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La crisis de legitimidad auspicia la violencia

 

En México no hay justicia porque usualmente se rinde al mejor postor. La impunidad campea: sólo 2% de los delitos son castigados, y la mayoría de los que están en la cárcel purgan largas condenas por infracciones menores o porque confesaron su culpabilidad bajo tortura, mientras que los grandes delincuentes presumen sus fechorías a la luz pública. La economía no funciona porque concentra la riqueza en un puñado y genera pobreza y desigualdad: los de arriba se reparten las oportunidades y los empleos bien remunerados con la única credencial que vale: su poder. Los partidos políticos recrearon el régimen patrimonialista: se reparten entre sus compinches los cargos de elección popular y usan los recursos públicos como si fueran de su propiedad para enriquecerse. La corrupción concentra el poder y las oportunidades.

Las instituciones mexicanas son, en consecuencia, inoperantes: la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no vigila ni regula a quién debería hacerlo, como lo muestra la defraudación de Ficrea a sus ahorradores. Lo mismo ocurre en el ámbito político donde los partidos violan un día sí y otro también la ley que ellos elaboraron y aprobaron. Los Poderes de la Unión tampoco operan: los legisladores encubren, en lugar de investigar para determinar si hubo o no conflicto de interés en las casas del presidente Peña y del secretario Videgaray de Hacienda, porque la mayoría se benefician de los moches; tampoco legislan a favor del interés general sino del gran capital. El Ejecutivo es incapaz de garantizar la vida y el patrimonio de las personas. Y la Corte no controla a sus jueces ni protege al ciudadano de los abusos del poder público.

En suma, la gran mayoría de mexicanos carece de oportunidades y de medios para defenderse de los poderes públicos y económicos. Es más fácil descender en la escala social (empobrecerse) que mejorar el nivel de vida. El mundo político, el mundo económico, el mundo de la justicia son impenetrables: la movilidad social se congeló. Con ello, los poderes públicos y las instituciones pierden su legitimidad porque no representan el interés general. Esta circunstancia explica la violencia de muchos grupos: si los de abajo no pueden acudir a la ley ni acceder a la justicia para protegerse ni a la prensa para hacerse oír, recurren al único medio que les da visibilidad y presencia: el vandalismo. Estamos entrampados, pues un Estado sin legitimidad pierde el derecho del uso legítimo de la fuerza pública. Por tanto, urge un gran acuerdo nacional para recuperar el Estado a favor del interés general. En caso contrario se corre el riesgo de que caigamos en una espiral fatal de violencia.

Fecha: 
Jueves, 22 de Enero 2015 - 18:00
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En Entrevista: Héctor Larios Córdova, Senador PAN

El secretario de la Comisión de Gobernación del Senado, Héctor Larios (PAN-SON), explica porqué debe declararse la desaparición de poderes en Guerrero.

 

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Fecha: 
Miércoles, 22 de Octubre 2014 - 19:30
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En Entrevista: Héctor Larios Córdova, Senador PAN

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Mi programa:

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Porqué debe declararse la desaparición de poderes en Guerrero, diputado justifica el gasto de cientos de miles de pesos y perfil del consumidor de Merca2.0

El secretario de la Comisión de Gobernación del Senado, Héctor Larios (PAN-SON), explica porqué debe declararse la desaparición de poderes en Guerrero. El diputado Samuel Gurrión Matías (PRI-OAX) justifica el gasto de cientos de miles de pesos en el evento de su segundo informe de labores. En el estudio están Kenia López Rabadán y Álvaro Rattinger con quienes comento la situación que prevalece en Guerrero y la solicitud de desaparición de poderes de ese estado presentada por los senadores del PAN; el perfil del consumidor realizado por la revista Merca2.0. Yemy Zonana nos aconseja como utilizar el correo electrónico.

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Fecha: 
Miércoles, 22 de Octubre 2014 - 19:00
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¿Ingobernabilidad en Guerrero?

Los hechos ocurridos el pasado viernes 26 de septiembre, en los que lamentablemente fallecieron 6 personas y desaparecieron 43 estudiantes normalistas en la ciudad de Iguala, Guerrero, generó un evidente ambiente de tensión, por el cual, la sociedad guerrerense ha salido a las calles a manifestarse exigiendo atención y respuestas a la alarmante situación que vive su estado.

La intervención del gobierno federal con la gendarmería, la atracción de la investigación de los desaparecidos por parte de la Procuraduría General de la República y hasta la suspensión de actividades en el Ayuntamiento de Chilpancingo, denotan que el estado no sólo tiene un problema social, sino que sus autoridades locales han sido deficientes en la atención.

Por tal motivo, diversas autoridades, la sociedad organizada, las instituciones no gubernamentales y los partidos políticos se han preocupado por la situación de dicha entidad federativa. Uno de los partidos que presentó su posicionamiento fue Acción Nacional, quien a través de sus senadores, promovió la declaratoria a la que hace referencia la fracción V del artículo 76 Constitucional, es decir, la implementación de un gobierno provisional.

Y se preguntará el lector: ¿en qué consiste?, ¿es legal?. En efecto, la Constitución Política, en su artículo 76 fracción V y la Ley reglamentaria del mismo artículo señalan que es facultad exclusiva del Senado de la República declarar un gobierno provisional cuando hayan desaparecido los poderes de un estado, y se convoque a elecciones. Esta desaparición de poderes se puede dar en los casos en que los titulares de los poderes constitucionales se encuentren imposibilitados para el ejercicio de sus funciones con motivo de situaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos, que afecten la vida del estado o se impida la plena vigencia del orden jurídico.

Esta solicitud de declaratoria, presentada el 15 de octubre, fue turnada a la Comisión de Gobernación del Senado, la cual el día de ayer decidió que se dará a la tarea de verificar el ejercicio y funcionamiento de los tres poderes del estado de Guerrero, y en caso de que exista ingobernabilidad en la entidad, procederán a declarar un gobierno provisional que dé las respuestas y atención necesaria para regresar a los guerrerenses la tranquilidad que les fue arrebatada.

Por su parte, senadores del PVEM, PRI e incluso integrantes de la fracción del PRD, han hecho expresa su solicitud al titular del gobierno guerrerense Ángel Aguirre Rivero, solicite su licencia legal al cargo, con la finalidad de no entorpecer las investigaciones que realiza la autoridad federal, ya que a su decir, su desempeño del cargo ante esta problemática ha sido deficiente.

Las acciones que deberán emprender las autoridades de los diferentes niveles, para atender la situación que se vive en Guerrero, deberán ser apegadas a la normatividad legal, preservando en todo momento el respeto a los derechos humanos, y buscando la solución más factible y favorecedora para los habitantes de la entidad.

 

Fecha: 
Miércoles, 22 de Octubre 2014 - 17:00
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¡Por la desaparición de Poderes del Estado de Guerrero!

Los senadores del Partido Acción Nacional proclaman por ejercer la facultad de declarar la desaparición de los poderes en el Estado de Guerrero, en particular, justifican su petición con el objetivo de otorgar solución a los recientes acontecimientos de Ayotzinapa. Es complejo implementar la facultad de los senadores para declarar la desaparición de poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo en un Estado de la República Mexicana. En otras palabras con desaparecer los poderes, cabe preguntar ¿en realidad es la solución a la crisis de inestabilidad social y política por la que atraviesa un Estado o es una acción con tintes electorales?

La fracción V del artículo 76 constitucional otorga como facultad exclusiva a los senadores  la de declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un Estado, el nombramiento de un Gobernador provisional. Y, por su parte, en la Ley Reglamentaria (29.dic.1978) de la citada fracción y artículo, establece que corresponde exclusivamente a la Cámara de Senadores determinar que se ha configurado la desaparición de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de un Estado y hacer la declaratoria de que debe nombrarse un Gobernador provisional. Y, para tal efecto, la misma ley dice que es necesario que se formule al Senado la petición de desaparición de poderes de un Estado, es decir que los senadores conozcan las causas por la cuales se formula la petición. 

¿Quiénes están facultados para formular la petición? La respuesta lo determina la ley reglamentaria, es decir, son los senadores, diputados federales o por ciudadanos de la entidad.

¿Cómo se configura la desaparición de poderes de un Estado?

La respuesta lo prescribe la ley reglamentaria, es decir, procede la desaparición de poderes de un Estado únicamente en los casos de que los titulares de los poderes constitucionales: quebrantaren los principios del régimen federal; abandonen el ejercicio de sus funciones, a no ser que medie causa de fuerza mayor; estuvieren imposibilitados físicamente para el ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos o con motivo de situaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos, que afecten la vida del Estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico; prorrogaren su permanencia en sus cargos después de concluido el período para el que fueron electos o nombrados y no se hubieran celebrado elecciones para elegir a los nuevos titulares; y promovieren o adoptaren forma de gobierno o base de organización política distintas a una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación y con municipios libres.

En síntesis, el tema de la desaparición de poderes de un Estado, a pesar de ser una facultad  exclusiva  de los senadores, por lo pronto, y después de su reglamentación en1978, no ha sido implementada en los Estados de la República.

Anteriormente, se comenta por los estudiosos de la materia, que por lo menos desde 1918 a 1975, son 62 casos los que se han presentado para solicitar la desaparición de poderes, y que solamente entre 4 y 6 casos se procedió a declarar la desaparición del poderes, logrando nombrar al Gobernador provisional. Además, dicen que ya se había intentado emplear la facultad por diversas causas, entre otras, por ejemplo, desde 1918 a 1975, porque el Gobernador y Congreso del Estado se revelaron contra el gobierno federal, porque el Gobernador se levantaba en armas contra el gobierno federal, o porque el Gobernador había infringido leyes federales.    

Estimado, lector, cabe destacar que la realidad es otra, por tanto, es mejor identificar a fondo los problemas del Estado de Guerrero, que no han sido solventados por sus gobernantes durante años. La dignidad de la persona es un derecho humano, y no se debe vulnerar por ninguna circunstancia, y cuando desafortunadamente ocurre lo contrario, entonces es fundamental de manera inmediata restituirlo con los  mecanismos legales que se determinan para una adecuada protección a los derechos humanos.  

Así, qué, querido lector, por el momento, parece ser que es inapropiado sustentar un procedimiento que no ha sido del todo eficaz en la historia del país.

Al tiempo, tiempo… 

Fecha: 
Miércoles, 15 de Octubre 2014 - 17:30
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