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La Ley de Juegos con Apuesta, Duerme. Mexicanos en el Kentucky Derby.

Al momento de escribir estas líneas el momio para que la iniciativa de la Ley de Juegos con Apuesta se discutiera y aprobará en el Senado de la República era de 90 a 1.

Prácticamente se acabó el período ordinario de sesiones del Congreso de la Unión y la iniciativa en comento se quedó atorada —con el "clutch" adentro—. No hay anuncio o señal alguna de que se pudiera convocar a un período extraordinario para aspirar a que se discutiera. Morta por el momento. Por meses. Tal vez por años.

Y me pregunto: qué para que se apruebe alguna ley tiene que haber consenso entre los grupos parlamentarios. Qué no en las "democracias" las mayorías deciden. ¿No hubo negociación?¿O temieron aprobarla por las próximas elecciones? ¿O la quieren ajustar y perfeccionar? No lo entiendo. Es probable que la coalición PRI/Verde/Panal fuera suficiente para aprobarla. Evidentemente alguien no quiso.

La industria del "Juego con Apuesta" existe en nuestro país; puede ser una actividad económica sólida e importante y parece no importar su correcta legislación. La promulgación de esta Ley tiene por objeto sentar las bases para regular y vigilar una industria que puede producir muchos empleos e ingresos para la hacienda federal; para los estados y municipios y se vuelve a dejar de lado. Dormida. En Macao, donde los chinos permitieron las apuestas legales, el 40% del ingreso de las máquinas tragamonedas son impuestos y se recaudan muchos millones de dólares por este concepto. ¿En dónde está la Secretaría de Hacienda; qué no le urgen ingresos?

Aparentemente es mejor renunciar y dejar que las actividades de esta industria se rijan por una Ley obsoleta —la reina de la discrecionalidad la he llamado— ¿Qué pasa? ¿Hay intereses fácticos que se oponen a tener una Ley que regule y vigile seriamente está actividad? Es la única explicación, pues así es fuente de componendas y negocios entre funcionarios y empresarios. Y sigue la mata dando...

De esta manera, se inhibe el crecimiento y la posible inversión nacional y extranjera de una actividad que bien regulada es una fuente de riqueza y no, como refiere un amigo, que prefiere encontrarse a Alfonso Capone o a cualquier malhechor recién aprehendido que ser despelucado en algún "casino" de los 300 que existen en México por retenciones excesivas y falta de supervisión gubernamental.

En fin, lo anterior explica —es muestra— de lo que pasa en muchos sectores de este país y así se comprende el hartazgo de gran parte de la sociedad hacia nuestros legisladores quienes se tomaron su tiempo para aprobar la Ley de "un Día Nacional de la Oratoria", la cual seguramente producirá muchos empleos y dejan en la congeladora iniciativas importantes.

Ahora, los Diputados actuales en 4 meses dejarán sus curules —sin dejar de cobrar sus jugosas dietas— y se irán a las campañas, a dizque visitar sus distritos o a preparar sus estrategias para ver dónde se acomodan pues pronto se les acabará la chamba. Así pasarán hasta el 30 de agosto sin calentar sus cómodos asientos del recinto parlamentario —sin levantar el dedo— excepto los designados para asistir a la Comisión Permanente. Por lo descrito y en mi opinión, esta es otra razón de peso para que el Poder Legislativo cambie de fondo; menos diputados y más eficientes. ¿Qué no era promesa de campaña?

En cambio, los Senadores de la República todavía estarán en sus funciones tres años más y algunos cuantos estarán afinando sus posibles candidaturas para aspirar a gobernar sus estados. A partir del mes patrio —en septiembre— seguirán con sus debates y legislando en coordinación con la nueva Cámara de Diputados en su versión LXIII que elegiremos el 7 de junio.

Para la Industria Hípica de Carreras de Caballos (que su servidor representa), la iniciativa de la Ley de Juegos con Apuesta y Sorteos aprobada por los diputados es bastante desfavorable; lo he comentado en muchos de mis artículos anteriores publicados en el Times de Eduardo Ruiz-Healy www.ruizhealytimes.com y en https://www.facebook.com/HIPICAMEXICANA?ref=hl.

No me queda otra más que seguir picando piedra para tratar de convencer a las autoridades gubernamentales que nos escuchen y pongan remedio para evitar que la crianza y las carreras de caballos Pura Sangre desaparezcan en nuestro país, todo ello gracias a la ineficacia de la empresa permisionaria CODERE —españoles que ahora están empeñados en quemarle los cascos a los caballos de carrera, como lo hicieron con el emperador Cuauhtémoc por la codicia del Oro, ahora las jugosas utilidades del juego— y gracias también a las "gentilezas" del chapulín Marcela González Salas, próxima diputada federal, que hizo nada para rescatar la actividad, como era su obligación mientras fue directora de Juegos y Sorteos de la Segob.

Ya hemos solicitado respetuosamente —por supuesto— una entrevista con el nuevo director de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, el licenciado Luis Felipe Cangas Hernández para exponerle la grave situación que por años padecemos y que su responsabilidad atendernos. El nuevo funcionario goza de buena reputación. Ya les comentaré los resultados de nuestra gestión.

Por cierto, el sábado 2 de mayo se corre en el hipódromo de Churchill Downs la carrera más importante del mundo: El "Kentucky Derby" y los dos caballos favoritos serán montados por jinetes mexicanos. Víctor Espinoza, nacido en Hidalgo —que lo ha ganado dos veces— y Martin García, veracruzano, que es hoy por hoy uno de los jinetes mejor cotizados dentro del panorama hípico estadounidense.

¡Suerte Muchachos!

Fecha: 
Miércoles, 29 de Abril 2015 - 18:30
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La portación de armas es un derecho de los servidores públicos extranjeros en México

Siendo Presidente de México Luis Echeverría Álvarez, el 11 de enero de 1972 se publica en Diario Oficial de la Federación una nueva Ley denominada “Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”.  

En el dispositivo jurídico se menciona como características del uso de armas los términos “posesión” y “portación”. 

La posesión de toda arma de fuego, dice la ley, que “deberá manifestarse a la Secretaría de la Defensa Nacional, para el efecto de su inscripción en el Registro Federal de Armas”. 

Además, “no se permitirá la posesión ni portación de las armas prohibidas por la Ley ni de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, salvo los casos de excepción señalados por la misma  Ley”.

El tema de la posesión y portación de armas en nuestro país, tal y como lo describe la ley se encuentra regulado. Sin embargo, al parecer no todas las personas que poseen o portan una arma cumplen con el dispositivo jurídico en comento.

En otras palabras; ¿Cuántas pistolas, revólveres, rifles y/o escopetas, son ilegales en México? Los datos pueden variar, no obstante se nos dice que son millones de armas que no están registradas.  

Ahora, bien, los senadores  aprobaron reformas a la señalada Ley. Los cambios figuran para que agentes extranjeros puedan portar armas en México. 

En efecto, en el dictamen que por ahora dentro del proceso legislativo se remitirá para su aprobación a la Cámara de Diputados, pues la Cámara de Senadores lo aprobó con 78 votos a favor, 20 en contra y 2 abstenciones, establece como parte de ese derecho que: se busca fortalecer la cooperación migratoria y aduanera de México con el mundo mediante la autorización de la portación de armas en territorio mexicano a servidores públicos extranjeros de migración, aduanas y a los agentes de seguridad en el ámbito de las visitas oficiales de jefes de Estado, gobierno, ministros o equivalentes, siempre que se trate de revólveres o pistolas de funcionamiento semiautomático, cuyo calibre no sea superior a .40” o equivalente.

En consecuencia, la iniciativa de ley que reforman y adicionan los artículos 11, 27 y 28 de la “Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”, que con fecha de 24 de febrero de este año, presentó el Titular del Poder Ejecutivo a la Cámara de Senadores, transcurre con el objetivo de cumplir con base al principio de reciprocidad entre los países que suscriban los acuerdos interinstitucionales para tal efecto.  

De tal suerte, solamente cabe preguntar: ¿Cuál es la solución a las armas no registradas? Sobre todo cuando por disposición constitucional los habitantes del país tienen el derecho a poseer armas en  su domicilio, para su seguridad y legitima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal Armas de Fuego y Explosivos y las reservadas para el  uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, y para que se les autorice la portación de una arma tendrán que cumplir con la Ley, de acuerdo a los casos condiciones, requisitos y lugares.  

Fecha: 
Viernes, 10 de Abril 2015 - 18:00
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Para el mes de septiembre: ¡el derecho a un seguro del desempleo y pensión universal!

“La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la Nación, electos en su totalidad cada tres años. Por cada diputado propietario, se elegirá un suplente”. Tal y como lo describe la Constitución de la República, así como que la “Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripciones plurinominales”.

De tal suerte los actuales legisladores de la referida Cámara de Diputados, disponen de su último periodo ordinario de sesiones que termina el último día de este mes de abril, es decir, para el próximo mes de septiembre la Cámara de Diputados será integrada por los candidatos a diputados que resulten ganadores de los comicios del próximo 7 de junio.

En otras palabras en el mes de septiembre comienza otro periodo ordinario del Poder Legislativo con nuevos integrantes en la Cámara de Diputados.

Así que, los temas de la agenda legislativa son diversos para aprobar por ambas cámaras de diputados y senadores en este mes de abril. Esto es, quedan 22 días para aprobar todos los pendientes legislativos con reformas constitucionales y legales.

¿Cuáles son esos pendientes legislativos? A continuación, veamos algunos de ellos: el sistema nacional anticorrupción; transparencia; el derecho de réplica; de propaganda gubernamental; de Juegos y Sorteos; la eliminación del fuero a los servidores públicos; el derecho a un seguro de desempleo y  pensión universal; el derecho de audiencia para extranjeros; la reforma política del DF; seguridad y justicia (mando único en los estados); y cambios a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, entre otros temas.

En definitiva, en cada una de las cámaras -diputados y senadores-, son numerosos los pendientes legislativos, sobre todo para desahogar en tan  sólo siete sesiones del pleno.

En consecuencia, todo apunta que por circunstancias de tiempo, modo, lugar y falta de acuerdos legislativos entre los grupos parlamentarios, en el mes de abril quedaran en la reserva legislativa diversos temas trascendentales que resultan de suma importancia para la sociedad: el derecho a un seguro de desempleo y pensión universal, es uno de esos temas.

¡Quizá, sea para el próximo mes de septiembre!  

Fecha: 
Miércoles, 08 de Abril 2015 - 18:00
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¿Cuáles son los acuerdos legislativos?

En sistema legislativo de nuestro país se integra por 500 diputados y 128 senadores. Los legisladores son los que aprueban las leyes en México. El cargo de elección popular para un diputado es de tres años, y para un senador es de seis años. Las últimas elecciones en las que el electorado eligió a los actuales legisladores fue el 1 de julio de 2012.   

Por ende, el resultado de las elecciones federales de ese año en ambas cámaras fue el siguiente. En la Cámara Diputados: PRI-212; PAN-114; PRD-104; PVEM-29; MC-16; PT-15; y, NA-10. En la Cámara de Senadores: PRI-52; PAN-38; PRD-22; PVEM-9; PT-5; NA-1; y, MC-1. 

En consecuencia, en ambas cámaras, la mayoría de la representación es principalmente para tres fuerzas políticas. El primer lugar es para el PRI, el segundo para el PAN y el tercero para el PRD. Sin embargo, para la aprobación de las leyes se requiere del voto mayoritario de los legisladores en cada una de las cámaras respectivas.  

La conformación de la creación de la leyes en nuestro país es constante, eso sin duda, pues el legislador asiduamente se pronuncia por la presentación, discusión y aprobación de las iniciativas de ley. Quizá, tal circunstancia, por el momento, es decir en este escrito, no sea el tema a reflexionar. Por el contrario el tema es preguntar: ¿Cuáles son los acuerdos legislativos de los legisladores para aprobar la creación de la ley?

El periodo ordinario de sesiones de los diputados y senadores termina el próximo 30 de abril. Los temas de la agenda legislativa, son diversos. Los partidos políticos y sus grupos parlamentarios en el Congreso disponen de su propia agenda legislativa.  

No obstante, de los acuerdos parlamentarios y su cabildeo por parte de los legisladores  para otorgar el suficiente soporte legislativo con la aprobación de sus agendas legislativas, es importante que se pongan de acuerdo en temas que resultan ser por si mismos, de mayor transcendía en beneficio del interés general de la población, tales como: la reforma para combatir la corrupción mediante la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, la reforma en materia de seguridad y mando único a fin de disipar a las policías municipales infiltradas por el crimen organizado (unificación de policías), y la reforma política para el DF.

En definitiva, estimado lector, solo por curiosidad, pregunto: ¿Cuáles son los acuerdos legislativos? ¿Cuáles son las negociaciones de los legisladores para aprobar o no aprobar las leyes? 

Así que, querido lector, la duda no consiste en la discusión y aprobación de las leyes, más bien es por estar al tanto de conocer la forma, intercambio político del legislador y/o legisladores, en la que logran acuerdos para la creación de las leyes. Entonces, es posible, preguntarles: ¿Cuál es la transparencia legislativa?

Al tiempo, tiempo…  

Fecha: 
Lunes, 30 de Marzo 2015 - 18:00
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Una comisión de la verdad sobre corrupción

La corrupción, que es efecto de un sistema político en donde no existe rendición de cuentas de los actos de los representantes públicos, es de tal magnitud que se volvió intolerable. Su impacto deslegitima al gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), al grado de paralizarlo e impedirle aplicar la ley: ¿cómo puede exigir respeto a la legalidad el que más la viola? El escándalo también trasciende las fronteras de México y deteriora el ya menguado margen de maniobra de la diplomacia. Para efectos prácticos, borra al país del mapa político internacional: ¿con qué cara pueden plantarse los funcionarios mexicanos ante sus pares en el mundo?; además, reduce la capacidad para atraer inversiones y turistas. El problema pinchó la línea de flotación del navío nacional. Quizá por ello el PRI decidió destrabar, en la cámara de diputados, el sistema nacional anticorrupción, aunque apenas es un gesto, pues aún puede revertirse.

Una manera indirecta de medir el tamaño de la corrupción es comparar los ingresos que obtuvo México por renta petrolera los últimos 14 años (2000-2014). Héctor Aguilar Camín, reveló recientemente en su columna de Milenio el descomunal monto de recursos que recibió el país en ese periodo: en dólares de 2014, ingresaron un billón 58 mil 635 millones de dólares. Si se compara esa cifra con el Plan Marshall que reconstruyó a Europa, los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón recibieron el equivalente a 6.6 veces esa cifra, que en dólares de 2014 equivaldría a 160 mil millones. Sin embargo, México hoy es más pobre, no más rico, como debió ocurrir gracias a tan ingentes recursos: de acuerdo con el Coneval, 55% de los mexicanos, unos 62 millones, no obtiene ingresos suficientes para comer. ¿Qué pasó con tanto dinero? Fue dilapidado por los gobiernos federales, estatales y municipales.

Parte importante de esos recursos se utilizó para condonar impuestos a empresas. Una porción más se canalizó a cuentas de mexicanos en paraísos fiscales o a la compra de bienes raíces en zonas residenciales de Estados Unidos y diversas naciones. Otra parte de ese capital se destinó a adquirir todo tipo de bienes y servicios, ya que la economía mexicana depende más de las importaciones para funcionar. El caso es que hoy somos más pobres y ya no contamos con el dinero que nos prodigó Pemex. Si bien es difícil castigar a los corruptos e ineptos, sí podría crearse una comisión de la verdad sobre la corrupción. Serviría de escarmiento para que jamás se malverse el dinero público. Los mexicanos tenemos el derecho de saber cómo se despilfarró el capital de la patria. Es condición necesaria para restablecer la confianza.

Fecha: 
Jueves, 26 de Febrero 2015 - 17:00
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El largo viaje de la reforma anticorrupción puede llegar a su fin

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aseguró la semana pasada que hoy se votaría en comisiones el predictamen sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, para finalmente ser sometido a votación en el pleno este jueves. Esto después de más de dos años de estancamiento en el Congreso.[1] Siendo el combate a la corrupción un tema prioritario en México ¿Por qué la reforma tardó tanto en materializarse? ¿Cuáles serán sus implicaciones?

Antecedentes: el Sistema Nacional Anticorrupción y la propuesta de EPN

En noviembre de 2012, los senadores Lisbeth Hernández, del PRI, y Pablo Lecona, del PVEM, presentaron la iniciativa de Enrique Peña Nieto para la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción. Cabe señalar que esta propuesta implicaba la desaparición de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y se estipulaba que las actividades de dicha dependencia que no se relacionaran con la corrupción pasarían a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Además, también se crearía el Consejo Nacional por la Ética Pública, el cual estaría conformado por expertos que hicieran recomendaciones sobre transparencia.

Con el argumento de que eran prioritarias otras reformas, la aprobación de la Comisión Nacional Anticorrupción quedó pendiente en la Cámara de Diputados, hasta que en octubre de 2014 el PAN presentó la propuesta del Sistema Nacional Anticorrupción.[2] Cabe señalar que dicha propuesta fue producto de consultas con organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema (Transparencia Mexicana, Transparencia Internacional y la Red por la Rendición de Cuentas). El PRD presentó su propia iniciativa apenas el 12 de febrero.

La posición de los principales partidos[3]

I. Coincidencias

  • Que se fortalezca a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que sea autónoma y que pueda iniciar auditorías apenas cierre el ejercicio y de inmediato (revisión en tiempo real) en el caso de denuncias sobre hechos graves.
  • Ampliar las facultades del Congreso para legislar en materia de combate a la corrupción.
  • Establecer una Fiscalía de Combate a la Corrupción (para la denuncia de actos de corrupción que puedan ser delito, con un fiscal nombrado por el Senado).
  • Fortalecer las atribuciones de la SFP.
  • El establecimiento de un Tribunal Federal de Cuentas para sancionar faltas administrativas graves y castigos en actos de corrupción a copartícipes.
  • Que el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción esté integrado por: 1) Auditor Superior de la Federación, 2) Titular de la Fiscalía de Combate a la Corrupción, 3) Presidente del IFAI, 4) Representante del Consejo de la Judicatura, y 5) un representante del Comité de Participación Ciudadana.
  • Establecer la extinción de dominio[4] en casos de enriquecimiento ilícito.

II. Divergencias

  • Que el Senado tenga que ratificar al titular de la SFP (PRI no lo considera necesario).
  • No hay consenso para que la ASF pueda auditar recursos de estados y municipios.
  • No se ha acordado cómo se integrará el Tribunal Federal de Cuentas ni el plazo de prescripción de los actos de corrupción.[5]

¿Qué pasa con la Secretaría de la Función Pública?

Con la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada el 2 de enero de 2013, la SFP desaparecería y transferiría sus atribuciones el día que el órgano constitucional autónomo en materia anticorrupción entrara en funciones.[6] Al no constituirse éste, la SFP siguió en funciones con un encargado de despacho y con recursos asignados en los Presupuestos de Egresos.

Sin embargo, el pasado 3 de febrero, EPN nombró a Virgilio Andrade como Secretario de la Función Pública y le encomendó reforzar los procesos de control, fiscalización y auditoría para prevenir la corrupción y los conflictos de interés.[7]

La importancia de combatir la corrupción

El Sistema Anticorrupción es importante por la extensión del problema en México:

  • México ocupa el puesto 103 de 175 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2014, de Transparencia Internacional, empatado con Moldavia, Bolivia y Níger.[8]
  • Los mexicanos no confiamos en nuestras autoridades:

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Fuente: Elaboración Propia en base a Barómetro Global sobre la Corrupción.[9]

  • Según el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, la corrupción cuesta a los mexicanos 1.5 billones de pesos (10% del PIB). Además, las empresas destinan cerca de 10% de sus ingresos para poder operar,[10] lo que impacta negativamente a la productividad y la competitividad del país, pues lo hacen menos atractivo para la inversión al aumentar los costos de las empresas.

Conclusiones

  • El Sistema Anticorrupción dará nombre y cara al combate de este mal en México, lo que facilitará a la sociedad civil y a la ciudadanía exigir cuentas en casos de impunidad.
  • Para ser efectivo, el sistema requiere que no sólo se persiga a funcionarios de puestos de baja o mediana importancia, que pudieran estar cumpliendo órdenes de superiores.
  • El combate a la corrupción no es tarea de un solo individuo, sino de toda la sociedad en su conjunto, especialmente ahora que se permitirán las denuncias ciudadanas contra actos de corrupción de funcionarios.

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[1] http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/predictamen-anticorrupc...

[2] La iniciativa tiene tres ejes principales: i) control interno (SFP y órganos internos de control), ii) control externo (ASF y la Fiscalía Anticorrupción) y el Tribunal Federal de Cuentas.

[3] http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/mexico/213509/sigue-el-atoron-en-...

[4] Se refiere a la pérdida de derecho de una propiedad que sea producto de un delito.

[5] http://www.excelsior.com.mx/opinion/enrique-aranda/2015/02/23/1009813

[6] http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5283959&fecha=02/01/2013 Art. 26 y Transitorio 2

[7] http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/mensaje-a-medios-de-comun...

[8] https://www.transparency.org/cpi2014/results#myAnchor1

[9] http://www.transparency.org/gcb2013/country/?country=mexico

[10] http://www.eluniversal.com.mx/primera/39265.html

Fecha: 
Martes, 24 de Febrero 2015 - 17:00
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No les importa que sea nuestro dinero

Los organismos gubernamentales encargados de recaudar impuestos, derechos, contribuciones y tarifas no escatiman esfuerzos para cobrarnos hasta el último centavo de lo que la ley señala que debemos pagar por diversos conceptos. No toleran atrasos ni aceptan que el monto pagado sea menor al que han determinado. Cuando aprueban que un adeudo se pague a plazos, la tasas de interés que cobran sobre los saldos insolutos son superiores a las de los mismos bancos comerciales. Tienen el poder de intervenir cuentas bancarias y embargar bienes de quien por una razón u otra no haya cumplido con sus obligaciones.

En resumen: cuando se trata de sacarnos una parte importante del dinero que hemos ganado por nuestro trabajo, los funcionarios a cargo de esos organismos demuestran un profesionalismo inaudito, un afán poco visto para cumplir a pie juntillas con las leyes.

Sin embargo, cuando se trata de gastar nuestro dinero - el que han obtenido de los impuestos, derechos, contribuciones y tarifas que pagamos-, la mayoría de los organismos gubernamentales y sus funcionarios demuestran irresponsabilidad y falta de profesionalismo, por decir lo menos.

Lo que afirmo en el párrafo anterior se comprueba al analizar el Informe General de la Cuenta Pública 2013 dado a conocer la semana pasada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Para empezar, es importante notar que el informe analiza la Cuenta Pública 2013, es decir la del año antepasado, porque nuestra clase política, en especial los integrantes del Poder Legislativo, no han actualizado las leyes con el fin de que la ASF pueda auditar en cualquier momento a cualquier dependencia pública, así como el SAT puede hacerlo con cualquier contribuyente físico o moral. Por eso, será hasta febrero del año 2016 cuando tengamos la oportunidad de saber que tan bien o mal gastó el gobierno nuestro dinero durante 2014.

Entre las muchos anomalías detectadas por la ASF destacan los siguientes:

22,993 millones de pesos no fueron ejercidos, devengados o reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE) a la fecha de cierre de las auditorías.

18,190 millones de pesos se gastaron sin que exista la documentación comprobatoria de las erogaciones.

10,946 millones de pesos se transfirieron a cuentas bancarias distintas a las autorizadas.

8,032 millones de pesos se derogaron en obras, acciones y conceptos que no corresponden con los fines de los fondos y programas.

4,331 millones de pesos se usaron para pagar remuneraciones indebidas o injustificadas al personal.

2,667 millones de pesos no fueron entregados por las Secretarías de Finanzas de los estados a los entes ejecutores.

Solo por estos seis conceptos estamos hablando de 67,159 millones de pesos que, o no se erogaron como debería haberse hecho o fueron mal utilizados por diversos burócratas a lo largo y ancho del país.

Las ASF elabora un Índice de Desempeño de la Gestión del Gasto

Federalizado por Entidad Federativa. En lo que a la Cuenta Pública 2013 se refiere, el gobierno que mejor gestiono el gasto federalizado fue Querétaro. El que peor lo hizo fue Michoacán. Los 5 mejores fueron Querétaro, Campeche, Durango, Yucatán y San Luis Potosí. Los 5 peores fueron Michoacán, Jalisco, Veracruz, Hidalgo y Guanajuato.

El Informe General de la Cuenta Pública 2013 nos permite ver qué tanto les importa o no nuestro dinero a quienes supuestamente deben invertirlo y gastarlo de la mejor manera posible. Puede verse en www.asf.gob.mx/Publication/169_Informe_cuenta_publica

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Fecha: 
Lunes, 23 de Febrero 2015 - 12:00
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El PRI vs. la Transparencia

El jueves pasado, en mi programa de radio y TV en Grupo Fórmula, la Coordinadora del Programa de Gasto, Rendición de Cuentas y Corrupción de México Evalúa (centro de análisis de políticas públicas), Mariana Campos, explicó ampliamente qué es lo que supuestamente pretenden algunos funcionarios de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, a través de senadores del PRI y PVEM, para lograr que la opacidad rija en las áreas más importantes de la administración pública. Aparentemente, a estos alto funcionarios de Los Pinos no les importa que el propio presidente Enrique Peña Nieto se haya comprometido públicamente en diversas ocasiones a transparentar las decisiones y procesos gubernamentales.

En su artículo intitulado ¿Transparencia RIP?, que puede leerse íntegramente en http://www.ruizhealytimes.com/opinion-y-analisis/transparencia-rip, Mariana señala ocho cambios que los legisladores de la fracción PRI-PVEM pretenden hacerle a la Ley General de Transparencia que ahora se discute en el Senado de la República. Transcribo parte de lo que ella escribe:

1.  “Se busca eliminar la prueba de daño como un mecanismo efectivo para hacer legítima la reserva de información. Este mecanismo, cuando es bien definido, puede evitar que se reserve información en vano ya que exige a los sujetos obligados demostrar que en efecto la divulgación de cierta información daña algún interés público jurídicamente protegido. Sin un mecanismo de prueba de daño se vuelve mucho más fácil reservar información sin una razón legítima.

2. “Se busca eliminar la obligación de que los funcionarios documenten la información relacionada con el desempeño de sus obligaciones, definidas en  los distintos ordenamientos jurídicos… La inexistencia de la información es actualmente la justificación más utilizada para que los ciudadanos no podamos acceder a la información. Para impedir que este pretexto se siga utilizando es necesario obligar en todas las leyes secundarias en la materia a que los funcionarios documenten sus actividades y cumplan con las obligaciones establecidas en el máximo ordenamiento jurídico de nuestra nación.

3. “Se busca que la Ley General de Transparencia no tenga prevalencia sobre otras leyes que contengan disposiciones en materia de transparencia. De esta forma se desinflaría la reforma constitucional...

4. “Se busca excluir a ciertas instituciones del Estado del cumplimiento de las disposiciones de Ley General de Transparencia. En particular, con el argumento de que Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya no son entidades paraestatales, sino empresas productivas del Estado, se solicitó exentarlas de las obligaciones de transparencia… tal medida no se justifica, ya que ambas empresas siguen empleando recursos públicos, por lo que son y deben ser sujetos obligados.

5. “Con una intención similar, se busca que varias instancias federales puedan prescindir de Comités de Transparencia… Entre esas instancias se encuentran varias instituciones dedicadas a la seguridad pública y  a la procuración de justicia...

6. “La transparencia de los fideicomisos no queda bien definida. Se busca evitar que los fideicomisos que no tienen estructura orgánica rindan cuentas de manera directa.

7. “Se pretende establecer plazos permanentes de reserva de información, extender los plazos totales de 7 a 12 años y reservar la información de crímenes contra la humanidad.

8. “Se busca eliminar varias obligaciones de transparencia, entre las cuales destacan dos: se pretende eliminar la obligación de que los funcionarios hagan públicas sus declaraciones patrimoniales… se pretende eliminar la obligación de publicar los resultados de evaluaciones de desempeño practicadas a los funcionarios…”.

Después de leer la denuncia hecha por Mariana Campos es válido preguntarse si Peña Nieto es sincero cuando promete transparentar la administración pública. Si el presidente piensa efectivamente cumplir sus promesas, algunos priístas en la Consejería Jurídica de la Presidencia y/o en el Senado han decidido no hacerle caso.

Dentro de pocos días sabremos la verdad.

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Lunes, 16 de Febrero 2015 - 12:00
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¿Quién será el nuevo ministro de la SCJN?

Nos dicen que el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se reunió ayer con los diez Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Entre otros puntos de vista tratados por ambas partes, también se nos dice que sobresale el fortalecimiento del Estado de Derecho, el pleno respeto a los derechos humanos y la colaboración institucional. 

La reunión de los representantes de los poderes públicos Ejecutivo y  Judicial, según se observa, no fue simplemente una reunión para estrechar los lazos de amistad, o como dice el comunicado de la presidencia: “El Presidente Peña Nieto reiteró la absoluta disposición de su gobierno de tener una colaboración respetuosa con el Poder Judicial Federal”.   

Quizá tampoco fue convocada la reunión para señalar lo que es el fortalecimiento del Estado de Derecho, el pleno respeto a los derechos humanos y la colaboración institucional, pues dichos temas plenamente están sustentados en el texto constitucional. 

El imperio de la ley es un elemento del Estado de Derecho que se encuentra determinado en la Constitución, y de ella emanan las diversas leyes secundarias. En junio de 2011 se reformaron diversos artículos de la Constitución en los que se reconoce constitucionalmente los derechos humanos  de las personas y se establecieron las garantías para lograr su efectiva protección. Asimismo se incorporaron disposiciones en materia de derechos humanos para otorgar el cumplimiento a los tratos internacionales de los que México es parte. 

Y, por último, la misma Constitución establece la División de Poderes y las facultades de cada uno de ellos: “El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”.

De tal suerte, cabe preguntar: ¿Es una reunión y/o visita de cortesía para revalidar las facultades que les otorga la Constitución? ¿Es una reunión y/o visita de cortesía para revalidar la facultad y obligación del Presidente de la República,  en someter o sondear la opinión de los ministros de la SCJN, de quien podría ser designado Ministro o Ministra de la SCJN, aunque, sea facultad y obligación del Presidente de la República presentar a consideración del Senado, la terna para la designación del nuevo Ministro?

En tal contexto, tal y como lo mencionaba en mi columna del pasado 5 de enero:  

Ahora el nuevo Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tendrá como primer desafío el de manifestar al Poder Ejecutivo que envíe en cuanto antes a la Cámara de Senadores la terna de personas que propone para cubrir la vacante de Ministro, tras el fallecimiento el año pasado del Ministro Sergio Valls. 

En un plazo improrrogable de treinta días, el Senado tendría que hacer la designación, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. 

Por el contrario, si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.  

No obstante, en caso de que los senadores rechazaran la totalidad de la terna propuesta, entonces el Jefe del Ejecutivo,  someterá una nueva terna de personas, y si es una vez más rechazada, el Jefe del Ejecutivo quedaría facultado para que dentro de la misma terna eligiera a la persona que se despeñaría como Ministra o Ministro de la SCJN. 

Ahora bien, la circunstancia de la designación del nombramiento de la persona para ocupar la vacante de Ministro, es a nuestro entender, un primer desafío del Ministro Presidente Luis María Aguilar, sobre todo, porque la vacante sea ocupada por una mujer, ya que en el documento que mostró el mes de diciembre del año pasado (a desarrollar como Presidente de la SCJN, denominado “Proyecto de Plan de Desarrollo Institucional 2015-2018. Propuesta para la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal”), destaca el tema de la “igualdad de género” en el rubro de “Política judicial de protección de derechos humanos e impulso al Estado de Derecho”, por ende, manifiesta que “atendiendo a la situación de la Equidad de Género interna en el Poder Judicial de la Federación se hace ineludible el establecimiento de normas, reglas y condiciones jurídicas que propicien la participación de la mujer en las tareas jurisdiccionales, no sólo como auxiliares, sino especialmente como Titulares de los Órganos de impartición de la Justicia Federal, procurando un equilibrio que favorezca esa condición sin menoscabo de los derechos de otro sector de funcionarios”.

En tal contexto, estimado lector, y atendiendo al compromiso del Ministro Presidente Luis María Aguilar, resulta vital que el Presidente de la República envié la terna al Senado con las mujeres y hombres comprometidas y comprometidos con la impartición de la justicia en nuestro país. 

Empero, el Ministro Presidente de la SCJN, en congruencia con su plan de trabajo, me parece, luego entonces, preferiría que el Senado designara a una mujer para Ministra. En efecto, entre la terna propuesta que sea la mejor capacitada para ocupar el cargo.

Las cifras, lo dicen en el referido plan de trabajo, al mencionar que como titulares de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, no se ha reflejado un incremento en el acceso a esta categoría del número de mujeres: los Magistrados de Circuito son 621 hombres y 152 mujeres; y, como Jueces de Distrito son 291 hombres y 77 mujeres. 

Así que, querido lector, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Luis María Aguilar, necesita ayuda. Los desafíos para administrar y organizar el Poder Judicial son muchos, y máxime, tal y como lo pretende, es su primer desafío el nombramiento de una mujer como Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con ella serían entonces tres mujeres ministras y ocho hombres ministros. 

Por tanto, estimado lector, con base al Estado de Derecho, con base al respeto de los derechos humanos, y con base a la colaboración institucional entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, es de suponerse que la consecuencia de la reunión de ayer, fue acordar que de manera urgente, pronta y expedita, se de respuesta por parte del Presidente de la República para que presente a consideración del Senado, la terna para designar a la Ministra o Ministro de la SCJN, sobre todo para la completa integración institucional de 11 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Al tiempo, tiempo…

Fecha: 
Martes, 10 de Febrero 2015 - 18:00
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La crisis de legitimidad auspicia la violencia

 

En México no hay justicia porque usualmente se rinde al mejor postor. La impunidad campea: sólo 2% de los delitos son castigados, y la mayoría de los que están en la cárcel purgan largas condenas por infracciones menores o porque confesaron su culpabilidad bajo tortura, mientras que los grandes delincuentes presumen sus fechorías a la luz pública. La economía no funciona porque concentra la riqueza en un puñado y genera pobreza y desigualdad: los de arriba se reparten las oportunidades y los empleos bien remunerados con la única credencial que vale: su poder. Los partidos políticos recrearon el régimen patrimonialista: se reparten entre sus compinches los cargos de elección popular y usan los recursos públicos como si fueran de su propiedad para enriquecerse. La corrupción concentra el poder y las oportunidades.

Las instituciones mexicanas son, en consecuencia, inoperantes: la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no vigila ni regula a quién debería hacerlo, como lo muestra la defraudación de Ficrea a sus ahorradores. Lo mismo ocurre en el ámbito político donde los partidos violan un día sí y otro también la ley que ellos elaboraron y aprobaron. Los Poderes de la Unión tampoco operan: los legisladores encubren, en lugar de investigar para determinar si hubo o no conflicto de interés en las casas del presidente Peña y del secretario Videgaray de Hacienda, porque la mayoría se benefician de los moches; tampoco legislan a favor del interés general sino del gran capital. El Ejecutivo es incapaz de garantizar la vida y el patrimonio de las personas. Y la Corte no controla a sus jueces ni protege al ciudadano de los abusos del poder público.

En suma, la gran mayoría de mexicanos carece de oportunidades y de medios para defenderse de los poderes públicos y económicos. Es más fácil descender en la escala social (empobrecerse) que mejorar el nivel de vida. El mundo político, el mundo económico, el mundo de la justicia son impenetrables: la movilidad social se congeló. Con ello, los poderes públicos y las instituciones pierden su legitimidad porque no representan el interés general. Esta circunstancia explica la violencia de muchos grupos: si los de abajo no pueden acudir a la ley ni acceder a la justicia para protegerse ni a la prensa para hacerse oír, recurren al único medio que les da visibilidad y presencia: el vandalismo. Estamos entrampados, pues un Estado sin legitimidad pierde el derecho del uso legítimo de la fuerza pública. Por tanto, urge un gran acuerdo nacional para recuperar el Estado a favor del interés general. En caso contrario se corre el riesgo de que caigamos en una espiral fatal de violencia.

Fecha: 
Jueves, 22 de Enero 2015 - 18:00
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