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Observatorio ciudadano: Impunidad

No cabe duda que de los hechos más trascendentes que han ocurrido en estos últimos días están dos vinculados por su impacto social y político: la reforma constitucional en materia de corrupción y el informe sobre impunidad, dado a conocer por el rector de la Universidad de las Américas de Puebla, Luis Ernesto Derbez. Me referiré, en esta ocasión, al segundo de ellos.

Dados como somos a magnificar las expectativas sobre anuncios que se antojan “bomba”, estoy seguro que un numeroso grupo de personas estuvimos atentos a los resultados de esa investigación. No es para menos. Se trata de una de las prácticas más lacerantes a la que nos enfrentamos los mexicanos desde hace años: la impunidad.

Ser impune puede ser “padrísimo”. Imaginemos el gozo interno de un menor que se sale con la suya en una travesura entre hermanos; podemos especular sobre la sonrisa malévola de un violador, cuando sabe que su víctima no denunciará la agresión; e incluso podemos oír la expresión de un recién nombrado funcionario público (no importa el tamaño del cargo) que expresa un “Ya la hice”, cuando sabe el monto de los recursos públicos que tendrá en custodia y de los cuales desviará una parte para ese “hacerla”.

En cualquiera de los tres escenarios propuestos sólo como ejemplo, hay un ofendido. No importa el tamaño del agravio, porque sustancialmente tiene un mismo valor, que es justamente la impunidad.

Los datos expresados por ex canciller Derbez son importantes, aunque sean parciales, pues se refieren a una sola parcela del amplio espectro en donde se da la impunidad. Sí, como sociedad con aspiraciones democráticas, es trascendente que conozcamos la información dura del fenómeno en comento, pues si bien es cierto que cada uno de nosotros tenemos una percepción sobre el asunto, la sistematización y ponderación de números adquiere solidez.

Resulta desastroso y desesperanzador que, justo cuando en el Congreso de la Unión se aprueban las bases para un sistema anticorrupción, sepamos que nos encontramos en el segundo lugar frente a otras 58 naciones. No nos ha asombrado que nos gane Filipinas, pero nos callamos ante la posibilidad de que en un estudio global quedemos peor parados.

Resulta muy relevante esa información, cuando la sociedad duda cada día más de la política como forma de resolver problemas y armonizar los intereses de todos. El estudio revela que parte del problema de la impunidad es sistémico y estructural, y tiene un puerto de toque en los índices de gobernabilidad.

En efecto, el Instituto del Banco Mundial ha definido seis dimensiones que reflejan el grado de gobernabilidad de un país, entre los que se encuentra el Estado de Derecho, que se refiere a la calidad en el cumplimiento de los contratos, la impartición de justicia en los tribunales, la calidad de la policía y la incidencia del crimen y la violencia. En el centro de ello, creo yo, está la impartición de justicia que se refleja en casos como el de Ayotzinapa, la falta de denuncia de algunos delitos como la violencia intrafamiliar, secuestros, robos, etc.

Que como país de impunes nos hayan dado un numerito, es crucial para darnos cuenta de la necesidad de una transformación a fondo de la sociedad. No bastará un marco regulatorio anticorrupción. Lo que se ocupa es que asumamos nuestro papel ciudadano de denuncia y exigencia ante los abusos, las injusticias y los latrocinios, pero sabiendo que lo más importante está en el ámbito personal e íntimo. Aunque no acepto que la corrupción está en los genes del mexicano, sí comprendo que el problema es de proporciones mayúsculas por nuestra negativa a los cambios. Ése, es el verdadero problema.

Fecha: 
Sábado, 25 de Abril 2015 - 11:00
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