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Primero de mayo: Jalisco y Guerrero

Lo sucedido en Jalisco y Guerrero el primero de mayo ha significado el peor golpe que en el sexenio ha recibido la política de seguridad del presidente Peña Nieto. Toda la prensa nacional y buena parte de la de Estados Unidos y Europa informaron sobre los sucesos en Jalisco y otros estados.

Oficialmente, lo ocurrido en Jalisco fue la respuesta violenta de los narcotraficantes ante el despliegue de las fuerzas federales en Jalisco y Colima para desarticular al grupo criminal que actúa en la región, lo que derivó en enfrentamientos, bloqueos, incendios a vehículos y establecimientos, así como el ataque a un helicóptero militar.   

Las acciones que afectaron a 25 municipios jaliscienses dejaron un saldo de siete muertos —tres de ellos militares y un agente estatal—, 19 detenidos y daños materiales sin cuantificar. También resultaron afectados poblados y ciudades de Colima, Nayarit, Michoacán y Guanajuato. Por si fuera poco, al otro día, el 2 de mayo, se dieron bloqueos y quemas de vehículos, ahora en la zona de Puerto Vallarta.

El gobierno federal, a través del Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, fue el que aseguró que la violencia fue una reacción de los narcotraficantes al lanzamiento este viernes de la “Operación Jalisco”, en la que militares y policías federales se desplegaron para desarticular al cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Si la intención de que fuera el comisionado Rubido, y no el secretario de Gobernación, quien diera el parte oficial de lo sucedido era darle menos importancia a los hechos, esto no se logró. 

Por otro lado, lo dicho por Rubido no se sostiene. Los criminales no “reaccionaron”, se adelantaron al operativo, lo que significa que puede haber fugas en el manejo de la información de los operativos. Al final, el supuesto operativo no logró grandes cosas y el costo en vidas y económico fue muy alto. El mayor problema es que con los sucesos –y en gran parte por todo el material que circuló en medios y redes sociales–, daba la impresión de que el Estado estaba rebasado y la ciudadanía en una situación de total indefensión.  

MATAN A CANDIDATO: un comando ejecutó a balazos a Ulises Fabián Quiroz, candidato de la alianza PRI-PVEM a la alcaldía de Chilapa, ubicado en la Montaña baja de Guerrero. Según la información, Fabián Quiroz se encontraba en un acto de proselitismo político en el poblado de Atzacoaloya cuando llegó el grupo armado y lo asesinó a balazos. Chilapa es un municipio que se disputan los grupos delictivos Los Rojos y Los Ardillos. Un par de días antes, en esta misma zona, habían amenazado a Luis Walton. Sobre advertencia, no hay engaño; así se las gastan los criminales. 

Fecha: 
Lunes, 04 de Mayo 2015 - 17:00
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¡Milagro! ¡Milagro! ¡Ha ocurrido un milagro!

Así podrían gritar muchos al enterarse que Jesús Ubando López, Juez Trigésimo Segundo de lo Penal con sede en el Reclusorio Preventivo Sur del Distrito Federal, dictó auto de formal prisión contra un anarquista llamado Fernando "N", quien está acusado de incendiar, junto con otros individuos, la estación Ciudad Universitaria del Metrobús y un camión de ese sistema de transporte, el 5 de noviembre pasado.

Y vaya que es un milagro lo que ocurrió en el Juzgado 32 a cargo de Ubando López, porque la realidad es que en este país no es delito grave quemar edificios públicos, saquear comercios, incendiar vehículos, secuestrar autobuses, apoderarse de las casetas de cobro de carreteras de cuota, robarse la gasolina o el diesel de las pipas, golpear a policías armados solo con un escudo, apoderarse violentamente de escuelas públicas, bloquear aeropuertos, carreteras y calles, mutilar monumentos históricos o incendiar puertas del Palacio Nacional, entre otros crímenes que se cometen con absoluta impunidad.

Quienes realizan tales actos contra la propiedad pública y privada agreden de alguna manera a los millones de mexicanos que directa o indirectamente pagamos el costo de su violencia. Sus delitos nos hacen perder horas de nuestras vidas, afectan nuestros ingresos y los de las empresas, sobre todo las más pequeñas, desvían nuestros impuestos a reparar lo que destruyen.

Increíblemente, hay quienes defienden las acciones de estos delincuentes alegando que los daños que causan son infinitamente menores a los que han ocasionado u ocasionan los miles de funcionarios y políticos corruptos que desde siempre han visto la riqueza de nuestro país y los impuestos que pagamos como un  botín, que han actuado pensando primero en ellos y, tal vez, después en el país, que han tomado decisiones equivocadas que han resultado en varias quiebras económicas y el eterno subdesarrollo nacional.

Estos defensores de quienes violan la ley con absoluta impunidad afirman que primero deberían ser sometidos a juicio los funcionarios y líderes sindicales que se han vuelto millonarios abusando de sus cargos y poder. Preguntan, por ejemplo: “¿Quién es peor, el que quema un camión o un gobernante coludido con la delincuencia organizada? ¿el que bloquea calles o el gobernante que endeuda durante décadas a su país, estado o municipio? ¿el que saquea una tienda de conveniencia o el que saquea la tesorería pública? ¿el que ilegalmente cobra el peaje de una carretera o el funcionario que despilfarra nuestros impuestos?

La verdad es que ambos son funestos y ambos deberían responder por sus actos u omisiones. El problema es que en nuestro país es verdaderamente raro que uno o el otro tengan que enfrentar la acción de la justicia.

Por eso, muchos exclamarán que es un milagro lo que ocurrió en el Juzgado 32. Personalmente no creo que ocurrió algo sobrenatural en este caso. Simple y sencillamente falló el sistema que otorga impunidad al 99% de los pillos mexicanos. Alguien se equivocó en ese juzgado.

Foto: seguridadnacionalhoy.com

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Fecha: 
Jueves, 13 de Noviembre 2014 - 12:00
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