Se encuentra usted aquí

policía

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Los mandos militares tienen experiencia y conocimientos

No me preocupa que el futuro primer comandante de la Guardia Nacional (GN) sea un militar.

Quienes se oponen a que un soldado encabece lo que será la nueva encarnación de una corporación policiaca federal argumentan que los soldados no están adiestrados para realizar labores policiacas.

Sobre las diferencias que separan a soldados y policías se ha escrito bastante. La mayoría de los expertos coinciden en los siguientes puntos:

El objetivo de la policía es proteger a la población de los criminales: realiza labores de prevención del delito, persigue a los delincuentes, mantiene la seguridad pública y conserva el orden público.

El objetivo de las fuerzas armadas es disuadir invasiones hostiles extranjeras y, en caso de que ocurran, enfrentar a los invasores. También combatir en otros países para defender los intereses nacionales.

La policía vigila que los habitantes de un país obedezcan las leyes y actúa para que nadie las desobedezca. Asimismo, recopilan pruebas periciales para demostrar que alguien delinquió y con base en ellas arrestar a los sospechosos y presentarlos ante un tribunal que determinará su culpabilidad o inocencia.

Un militar no busca pruebas ni arrestar a nadie. Su objetivo es atacar al enemigo y tratar de vencerlo.

La policía está capacitada para interactuar casi todo el tiempo con la población civil, a la cual debe servir y proteger.

Las fuerzas armadas existen para combatir a militares extranjeros y hostiles, no para servir a la población civil, salvo en casos de desastres naturales.

La policía está legalmente facultada para arrestar a personas por supuestamente cometer un crimen, presentar a sospechosos ante un tribunal, confiscar bienes que sirvan de evidencia, ingresar a propiedad privada para buscar pruebas (ésta y otras actividades pueden requerir de una orden judicial para ser realizadas).

Los militares no tienen las facultades de los policías, aunque en varios países, como México, los soldados y marinos apoyan a la policía cuando ésta no puede enfrentar exitosamente por sí sola una situación.

Quienes se oponen a que un militar encabece la GN argumentan que por la naturaleza de sus funciones un soldado no tiende a respetar los derechos humanos y citan los casos en que las fuerzas armadas han incurrido en violaciones de los mismos.

Sin embargo, estos opositores al mando militar olvidan varias cosas. Entre ellas, que en nuestro país también la mayoría de los civiles que han dirigido las corporaciones policíacas han violado o permitido que regularmente se violen los derechos de miles de mexicanos. Es decir, un civil no garantiza automáticamente que esos derechos sean respetados.

También olvidan que los militares de alta graduación no solo poseen amplia experiencia práctica, sino que cuentan con avanzados estudios de posgrado donde se incluye el tema de derechos humanos. Es el caso del general de brigada Luis Rodríguez Bucio, quien hasta ayer fue el Presidente del Consejo de Delegados de la Junta Interamericana de Defensa, y que se retirará en agosto próximo para, como civil, dirigir a la GN. Su biografía puede consultarse en www.jid.org/?page_id=371.

El tiempo dirá quién tuvo la razón: si los opositores o los defensores de un mando militar al frente de la Guardia Nacional que, esperamos, sirva para combatir exitosamente al hampa.

Twitter: @ruizhealy

Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

Instagram: ruizhealy

Sitio: ruizhealytimes.com

Secciones:

Fecha: 
Viernes, 12 de Abril 2019 - 13:10
Redes sociales: 
1
Fecha B: 
Viernes, 12 de Abril 2019 - 21:55
Fecha C: 
Sábado, 13 de Abril 2019 - 09:10
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuauhtémoc vs Graco

De enero de 2014 hasta marzo de 2015, los 33 gobiernos municipales de Morelos suscribieron un convenio con el gobierno estatal por medio del cual entregaron el mando de sus policías al gobernador Graco Ramírez Garrido (PRD), creándose así el llamado Mando Único, que de acuerdo a la Comisión Estatal de Seguridad Pública morelense es “un sistema de operación y administración policial debidamente homologado, profesionalizado y estructurado, que concentra a todas las corporaciones preventivas municipales y estatales como un solo ente”.

Dichos convenios expiraron en el último segundo del 31 de diciembre pasado al concluir los gobiernos de los presidentes municipales que los suscribieron. Para reestablecer el Mando Único es necesario que cada nuevo gobernante municipal acepte suscribir un nuevo convenio con el gobierno del Estado.

El problema es que las diferentes organizaciones delincuenciales no desean que se reestablezca el Mando Único porque eso les impide tener el control de las policías municipales y les dificulta delinquir con la tranquilidad con que lo hacían hasta el día en que se creo dicho Mando.

De acuerdo al gobierno de Morelos, gracias al mando único se logró disminuir el número de delitos de alto impacto. De noviembre de 2014 a octubre de 2015 se registraron 2,722 delitos de este tipo, lo que significa un promedio de 226 delitos al mes, que es la mitad de los delitos que se registraban cada mes en 2012. Además, Morelos pasó del primero al cuarto lugar en la tasa de secuestros por cada 100 mil habitantes.

En su más reciente informe de gobierno, Ramírez Garrido presumió el descenso del número de delitos entre 2013 y 2014: “Un descenso de 8% en la incidencia delictiva general; en especial, una disminución del 16% en los delitos de alto impacto… En el caso del robo de vehículo con violencia… este delito presenta un descenso de 37.8%; en su modalidad de robo de vehículo sin violencia… descendió 17%;  el robo a casa habitación, en su modalidad de robo con violencia… se redujo 34.6%; el robo de casa-habitación sin violencia… 19.8% menos que el año 2013; el delito de homicidio doloso… al concluir el año 2014, una disminución de 33.4%;  el abigeato… se logró disminuir sustancialmente un 57.7% en el número de estos delitos”. Además, las denuncias por secuestro disminuyeron 21.5%, el número de personas secuestradas fue 28.4% menor, mientras que el número de presuntos secuestradores capturados aumentó 15.1%.

Graco Ramírez afirma que la delincuencia organizada presiona a los nuevos presidentes municipales para que no acepten el Mando Único. Es más, asegura que la flamante presidenta municipal de Temixco, Gisela Mota Ocampo (PRD), fue asesinada el sábado pasado, un día después de asumir su cargo, justamente por estar decidida a suscribir el nuevo convenio y negarse a obedecer a los delincuentes.

Tanto el gobernador como el Comisionado Estatal de Seguridad Púbica, Alberto Capella afirman que el nuevo presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco (PSD), puede estar en contra del Mando Único debido a la influencia o presión que sobre él ejercen personas que le son cercanas y que aparentemente tienen vínculos con la banda criminal Guerreros Unidos, la misma que la PGR acusa de desaparecer y asesinar a los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En vista de que Cuau Blanco y otros presidentes municipales no quieren o no pueden suscribir los nuevos convenios del Mando Único, el gobernador decidió actuar y el pasado domingo emitió varios decretos por medio de los cuales asumió de manera “inmediata y temporal”, el mando de las policías municipales de Ayala, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, Ocuituco, Temixco, Temoac, Tepalcingo, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Xochitepec y Zacatepec.

En exfutbolista Blanco ha dicho que no acatará el decreto del gobernador y que recurrirá a otras instancias, pero la verdad es que no hay mucho que pueda hacer al respecto. En la exposición de motivos de sus decretos, Graco Ramírez anota, entre otras cosas, que “la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 92/2010, ha sostenido que al tratarse de casos extraordinarios, de fuerza mayor o de alteraciones graves del orden público, los gobernadores de los estados tienen la facultad de asumir el mando de las policías municipales de la Entidad” y que “la Carta Magna confiere a los Ejecutivos estatales la libertad de apreciación para actuar en los casos que ellos mismos consideren como de fuerza mayor y de alteración grave del orden publico”.

En este pleito, desde ahora pronóstico que el perdedor será el aguerrido y bronco Blanco, quien dudo mucho haya leído alguna vez el Artículo 115 Constitucional.

Secciones:

Fecha: 
Martes, 05 de Enero 2016 - 12:00
Redes sociales: 
1
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nuevo Reglamento de Tránsito, “Parto de los Montes”. Incongruencias y multas más altas

El tan anunciado y promocionado nuevo Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, resultó como aquella famosa fábula del “parto de los montes”, o más popularmente, “mucho ruido y pocas nueces”.

Según lo que pregonan “supuestamente”, presenta disposiciones y multas que favorecen la movilidad en las calles de la capital, así lo destacó el jefe de gobierno al presentarlo y publicarlo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, que tiene como base la Ley de Movilidad del DF, en la que el peatón es el actor principal en las vialidades, seguido por los ciclistas y dejando en tercer plano a los agentes que se desplazan en transportes motorizados.

Pero la realidad dista mucho de que primero haya movilidad mayor en esta ciudad llena de marchas, plantones, mítines, que motivan cierres de calles, avenidas y los obvios congestionamientos y sumado a ello ahora reducen la velocidad de los vehículos.

Pero vayamos por partes de este nuevo Reglamento. En cuanto a los Peatones, en verdad no entiendo que incluyan: deben ceder el paso a vehículos de emergencia cuando estos circulen con las señales luminosas y audibles en funcionamiento. Mi pregunta es ¿los peatones transitan por donde van los vehículos, o este tipo de vehículos, por donde los peatones?

En cuanto a los ciclistas: Tienen prohibido circular sobre las aceras, con excepción de los menores de 12 años y los elementos de seguridad pública. Pueden circular entre carriles cuando el tránsito se encuentre detenido y el ciclista busque colocarse en un área de espera o en un lugar visible para reiniciar la marcha. Esta acción sólo propiciará que lo hagan aún si los vehículos están en movimiento, con riesgo de accidentes. Finalmente en este punto, se señala que: los peatones y ciclistas que no cumplan con las obligaciones serán amonestados verbalmente por los elementos de Tránsito.

Continuando con lo que debería ser los automovilistas y no los automóviles como lo señala el Reglamento: Utilizar teléfono celular o cualquier dispositivo de comunicación mientras el vehículo esté en movimiento, amerita una multa de hasta 2,446 pesos. Ojalá sí lo cumplan porque en verdad hay innumerables conductores que lo van haciendo en Periférico, Río Churubusco, Viaducto, arriesgándose a un accidente o a propiciarlo.

Asimismo, por exceder los límites de velocidad en vías de acceso controlado, de 80 km/h; en vías primarias, 50 km/h; y en vías secundarias, de 40 km/h, la penalización alcanzará los 1,398 pesos. Y pregunto, no se habrán enterado que son totales los congestionamientos en esta ciudad que ya es imposible circular a 80 km, entonces para qué esta nueva medida.

De igual manera señalan: La vuelta continua a la derecha e izquierda está prohibida, excepto cuando exista un señalamiento que lo permita, en cuyo caso deberá cederse el paso a los peatones que estén cruzando y a los vehículos que transiten por la vía a la que se pretende incorporar, de violar esto se multará con 1,398 pesos. Esto me hace recordar a la “chimoltrufia” personaje del Chavo del 8, con aquello de “así como digo una cosa, digo otra”. En total desconcierto, insisto en preguntar, ¿están autorizadas o no las vueltas?

Respecto a los motociclistas, de nuevo insisto, así debiera decir y no Motocicletas, como esta en el Reglamento, tampoco nada nuevo, reiteran que: Deberán utilizar un carril completo o rebasar por el lado izquierdo, de lo contrario alcanzarán una multa de 699 pesos. Por circular en la ciclovía obtendrán una penalización de 2,097 pesos. En todo momento deberán circular con las luces traseras y delanteras encendidas, de lo contrario tendrán una sanción de 699 pesos. El conductor y su pasajero deberán portar el casco de seguridad, o alcanzarán una pena de 1,398 pesos y la unidad será remitida al corralón.

En particular en este rubro de los motociclistas, espero que los sancionen por circular entre los autos, esquivándolos, golpeando espejos laterales, impunemente sin que nadie les haga nada. Y nuevamente una pregunta, ¿por qué no pasan verificación las motocicletas?

Para finalizar, lo referente al pavoroso transporte púbico, igual, más de lo mismo como: Subir o bajar pasaje en el segundo o tercer carril de circulación será penalizado con 13,982 pesos. En caso de circular por los carriles centrales de las vías de acceso controlado, a menos que esté autorizado, alcanzarán una multa de 2,796 pesos. Utilizar equipos de audio a niveles de volumen que resulten dañinos a la salud o molestos a los pasajeros tendrá una multa de 1,398 pesos. Para todos los usuarios de transportes motorizados: por agredir Insultar, denigrar o golpear Policías de Tránsito, se alcanzará una multa de 2,097 pesos.

En este punto, una pregunta más, ¿por qué no infraccionan al transporte público de pasajeros como combis, micros, camiones, que circulan en la noche sin prender sus faros y nadie les hace nada?, ¿por qué no infraccionarlos o suspender la Ruta, al igual que los micros o camiones que usan gas y al interior de ellos es insoportable el olor? ¿Por qué no se infracciona a los que traen las calaveras rotas, vidrios rotos, no prenden las calaveras, circulan sin defensas, o las traen amarradas? ¿A los que circulan sin placas?

¿Por qué no infraccionan a los tráileres que circulan por periférico, al igual que microbuses, camiones de transporte público de pasajeros, transportes de los conocidos como UTP, para escuelas y personal de empresas, camiones y tráileres de basura llenos completamente, todos estos circulando inclusive en carriles izquierdos de estas “supuestas” vías rápidas? ¡¿O qué esperan, accidentes con muertos?! ¿Por qué no infraccionan a los cientos de camiones que se estacionan en Reforma, en el Monumento a la Revolución, Bucareli, en cada manifestación? Al igual que a todos los vehículos alrededor de cada tianguis, donde que hacen lo que quieren.

Y la cereza del pastel, los nuevos lineamientos establecidos entrarán en vigor en 120 días naturales y, en algunos casos, será hasta el primero de enero de 2016.

Es decir, tampoco se aplicará todo de inmediato. Y con este nuevo Reglamento de Tránsito del DF, se termina la aplicación Coordinada del Reglamento Metropolitano desde junio del 2007 con el Estado de México.

Pero la mayor duda es, desde mi punto de vista, ¿quién se encargará de amonestar a peatones y ciclistas, así como de infraccionar a los conductores de motocicletas, autos y transporte público?, si al parecer ya no existen agentes de tránsito, al menos no se les ve por ningún lado, excepto cuidando manifestantes. No se trata de inventar Reglamentos, sino realmente aplicarlos.

 

Fecha: 
Jueves, 20 de Agosto 2015 - 17:00
Redes sociales: 
1
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

La impunidad con que actúa OHL México. Propuesta de repatriar restos de Porfirio Díaz. El teatro en México

Esta tarde me acompañan Bernardino Esparza y el productor de Teatro, Guillermo Wiechers y comentamos el caso de la impunidad con que actúa OHL México; un nuevo servicio de la policía del DF; el negocio del teatro en México. Con Francisco Martín Moreno y Carlos Velasco discutimos sobre la propuesta de traer a México los restos de Porfirio Díaz. Josephine Ruiz-Healy nos explica como cuidarnos del Sol durante las vacaciones.

Secciones:

Fecha: 
Jueves, 09 de Julio 2015 - 19:00
Redes sociales: 
1

Mi programa:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Coincidencias y certezas

Ya no tenía ganas de volver a las cosas sociales que no se resuelven con solo letras. Aunque el pensamiento y las inquietudes sí. Y hay situaciones sociales que le pertenecen a otros que no escriben y por supuesto no van a leer las denuncias o demandas de los demás.

Alrededor del mundo pasan cosas, las peores tienen que ver con envidias, egos, luchas de poder, ambiciones enfermizas, sin dejar atrás las religiones. En cada ciudad puede ser diferente y los asesinatos lo hacen todo igual, al final es el conteo de muertos.

En Tijuana ha habido esta refriega de eventos que nos hacen volver la vista atrás. Regresa la violencia, se parece a la de hace unos años, solo que esta vez puede no ser igual y no tener las mismas razones.

Los colores, está visto, no combinan en un mismo estado y eso puede provocar la diferencia. Las personas que componen (o descomponen) la administración pública, tienen intereses, escudos y banderas partidistas diferentes.

En cuanto a la inseguridad, es el mismo Secretario de Seguridad Pública Estatal de entonces, solo que son otras personas y otros colores en la administración municipal y estatal. Puede ser que esto sea lo que provoca la separación. No se ponen de acuerdo porque no pertenecen a la misma familia.

Y de familia nos hablan ellos, dicen que todo radica en la familia y ellos, no saben conciliar las diferencias. No se quieren, no se caen bien, no se respetan, no aplauden los aciertos de unos u otros, y si, son buenos para desbaratar y atropellarse en el camino, se les da muy bien eso de darse la mano para la foto, aunque insistan en que esto no es cierto.

Coincidencias y certezas.

Hay dos pensamientos oscuros que han corrido por mi cerebro de ida y vuelta, sin poder aclarar nada.

El hecho del desalojo de la canalización. Insisto: el rio Tijuana tenía, dentro de toda la basura, un orden. Por querer quedar bien en apariencia, no planearon el después de. Ahí adentro la venta, compra y distribución de drogas, tenía una mafia, compleja hacia afuera, bien organizada hacia adentro. Se han suscitado toda clase de violencias que arrojan la misma respuesta, el reguero de pólvora por las calles que cualquier cerillo enciende.

A la violencia, asesinatos, suicidios, balas perdidas, riñas a muerte, robos de focos en las casas y a asaltos de todo tipo, no le han querido poner nombre, no han querido ver la razón. Por años se mantuvo ese canal con toda la conciencia de lo que había y cómo se manejaba. La violencia afuera, es decir en el resto de la ciudad era por otras razones, mayores razones quizá.

En un par de días se cerró el “centro de abastecimiento” de drogas más grande sin pensar en las consecuencias, que son las que estamos viendo día y noche.

El otro pensamiento, quizá tan absurdo como real. Hace muchos años recogimos de la calle a un perrito callejero, enfermo y hambriento, lo curamos y le buscamos un hogar. Después de ese perrito siguieron muchas más, la cuenta iba en 27. Al menos cada semana sin buscarlos, nos encontrábamos uno. Creí que había más conciencia y la gente los cuidaba y protegía porque ya no había tantos perros callejeros.

Noticia nacional: “Descubren en Tijuana restaurantes chinos cocinando perros”.

“Se reivindica la comunidad china, sus restaurantes garantizan higiene”.

Y la cantidad de perros que aparecen de pronto, es exagerada. Están ahora por todos lados, nueve cachorros en un terreno baldío, cinco en el rincón de una calle, cuatro en una caja, todos los días aparecen anuncios denunciando perros abandonados o perritas hembras muertas. No era la conciencia de la gente, era, ¿otra la razón?

Ni los perros, ni los drogadictos son responsables. Ni los perros tienen familia, ni los drogadictos tienen capacidad de razonamiento. Ni los perros ladran solo porque son perros, ni los drogadictos matan o se matan porque son malos. Todo tiene un inicio y cada uno decide cómo y cuál es, para bien o para mal. Estos dos males paralelos tuvieron un inicio, ahora nadie puede o quiere darles una conclusión sana para todos los demás. Para estos asuntos está el gobierno y para esta sociedad el color es lo de menos. 

Autor:

Fecha: 
Viernes, 26 de Junio 2015 - 17:00
Redes sociales: 
1
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Desvergonzado

El gobernador priísta de Jalisco, Aristóteles Sandoval, demostró no tener mucha vergüenza cuando aseguró ayer que el estado que supuestamente gobierna está bajo control. Lo anterior, después de que el viernes y sábado pasados la delincuencia organizada representada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) sembró terror en la zona metropolitana de Guadalajara, Puerto Vallarta, Autlán y varias localidades más. El viernes, los delincuentes bloquearon 39 accesos con vehículos incendiados en 25 de los 125 municipios jaliscienses y derribaron un helicóptero del Ejército en el municipio de Villa Purificación, incendiaron bancos y gasolineras. El sábado siguió la violencia, extendiéndose ésta a Colima y Guanajuato.

En los hechos violentos del viernes murieron 15 personas: seis soldados que viajaban en el helicóptero derribado, ocho delincuentes y un agente del ministerio público de Jalisco. Además, hubo 10 heridos.  

Y pese a todo lo ocurrido, Sandoval sin dudar dijo que su estado está bajo control.

Peor todavía, dijo que puede haber funcionarios de su gobierno coludidos con el CJNG ya que cuando el asumió la gubernatura “el cártel ya estaba enquistado en la entidad”. O sea, que después de dos años y dos meses de ser gobernador Sandoval acepta, sin vergüenza alguna, que no ha sido capaz de identificar a esos funcionarios corruptos.

La desvergüenza del gobernador de Jalisco también quedó en evidencia cuando presumió que cada cinco días se detiene a un miembro del CJNG. Es decir, que cada mes son atrapados seis miembros del cártel, 72 al año. Me imagino que cada mes ingresan más de seis delincuentes a la organización, lo que significa que cada 30 días ésta se hace más fuerte y letal.

Todo lo que ha dicho Aristóteles Sandoval en torno a la delincuencia organizada que cada vez tiene más poder en Jalisco hace suponer que no tiene una idea clara de lo que está sucediendo o que es un mentiroso desvergonzado, cualidad que seguramente heredó de su padre, el también desvergonzado magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, Leonel Sandoval, quien fue descubierto cuando, por vía telefónica, le pedía a funcionarios municipales y militantes del PRI apoyar al candidato de ese partido a la presidencia municipal de Guadalajara e inscribirse como observadores electorales aunque eso sea contrario a la ley. Me inclino por pensar que es un desvergonzado.

Un desvergonzado por herencia genética.

Secciones:

Fecha: 
Martes, 05 de Mayo 2015 - 12:00
Redes sociales: 
1
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Observatorio ciudadano: Impunidad

No cabe duda que de los hechos más trascendentes que han ocurrido en estos últimos días están dos vinculados por su impacto social y político: la reforma constitucional en materia de corrupción y el informe sobre impunidad, dado a conocer por el rector de la Universidad de las Américas de Puebla, Luis Ernesto Derbez. Me referiré, en esta ocasión, al segundo de ellos.

Dados como somos a magnificar las expectativas sobre anuncios que se antojan “bomba”, estoy seguro que un numeroso grupo de personas estuvimos atentos a los resultados de esa investigación. No es para menos. Se trata de una de las prácticas más lacerantes a la que nos enfrentamos los mexicanos desde hace años: la impunidad.

Ser impune puede ser “padrísimo”. Imaginemos el gozo interno de un menor que se sale con la suya en una travesura entre hermanos; podemos especular sobre la sonrisa malévola de un violador, cuando sabe que su víctima no denunciará la agresión; e incluso podemos oír la expresión de un recién nombrado funcionario público (no importa el tamaño del cargo) que expresa un “Ya la hice”, cuando sabe el monto de los recursos públicos que tendrá en custodia y de los cuales desviará una parte para ese “hacerla”.

En cualquiera de los tres escenarios propuestos sólo como ejemplo, hay un ofendido. No importa el tamaño del agravio, porque sustancialmente tiene un mismo valor, que es justamente la impunidad.

Los datos expresados por ex canciller Derbez son importantes, aunque sean parciales, pues se refieren a una sola parcela del amplio espectro en donde se da la impunidad. Sí, como sociedad con aspiraciones democráticas, es trascendente que conozcamos la información dura del fenómeno en comento, pues si bien es cierto que cada uno de nosotros tenemos una percepción sobre el asunto, la sistematización y ponderación de números adquiere solidez.

Resulta desastroso y desesperanzador que, justo cuando en el Congreso de la Unión se aprueban las bases para un sistema anticorrupción, sepamos que nos encontramos en el segundo lugar frente a otras 58 naciones. No nos ha asombrado que nos gane Filipinas, pero nos callamos ante la posibilidad de que en un estudio global quedemos peor parados.

Resulta muy relevante esa información, cuando la sociedad duda cada día más de la política como forma de resolver problemas y armonizar los intereses de todos. El estudio revela que parte del problema de la impunidad es sistémico y estructural, y tiene un puerto de toque en los índices de gobernabilidad.

En efecto, el Instituto del Banco Mundial ha definido seis dimensiones que reflejan el grado de gobernabilidad de un país, entre los que se encuentra el Estado de Derecho, que se refiere a la calidad en el cumplimiento de los contratos, la impartición de justicia en los tribunales, la calidad de la policía y la incidencia del crimen y la violencia. En el centro de ello, creo yo, está la impartición de justicia que se refleja en casos como el de Ayotzinapa, la falta de denuncia de algunos delitos como la violencia intrafamiliar, secuestros, robos, etc.

Que como país de impunes nos hayan dado un numerito, es crucial para darnos cuenta de la necesidad de una transformación a fondo de la sociedad. No bastará un marco regulatorio anticorrupción. Lo que se ocupa es que asumamos nuestro papel ciudadano de denuncia y exigencia ante los abusos, las injusticias y los latrocinios, pero sabiendo que lo más importante está en el ámbito personal e íntimo. Aunque no acepto que la corrupción está en los genes del mexicano, sí comprendo que el problema es de proporciones mayúsculas por nuestra negativa a los cambios. Ése, es el verdadero problema.

Fecha: 
Sábado, 25 de Abril 2015 - 11:00
Redes sociales: 
1
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

¡Maldita impunidad!

De los 59 países incluidos en el Índice de Impunidad Global elaborado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) solo hay uno en donde haya más casos de impunidad que en México y es Filipinas, otro país que seguramente aprendió mucho del asunto durante los 377 años (1521-1898) en que fue una colonia española.

Ocupar el nada honroso lugar 58 de 59 posibles no debe sorprendernos. Después de todo, la impunidad con que actúan la mayoría de los delincuentes en nuestro país está más que comprobado.

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2014 realizada por el INEGI, en 2013 se cometieron aproximadamente 33.1 millones de delitos de los cuales solo 6.2% merecieron el inicio de una averiguación previa por parte de algún ministerio público federal o estatal. O sea, 31 millones de delitos ni siquiera merecieron ser investigados. Es obvio que los delincuentes que los cometieron no recibieron su castigo.

Lo peor del caso es que la mayoría de las víctimas, sabedoras de que de nada sirve denunciar el delito, se abstienen de hacerlo. De acuerdo a la misma ENVIPE 2014, nueve de cada 10 delitos no son denunciados por las víctimas por razones que van desde el miedo a represalias hasta la desconfianza en las autoridades.

Peor aún, de cada 100 casos denunciados solo se inició averiguación de 70, quedando impunes 30 probables delitos.

Ante toda la evidencia que señala la pésima situación, lo único que hacen nuestros gobernantes es aprobar leyes que seguramente serán ignoradas de la misma manera que lo fueron las que supuestamente no sirvieron para remediar el problema.

Los datos que contiene el Índice de Impunidad Global muestran claramente que el problema no se resolverá con nueva legislación sino invirtiendo una gran cantidad de recursos económicos, humanos y materiales para lograr que el país tenga policías muy bien pagados y la cantidad adecuada de juzgadores, por citar algunos aspectos.

Ahora bien, si los recursos son aplicados de la misma manera en que se han aplicado cientos de miles de millones de pesos en el corrupto sector educativo nacional, nada ocurrirá y la impunidad seguirá siendo una maldición que afecta a todos los mexicanos.

¡Maldita impunidad!

Secciones:

Fecha: 
Viernes, 24 de Abril 2015 - 12:00
Redes sociales: 
1
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Liderazgo en impunidad 2

impunidad. (Del lat. impunĭtas, -ātis). 1. f. Falta de castigo. – Definición en el Diccionario de la Real Academia Española.

Reporte Orentlicher 2005, citado en el Índice de Impunidad Global). Inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas.

El Índice de Impunidad Global elaborado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) incluye a 59 países miembros de Naciones Unidas que han generado la información estadística suficiente y actualizada en materia de seguridad, justicia y derechos humanos. No incluye a otros 134 países con membresía en Naciones Unidas que no proporcionan estadísticas sobre seguridad y justicia que permitan una evaluación comparada en materia de seguridad y justicia”.

Los 59 países incluidos son: Andorra, Albania, Alemania, Argentina, Armenia, Austria, Bahamas, Barbados, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Canadá, República Checa, Chile, Chipre, Colombia, Corea, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia, Guayana, Holanda, Honduras, Hungría, Irlanda, Italia, Jamaica, Japón, Letonia, Lituania, Malta, México, Moldova, Mongolia, Montenegro, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, El Salvador, Serbia, Singapur, Suecia, Suiza, Trinidad y Tobago, Turquía, Ucrania.

En el Índice de Impunidad Global se señala que México, junto con Austria, Barbados, Bulgaria, República Checa, Chile, Finlandia, Holanda, Japón, Polonia, Portugal y Serbia, fueron incluidos porque están a la vanguardia en la generación de información estadística en materia de seguridad y justicia.

Para elaborar el índice, el CESIJ de la UDLA tomó en cuenta 23 indicadores: Policías por cada 100 mil habitantes; Jueces por cada 100 mil habitantes; Personal en reclusorios entre capacidad total de los penales; Reclusos entre capacidad total de los penales; Personal en reclusorios entre total de reclusos; Personas en contacto formal con la policía entre total de denuncias; Personas frente a los tribunales entre número de policías; Personas frente a los tribunales entre número de jueces; Personas frente a los tribunales entre personas en contacto formal con la policía; Procesados entre personas en contacto formal con la policía; Condenados entre personas frente a tribunales; Personas condenadas entre número de jueces; Porcentaje de encarcelados sin sentencia; Encarcelados por homicidio entre homicidios totales; Encarcelados por ofensas violentas entre denuncias por ofensas violentas; Encarcelados por ofensas a la propiedad entre denuncias por ofensas a la propiedad; Porcentaje de personas sentenciadas a 20 y más años por porcentaje de personas encarceladas por homicidio; Encarcelados entre condenados; Encarcelados entre total de denuncias; Desaparecidos; Ejecuciones extrajudiciales; Tortura; y Encarcelados.

Después de aplicar diversas fórmulas matemáticas pudo hacerse el ranking de los 59 países, desde los que presentan menos casos de impunidad hasta los que viven sumidos en ésta.

Así, los 10 países en donde menos prevalece la impunidad, en orden descendente, son: Croacia, Eslovenia, República Checa, Montenegro, Bulgaria, Malta, Polonia, Suecia, Lituania y Serbia.

Los 10 países en donde más prevalece la impunidad son, y también en orden descendente, son: Georgia, Corea, El Salvador, Hondura, Nicaragua, Rusia, Turquía, Colombia, México y Filipinas.

Es decir, sólo un país violento y desordenado como Filipinas está en peor situación que otro país violento y desordenado, que es México.

El Índice de Impunidad Global, que puede verse y analizarse en www.udlap.mx/cesij/files/IGI_2015_digital.pdf incluye un profundo análisis del fenómeno de la impunidad, sus causas y posibles soluciones. Es un documento que deben estudiar profundamente quienes gobiernan a este país. Mientras lo ignoren México seguirá buscando como arrebatarle a Filipinas el liderazgo en impunidad.

Secciones:

Fecha: 
Jueves, 23 de Abril 2015 - 12:00
Redes sociales: 
1
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

México: Violencia e impunidad

A los mexicanos nos ha invadido el terrible sentimiento de que la violencia en el país ya es imparable. Este fatalismo está perfectamente justificado: hay tantos muertos que ya no caben en la memoria. ¿De dónde salió toda esa gente malvada?, nos preguntamos. ¿La violencia ha aumentado o sólo se ha hecho más visible? En una sociedad atizada por la pobreza, la corrupción, el desempleo, el narcotráfico y el desaliento, la violencia permite a muchos de sus miembros resolver cualquier conflicto y escapar — aunque sea de manera temporal— de la miseria. En muchos ámbitos de la sociedad, la violencia se ha enraizado en la cultura. No es ningún descubrimiento decir que la violencia proviene del miedo o, más bien, de los diversos miedos individuales y sociales. El miedo es un sentimiento proliferante y contagioso. El que actúa con violencia es, sobre todo, alguien con miedo. A su vez, este miedo genera más miedo en quien ejerce esa violencia, creándose así un perverso círculo vicioso. Es por esa razón que las sociedades, en algún momento histórico, crearon al estado y éste, a su vez, a las instituciones, encargadas de otorgar ciertos derechos a los individuos de la sociedad. En México, el miedo avanza de forma ciega, dejando detrás un inconcebible rastro de violencia. Cuando la violencia es generada a partir de la anarquía o del mismo poder, surgen aterradoras consecuencias. México, en lo que a seguridad se refiere, es un estado fallido. En otras palabras, el estado mexicano no parece tener la capacidad de proteger a sus ciudadanos. ¿Cuál es el principal problema? El problema no es el número de policías. En ese sentido el país cuenta con un poco más de la media internacional. Pienso que el asunto debería centrarse en la calidad de los mismos. Es de todos sabido que para combatir la corrupción policiaca se requiere hacer una depuración de los cuerpos de seguridad, incrementar sus ingresos y perspectivas profesionales, así como entregarles bonos de actuación. Pero, sobre todo, se tiene que trabajar en cambiar la imagen que tienen los policías de ellos mismos y, en consecuencia, la imagen que tiene la sociedad. En los países avanzados un policía merece respeto y admiración; ser un policía no es poca cosa. Entonces, si el mayor problema no está en el número de policías —aunque sí en la calidad de los mismos—, ¿dónde está? Acabo de enterarme que México ocupa el lugar 2 de 59 países con mayor impunidad, quedando sólo por debajo de Filipinas y apenas un escalón por encima de Colombia y dos de Turquía. ¿Por dónde empezar? Se me ocurre que se podrían ejecutar las más de un millón de órdenes de aprehensión que, por corrupción o negligencia, están pendientes de cumplir. Habría mucho menos delincuentes en la calle. Por supuesto, la detención de las personas, por sí sola, no resuelve el problema, pero es un paso primordial. Después está el asunto de las sentencias ejecutadas, y eso nos conduce a los jueces. En México existen sólo 4 jueces por cada 100 mil habitantes y, por cada juez, se abren 490 expedientes al año. ¡Es ridículo!, sobre todo, si comparamos esa cifra con la del promedio internacional de impunidad: 17 jueces por cada 100 mil habitantes [1]. Con ese número de jueces resulta imposible resolver todos los casos. De acuerdo con algunos datos del Instituto Tecnológico de Monterrey, en lo que va de 2015, el 98.5% de los delitos que han sido cometidos en el país, ha quedado impune. Es claro: se tiene que incrementar el número de jueces. Por supuesto, para bajar los índices y la intensidad de la violencia en México, se requiere de una estrategia integral, que involucre a todos los niveles de gobierno y a todos los sectores de la sociedad. Sin embargo, ¿por qué no empezar por ahí? Al bajar la impunidad, bajaría de manera automática la violencia.

[1] Índice Global de impunidad, 2015. Universidad de las Américas, Puebla.

Autor:

Fecha: 
Miércoles, 22 de Abril 2015 - 18:30
Redes sociales: 
1