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Del ciberacoso y las inicitivas de ley para castigar los ciberdelitos...

 

De acuerdo a datos publicados en 2013 por la Asociación Mexicana de Internet (AMPICI) en nuestro país existen alrededor de 45.1 millones de cibernautas y de ellos 15 millones tienen menos de 18 años de edad (entre 6 y 17 años), estos niños y jóvenes pasan un promedio de 5 horas frente a la computadora y otros dispositivos similares como tabletas o teléfonos inteligentes. Hay que destacar que la interacción con otros a través de las redes sociales es la actividad que más los ocupa al navegar. Más cifras: según el reporte 2015 de seguridad en hogares, Norton Online Family, los niños de México son cada vez más propensos a ser victimas del ciberacoso. Los datos de esta investigación nos dicen que en los últimos cinco años el 81% de los niños entre 12 y 17 años han declarado haber tenido alguna experiencia de acoso en la red. El 61% reporto haber sufrido una experiencia “muy mala” en internet que incluía la intimidación o chantaje por medio de imágenes de contenido sexual. Este mismo reporte señala que solo el 5% de los padres conocen qué páginas visitan frecuentemente sus hijos y si son o han sido sujetos de agresiones. Además, este fenómeno es escasamente reportado ante las autoridades y por lo tanto existe una cifra negra importante de delitos de este tipo no denunciados. Gustavo Caballero, Coordinador de la Unidad de Investigación Cibernética de la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) reporta que de 2009 a la fecha la dependencia a su cargo ha recibido un número escandalosamente bajo de denuncias de ciberbullying o sexting, por ejemplo: durante 2014 solo recibió ¡una denuncia por pornografía infantil!. Y lo peor: este tipo de delitos no se encuentran tipificados aún en el Código Penal de nuestro país. Esto quiere simplemente decir que hasta el día de hoy el Estado tiene nula capacidad para limitar o castigar conductas en redes sociales que generen riesgos para niños, niñas y adolescentes. Por todo esto se debe plantear la actualización, en materia penal, procesal y de atención a víctimas de este tipo de delitos. Creo que todos estaríamos de acuerdo con ello, sin embargo las cosas siempre son más complejas de lo que parecen. Ahí les va: el senador del PRI Omar Fayad, Presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, presentó en octubre de 2015, una iniciativa al Congreso para combatir los ciberdelitos que incluye una legislación específica sobre este tipo de abusos contra niños y adolescentes que se calcula han causado pérdidas por más de 3 mil millones de dólares anualmente a empresas y particulares, por no hablar de lo verdaderamente importante: los daños emocionales y psicológicos muchas veces irreversibles de las víctimas. Pero… gran polémica se ha desatado con la llamada Ley Fayad para prevenir y sancionar delitos informáticos ya que supuestamente esta regulación pone en peligro la “libertad de expresión” y el “derecho humano a la información de los ciudadanos”. Desde luego en redes sociales esta propuesta ha sido duramente criticada y algunos legisladores de otros partidos políticos se han pronunciado contra ella. Como psicóloga debo decir que los daños emocionales que el ciberacoso y el sexting (fotos y videos de desnudos o actividad sexual de compañeros, que se suben a la red) ocasionan en los chavitos repercusiones muy graves y en México como en otros países del mundo se han dado incluso suicidios por la humillación a la que fueron sometidos estos niños por otros en internet. Por otra parte como periodista he estado, estoy y estaré por la absoluta libertad de expresión, pero… nos enfrentamos a una situación muy difícil de resolver en bien de los niños. Creo que la iniciativa del senador Fayad debe ser discutida, seguramente refraseada y discutida por expertos, pero en definitiva me parece un muy buen intento por abordar un tema de la mayor importancia ya que afecta ni más ni menos que a nuestros hijos. Yo lo felicito y creo no debemos quitar el dedo del renglón… Y mejor, la recomendación de la semana: soy fan de los restaurantes de cocina mexicana “El Bajío” en distintos puntos de la ciudad de México, pero acabo de quedar gratamente sorprendida por la remodelación de la sucursal Polanco en Alejandro Dumas 7. La terraza en el segundo piso quedó realmente estupenda, con jardín interior y toda la cosa y por su excelente ventilación se puede fumar y al mismo tiempo no padecer las inclemencias del loco tiempo de nuestra ciudad. Y bueno, de la comida ¿qué les digo?, las grandiosas enmoladas de siempre, los frijolitos refritos, el excelso guacamole, las tortillas hechas a mano y mil delicias más de nuestra asombrosa y variada cocina. En fin, vayan, se la van a pasar y a comer muy bien. Y hasta aquí hoy, y muchos besitos a los niños, especialmente a la preciosa hija de mi querida amiga Wendy que acaba de llegar a este mundo. Bienvenida. Más besitos que de costumbre y bye.

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Martes, 03 de Noviembre 2015 - 17:00
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El Instituto Federal de Telecomunicaciones

Nuestra constitución señala en el artículo 28 que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, mejor conocido como el IFT, es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Tiene a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.

Corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones, entre otras cosas, el otorgamiento, la revocación, el cambio de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones.

De conformidad al artículo 67 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión las concesiones podrán ser para uso:

  • Comercial son aquellas que confiere el derecho a personas físicas o morales para prestar servicios públicos de telecomunicaciones y de radiodifusión, con fines de lucro a través de una red pública de telecomunicaciones.
  • Público son aquellas que se confieren a los Poderes de la Unión, de los Estados, los órganos de Gobierno del Distrito Federal, los Municipios, a los órganos constitucionales autónomos y las instituciones de educación superior de carácter público para proveer servicios de telecomunicaciones y radiodifusión para el cumplimiento de sus fines y atribuciones.
  • Privado son las que se confieren para servicios de telecomunicaciones con propósitos de comunicación privada, experimentación, comprobación de viabilidad técnica y económica de tecnologías en desarrollo o pruebas temporales de equipos que no tengan fines de explotación comercial.
  • Y social que confiere el derecho de prestar servicios de telecomunicaciones y  radiodifusión con propósitos culturales, científicos, educativos o a la comunidad, sin fines de lucro. En esta categoría están las concesiones comunitarias y las indígenas; así como las que se otorguen a instituciones de educación superior de carácter privado.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones fija el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones, así como por la autorización de servicios vinculados a éstas, aunque tiene en cuenta la opinión de la Secretaria de Hacienda. Esta opinión no es vinculante.

Las concesiones del espectro radioeléctrico son otorgadas mediante licitación pública, asegurando el menor precio de los servicios al usuario final; en ningún caso el factor determinante para definir al ganador de la licitación debe ser, de acuerdo a la ley, el meramente económico. Las concesiones para uso público y social son sin fines de lucro y se otorgan bajo el mecanismo de asignación directa conforme a lo previsto por la ley y en condiciones que garanticen la transparencia del procedimiento.

Para contribuir a la trasparencia, el Instituto Federal de Telecomunicaciones lleva un registro público de concesiones. En él, se encuentra la información de las distintas concesiones otorgadas con el nombre del concesionario, fecha de otorgamiento de la concesión, vigencia, cobertura y servicios autorizados, así como el expediente digital que sustenta los datos respectivos.

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Miércoles, 21 de Octubre 2015 - 17:30
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Taxistas vs. Uber

El problema entre taxistas y los servicios prestados por las empresas Uber y Cabify no cesa. Ni los diálogos, ni los acuerdos serán suficientes.

Debo confesar que en un principio estaba en contra de estas apps. Aunque ellos se vendieran como un servicio de chofer privado, lo cierto es que no son otra cosa que taxis de lujo que brindan servicio por medio de aplicaciones electrónicas. En mi opinión no era justo que los taxis regulares tengan que pagar una innumerable y costosa bola de trámites para poder tener su permiso y tarjetón y que Uber y Cabify estuvieran exentos de ello.

Eso no quiere decir tampoco que defienda a los taxistas. Cuando uno toma un taxi en la calle, y aún los de sitio, nunca sabe contra qué se va a enfrentar. Desde el coche destartalado, aromatizantes baratos y penetrantes o en su defecto peste a cigarro o sudores, música a todo volumen, puertas que no abren, ventanas que no bajan, choferes sin educación, malos tratos, pésimos conductores con los que sentimos que arriesgamos nuestras vidas, taxímetros alterados, extra cuotas o tarifas preestablecidas. Todo ello si logramos que el taxista nos haga la parada, porque en más de una ocasión nos enfrentamos a aquellos que sin explicación alguna sólo nos dicen “no voy para allá”. Nunca he entendido ese pretexto “no voy para allá”. En realidad no van para ningún lado hasta que el cliente se lo indica, digo, si yo estuviera esperando un transporte sabiendo que va a un lugar en especial o que sigue una ruta, bien puedo tomar el micro que clarito dice “Metro Chapultepec”.

Esto en el mejor de los casos porque corremos el riesgo de toparnos con taxis piratas o arriesgarnos a asaltos y secuestros o, si quien aborda es mujer, acosos y hasta violaciones. No es de extrañar que ante estas inseguridades tengan tanto auge los servicios por aplicaciones. Por supuesto los taxistas han estado inconformes desde el principio alegando competencia desleal y la disminución de trabajo e ingresos ante estas compañías.

Después de varios meses de protestas y sesiones de diálogo y debate entre los representantes de ambos bandos, el gobierno del Distrito Federal publicó hace un par de semanas el esquema de regulación del servicio privado de pasajeros mediante aplicaciones (apps) y plataformas informáticas. 

No obstante ésto, los problemas siguen. Apenas esta semana una decena de coches de Uber fueron atacados con lujo de violencia, piedras y palos en los alrededores del aeropuerto de la ciudad argumentando que estaban haciendo “base” en las calles aledañas, cosa que por supuesto no está permitido.

Más allá de la violación de las reglas por parte de Uber, las acciones tomadas por los taxistas están totalmente fuera de lugar. Sus protestas cada vez más agresivas me hacen pensar que se convierten a pasos agigantados en un grupo igual al de los maestros y electricistas.

Lo que pasa con los taxistas es que gozan de una inmunidad impresionante lograda a base de la más pura y vil corrupción.

Ya con regulación y compitiendo limpiamente le doy pulgar arriba y todo mi apoyo a estas aplicaciones. Los taxistas en lugar de quejarse y argumentar lo primero que se les ocurra deben dejar de reaccionar violentamente y ponerse a trabajar en dar un buen servicio, ser respetuosos hacia los pasajeros y las reglas de tránsito, competir contra los taxis piratas, la cosa no es tan difícil. Con o sin Uber, si no tenemos un buen servicio de transporte buscaremos siempre mejores opciones.

Los dueños y choferes de taxis regulares que no están de acuerdo con estas aplicaciones tienen otra opción: Easy Taxi es una gran aplicación para taxistas que a los usuarios nos da la misma seguridad que brindan Cabify o Uber y, al ser evaluados por la empresa desarrolladora, tienen que cumplir con estándares de calidad y servicio.

Ni Uber, ni Cabify, ni Easy Taxi se van. Al menos en la Ciudad de México llegaron para quedarse. En una ciudad con tantos millones de habitantes que nos movemos a diario hay lugar para todos, pero si los taxistas no se aplican, entonces sí llevan la de perder.

La competencia desleal no existe: mientras que un taxi regular cobra aproximadamente 50 pesos en un recorrido de diez kilómetros, la tarifa de Uber se eleva hasta los 250.

Somos los usuarios los que decidimos los servicios que queremos. No necesitamos coches de lujo o botellita de agua embotellada, sólo un servicio a la altura.

Voy vengo.

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Viernes, 31 de Julio 2015 - 17:30
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¿Qué está en juego en el pleito de taxistas con Uber?

La empresa Uber –que mediante una aplicación tecnológica enlaza la oferta con la demanda de transporte individual y brinda similar servicio que el de los sitios de taxis– revoluciona un segmento del transporte público: sacude al gremio de taxistas y a las funciones reguladoras del gobierno y a su vez limita sus ingresos; asesta un golpe letal al sistema de organización clientelar y a un esquema de negocios corruptor. Pero de igual manera es una competencia desleal para los taxistas que deben pagar placas, licencia y revista e instalar taxímetros. Los taxistas de Uber se libran de toda esta monserga, que es fuente de corruptelas. A cambio, pagan un impuesto federal y ningún gravamen local. También deben contar con un seguro de cobertura amplia en caso de accidente. Uber certifica a los choferes de acuerdo con la calificación que le dan los usuarios, pero no tiene ninguna responsabilidad civil ni administrativa.

Es decir, las regulaciones que en el pasado pusieron por delante el interés gremial y no el común, fueron rebasadas: seguridad y calidad del servicio del pasajero la brindan los afiliados a Uber, y la tecnología (un algoritmo e internet) regula demanda y oferta: es innecesario que el taxi recorra la ciudad en pos de pasaje. Es un caso paradigmático de desplazamiento del Estado por el mercado: eficiencia, menores costos y contaminación, aunque no siempre es así. Pero el usuario del servicio que hasta aquí gana, tiene una desventaja: si un conductor lo asalta y se da a la fuga o lo secuestra, la única sanción es que Uber le dará de baja. Está desprotegido como en el sistema tradicional de taxis. Ergo, cabe preguntar: ¿cuáles son los estándares de control de la empresa y cómo se certifican? Es decir, ¿quién norma y evalúa al autorregulado?

¿Qué está en juego? En primer lugar cabe decir que el mercado es un mecanismo crucial para la innovación: derriba barreras y controles en desuso. El Estado va a la zaga y puede obstruir o coadyuvar a tal “destrucción creativa”. Su función es velar por el interés común, que no siempre coincide con el interés particular. Así que normas y regulaciones deben cubrir aquellos huecos que deja el mercado y acortar a gremios y monopolios. ¿Qué responsabilidades y límites debería tener Uber con el usuario si fracasan sus controles? ¿Cuál es la relación con los choferes? ¿Empleados o socios de la empresa? Si son empleados, ¿cuáles son sus obligaciones? Si son socios, ¿cómo reparten pérdidas y ganancias? ¿Cómo debe tributar? Este es el ámbito del Estado. Su papel es normar los intereses privados (empresas y gremios) a favor del bien común. La crisis es una oportunidad para alinear los intereses en pro del ciudadano.

Fecha: 
Jueves, 28 de Mayo 2015 - 17:30
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Aquí la guerra, allá el mercado

En Estados Unidos, la posesión de la mariguana para su uso recreativo y medicinal es ilegal a nivel federal pero a nivel estatal es legal en Alaska, Colorado, Oregón y Washington y también en las ciudades de Portland y South Portland, Maine y en la misma capital del país, Washington DC. La posesión para el uso medicinal de la hierba está autorizado en Arizona, California, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, Nevada, New Hampshire, Nueva York, Nuevo México, Nueva Jersey y Vermont. Además, todas las reservaciones indias están autorizadas para regular las leyes que regulan el uso de la mariguana.

El cultivo, la transportación y la venta de la mariguana es ilegal a nivel federal en Estados Unidos pero es legal, con ligeras variantes, en los estados en donde el consumo recreativo o medicinal está autorizado.

Se estima que en Estados Unidos las ventas legales de la mariguana en 2013 llegaron a los 1,530 millones de dólares. De legalizarse su consumo recreativo y medicinal a nivel federal, las ventas alcanzarían, solo durante el primer año de la legalización, los 35,000 millones de dólares, de acuerdo al GreenWave Report de octubre de 2014 (https://www.greenwaveadvisors.com/wp-content/uploads/GreenWave_Report_ES.pdf).

35,000 millones de dólares es mucho dinero. Equivale a poco menos de los ingresos anuales de la industria editorial estadounidense, a poco más de los de la industria dulcera y chocolatera y a 3.5 veces el ingreso la National Football League (NFL).

De acuerdo a un estudio del James A. Baker III Institute for Public Policy publicado en el sitio web del Houston Chronicle el 3 de noviembre del año pasado (http://blog.chron.com/bakerblog/2014/11/the-cannabis-industry-growing-pains-for-now-but-success-will-come/), el mercado ilegal de la mariguana puede valer entre los 18,000 y 30,000 millones de dólares.

Si el mercado total de la mariguana legal a nivel federal fuera de 35,000 millones de dólares, el gobierno estadounidense podría obtener ingresos de unos 17,500 millones siempre y cuando los impuestos a la hierba fueran equivalentes al 50% de su valor de venta.

La lógica del mercado y las necesidades fiscales de un gobierno sobre endeudado tarde o temprano se impondrán en Estados Unidos y el cultivo, transportación, venta y consumo de la mariguana terminarán siendo actividades legales.

Tal vez por eso en la Cámara de Representantes se presentó el jueves pasado una iniciativa para remover a la mariguana de la Ley de Substancias Controladas y crear la Ley para Regular a la Mariguana como al Alcohol. Para justificar la iniciativa, su promotor, el demócrata por Colorado Jared Polis, señala lo siguiente: “El año pasado, Colorado demostró que regular la mariguana como el alcohol le quita dinero a los criminales y los cárteles, hace crecer nuestra economía y mantiene a la mariguana fuera del alcance de los niños. Mientras que el Presidente Obama y el Departamento de Justicia han permitido que avance la voluntad de los votantes en estados como Colorado y otras 22 jurisdicciones, los dueños de pequeños negocios, los pacientes de la mariguana medicinal y otros que acatan las leyes de Colorado todavía viven con el temor de que un nuevo gobierno federal - o el actual - podría revertir el curso y convertirlos en criminales. Es hora de reemplazar la prohibición fallida con un sistema regulatorio que funcione y permitir que los Estados y las municipalidades decidan por sí mismos si quieren, o no quieren, tener mariguana legal dentro de sus fronteras”.

Y mientras que en el principal país consumidor de mota avanza la causa a favor de su legalización, en México nuestro gobierno sigue gastando una enorme cantidad de recursos económicos, materiales y humanos en la más que fallida guerra contra el cultivo, transportación, venta y exportación de la mariguana.

¿No es hora de que nuestro país empiece a seguir el ejemplo de Alaska, Colorado, Oregón y Washington y mejor dedique tantos recursos a otros asuntos más urgentes?

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Fecha: 
Martes, 03 de Marzo 2015 - 12:00
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Nombramiento de Virgilio Andrade. Más fallecimientos por explosión de Hospital en Cuajimalpa. Quiebra de Radio Shack

En esta ocasión me acompañan Tere Vale, Bernardino Esparza y Álvaro Rattinger. Los temas que abordamos esta noche fueron:

  • Nombramiento de Virgilio Andrade como secretario de la SFP
  • Aumento el número de fallecimientos por la explosión de Hospital Materno-Infantil de Cuajimalpa 
  • La falta de regulación a las compañías gaseras
  • La quiebra de RadioShack

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Lunes, 09 de Febrero 2015 - 15:30
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La Dirección de Juegos y Sorteos de Gobernación... ¡Senadores al Rescate!

Cuando los premios ofrecidos en los sorteos que organizan diferentes instituciones y autoriza la Secretaría de Gobernación no se alcanzan a repartir —por cualquier razón— estos pasan a ser patrimonio de la Secretaría. Así puede haber automóviles, estufas, lavadoras, etcétera. Su producto se debe destinar para los fines sociales de la dependencia.

Como históricamente no hay mucho control en todo ello, se decía que la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación era la "caja chica" del señor secretario. Ahora, si se aprueba la nueva Ley de Juegos con Apuesta esta Dirección —fuente de corrupción— desaparecerá. Se va a sustituir por un ente aparentemente autónomo: un Instituto.

Es un hecho que muchos de los directores de la citada dependencia han enfrentado denuncias por peculado y corrupción. Es el caso de Rafael de Antuñano Sandoval en tiempos de Francisco Labastida Ochoa y de Roberto Correa Mendez y Guadalupe Vargas en tiempos de Fernando Gómez Mont sólo por mencionar unos cuantos.

Sergio Orozco Aceves, el jefe de Antuñano tuvo que responder a denuncias en su contra. Desconozco si la acusación prosperó. Este individuo autorizó que 84 millones de pesos que la nueva permisionaria del Hipódromo de las Américas (AMH ahora CODERE) debía pagar para obtener dicho permiso  —para liquidar a los trabajadores de la anterior permisionaria—  permitió que dicho dinero, en respuesta a la solicitud que presentó el Ing. José Manuel Alavez representante en aquel entonces de la permisionaria, se fuera pagando de las participaciones que le correspondían a la Secretaría (Oficio 1709/98). También consintió una gran cantidad de modificaciones al permiso original y para beneficio de la empresa.

Marcela González Salas y Petricoli —quién presume de su amistad con el Presidente— es a quien se le encargó esta Dirección en la administración actual y en las reuniones que los representantes de los propietarios de caballos de carrera tuvimos con ella —y ante su total desconocimiento del tema— le explicamos que para que el Hipódromo funcione como es debido, se necesitan básicamente dos cosas: una autoridad hípica independiente de la empresa y premios suficientes para que los caballos se puedan mantener.

De acuerdo al artículo 47 del Reglamento vigente, los Órganos Técnicos de Consulta se deben conformar de la siguiente manera:

"Los órganos técnicos de consulta deberán organizarse de forma tal que incorporen como asociados a la mayoría de los participantes en las carreras de caballos y de galgos... sic. Serán participantes las asociaciones de caballistas, galgueros, empresarios, criadores de caballos y de galgos, jinetes, árbitros o jueces, entrenadores, pelotaris, permisionarios de hipódromos, galgódromos o frontones, pero no así el público en general".

Esta aberración se lo debemos a Santiago Creel...¿Cómo jinetes, entrenadores y permisionarias van a participar en un Órgano que se supone los debe vigilar y regular?

En mayo de 2013, las tres únicas asociaciones que realmente representan al gremio hípico y que hacen posible las carreras de caballos, le solicitamos por supuesto —respetuosamente— autorizara la conformación de un nuevo Órgano Técnico de Consulta que substituyera al formado por la empresa —por el mismo Ing. José Manuel Alavez— y fundamentamos que el actual es una "simulación" perfecta. La respuesta fue la típica: "su solicitud va ser estudiada...".

El 18 de diciembre pasado la Dirección Adjunta de Fundamentación Jurídica de la Dirección de Juegos a cargo de Marcela, comunica al secretario ejecutivo del Órgano Técnico de Consulta, mediante oficio # 0739/2014, su conformidad con la renuncia de los anteriores comisionados y el nombramiento de otros personajes: Patricio Eugenio Zambrano Plant, ex presidente de la Federación Mexicana Ecuestre —que nada tienen que ver con las carreras de caballos—; Jaime Castruita Padilla, ex presidente de la Presidente de la Asociación Mexicana de Charrería, ¿charros regulando el Hipódromo? y Juan Salgado Vázquez, médico veterinario hijo de un ex criador de caballos. Este es el Consejo de Comisionados sin que ninguno de ellos sean "participantes activos en las carreras de caballos" y por ende, sin cumplir con lo que manda el Reglamento.

Así es como Marcela González Salas sigue permitiendo que el Órgano Técnico de Consulta actual —propiedad por la permisionaria— funcione sin hacer caso al Reglamento y a las solicitudes de los participantes activos del Hipódromo.

En la nueva Ley de Juegos con Apuesta aprobada por los Diputados —si se aprueba como está— los Órganos Técnicos de Consulta se van a integrar de igual manera dejando a la discrecionalidad del nuevo Instituto que va a sustituir a la Dirección de Juegos. Se necesita corregir y legislar de mejor manera.

Nuestra propuesta es agregar un artículo a la Ley que pudiera quedar de la siguiente manera:

www.purasangre.com.mx/PropuestaSenado.pdf

Veremos si los Senadores se animan a enriquecer la iniciativa y pongan cimientos para desarrollar una Industria Hípica Mexicana que genere miles de empleos.

Y como el Presidente Enrique Peña Nieto quiere estar en contacto con los ciudadanos, le envió en tweet correspondiente para su información.

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Miércoles, 14 de Enero 2015 - 17:00
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Renuncia del Secretario de Seguridad Pública del DF. Ley federal para regular marchas y manifestaciones. Plan de reactivación de Acapulco

Esta tarde me acompañan Tere Vale, Anayanssi Moreno y Bernardino Esparza. Comentamos sobre la renuncia del Secretario de Seguridad Pública del DF; la polémica sobre la ley federal para regular marchas y manifestaciones; el plan de reactivación de Acapulco anunciado por el Presidente Enrique Peña Nieto; la credibilidad de las instituciones; el servicio de autos de alquiler Uber. Tomás Borges nos recomienda una novela. Mónica Belén nos sugiere que hacer este fin de semana.

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Viernes, 05 de Diciembre 2014 - 19:30
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Iniciativa del IFAI de Ley de Transparencia: ¿Qué pasó con la política de reserva de información?

El Congreso tiene hasta febrero de 2015 para aprobar la Ley secundaria en materia de Transparencia.

Es muy importante entender la política de reserva de información, porque la información a la que en la práctica tendremos acceso lo ciudadanos será la implementación de lo dicte la ley menos la política de reserva (incluida en la ley).

El IFAI ya presentó su iniciativa, con avances para la transparencia pero con una política de reserva muy cuestionable. Hay excesiva generalidad en las causales y de las posibilidades de que una interpretación de éstas lleve a reservar información elemental para la rendición de cuentas.

Se trata simplemente de precisar y no dejar a la interpretación estas causales de reserva de información. Tenemos que dejar muy delimitado cuando sí se puede reservar información y no hablar de áreas generales, necesitamos una política muy específica.

Por otro lado la propuesta no reduce le tiempo de reserva actual y es omisa para regular la implementación de la reserva de información, lo que es delicado porque dicha omisión más bien deja abiertos espacios para la discrecionalidad. 

La ley actual solicita a los sujetos obligados la elaboración de un índice se reserva de información, el cual ayuda a especificar que documentos están reservados, estipula que deberá ser entregado al IFAI pero no obliga su publicación. Pues esta propuesta para la nueva ley ni siquiera menciona la existencia del índice. Así, no queda claro como el IFAI va a saber que documentos están reservados. De hecho la publicación de ese índice era el siguiente paso a dar para que esa política de reserva evolucionara. 

No se promueve una mejora en la claridad, transparencia y contundencia de la política de reserva de información, en este aspecto, lo propuesto no está en línea con el principio de la máxima publicidad de la información.

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Jueves, 06 de Noviembre 2014 - 18:30
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La Iniciativa de la Ley de Juegos... ¿Atorada...?

Las acusaciones públicas del diputado Fernando Zárate Salgado en contra de los diputados panistas que participan en la Comisión de Juegos y de distintos funcionarios de los sexenios de Felipe Calderón y de Vicente Fox por favorecer ciertas prácticas indebidas para el otorgamiento de permisos de las llamadas "casas de apuesta" aparentemente "atoraban" la presentación de la iniciativa de la Ley de Juegos y Sorteos.

Indicó que en cinco días bajo la dirección y conducción de Santiago Creel en la Secretaría de Gobernación, se entregaron 432 permisos para centros de apuesta por 25 años implicando que se pudo beneficiar en ello.

Lo que sí es una realidad es que durante esa administración se derogó el decretó presidencial de 1974 que creó la Comisión Nacional de Carreras y Santiago Creel Miranda emitió un Reglamento (2005), a modo, para permitir que sus amigos resultaran beneficiados e hicieran sus negocios particulares, léase Manuel I. Pacheco Hinojosa principalmente.

La directora general de Juegos y Sorteos de la Segob, Marcela González Salas (priísta-perredista-priísta) conoce formalmente de todo ello. En la siguiente liga se puede leer esta información.

www.purasangre.com.mx/Escritopresentado8octubre2013redanexo.pdf

Es necesario recordar que precisamente para indagar el otorgamiento de permisos para juegos y sorteos e investigar esos actos de corrupción de los políticos y funcionarios públicos se formó la Comisión Especial en la Cámara de Diputados. El diputado Zárate señala los casos de Santiago Creel, Abraham González, Roberto Gil y César Nava.

A la fecha no conozco un informe de dicha Comisión sobre qué irregularidades encontró y a mi parecer no hay "denuncias formales"  sobre lo que asegura el diputado Zárate los cuales podrían tipificarse como "tráfico de influencias" o algo así. No lo sé.

Es conocido que la Dirección de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación ha cancelado algunos de los permisos que se otorgaron en aquellas fechas. Ciertos municipios del país y del Distrito Federal han clausurado algunos centros de apuesta  por no contar con los usos de suelo correspondientes.

En nuestras colaboraciones anteriores hemos denunciado que el permiso que explota Administradora Mexicana de Hipódromo (AHM), en los terrenos federales de las Lomas de Sotelo, cuyo accionista mayoritario es ahora la empresa española CODERE (en contra de lo que dicta la clausula primera de dicho permiso que precisa que solo el 49% de la participación accionaria puede estar en manos de extranjeros), y más grave todavía, la actual permisionaria del único hipódromo que sobrevive en el país, no ha cumplido con el objeto del permiso, es decir, rescatar la industria hípica de carreras de caballos y hacerla crecer. Al contrario, la tienen en terapia intensiva. De ello, el diputado Zarate ni ninguno de los miembros de la referida Comisión ha hecho pronunciamiento alguno. ¿Han investigado....?

Hemos analizado la Iniciativa de la Ley en la parte que toca a las carreras de caballos y hemos hecho propuestas concretas para que la Ley sea puntual. El proyecto de Ley vuelve a dejar a la discrecionalidad del nuevo ente regulador propuesto —el Instituto Nacional del Juego—  toda la actividad hípica del país.

Las propuestas son 1) que en la Ley se incluya de una buena vez, un Órgano Técnico de Consulta denominado "Comisión Nacional de Carreras" y 2) que el director del Instituto no sea nombrado por el Secretario de Gobernación para garantizar la completa autonomía de este órgano regulador.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera que preside la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados comentó que en breve se discutirá si el documento se devuelve a la Comisión Especial, para que continúe su discusión —esperamos no se meta a la congeladora— o si, por el alto nivel de consenso del proyecto, se turna de manera directa a la Comisión de Gobernación, con el fin de que se elabore el dictamen.

Insisto, la Industria Hípica de carreras de caballos Pura Sangre es una actividad económica millonaria que bien promovida, regulada y vigilada tiene un potencial enorme para crear miles de empleos especializados y bien pagados que tanto le urgen a este país y merece una legislación adecuada. ¡Sí se puede!

En la siguiente liga, se puede ver cómo en Panamá, en menos de dos cuartillas, se legisló en la materia. ¿No los podemos copiar?

www.purasangre.com.mx/Imagenes/Ley71Panama6sept2011.pdf

Corolario: Ayer se efectuó la Subasta Anual de Caballos Pura Sangre y fue un rotundo fracaso. Los señores que organizan este evento no se han dado cuenta que quién sigue haciendo lo mismo, obtiene lo mismo.

Fecha: 
Miércoles, 29 de Octubre 2014 - 17:00
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