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El papel de Alfredo Castillo en Michoacán

El comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, fue retirado de su cargo el 22 de enero pasado, el cual desempeñó por poco más de un año. ¿Qué evaluación merece su desempeño? Cuando inició sus labores la situación era crítica: los grupos criminales dominaban a casi toda la entidad, extorsionaban e imponían derechos de piso (que no es otra cosa sino el cobro de impuestos), administraban justicia y también secuestraban y asesinaban. Pululaban grupos armados en los que se mezclaban autodefensas y delincuentes: soplaban vientos de guerra civil. Al término de su labor logró replegar a Los Templarios y se redujo sustancialmente la extorsión y el cobro de piso. Reagrupó a los grupos rebeldes y los convirtió en fuerzas rurales, logrando un frágil armisticio.

Sin duda hay avances. Aunque su legado también entraña graves fallas. La regularización de las fuerzas de las autodefensas es una manzana envenenada: estos rurales son integrados por fuerzas rivales y por delincuentes arrepentidos o que dejaron su antigua filiación por así convenirles, al menos coyunturalmente. En los últimos días de la gestión de Castillo fuimos testigos de los riesgos de estas rivalidades. Igualmente vimos el surgimiento de al menos una nueva célula, Los Viagra: no se quiere entender que la decapitación de una banda genera nuevos grupúsculos, usualmente más peligrosos para la seguridad y el patrimonio de las personas. Pero su mayor falta es que no tuvo la visión de crear ni fortalecer las capacidades institucionales de Michoacán para mejorar la gobernación y sentar las bases del desarrollo y la seguridad a largo plazo. Tampoco sabemos cómo gastó el cuantioso dinero federal.

Más allá del paso fugaz de Castillo, hay una deficiencia crucial en la estrategia que aplicaron las elites gobernantes en Michoacán: un diagnóstico equivocado de la crisis de la entidad. Se partió de que el problema se circunscribía sólo a someter a las mafias sin enfrentar su origen, que es doble: la hipócrita guerra contra las drogas y el colapso del Estado de derecho a causa de la impunidad y la corrupción. El mismo nombramiento del comisionado nace de una violación a la Constitución. Lo procedente era desaparecer los poderes en Michoacán y no nombrar a un procónsul al margen de la ley. El colapso de la entidad se debe a años de tolerar todo tipo de delitos y desmanes (impunidad) y de la corrupción de los gobiernos. Y el comisionado surge de una violación a la ley, soporte de la convivencia civilizada. ¿Cómo curar a un enfermo violentando los protocolos médicos? Esta es la tragedia de México.

Fecha: 
Jueves, 29 de Enero 2015 - 18:00
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Michoacán, otra vez

“Éramos muchos y parió la abuela”, reza el dicho para ejemplificar que cuando existen graves problemas, siempre puede ocurrir otro más y así ha resultado con Michoacán. En el momento en que Guerrero es un foco rojo, aparece Michoacán como otro reto más en el ya problemático panorama de este 2015.

El pasado 16 de diciembre, se registró un enfrentamiento entre dos grupos de la Fuerza Rural (el encabezado por Hipólito Mora y el liderado por Luis Antonio Torres, El Americano), en la localidad de Felipe Carrillo Puerto, el cual dejó un saldo de 11 muertos; entre ellos, el hijo de Hipólito Mora, quien es además uno de los fundadores de las autodefensas de Michoacán.

Tras los hechos, Alfredo Castillo Cervantes, Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral del estado, explicó que la “rivalidad histórica” entre ambos personajes, fue la que provocó la balacera, como si esta “explicación” fuera suficiente para justificar la inacción gubernamental en algo que ya se preveía. Ahora, ambos líderes han sido consignados por homicidio.

Posteriormente, en otro hecho sangriento, el pasado 6 de enero se dieron dos enfrentamientos entre las fuerzas federales y un grupo de civiles armados que mantenían tomadas las oficinas de la alcaldía de Apatzingán. El saldo fue de nueve muertos y 44 detenidos. Hasta el momento, se ignora si los que tomaron la alcaldía pertenecían al cartel de “Los Viagra” o no. Sobre esto, el comisionado Castillo declaró que la violencia se encontraba “muy focalizada” y el resto del estado estaba en calma.

Estos hechos han puesto en el tapete de la discusión la estrategia que el gobierno federal ha llevado a cabo en el estado. En su momento, se aseguró que la Policía Rural era una corporación que ayudaría a la seguridad pública en el estado. Con los enfrentamientos, tal propósito quedó claramente enterrado. Estos episodios ponen de manifiesto no sólo la debilidad de la labor de Castillo, sino que se mantienen sin aclarar los vínculos de los policías rurales con la delincuencia organizada. Las versiones que aseguran que el comisionado toleró a personajes con un historial criminal se han reavivado.

El experimento federal de las autodefensas ya dio de sí. Hay que reconocer que ayudaron en una transición difícil, pero este camino se agotó y lo que queda es un panorama sumamente complicado, pues al deterioro y dudas que giran en torno a las corporaciones policiales locales, se suma ahora el que acarrean las rurales.

Urge que el gobierno federal relance su estrategia en el estado, y que ello comience por crear las condiciones para evitar  nuevos enfrentamientos y una transición que logre regularizar a las Fuerzas Rurales o bien que las desaparezca, previo desarme.

Fecha: 
Miércoles, 07 de Enero 2015 - 18:00
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