • Estas reformas contribuirán a elevar la productividad y permitirán a la región diversificar su producción y reducir la importancia de los sectores primarios que tienen menor valor agregado.
  • En este momento crítico, es más importante que nunca fomentar un crecimiento que sea inclusivo, equilibrado y sostenible.
  • Después de décadas de estancamiento, la clase media de América Latina ha crecido en tamaño y confianza, ampliándose en aproximadamente el 50% desde 2003”.
  • Gran parte de esta expansión puede atribuirse a una reducción de la desigualdad salarial, entre otras razones, gracias a aumentos del salario mínimo, así como a asistencia social focalizada.
  • A pesar de estos avances, los indicadores sociales siguen siendo débiles, y la desigualdad es mucho mayor que en otras regiones comparables.
  • Esto es importante, porque las crecientes expectativas de la clase media de América Latina chocan contra las deficiencias en la provisión de servicios públicos.
  • Es importante que los gobiernos de la región sigan trabajando con ahínco para mejorar los servicios públicos, como por ejemplo mejorando la calidad y el alcance de la educación pública, ampliando el sistema de protección social y expandiendo la base de ingresos públicos.
  • Se necesitan todas estas medidas —y muchas más— para crear una sociedad más inclusiva y más fuerte.
  • Ante los desafíos actuales América Latina podría trabajar de forma más integrada para elevar el crecimiento potencial de toda la región.
  • Promover la inversión y reforzar la colaboración regional en los ámbitos de energía, transporte, logística y tecnología de la información ayudaría a elevar el crecimiento potencial.
  • Las autoridades deberían reevaluar el enfoque actual en el ámbito del comercio y crear nuevos mecanismos para integrar a la región en las cadenas mundiales de valor.
  • Más allá del comercio, hay una gran variedad de cuestiones que podrían beneficiarse de una mayor disposición a superar las fronteras y aprender unos de otros.
  • Una de estas cuestiones es la delincuencia violenta, que está afectando a toda la región. Aparte del costo humano, la delincuencia también perjudica la inversión y el desarrollo económico, y corroe las instituciones democráticas.
  • Los esfuerzos para afianzar la agenda regional deben abarcar temas como el trabajo, la competencia, la seguridad y el medio ambiente.
  • Estas nuevas formas de integración respaldarían el crecimiento en América Latina al aumentar la eficiencia en el suministro de bienes y servicios públicos a nivel regional, y ayudarían a hacer frente a desafíos sociales de alcance regional.

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Fuentes:

OCDE. OECD Foreign Bribery Report. Diciembre de 2014.

Boletín del FMI: Lagarde propugna “crecimiento de calidad” en América Latina. 5 de diciembre de 2014. http://www.imf.org/external/np/speeches/2014/120514.htm

Fecha: 
Lunes, 08 de Diciembre 2014 - 17:00
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Conspiración contra el presidente Peña

La denuncia del presidente Enrique Peña Nieto de que al parecer los intereses que afectaron sus reformas intentan desestabilizar a su gobierno es muy grave. ¿Qué pretende con esta delación ni más ni menos que del jefe de Estado y de gobierno mexicano? Tan seria acusación no viene de un ciudadano común, de un analista o de cualquier predicador que libremente puede gritar ante hechos que salen de su comprensión: ¡allí viene el lobo!, y no pasa a mayores cosas. La investidura del presidente le faculta para usar los instrumentos legales y juzgar a los conspiradores. ¿Por qué en lugar de actuar conforme a sus atribuciones recurre a denunciar una conspiración? Ante el evidente pasmo del gobierno para enfrentar la crisis política cabe preguntar: ¿se trata de una figura retórica para aplacar las críticas o de una fuga de la razón que se niega a ver la complejidad de los problemas nacionales?

Si a la clara demanda ciudadana de erradicar la impunidad y la corrupción para forjar un país de leyes, así como establecer un piso mínimo de oportunidades para todos, se le llama conspiración, estamos cerca de una grave ruptura constitucional. Cuando los problemas se explican mediante teorías conspirativas la política se reduce a la lucha de buenos contra malos, y no deja espacio para la libertad, para las opiniones diferentes, pues la lógica maniquea mata a la pluralidad y reduce la convivencia a un estás conmigo o estás contra mí. Y no justifico la violencia de grupos radicales; lo que propongo es combatir la impunidad, cualquiera que sea su origen, pues si el gobierno no ve que el problema es la ausencia de ley o impunidad (que es la guerra de todos contra todos), no entenderá que esa es la causa que origina la violencia.

En vez de teorías conspirativas, los mexicanos queremos escuchar propuestas precisas de las clase política de cómo no volverán a ocurrir sucesos como los de Iguala y Tlatlaya; qué procedimientos legales y políticos se establecerán para investigar y sancionar casos de conflictos de interés, de corrupción de políticos y el contubernio con empresarios; cuándo se terminará con esta guerra absurda a las drogas ilícitas, que agudizó las deficiencias de instituciones políticas ya frágiles y nos sumó en una espiral de violencia; cómo se combatirá la delincuencia, que no sea ocultando la información; cómo se reformará el aparato de Estado para que en lugar de servir a una pequeña elite económica vele por el bien común; qué medidas económicas y culturales se tomarán para combatir la desigualdad; y qué reformas se realizarán para que los políticos nos representen y nos rindan cuentas.

Foto: www.cnnexpansion.com

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Jueves, 20 de Noviembre 2014 - 17:00
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Iniciativa del IFAI de Ley de Transparencia: ¿Qué pasó con la política de reserva de información?

El Congreso tiene hasta febrero de 2015 para aprobar la Ley secundaria en materia de Transparencia.

Es muy importante entender la política de reserva de información, porque la información a la que en la práctica tendremos acceso lo ciudadanos será la implementación de lo dicte la ley menos la política de reserva (incluida en la ley).

El IFAI ya presentó su iniciativa, con avances para la transparencia pero con una política de reserva muy cuestionable. Hay excesiva generalidad en las causales y de las posibilidades de que una interpretación de éstas lleve a reservar información elemental para la rendición de cuentas.

Se trata simplemente de precisar y no dejar a la interpretación estas causales de reserva de información. Tenemos que dejar muy delimitado cuando sí se puede reservar información y no hablar de áreas generales, necesitamos una política muy específica.

Por otro lado la propuesta no reduce le tiempo de reserva actual y es omisa para regular la implementación de la reserva de información, lo que es delicado porque dicha omisión más bien deja abiertos espacios para la discrecionalidad. 

La ley actual solicita a los sujetos obligados la elaboración de un índice se reserva de información, el cual ayuda a especificar que documentos están reservados, estipula que deberá ser entregado al IFAI pero no obliga su publicación. Pues esta propuesta para la nueva ley ni siquiera menciona la existencia del índice. Así, no queda claro como el IFAI va a saber que documentos están reservados. De hecho la publicación de ese índice era el siguiente paso a dar para que esa política de reserva evolucionara. 

No se promueve una mejora en la claridad, transparencia y contundencia de la política de reserva de información, en este aspecto, lo propuesto no está en línea con el principio de la máxima publicidad de la información.

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Jueves, 06 de Noviembre 2014 - 18:30
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¿Un verdadero pacto o más de lo mismo?

La crisis política parece haber tocado fondo en Iguala. El grave deterioro social que acerca a México al abismo y la enorme presión nacional e internacional indujo al presidente, a los principales partidos y a empresarios a proponer un “pacto contra la violencia”. En otros momentos a los acuerdos de este tipo se los ha llevado el viento, pero en esta ocasión puede ser diferente, toda vez que la elite gobernante (políticos y grandes capitales) cayó en la cuenta de que el pacto de impunidad por el que mutuamente se protege, conduce a grados cada vez mayores de deterioro y violencia. Se trata de mero instinto de sobrevivencia, pero aun así es una buena noticia para los mexicanos. Es una oportunidad en la que todos debemos involucrarnos para evitar que al pasar esta emergencia no decaiga el ánimo reformista y en poco tiempo volvamos a lo mismo hasta que nos sacuda otro mal aún mayor.

Me parece pertinente que a ese acuerdo nacional se le llame “pacto contra la violencia”. Por ello es crucial identificar las causas que originan la violencia en México, y son varias, a saber: la violencia económica; la violencia contra la ley, mejor conocida como pacto de impunidad; la violencia contra los derechos individuales, o guerra contra las drogas ilegales; la violencia contra los derechos ciudadanos o el secuestro de la vida pública por los partidos. He aquí el universo de la crisis social, económica y política que nos empuja al abismo. Pero, ¿qué implican cada una de estas especies de violencia? La violencia económica consiste en mantener un modelo que excluye y fabrica pobres, que concentra la riqueza y que induce a los jóvenes a caer en las manos de las bandas de narcotráfico. Es insostenible este sistema.

La violencia contra la ley nos lleva al estado de naturaleza que explicaba Hobbes, donde se impone la ley del más fuerte, el estado de guerra perpetua. Así que hay que declarar la guerra a la impunidad con una ambiciosa reforma institucional. La violencia contra los derechos individuales que lleva al gobierno a violar la privacidad del ciudadano se manifiesta como guerra contra las drogas ilícitas: he aquí el origen de poderosas mafias con enorme poder corruptor y de fuego que pudre la frágil estructura de gobierno e institucional del país y es una fuente de violaciones a los derechos humanos. Urge finalizar a esta guerra contra los mexicanos. La violencia contra los derechos ciudadanos implica reconstruir el sistema de representación democrático (acotar a partidos) y forjar mecanismos para que políticos y funcionarios rindan cuentas. La tarea es monumental: implica reconstruir al país, pero hay que hacerla.

Fecha: 
Jueves, 06 de Noviembre 2014 - 17:30
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El Estado de Derecho contra la corrupción

En suma, comentaba ayer con mi tema “Por la vigencia plena del Estado de Derecho”, que el Estado de Derecho es el imperio y primacía de la ley, por medio de un sistema jerárquico de normas para el pleno establecimiento de la seguridad jurídica. Y, para ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma fundamental del país, que asiduamente es reformada por el legislador, como bien se aprecia con las 618 modificaciones desde su creación en 1917 a la fecha.

Pues, bien, con la norma jurídica se combate a la corrupción, al menos esa es una de las propuestas del Partido de Acción Nacional (PAN) que presentó esta semana a través de la iniciativa de ley suscrita por sus diputados y senadores, para  reformar y adicionar y derogar diez artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La corrupción es un tema que les ocupa igualmente a los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pues en noviembre de 2012 presentaron la iniciativa de ley suscrita por sus senadores para reformar y adicionar nueve artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La corrupción se combate con la ley. Por lo visto con las modificaciones al texto constitucional se pretende crear por parte de los legisladores del PAN un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), conformado por un Comité Coordinador, un Consejo Nacional para la Ética Pública y un Comité de Participación Ciudadana.

El sistema se coordinará entre sí para cumplir con las políticas en materia de prevención, corrección, combate a la corrupción y promoción de la integridad. Un Sistema Nacional de Fiscalización, encargado de coordinar las acciones de los órganos de fiscalización en el país, con el objetivo de generar condiciones que permitan un mayor alcance en sus revisiones; evite duplicidades; permita un intercambio efectivo de información; homologue los criterios de planeación, ejecución y reporte de auditorías; y establezca una serie de deberes para quienes conforman el Sistema.

Además, nos dicen los del PAN, que es necesario crear la figura de la extinción del dominio en el delito de enriquecimiento ilícito de los servidores públicos. Esto es, que los bienes derivados de dicho delito sean tratados acorde al procedimiento de extinción de dominio.

Por su parte en la iniciativa de los legisladores del PRI y PVEM se pretende  crear una Comisión Nacional de Anticorrupción y la reorganización de la estructura de la Administración Pública para determinar en desaparecer la Secretaría de la Función Pública (SFP). 

En definitiva, son buenas intenciones de los legisladores. En efecto, no es prudente pensar que entre todos es sabido que los actos de corrupción son muchos, muchos, muchos todos los días y no hacemos nada para evitarlos.

Los legisladores en sus iniciativas manifiestan el porque quieren que se modifique el texto constitucional, entre otras causas de corrupción, muestran la corrupción en México con diversos estudios. Por ejemplo, que en 2010, Transparencia Mexicana reportó e identificó para la conformación del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, que al menos 200 millones de actos de corrupción para acceder a 35 trámites y servicios monitoreados. En diez de cada cien ocasiones en que se realizó un trámite o se accedió a un servicio público, los hogares pagaron sobornos.

Por ende, se estima que el costo económico de dicha forma de corrupción rebasó los 32 mil millones de pesos, lo cual representa 165 pesos por cada hogar mexicano que debió pagar por el uso de servicios públicos provistos por autoridades federales, estatales, municipales, así como por concesiones y servicios administrados por particulares. 

Estimado lector, la corrupción es un tema de hace muchos años, difícil de combatir, y que las leyes tratan de limitar sus tipos, por ejemplo, el nepotismo, el uso indebido de los recursos públicos, el enriquecimiento ilícito, el abuso de autoridad, los conflictos de intereses, el favoritismo, el soborno, el amiguísimo, el compadrazgo, el uso político de los recursos públicos, el blanqueo de dinero, el uso discrecional o político electoral de los recursos públicos y/o la ausencia de rendición de cuentas.

Así, qué, querido lector esperemos que los legisladores no tarden otros dos años para crear todo un sistema institucional, que combata de manera eficiente y eficaz la corrupción en nuestro país.

Al tiempo, tiempo…

Fecha: 
Miércoles, 05 de Noviembre 2014 - 18:30
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