Se encuentra usted aquí

policía federal

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

La inservible Policía Federal

La Policía Federal fue creada mediante la Ley de la Policía Federal que expidió el presidente Felipe Calderón el 1 de junio de 2009. De acuerdo con ella, sus objetivos son: “Salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos; aplicar y operar la política de seguridad pública en materia de prevención y combate de delitos; prevenir la comisión de los delitos; e investigar la comisión de delitos…”.

Si examinamos las estadísticas resulta más que evidente que la Policía Federal nunca cumplió con sus objetivos porque las tasas delincuenciales están en niveles escandalosos.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el periodo 2009-2018 se cometieron 207 116 homicidios, 80% de ellos “por el control territorial del mercado de drogas”, según el director de la organización Semáforo Delictivo, Santiago Roel.

INEGI reporta que, para el periodo 2008-2017, las tasas de homicidio por cada 100 000 habitantes fueron:

2008: 12.60

2009: 17.50

2010: 22.54

2011: 23.52

2012: 22.18

2013: 19.48

2014: 16.71

2015: 17.16

2016: 20.09

2017: 25.97

 

La Organización Mundial de la Salud define que existe una epidemia de homicidios cuando la tasa de este delito es mayor de 10. De acuerdo a esta definición, México padece tal epidemia desde 1931, que fue el primer año en que se contabilizaron los homicidios. La tasa récord de 67.04 se estableció en 1940 cuando gobernaba Lázaro Cárdenas. Los únicos años en que la tasa se mantuvo por debajo de 10 fueron de 2003 a 2007, es decir, los últimos cuatro años del sexenio de Vicente Fox más el primer año del gobierno de Felipe Calderón.

Nuestro país ha sido siempre muy violento, pero hasta hace pocos años los medios de comunicación no difundían lo que sucedía. Desde que el gobierno dejó de ejercer un control férreo sobre ellos, en 2000, y con la aparición de las redes sociales, los mexicanos nos enteramos de una situación que nuestros ancestros intuían, pero desconocían.

En lo que a los delitos perpetrados desde la creación de la Policía Federal se refiere, las cosas tampoco han marchado bien.

En el periodo 2010-2017, las tasas de incidencia delictiva publicadas por el INEGI, que incluyen todos los delitos perpetrados, indican que entre 3 y 4 de cada 10 habitantes fuimos víctimas de la delincuencia. Las tasas por cada 100 000 habitantes para cada año fueron:

2010: 30 535

2011: 29 200

2012: 35 139

2013:41 563

2014: 41 655

2015: 35 497

2016: 37 017

2017: 39 369

Ahora bien, estas cifras no muestran la realidad porque el 93.2% de los delitos no se denuncian, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2018, realizada por el INEGI. ¿Quieres saber las tasas reales? Te invito a que uses tus habilidades matemáticas para calcularlas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que la Guardia Nacional sí funcionará, a diferencia de la inútil Policía Federal.

Esperemos que así sea.

Mientras tanto, tan solo 810 de los 37 000 policías federales realizan un paro y bloquean calles y carreteras dizque para proteger sus derechos, pero en realidad para crearle más problemas al gobierno de Andrés Manuel.

Twitter: @ruizhealy

Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

Instagram: ruizhealy

Sitio: ruizhealytimes.com

Secciones:

Fecha: 
Viernes, 05 de Julio 2019 - 13:00
Redes sociales: 
1
Fecha B: 
Viernes, 05 de Julio 2019 - 21:45
Fecha C: 
Sábado, 06 de Julio 2019 - 09:00
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Temixco: inicia el año con el maniqueísmo de siempre

Mal inicia la semana para quien matan en lunes, dicen por ahí, y mal las cosas empiezan en el año para Morelos. En efecto, el asesinato de la alcaldesa electa de Temixco, la perredista Gisela Mota, subraya varios fenómenos a los que no se ha querido dar carta de plena existencia. El primero, es la situación de inseguridad que se vive en el corredor Guerrero-Morelos, que hace mucho rebasó a las autoridades locales, sean municipales o estatales. Ni Héctor Astudillo ni Graco Ramírez parecen asumir la situación y se dedican a responder con lugares comunes ante los hechos sangrientos que suceden cotidianamente. Las autoridades federales también están rebasadas, pero de diferente manera. Los gobiernos locales no parecen saber qué pasa, tampoco parecen poder contra el crimen organizado que está enquistado en esferas de poder. Además, da la impresión de que no quieren sumarse a una lucha a la que temen. No saben, no pueden, no quieren.

En cambio, el gobierno federal sí sabe y sí quiere, pero no puede. Son tantos los asuntos en los que los policías federales y las fuerzas armadas están involucrados que no se dan abasto. Ahora no sólo se dedican a mantener la seguridad y combatir el crimen, además de ayudar a la población en casos de emergencia, sino que custodian a los maestros que tratan de cumplir con la evaluación. Son muchos pequeños incendios (algunos no tan pequeños) y los guardianes del orden no son tantos. Han estado más de ocho años en las calles, han muerto muchos de sus elementos, ¿cuánto tiempo más se puede mantener este esquema?

Por lo pronto, el gobernador Ramírez ha dado su explicación de lo que sucedió tras la muerte de la presidenta municipal de Temixco: se trató de un intento de frenar el mando único. Por esa razón, ayer en la tarde decretó que todos los municipios de la entidad estarán regidos por ese mando. Mientras, algunos personajes como Javier Sicilia reprochan al gobernador lo imposible: que le brinde protección a los presidentes municipales, a todos ellos. Los medios y las autoridades explican que la zona está bajo control del grupo delictivo de Los Rojos, quienes se oponen a que las autoridades tomen el control.

Esta narrativa en términos de buenos y malos niega algo esencial: no hay manera de que las bandas criminales subsistan si no es a través de una vasta red en donde están involucrados funcionarios y población civil, quienes obtienen ganancias a cambio de proteger los intereses de dichos criminales. Los personajes críticos debían también encaminar sus palabras para exigir que todas las personas involucradas paguen por sus delitos. Estos delincuentes pasan por ciudadanos honorables y en realidad son cómplices de los peores crímenes en la historia reciente de nuestro país. 

Fecha: 
Lunes, 04 de Enero 2016 - 17:00
Redes sociales: 
1
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

42-1

43 personas murieron el viernes pasado durante una balacera entre sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación y policías federales en el Rancho El Sol, entre Ecuandureo y Tanhuato, Michoacán.

42 de los muertos eran parte de un grupo de unos 60 delincuentes que armados con fusiles AK-47 y Barrett 50 se enfrentaron a aproximadamente 40 federales que en esta ocasión estuvieron apoyados por un helicóptero Blackhawk y llegaron al lugar a bordo de ocho camionetas, cuatro de ellas blindadas.

Entrevisté ayer en mi programa de radio y TV a Enrique Galindo Ceballos, el Comisionado Nacional de la Policía Federal (PF). Le dije que muchos nos estábamos preguntando la disparidad en el marcador final de la balacera: 42 delincuentes muertos contra un solo policía federal.

Galindo me explicó que en esta ocasión la PF estaba muy bien preparada para el enfrentamiento. En primer lugar, los policías llegaron temprano en la mañana y sorprendieron a los delincuentes. Éstos ofrecieron resistencia y dispararon contra aquellos pero muchos de ellos, por estar “crudos” y desvelados, no fueron lo eficaces que han demostrado ser cuando matan a soldados, marinos y federales en una emboscada. En segundo lugar, los primeros policías que ingresaron al rancho iban a bordo de las cuatro camionetas blindadas, lo que les dio la suficiente protección para enfrentar la andanada de balas que recibieron de los sicarios. En tercer lugar, el apoyo del Blackhawk fue invaluable para neutralizar a muchos de los delincuentes.

De acuerdo a las autoridades, unos 20 sicarios escaparon, tres fueron capturados y ninguno de los muertos aceptó rendirse al pedírsele que lo hiciera.

Esta es la versión oficial y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ya investiga el caso.

Tanto Galindo Ceballos como el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, han negado que en Michoacán hayan sido ejecutados extrajudicialmente los 42 delincuentes y ninguno de los dos ha rechazado ser entrevistado por los medios de comunicación sobre el asunto.

Lo que me llama mucho la atención es que varios comentaristas en medios electrónicos e impresos de entrada estén poniendo en tela de juicio la versión oficial de los hechos y lamentando que 42 delincuentes hayan muerto el viernes, olvidándose que estos individuos estaban armados y, de acuerdo con los vecinos de la localidad, fueran personas violentas que tenían aterrorizados a quienes viven en la región. ¡Caray, un columnista hasta se quejó de que Rubido lamentara la muerte del policía federal pero no el de los sicarios!

Claro que lo ideal es que todos los delincuentes se hubieran rendido dócilmente ante los policías, pero eso no suele ser el caso. También hubiera sido deseable que los muertos quedaran presentables después de recibir uno o varios balazos de armas de alto poder pero la realidad es que es altísima la fuerza destructiva de fusiles como los AK-47 y Barrett 50 usados por los delincuentes o los diversos modelos de fusiles que utiliza la Policía Federal. Otro columnista se quejaba que algunos cadáveres estaban destrozados. ¿Qué esperaba este ingenuo?

La muerte de 43 personas, sean delincuentes o defensores de la ley es siempre lamentable. En Tanhuato 42 de los 43 muertos eran delincuentes que sabían a lo qué se enfrentarían tarde o temprano. Su muerte enluta a decenas de hogares y genera un alto rencor en cada una de ellas. No es una situación deseable, pero menos deseable es que el viernes hubieran muerto 42 federales y un sicario. Si esto hubiera ocurrido, los mismos que ahora critican al gobierno lo hubieran criticado por una aparente falta de preparación de los policías. ¿Quién los entiende? ¿Qué pretenden?

Secciones:

Fecha: 
Martes, 26 de Mayo 2015 - 12:00
Redes sociales: 
1
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

La desigualdad y la violencia. Taxistas vs. Uber. Enfrentamiento en Tanhuato, Michoacán

Esta tarde me acompañan en cabina Armando Chacón y Antonio Castro. Los temas que tratamos esta tarde fueron: 

  • La desigualdad y la violencia en México y el mundo
  • El fallecimiento del premio nobel, John Nash
  • Paro de taxistas vs Uber
  • Entrevista a Enrique Galindo Ceballos, Comisionado Nacional de la Policía Federal, afirma que no fue ejecución el enfrentamiento en Tanhuato, Michoacán.
  • Hugo Eric Flores, Presidente Partido Encuentro Social, se defiende del Artículo de la Revista Proceso
  • El debate con Tere Vale, pide disculpas Lorenzo Córdova a jefes indigenas
  • Hugo González nos habla acerca de Uber y la tecnología
  • Beatifican a Oscar Arnulfo Romero, Arzobispo de San Salvador asesinado en 1980 después de una feroz represión

Secciones:

Fecha: 
Lunes, 25 de Mayo 2015 - 19:30
Redes sociales: 
1

Mi programa:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tanhuato

El viernes pasado el enfrentamiento entre fuerzas federales y civiles armados, integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) sacudió a México y fue noticia de la prensa internacional. El lugar donde ocurrió este enfrentamiento se registró en la comunidad de Tinaja de Vargas, en el municipio de Tanhuato, a tres kilómetros de la Autopista México-Guadalajara. El saldo fue de 42 civiles y 1 policía federal muertos. Apenas a tres días, el nombre de Tanhauto ya es significativo.

Esta vez, el gobierno federal parece haber aprendido la lección. Nada de esconder, de inmediato sacó a la luz el caso. Monte Alejandro Rubido, Comisionado Nacional de Seguridad, fue el encargado de confirmar los hechos. Aunque todo sucedió en Michoacán, el asunto se encuadra en la operación de seguridad de Jalisco. Esta demostración de fuerza contrarresta en buena medida el descalabro del 1 de mayo en Guadalajara.

El Gabinete de Seguridad Nacional se trasladó de inmediato a la zona. Sin duda un acierto la rápida reacción por la parte federal. Otro aspecto positivo es que, a diferencia de lo sucedido en Jalisco el pasado 2 de mayo o lo que está ocurriendo en Guerrero, el gobernador michoacano, Salvador Jara, reconoce una excelente coordinación con el Ejército y la Policía Federal con las autoridades estatales.

Es importante que la buena imagen y actuación del gobierno federal mostrada inmediatamente después del enfrentamiento, no sea diluida por dejar cabos sueltos sobre la investigación con los que se pueda presumir que se está gestando un “Nuevo Tlatlaya”, como de hecho sugiere La Jornada. Dado el resultado tan abultado de personas muertas (43) y el hecho de que la gran mayoría son civiles, así como las fotos que se han comenzado a difundir por internet, las dudas pueden empañar el operativo. No debe quedar duda sobre la actuación de las fuerzas federales, por lo que es necesaria una narrativa impecable de los hechos en la que intervenga la CNDH.

Por lo pronto, ya comenzaron las sospechas respecto a los resultados de este operativo. Medios como La Jornada, Sin embargo y Aristegui Noticias, así como actores influyentes en redes sociales, están cuestionando dichos resultados y deslizan la idea de que hubo una matanza de civiles, apoyados en los 42 muertos del Cártel y sólo uno de la Policía Federal. Actores políticos como Gustavo Madero y Andrés Manuel López Obrador aprovechan el momento para criticar duramente al gobierno federal.

Por lo anterior, es urgente que se refuerce la  narrativa oficial y que se sustente el reporte preliminar emitido haciendo hincapié en que las fuerzas de seguridad nacional actuaron  conforme a protocolos establecidos para realizar este tipo de operativos. Sería clave conocer la opinión de la CNDH.

Fecha: 
Lunes, 25 de Mayo 2015 - 18:30
Redes sociales: 
1
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

El vuelo de Alondra y el silencio del gobierno

El jueves 16 de abril, una menor de 14 años de nombre Alondra Luna fue sacada con violencia de la escuela telesecundaria Sor Juana Inés de la Cruz, ubicada en Guanajuato, por agentes de la Policía Ministerial Federal y la Interpol. Testigos de los hechos confirman la rudeza y la intimidación de la que fueron objeto por parte de elementos de seguridad. Se trató en los hechos de un secuestro, pero fue en cumplimiento a una resolución de la jueza federal en Michoacán, Cinthia Mercado García, quien ordenó entregar a la adolescente a Dorotea García, una mujer residente en Houston, Estados Unidos, quien aseguró que se trataba de su hija, la cual le fue arrebatada hace nueve años.

El caso ha concluido felizmente con el regreso de Alondra a su hogar en Guanajuato, con sus verdaderos padres, luego de comprobarse mediante un análisis de ADN hecho en los Estados Unidos que no se trataba de la joven buscada por Dorotea García.

A pesar de esto, alarma casi todo lo relacionado con este caso. En primer lugar, la decisión de la jueza Mercado de dar por hecho que Alondra era la niña buscada y en consecuencia ordenar su forzoso traslado, sin haber realizado los exámenes de ADN correspondientes. Alarma que cuando los angustiados padres llevaron pruebas documentales y testimonios de la identidad de Alondra les fueron rechazados e incluso los amenazaron con llevarlos a la cárcel por secuestro. Alarma que la PGR, también sin mayores pruebas, haya emitido el 20 de abril un comunicado que subrayaba que habían “recuperado” a la adolescente y “ya estaba con su madre”, refiriéndose a Dorotea García.

Los padres han señalado que estudiarán las acciones legales a tomar en contra de las autoridades que participaron en estos hechos. Por su parte, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México ha pedido que se sancione a la jueza y a los agentes que intervinieron en la sustracción. De igual manera, la Comisión Nacional de Los Derechos Humanos ha iniciado una investigación sobre el tema.

Todo este caso se constituye en un tremendo abuso de autoridad y revela la indefensión de muchos sectores de la población. También revela que las autoridades federales no tienen protocolos claros para actuar en estas situaciones. Aunque el error original fue de la jueza Mercado, la PGR y la Cancillería acompañaron esta metida de pata. Hasta el momento, ni la funcionaria judicial ni los organismos del gobierno federal que intervinieron han reconocido que se equivocaron en su método. Tampoco han pedido disculpas ni han señalado que revisarán los protocolos para casos similares. De nuevo se apuesta a que el tiempo se lleve los errores. Mala apuesta. 

Fecha: 
Jueves, 23 de Abril 2015 - 17:00
Redes sociales: 
1
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Reacción vs prevención

Un conocido mío, propietario de una mina de plata en Durango, me comentó hace unos seis meses que le salía más caro satisfacer las exigencias monetarias de los soldados que supuestamente estaban para protegerlo a él y a los demás pobladores de la región que las que les hacían los delincuentes que operaban en la zona. En pocas palabras, los buenos le pedían más dinero que los malos para que su mina operara sin problemas.

El problema es que estaba obligado a darle a las dos organizaciones, la militar y la criminal, para no verse perjudicado por alguna de ellas.

Esto me lo platicó el minero hace seis meses, es decir mucho antes de que una banda delincuencial se robara, la semana pasada, 900 kilogramos de oro valuados en 8.4 millones de dólares de la mina El Gallo 1, ubicada en la zona serrana de Mocorito, en Sinaloa, uno de los estados más inseguros de nuestro país.

Lo que el minero me dijo no es nuevo, tal como le lo ratificaron varios de sus colegas con quienes hablé después.

Por eso me llama mucho la atención de que el robo del oro propiedad de la minera canadiense McEwen Mining haya causado tanto alboroto. Tal vez el escándalo obedeció a que el propietario de la empresa, Robert McEwen, declarara en un programa de finanzas de la televisión canadiense que ésta nunca había tenido problemas porque mantenía “una buena relación” con las organizaciones criminales de la región. Durante el programa McEwen explicó: “Si queremos ir a explorar a algún lugar les preguntamos y te dicen 'no', pero luego dicen 'regresen en un par de semanas cuando terminemos’ lo que estamos haciendo”.

Lo dicho por McEwen de alguna manera confirmó lo que meses atrás me habían dicho los mineros que entrevisté, aunque el canadiense después tratara de aclarar que no dijo lo que dijo sino que quería decir otra cosa.

A raíz del robo del oro propiedad de la empresa canadiense la Comisión Nacional de Seguridad anunció que investigará a las minas que estén colaborando con el hampa o sean víctimas de ésta. Para variar, se necesitó de un escándalo mediático con repercusiones en el extranjero para que las autoridades federales decidieran actuar en torno a una realidad que desde hace tiempo se conoce y se comenta en las zonas mineras afectadas, situación que desde hace meses denuncié en mi programa de radio y TV sin que algún funcionario del las áreas de seguridad pública o nacional me contactara para obtener más información sobre el caso que denuncié públicamente.

Conozco desde hace casi un cuarto de siglo al Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, y no tengo porqué dudar de que es un funcionario probo y capaz. Por eso le sugiero que no solo investigue a las empresas mineras sino a los mandos del Ejército, la Policía Federal, la Marina y las policías estatales y locales que aparentemente descubrieron que vender sus servicios para proporcionar seguridad a las empresas es un negocio altamente redituable. No olvido lo que me dijo el minero duranguense: “Me sacan más dinero los soldados que los delincuentes”.

También le sugiero a los responsables de  los servicios de inteligencia que demuestren que la tienen atendiendo a las denuncias que se hacen a través de los medios de comunicación nacionales y no solo los extranjeros. Que sean capaces de prevenir los delitos y no limitarse a reaccionar una vez que estos se cometen, como aparentemente ha sido la norma hasta ahora.

Secciones:

Fecha: 
Miércoles, 15 de Abril 2015 - 12:00
Redes sociales: 
1
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Policías remueven a maestros en DF. Arresto de hermano del exgobernador Aguirre. Niños con y sin discapacidad se benefician al convivir

Esta tarde me acompaña en el estudio Álvaro Rattinger quien, después de cuatro años de colaborar en el programa, se retira temporalmente por razones profesionales. Comentamos la acción de las policías Federal y del DF para remover a "maistros" del Paseo de la Reforma; el caso de las supuestas propiedades del exgobernador de Oaxaca, José Murat, y la desconfianza de la mayoría de los mexicanos hacia los políticos; el arresto del hermano y sobrino del gobernador perredista con licencia de Guerrero, Ángel Aguirre. La directora del Colegio Eugenio de Mazenod explica porqué es benéfico que niños con y sin discapacidades compartan el mismo salón de clases. Georgia Alcaide nos dice porqué sigue siendo vigente el personaje Mafalda. Con Tere Vale platico sobre el hermano de Ángel Aguirre.

Secciones:

Fecha: 
Miércoles, 11 de Febrero 2015 - 18:30
Redes sociales: 
1

Mi programa:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Oficialmente muertos

Como se había adelantado en este espacio hace un par de días, la PGR declaró que los 43 estudiantes desaparecidos están oficialmente muertos. Fueron asesinados por un grupo de Guerreros Unidos y cremados en el basurero de Cocula. Esta es la versión oficial basada en el hecho de que los nuevos testimonios apuntan a fortalecer la versión que diera el procurador Murillo Karam en noviembre pasado.

Con un timing impresionante, se conjuntaron varios hechos que apuntan a varios cambios en el manejo del tema Ayotzinapa. Un día después de la pacífica marcha del 26 de enero, los diarios estimaron que había reunido entre 5 y 15 mil personas, cuando era evidente que eran muchos más. De cualquier forma, la marcha mostró que el movimiento ha perdido fuerza y se ha convertido en vehículo para otras causas. Era hora de actuar.

El mismo 26, un desplegado de la Iniciativa Privada exigía que se impusiera el Estado de Derecho. Al otro día, el poderoso empresario Lorenzo Servitje pedía el apoyo de los empresarios al presidente Peña Nieto en su momento de “mayor debilidad.” Varios días antes, plumas importantes, como la de Héctor Aguilar Camín, señalaban la necesidad de dar por cerrado el caso con base en las pruebas encontradas. El mismo gobernador de Guerrero, Ortega Martínez, pedía que el gobierno dijera la verdad, “por dura que fuera”.

Previo a la conferencia de prensa del procurador Murillo Karam, en donde anunció la versión oficial de lo sucedido en Iguala, el presidente de la República indicó que el país debía seguir adelante, a pesar del dolor de la pérdida. Al mismo tiempo, en una de las casetas más tomadas de la Autopista del Sol, la Policía Federal impedía, por fin, que un grupo de “jóvenes encapuchados” se hiciera de ella.

A menos que creamos que todo esto es una serie de coincidencias, es claro que el gobierno federal preparó todo en caso de confirmar que la marcha mostraba signos de debilidad. Y todo esto se hizo antes del arranque de las campañas, con muchos meses por venir de spots, discursos de candidatos y debates en el Congreso. Se apuesta a que el peso de las campañas y las discusiones en el escenario público ocupen la atención del país. No es una mala suposición, hay bases para suponer que hay un cierto hartazgo de los excesos de los aliados de los familiares de las víctimas de Ayotzinapa.

Como era de esperarse, los padres de familia y sus aliados han rechazado la decisión de la PGR y aseguran que llevarán el caso a instancias internacionales. La pregunta es si el resto del país, sociedad civil y clase política, consideran cerrado el caso. Ya veremos. 

Fecha: 
Jueves, 29 de Enero 2015 - 17:00
Redes sociales: 
1
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Guerrero, entre enfrentamientos y elecciones

El día de ayer hubo varios enfrentamientos en Guerrero entre la Policía Federal y maestros de la CETEG y normalistas de Ayotzinapa. Se habla de tres choques entre ambos grupos. La Policía Federal y el gobierno estatal aseguran que los normalistas fueron los atacantes originalmente. Algunos medios respaldan dicha versión. Por otro lado, los maestros y normalistas, así como varios miembros de grupos musicales que iban a participar en un concierto en el lugar, confirmaban la versión de que el ataque inicial fue de varios elementos de la misma corporación policíaca, quienes se encontraban borrachos.

Los enfrentamientos dejaron 22 heridos, ocho policías y el resto maestros y normalistas. Hay tres elementos federales cuyo estado se reporta grave. Además de esto, hay tres vehículos incendiados por los manifestantes y sendas denuncias ante la PGR. La CNDH de inmediato avisó que abrió una investigación. Por supuesto, aquí, como en otros casos, cada quien creerá la versión que le convenga. Como se ve, las cosas no están nada tranquilas en esa región de Guerrero.

Por otro lado, hace unos días los familiares de los 42 desaparecidos se reunieron con representantes del Senado. Después de horas de reunión y de haberlos recriminado e insultado, los familiares les solicitaron la desaparición de Poderes en la entidad, aduciendo que todos los municipios se hallan penetrados por el narco, y la suspensión de elecciones. El día de hoy, según la prensa, los senadores se preparaban para dar respuesta negativa a ambas solicitudes: ni procederán a la desaparición de Poderes, ni tienen capacidad para suspender los comicios del año entrante. Lo que sí pueden hacer es solicitar al INE que de una vez retome la elección de aquel estado.

Sobre este último tema, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, insiste también en que se lleven a cabo las elecciones, a pesar de que hay varias instalaciones de ese Instituto amenazadas. Córdova Vianello ha puesto como límite el que las personas a su cargo o los ciudadanos corran riesgos. Es una forma de decir que la pelota está en la cancha del gobierno federal, el que debe asumir la seguridad el día de la elección.

Así están las cosas en Guerrero. Por un lado, un grupo decidido a impedir las elecciones y a poner en duda todos los actos de gobierno; por otro, instituciones decididas a celebrar comicios y a tratar de reinstaurar cierta normalidad en la entidad (¿alguna vez fue normal?).

Hace unos días, Luis Raúl González, titular de la CNDH, dijo ante el presidente Peña Nieto que, ante hechos como los de Ayotzinapa, no hay manera de regresar a la “engañosa normalidad” del pasado. A Borges le hubiera encantado la frase. 

Foto: www.proceso.com.mx

Fecha: 
Lunes, 15 de Diciembre 2014 - 17:00
Redes sociales: 
1