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Cambios en la Suprema Corte de Justicia

El próximo 30 de noviembre los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza concluyen su periodo de labores frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Es por ello que el pasado 3 de noviembre el Ministro Presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, comunicó al Presidente Enrique Peña Nieto que quedarán abiertas las dos vacantes.1

El dictamen de idoneidad sobre los dos relevos en la SCJN se definirá por los 16 integrantes de la Comisión de Justicia de la Cámara Alta. El grupo es presidido por el senador Fernando Yunes (PAN y cuenta con: 6 legisladores del PRI (entre ellos quien propuso la escandalosa Ley Fayad que buscaba restringir la libertad en internet)2; tres senadores del PRD; cuatro del PAN; uno del PVEM, otro del PT y uno independiente.3 Cabe mencionar que los integrantes de las ternas deberán obtener 2/3 de los votos de los senadores para poder ocupar dichas vacantes.4

¿Quién puede ser ministro?

El artículo 95 de la constitución5 específica que para ser ministro de la Suprema Corte es necesario:

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento.

b) Tener 35 años el día de la designación.

c) Mínimo 10 años de poseer el título de Licenciado en Derecho.

d) Gozar de buena reputación.

e) Haber residido 2 años en el país antes de la designación.

f) No haber sido Secretario de Estado, Procurador General, Senador o Diputado durante el año previo, entre otros.

g) Deberá ser de probada honorabilidad, competencia y contar con antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.

Las controvertidas designaciones pasadas

En los últimos 70 años sólo 11 ministros han sido jueces del fuero común, el resto provienen de otros ámbitos políticos. Por ejemplo, las últimas tres designaciones han sido fruto de un arreglo entre los partidos: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (2012) era cuota del PRI, Alberto Pérez Dayan (2012) y Eduardo Medina Mora (2015) del PAN.6

Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, exjefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), se le acusa de no ser un experto en justicia constitucional. Fue electo casi por unanimidad sin explicarse las razones que sustentaron los votos.7 A Ortiz Mena se le reprocha su voto decisivo para poder extraditar a la presunta secuestradora francesa, Florence Cassez.8

Por su lado, Eduardo Medina Mora, quien fue Procurador General de la República, Secretario de Seguridad Pública y Director General del CISEN9 carecía del requisito de haber residido efectivamente en el país y tiene vínculos estrechos con el presidente. 10 Además, se le recriminaba su mal desempeño en sus puestos anteriores, al existir presuntas violaciones a los derechos humanos de los indígenas, hacer uso partidista de la política (el “Michoacanazo”) y tener activismo desde la PGR para socavar los procesos democráticos en el ámbito local.11 Recientemente, se le recrimina ser el único ministro que votó en contra de la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. 12

El juego político en la designación

Se rumora que después de la elección de Eduardo Medina Mora, el PRI y el PAN pactaron repartirse las dos posiciones nuevas. En este sentido, ante la recién elección anulada en Colima, se plantea que el PAN apoyará la llegada de algún priista a cambio de controlar el gobierno de este estado.13

En vista de esto, un grupo de ciudadanos entregó al Senado una petición con más de 20 mil firmas para exigir al presidente Enrique Peña Nieto y a los senadores que “imperen criterios de mérito profesional y conocimiento jurídico y no se hagan con base en reparto de cuotas partidistas o por relaciones de amistad”14 la iniciativa se llama “Una Corte sin cuates ni cuotas”.15

Sumado a lo anterior, dado que este momento solo hay dos mujeres ministras Olga Sánchez Cordero (la que se va) y Margarita Luna Ramos se ha planteado la necesidad de ajustar la balanza de género. Por lo mismo, se sugirió que una terna fuera de hombres y otra de mujeres.

Ante la reciente aprobación de la Segunda Sala de la SCJN para revisar la constitucionalidad de la designación de Eduardo Medina Mora16, la corte podría darse a sí misma una facultad prácticamente absoluta y olvidarse de los contrapesos en la designación de sus miembros. Dejando de lado lo paradójico de ser juez y parte, puede ser una señal de que la Corte también está dispuesta a utilizar todos los medios a su alcance para incidir en el proceso de designación.17  

¿Quiénes son los posibles candidatos?18

El pasado viernes el Presidente Enrique Peña mandó al Senado las siguientes ternas:

Primera terna (mujeres)

  • Sara Patricia Orea Ochoa. Experta en Política Criminal y Derecho Penal. Magistrada con experiencia en el Ministerio Público, infractores menores de edad y readaptación social.
  • Norma Lucía Piña Hernández. Magistrada en materia administrativa desde el 2000. Ya formó parte de las ternas en el 2012.
  • Verónica Judith Sánchez Valle. Magistrada en materia administrativa desde 2015. Se ha desempeñado en varios cargos dentro del Poder Judicial de la Federación. En 2009 fue acusada por la PGR por supuestos delitos contra la administración de la justicia por haber librado un sujeto requerido por EU bajo cargos de lavado de dinero.

Segunda terna (hombres)

  • Álvaro Castro Estrada. Cuenta con larga carrera y experiencia en la academia en el ámbito del Derecho.
  • Javier Laynez Potisek. Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. El expresidente Felipe Calderón lo propuso como magistrado de la Corte Penal Internacional, aunque no aprobó los filtros.
  • Alejandro Jaime Gómez Sánchez. Procurador General de Justicia del Estado de México, cargo que ocupa desde 2014. Después de un mes de que tomó protesta, ocurrió el caso Tlatlaya, en donde 22 personas murieron en un operativo militar donde la Procuraduría alteró la escena y él negó los fusilamientos.19

Conclusión

Debido a la importancia de la Suprema Corte Justicia de la Nación como parte de la balanza de la división de poderes, es de suma relevancia el tema de quienes serán los futuros ministros, ya que representan casi el 20% de los futuros votos cuando haya resoluciones que manifestar. Por lo mismo, es necesario apoyar que estos tengan una carrera en la abogacía y no estén influidos por los partidos ya que se prestaría a un esquema perverso.

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http://www.sinembargo.mx/03-11-2015/1539146

2 http://www.sinembargo.mx/03-11-2015/1539193

El  Universal, Ibid

4 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2015/10/17/quien-...

5 http://info4.juridicas.unam.mx/juslab/leylab/250/96.htm

6 http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/ricardo-aleman/...

7 http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?tag=alfredo-gutierrez-ortiz-mena

http://m.cnnmexico.com/nacional/2013/01/23/la-corte-inicia-discusion-par...

9 http://www.milenio.com/politica/nuevo_ministro_scjn-ministro_corte_y_sen...

10 http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/javier-corral/...

11 http://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2015/03/05/senador...

12 http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/katia-dartigues...

13 http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/ricardo-aleman/...

14 http://www.animalpolitico.com/2015/10/ciudadanos-piden-que-eleccion-de-m...

15 http://aristeguinoticias.com/1310/mexico/entregan-40-mil-firmas-de-chang...

16 http://www.animalpolitico.com/2015/10/la-suprema-corte-revisara-el-nombr...

17 http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=5026

18 Con base en http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/quienes-son-los-candidatos-a-la-...

19 http://www.am.com.mx/leon/mexico/critican-a-alejandro-gomez-en-terna-par...

Fecha: 
Martes, 17 de Noviembre 2015 - 17:00
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La PRIvatizacion de la $uprema “Cohorte” de Ju$ticia (*)

La salida de Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero del llamado “máximo tribunal” de Mexico me lleva a varias deliberaciones que me permito compartir en este espacio.

Puedo comenzar por referirme a la farsa insostenible que se empeña en afirmar que en Mexico vivimos un “estado de derecho”.

La “cohorte” se ha distinguido una y otra vez, por darle la razón a Francisco I. Madero que, en su proclama del Plan de San Luis a finales de1910, dijo lo siguiente:

“Los pueblos, en su esfuerzo constante porque triunfen los ideales de libertad y justicia, se ven precisados en determinados momentos históricos a realizar los mayores sacrificios…”

“…en cambio de esta tiranía SE NOS OFRECE LA PAZ, pero es una paz vergonzosa para el pueblo mexicano, porque no tiene por base el derecho, sino la fuerza; porque no tiene por objeto el engrandecimiento y prosperidad de la Patria, SINO ENRIQUECER UN PEQUEÑO GRUPO QUE, ABUSANDO DE SU INFLUENCIA, HA CONVERTIDO LOS PUESTOS PÚBLICOS EN FUENTE DE BENEFICIOS EXCLUSIVAMENTE PERSONALES, EXPLOTANDO SIN ESCRÚPULOS LAS CONCESIONES Y CONTRATOS LUCRATIVOS…

…Tanto el poder Legislativo como el Judicial están completamente supeditados al Ejecutivo…

La lectura de los documentos fundamentales de la Revolución Mexicana es aterradora porque todo lo que nos dicen, es en realidad EL RETRATO HABLADO DEL MEXICO DE HOY; solo que ahora, a más de 100 años, estamos mucho peor.

¿Cómo puede impartir JUSTICIA una camarilla de privilegiados que, por acatar consignas “de arriba”, perciben un lucro que equivale (nada ma$) a DOCE MIL SALARIOS MINIMOS MENSUALES, en un país poblado por más de 50 millones de miserables en pobreza extrema?

Y esto sin contar todas las prebendas, seguros médicos, choferes, escoltas y demás PRIvilegios que disfrutan a costa de nuestras PRIvaciones…

No puedo dejar de mencionar el MURAL-DENUNCIA de José Clemente Orozco que sobrevive en las paredes del “mausoleo” habitado por LOS ONCE”, DONDE ESTÁ SEPULTADA LA JUSTICIA, PERO NO DESCANSA EN PAZ.

Si de algo podemos estar seguros, es que “LOS ONCE” no se inquietan por el mensaje INDIGNADO de Orozco, que les recuerda la corrupción, la soberbia, la indiferencia y el servilismo que predomina en todo lo que tiene que ver con la “administración de justicia” en Mexico.

Es tal la burla a la Constitución y a las leyes que supuestamente nos rigen, que dan ganas de que los mini$tro$ se quiten las máscaras y los antifaces Y DE UNA VEZ SE PRIVATICE LA JU$TICIA y se le concesione a Sotheby’s o a Christie’s para que LOS JUICIOS SE RESUELVAN POR SUBASTA PUBLICA, Y AL MENOS CON TRANSPARENCIA SE ADJUDIQUEN AL MEJOR POSTOR.

Recién terminé de leer el libro titulado “LOS ONCE”, escrito por el valiente y lúcido ABOGADO MEXICANO, JORGE HUMBERTO PAZOS CHAVEZ, que narra con fundamento, motivación y PRUEBAS FEHACIENTES la denuncia que ese profesionista interpuso ante la Cámara de Diputados para desaforar a “LOS ONCE” por sus gravísimas violaciones a los derechos humanos de ejidatarios y comuneros de San Miguel Tecamachalco, Estado de Mexico, que después de luchar más de 80 años en nuestro inmenso laberinto judicial, ¡FUERON ATROPELLADOS IMPUNEMENTE POR LA SUPREMA COHORTE!

Al fin y al cabo en esta tierra de “PRESUNTOS CULPABLES”, SEGÚN EL CHAPO, ES LA PEDRADA.

Como podrán ustedes adivinar, la “tres veces heroica” Cámara de Diputados, se las ingenió para bloquear el juicio de procedencia.

La misma $uprema Cohorte se lució en su momento, cuando resolvió que LA USURA (intereses sobre intereses) es “la más sana y honrosa practica bancaria”…

¡Qué bien se ve que LOS ONCE no tienen la angustia de perder su único patrimonio amenazados por hipotecas abusivas!

Esa misma “franquicia judicial” se ha permitido decretar que la nefasta COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD debe ser tenida como “AUTORIDAD”, para todo lo que pueda perjudicar a los  usuarios; Y AL MISMO TIEMPO, no debe tenérsele como autoridad,  ¡PARA QUE PUEDA COBRAR impunemente por conceptos duplicados como la famosa “DEMANDA FACTURABLE”!

Si quisiéramos adecuar a la realidad el atuendo con el que se revisten “LOS ONCE” para sus $esione$, A LA TOGA Y EL BIRRETE DEBERÍAN ESTAR OBLIGADOS A AÑADIRLE UN ANTIFAZ, como el que portan los mini$tro$ retratados por el Maestro Orozco en los murales del mausoleo ministerial de la calle de Pino Suarez.

Mucho antes que los maltrechos DERECHOS HUMANOS fueran proclamados en nuestra no menos traqueteada Constitución Federal, el CODIGO CIVIL DE 1928 ya decía en su exposición de motivos lo siguiente:

ESTE CODIGO BUSCA SOCIALIZAR EL DERECHO; ENTENDIENDO POR SOCIALIZAR, QUE EL DERECHO PASE DEL HOMBRE A LA MUJER; DEL PATRÓN AL TRABAJADOR; DEL RICO AL POBRE; DEL FUERTE AL DÉBIL; DE MANERA QUE NADIE QUEDE A MERCED DE LOS PODEROSOS, SO PRETEXTO DE LA LIBERTAD DE CONTRATACION”.

¿Qué sucedió con ese mandamiento social del Codigo Civil de 1928?

Sucedió lo mismo que con todas nuestras otras leyes… excepto, ¡claro está!, la ley de la selva, la  del embudo, la de Herodes y la del menor esfuerzo…

¿La $uprema Cohorte será PRIvatizada?

La inminente llegada del priísta Raúl Cervantes Andrade al “CLUB DE LOS ONCE”, trae a la memoria los fallidos intentos por dignificar e independizar al Poder Judicial Federal.

Hace 11 años, el diputado perredista Rafael Candelas propuso que para aspirar a ser ministro de la Corte, los candidatos POR FUERZA TUVIERAN PREVIA TRAYECTORIA JUDICIAL (como jueces de distrito y magistrados de circuito).

Pero con mayor importancia, QUITABA AL EJECUTIVO LA FACULTAD de intervenir en la elección de ministros del Poder Judicial, pasando esta atribución al pleno de la Corte.

Obviamente fue rechazada, porque de lo que se trata es de repartir Mexico como botín; no se trata de servir a la patria, ni de hacer JUSTICIA.

Más recientemente (en 2014) Gabriel de Jesús Cárdenas (diputado panista) presentó una iniciativa en la que proponía que para poder ser elegible como ministro del “máximo tribunal”, no hubiera participado en grillas ni tenido cargos electorales cuando menos en los 7 años inmediatamente anteriores a su posible designación.

Era un intento por liberar a la Corte de las componendas políticas. Naturalmente, fue abortado por mercaderes del CONGRE$O DE LA UNCIÓN…

En este contexto ¿tiene importancia si PRIÍSTAS como Raúl Cervantes Andrade llegan a la Corte?

Hoy por hoy, NO importa que carezca de carrera judicial.

No importa ni siquiera, si de verdad sabe derecho.

Hoy por hoy, basta que “los once” sepan obedecer lo que se les ordene desde el Ejecutivo, como dijo “hace apenas” 105 años Francisco Madero.

¿Alguna vez lograremos que en Mexico la JUSTICIA no se admini$tre, sino que SE IMPARTA?

Dias vendrán…

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(*) Cohorte. Del lat. Cohors, -ortis.

1. f. Conjunto, número, serie. Cohorte de males; grupo de bandidos y malhechores.

2. f. Unidad táctica del antiguo ejército romano que tuvo diversas composiciones.

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Fecha: 
Viernes, 23 de Octubre 2015 - 17:00
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Balance del gobierno de Peña

 

¿Qué puede decirse de tres años del gobierno de Enrique Peña? En su haber se cuentan varias reformas, de manera singular, la de telecomunicaciones. Las otras dos importantes, la fiscal y la energética, arrojan pobres resultados. Entre los pasivos se cuentan una crisis de credibilidad por el conflicto de interés con el contratista predilecto, proveedor de las casas del presidente y del secretario de Hacienda, el derroche de Presidencia en publicidad y en viajes fastuosos al extranjero de dudosa utilidad pública. También restan la inseguridad rampante, la fuga del principal narcotraficante, la desaparición forzosa de 43 normalistas en Iguala y la ejecución de 22 personas en Tlatlaya. A ello se añade la malversación de legisladores y gobernadores: la corrupción, según el Banco Mundial, equivale a 9% del PIB. Y la corona es una economía estancada, asediada por el déficit comercial y la especulación.

A tales carencias se añade la captura del gobierno por poderosos grupos económicos y políticos que acaparan las rentas del Estado, es decir, se benefician de la obra pública, de los impuestos de todos y del menguante ingreso petrolero. Si a ello añadimos un sistema económico que concentra el ingreso y reduce las oportunidades de empleo y de emprendimiento, el resultado es México fábrica de pobres S. A., una desigualdad que atenta contra la cohesión social y la paz pública. Si el gobierno en su conjunto (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) no garantiza la integridad física y patrimonial de los ciudadanos, además los esquilma y si ni siquiera las cárceles son seguras, se está ante una crisis de legitimidad, no sólo de credibilidad. Este contexto social es un factor que lastra a la inversión y el crecimiento, lo cual empeora la pobreza.

¿Cómo remontar tan colosales males? Si Ejecutivo y Legislativo no dan un giro al estilo de gobernar –erradican la impunidad (crimen sin castigo), que causa la ingente corrupción, descompone la vida pública e institucional (crispación social y violencia), estanca a la economía y reduce las oportunidades de una vida digna–, y si mantienen políticas económicas que empeoran la pobreza, como el congelamiento salarial, quizá haya que voltear la vista a lo que ocurre en Centroamérica, como sugiere Guillermo Trejo, profesor de la Universidad de Notre Dame: “la profunda crisis de impunidad por la que atraviesa México obliga a la sociedad civil a explorar nuevos mecanismos institucionales –como la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala– que nos permitan de manera pacífica sentar las bases para la construcción de un auténtico Estado democrático de derecho” (El País, 25-08-2015).

Fecha: 
Viernes, 28 de Agosto 2015 - 19:00
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¿Es privada o pública la llamada telefónica del presidente del INE?

La Constitución de nuestro país establece que las comunicaciones privadas son inviolables. Sin embargo, y de manera desafortunada para el Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova Vianello, no es así. 

En una grabación que circula por YouTube, y retomada por diversos medios de comunicación, se muestra que el presidente del INE mantiene conversación con el Secretario Ejecutivo del INE respecto a una reunión que sostuvo con personas de la comunidad indígena.

Es una conversación desagradable, sin duda, de la cual Lorenzo Córdova ofreció una “disculpa pública y franca a quienes se hayan sentido ofendidos”. 

No obstante, también resulta importante destacar diversos aspectos de la intervención telefónica.

En tiempos de campañas políticas-electorales, tal y como lo vemos con diversos candidatos y partidos políticos, la confrontación entre ellos por ganar votos para el próximo 7 de junio, es de todos los días.   

Mostrar, revelar y publicar las debilidades del opositor, al parecer es la estrategia política que se utiliza con el propósito de deshonrar a los actores políticos.  

¿Cuál es la estrategia y efectos políticos al intervenir comunicaciones privadas? ¿Es una práctica común? Para Lorenzo Córdova ¿cuál es el resultado y/o secuela política de su comportamiento? ¿es posible que se deteriore su imagen como persona privada, o como servidor público, o como presidente del INE, o que sean perjudicadas las decisiones de los  consejeros del INE?  

¿Cuál es la consecuencia política de la inviolabilidad de la comunicación privada a unos días que finalicen las campañas políticas? En estas campañas políticas ¿el presidente del INE, es también candidato a un cargo de elección popular?  

Con tal eventualidad son muchas las preguntas. 

Pero, me parece que la realidad es otra. Es decir, que la intervención de las comunicaciones privadas, tales como las llamadas telefónicas, los correos electrónicos y/o los chats, entre otros medios de comunicación, es un acto que profana y vulnera el derecho fundamental consagrado en el texto constitucional a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, el que ni autoridad ni gobernados pueden intervenir un comunicación, salvo por los casos previstos por la ley. Así como lo dice la Constitución: “Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o el titular del Ministerio Público de entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada”. Por tanto, la “ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas”.

Fecha: 
Miércoles, 20 de Mayo 2015 - 17:00
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Una comisión de la verdad sobre corrupción

La corrupción, que es efecto de un sistema político en donde no existe rendición de cuentas de los actos de los representantes públicos, es de tal magnitud que se volvió intolerable. Su impacto deslegitima al gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), al grado de paralizarlo e impedirle aplicar la ley: ¿cómo puede exigir respeto a la legalidad el que más la viola? El escándalo también trasciende las fronteras de México y deteriora el ya menguado margen de maniobra de la diplomacia. Para efectos prácticos, borra al país del mapa político internacional: ¿con qué cara pueden plantarse los funcionarios mexicanos ante sus pares en el mundo?; además, reduce la capacidad para atraer inversiones y turistas. El problema pinchó la línea de flotación del navío nacional. Quizá por ello el PRI decidió destrabar, en la cámara de diputados, el sistema nacional anticorrupción, aunque apenas es un gesto, pues aún puede revertirse.

Una manera indirecta de medir el tamaño de la corrupción es comparar los ingresos que obtuvo México por renta petrolera los últimos 14 años (2000-2014). Héctor Aguilar Camín, reveló recientemente en su columna de Milenio el descomunal monto de recursos que recibió el país en ese periodo: en dólares de 2014, ingresaron un billón 58 mil 635 millones de dólares. Si se compara esa cifra con el Plan Marshall que reconstruyó a Europa, los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón recibieron el equivalente a 6.6 veces esa cifra, que en dólares de 2014 equivaldría a 160 mil millones. Sin embargo, México hoy es más pobre, no más rico, como debió ocurrir gracias a tan ingentes recursos: de acuerdo con el Coneval, 55% de los mexicanos, unos 62 millones, no obtiene ingresos suficientes para comer. ¿Qué pasó con tanto dinero? Fue dilapidado por los gobiernos federales, estatales y municipales.

Parte importante de esos recursos se utilizó para condonar impuestos a empresas. Una porción más se canalizó a cuentas de mexicanos en paraísos fiscales o a la compra de bienes raíces en zonas residenciales de Estados Unidos y diversas naciones. Otra parte de ese capital se destinó a adquirir todo tipo de bienes y servicios, ya que la economía mexicana depende más de las importaciones para funcionar. El caso es que hoy somos más pobres y ya no contamos con el dinero que nos prodigó Pemex. Si bien es difícil castigar a los corruptos e ineptos, sí podría crearse una comisión de la verdad sobre la corrupción. Serviría de escarmiento para que jamás se malverse el dinero público. Los mexicanos tenemos el derecho de saber cómo se despilfarró el capital de la patria. Es condición necesaria para restablecer la confianza.

Fecha: 
Jueves, 26 de Febrero 2015 - 17:00
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El largo viaje de la reforma anticorrupción puede llegar a su fin

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aseguró la semana pasada que hoy se votaría en comisiones el predictamen sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, para finalmente ser sometido a votación en el pleno este jueves. Esto después de más de dos años de estancamiento en el Congreso.[1] Siendo el combate a la corrupción un tema prioritario en México ¿Por qué la reforma tardó tanto en materializarse? ¿Cuáles serán sus implicaciones?

Antecedentes: el Sistema Nacional Anticorrupción y la propuesta de EPN

En noviembre de 2012, los senadores Lisbeth Hernández, del PRI, y Pablo Lecona, del PVEM, presentaron la iniciativa de Enrique Peña Nieto para la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción. Cabe señalar que esta propuesta implicaba la desaparición de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y se estipulaba que las actividades de dicha dependencia que no se relacionaran con la corrupción pasarían a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Además, también se crearía el Consejo Nacional por la Ética Pública, el cual estaría conformado por expertos que hicieran recomendaciones sobre transparencia.

Con el argumento de que eran prioritarias otras reformas, la aprobación de la Comisión Nacional Anticorrupción quedó pendiente en la Cámara de Diputados, hasta que en octubre de 2014 el PAN presentó la propuesta del Sistema Nacional Anticorrupción.[2] Cabe señalar que dicha propuesta fue producto de consultas con organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema (Transparencia Mexicana, Transparencia Internacional y la Red por la Rendición de Cuentas). El PRD presentó su propia iniciativa apenas el 12 de febrero.

La posición de los principales partidos[3]

I. Coincidencias

  • Que se fortalezca a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que sea autónoma y que pueda iniciar auditorías apenas cierre el ejercicio y de inmediato (revisión en tiempo real) en el caso de denuncias sobre hechos graves.
  • Ampliar las facultades del Congreso para legislar en materia de combate a la corrupción.
  • Establecer una Fiscalía de Combate a la Corrupción (para la denuncia de actos de corrupción que puedan ser delito, con un fiscal nombrado por el Senado).
  • Fortalecer las atribuciones de la SFP.
  • El establecimiento de un Tribunal Federal de Cuentas para sancionar faltas administrativas graves y castigos en actos de corrupción a copartícipes.
  • Que el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción esté integrado por: 1) Auditor Superior de la Federación, 2) Titular de la Fiscalía de Combate a la Corrupción, 3) Presidente del IFAI, 4) Representante del Consejo de la Judicatura, y 5) un representante del Comité de Participación Ciudadana.
  • Establecer la extinción de dominio[4] en casos de enriquecimiento ilícito.

II. Divergencias

  • Que el Senado tenga que ratificar al titular de la SFP (PRI no lo considera necesario).
  • No hay consenso para que la ASF pueda auditar recursos de estados y municipios.
  • No se ha acordado cómo se integrará el Tribunal Federal de Cuentas ni el plazo de prescripción de los actos de corrupción.[5]

¿Qué pasa con la Secretaría de la Función Pública?

Con la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada el 2 de enero de 2013, la SFP desaparecería y transferiría sus atribuciones el día que el órgano constitucional autónomo en materia anticorrupción entrara en funciones.[6] Al no constituirse éste, la SFP siguió en funciones con un encargado de despacho y con recursos asignados en los Presupuestos de Egresos.

Sin embargo, el pasado 3 de febrero, EPN nombró a Virgilio Andrade como Secretario de la Función Pública y le encomendó reforzar los procesos de control, fiscalización y auditoría para prevenir la corrupción y los conflictos de interés.[7]

La importancia de combatir la corrupción

El Sistema Anticorrupción es importante por la extensión del problema en México:

  • México ocupa el puesto 103 de 175 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2014, de Transparencia Internacional, empatado con Moldavia, Bolivia y Níger.[8]
  • Los mexicanos no confiamos en nuestras autoridades:

captura_de_pantalla_2015-02-24_15.47.05.png

Fuente: Elaboración Propia en base a Barómetro Global sobre la Corrupción.[9]

  • Según el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, la corrupción cuesta a los mexicanos 1.5 billones de pesos (10% del PIB). Además, las empresas destinan cerca de 10% de sus ingresos para poder operar,[10] lo que impacta negativamente a la productividad y la competitividad del país, pues lo hacen menos atractivo para la inversión al aumentar los costos de las empresas.

Conclusiones

  • El Sistema Anticorrupción dará nombre y cara al combate de este mal en México, lo que facilitará a la sociedad civil y a la ciudadanía exigir cuentas en casos de impunidad.
  • Para ser efectivo, el sistema requiere que no sólo se persiga a funcionarios de puestos de baja o mediana importancia, que pudieran estar cumpliendo órdenes de superiores.
  • El combate a la corrupción no es tarea de un solo individuo, sino de toda la sociedad en su conjunto, especialmente ahora que se permitirán las denuncias ciudadanas contra actos de corrupción de funcionarios.

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[1] http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/predictamen-anticorrupc...

[2] La iniciativa tiene tres ejes principales: i) control interno (SFP y órganos internos de control), ii) control externo (ASF y la Fiscalía Anticorrupción) y el Tribunal Federal de Cuentas.

[3] http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/mexico/213509/sigue-el-atoron-en-...

[4] Se refiere a la pérdida de derecho de una propiedad que sea producto de un delito.

[5] http://www.excelsior.com.mx/opinion/enrique-aranda/2015/02/23/1009813

[6] http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5283959&fecha=02/01/2013 Art. 26 y Transitorio 2

[7] http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/mensaje-a-medios-de-comun...

[8] https://www.transparency.org/cpi2014/results#myAnchor1

[9] http://www.transparency.org/gcb2013/country/?country=mexico

[10] http://www.eluniversal.com.mx/primera/39265.html

Fecha: 
Martes, 24 de Febrero 2015 - 17:00
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El PRI vs. la Transparencia

El jueves pasado, en mi programa de radio y TV en Grupo Fórmula, la Coordinadora del Programa de Gasto, Rendición de Cuentas y Corrupción de México Evalúa (centro de análisis de políticas públicas), Mariana Campos, explicó ampliamente qué es lo que supuestamente pretenden algunos funcionarios de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, a través de senadores del PRI y PVEM, para lograr que la opacidad rija en las áreas más importantes de la administración pública. Aparentemente, a estos alto funcionarios de Los Pinos no les importa que el propio presidente Enrique Peña Nieto se haya comprometido públicamente en diversas ocasiones a transparentar las decisiones y procesos gubernamentales.

En su artículo intitulado ¿Transparencia RIP?, que puede leerse íntegramente en http://www.ruizhealytimes.com/opinion-y-analisis/transparencia-rip, Mariana señala ocho cambios que los legisladores de la fracción PRI-PVEM pretenden hacerle a la Ley General de Transparencia que ahora se discute en el Senado de la República. Transcribo parte de lo que ella escribe:

1.  “Se busca eliminar la prueba de daño como un mecanismo efectivo para hacer legítima la reserva de información. Este mecanismo, cuando es bien definido, puede evitar que se reserve información en vano ya que exige a los sujetos obligados demostrar que en efecto la divulgación de cierta información daña algún interés público jurídicamente protegido. Sin un mecanismo de prueba de daño se vuelve mucho más fácil reservar información sin una razón legítima.

2. “Se busca eliminar la obligación de que los funcionarios documenten la información relacionada con el desempeño de sus obligaciones, definidas en  los distintos ordenamientos jurídicos… La inexistencia de la información es actualmente la justificación más utilizada para que los ciudadanos no podamos acceder a la información. Para impedir que este pretexto se siga utilizando es necesario obligar en todas las leyes secundarias en la materia a que los funcionarios documenten sus actividades y cumplan con las obligaciones establecidas en el máximo ordenamiento jurídico de nuestra nación.

3. “Se busca que la Ley General de Transparencia no tenga prevalencia sobre otras leyes que contengan disposiciones en materia de transparencia. De esta forma se desinflaría la reforma constitucional...

4. “Se busca excluir a ciertas instituciones del Estado del cumplimiento de las disposiciones de Ley General de Transparencia. En particular, con el argumento de que Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya no son entidades paraestatales, sino empresas productivas del Estado, se solicitó exentarlas de las obligaciones de transparencia… tal medida no se justifica, ya que ambas empresas siguen empleando recursos públicos, por lo que son y deben ser sujetos obligados.

5. “Con una intención similar, se busca que varias instancias federales puedan prescindir de Comités de Transparencia… Entre esas instancias se encuentran varias instituciones dedicadas a la seguridad pública y  a la procuración de justicia...

6. “La transparencia de los fideicomisos no queda bien definida. Se busca evitar que los fideicomisos que no tienen estructura orgánica rindan cuentas de manera directa.

7. “Se pretende establecer plazos permanentes de reserva de información, extender los plazos totales de 7 a 12 años y reservar la información de crímenes contra la humanidad.

8. “Se busca eliminar varias obligaciones de transparencia, entre las cuales destacan dos: se pretende eliminar la obligación de que los funcionarios hagan públicas sus declaraciones patrimoniales… se pretende eliminar la obligación de publicar los resultados de evaluaciones de desempeño practicadas a los funcionarios…”.

Después de leer la denuncia hecha por Mariana Campos es válido preguntarse si Peña Nieto es sincero cuando promete transparentar la administración pública. Si el presidente piensa efectivamente cumplir sus promesas, algunos priístas en la Consejería Jurídica de la Presidencia y/o en el Senado han decidido no hacerle caso.

Dentro de pocos días sabremos la verdad.

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Fecha: 
Lunes, 16 de Febrero 2015 - 12:00
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¿Transparencia RIP?
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¿Quién será el nuevo ministro de la SCJN?

Nos dicen que el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se reunió ayer con los diez Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Entre otros puntos de vista tratados por ambas partes, también se nos dice que sobresale el fortalecimiento del Estado de Derecho, el pleno respeto a los derechos humanos y la colaboración institucional. 

La reunión de los representantes de los poderes públicos Ejecutivo y  Judicial, según se observa, no fue simplemente una reunión para estrechar los lazos de amistad, o como dice el comunicado de la presidencia: “El Presidente Peña Nieto reiteró la absoluta disposición de su gobierno de tener una colaboración respetuosa con el Poder Judicial Federal”.   

Quizá tampoco fue convocada la reunión para señalar lo que es el fortalecimiento del Estado de Derecho, el pleno respeto a los derechos humanos y la colaboración institucional, pues dichos temas plenamente están sustentados en el texto constitucional. 

El imperio de la ley es un elemento del Estado de Derecho que se encuentra determinado en la Constitución, y de ella emanan las diversas leyes secundarias. En junio de 2011 se reformaron diversos artículos de la Constitución en los que se reconoce constitucionalmente los derechos humanos  de las personas y se establecieron las garantías para lograr su efectiva protección. Asimismo se incorporaron disposiciones en materia de derechos humanos para otorgar el cumplimiento a los tratos internacionales de los que México es parte. 

Y, por último, la misma Constitución establece la División de Poderes y las facultades de cada uno de ellos: “El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”.

De tal suerte, cabe preguntar: ¿Es una reunión y/o visita de cortesía para revalidar las facultades que les otorga la Constitución? ¿Es una reunión y/o visita de cortesía para revalidar la facultad y obligación del Presidente de la República,  en someter o sondear la opinión de los ministros de la SCJN, de quien podría ser designado Ministro o Ministra de la SCJN, aunque, sea facultad y obligación del Presidente de la República presentar a consideración del Senado, la terna para la designación del nuevo Ministro?

En tal contexto, tal y como lo mencionaba en mi columna del pasado 5 de enero:  

Ahora el nuevo Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tendrá como primer desafío el de manifestar al Poder Ejecutivo que envíe en cuanto antes a la Cámara de Senadores la terna de personas que propone para cubrir la vacante de Ministro, tras el fallecimiento el año pasado del Ministro Sergio Valls. 

En un plazo improrrogable de treinta días, el Senado tendría que hacer la designación, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. 

Por el contrario, si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.  

No obstante, en caso de que los senadores rechazaran la totalidad de la terna propuesta, entonces el Jefe del Ejecutivo,  someterá una nueva terna de personas, y si es una vez más rechazada, el Jefe del Ejecutivo quedaría facultado para que dentro de la misma terna eligiera a la persona que se despeñaría como Ministra o Ministro de la SCJN. 

Ahora bien, la circunstancia de la designación del nombramiento de la persona para ocupar la vacante de Ministro, es a nuestro entender, un primer desafío del Ministro Presidente Luis María Aguilar, sobre todo, porque la vacante sea ocupada por una mujer, ya que en el documento que mostró el mes de diciembre del año pasado (a desarrollar como Presidente de la SCJN, denominado “Proyecto de Plan de Desarrollo Institucional 2015-2018. Propuesta para la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal”), destaca el tema de la “igualdad de género” en el rubro de “Política judicial de protección de derechos humanos e impulso al Estado de Derecho”, por ende, manifiesta que “atendiendo a la situación de la Equidad de Género interna en el Poder Judicial de la Federación se hace ineludible el establecimiento de normas, reglas y condiciones jurídicas que propicien la participación de la mujer en las tareas jurisdiccionales, no sólo como auxiliares, sino especialmente como Titulares de los Órganos de impartición de la Justicia Federal, procurando un equilibrio que favorezca esa condición sin menoscabo de los derechos de otro sector de funcionarios”.

En tal contexto, estimado lector, y atendiendo al compromiso del Ministro Presidente Luis María Aguilar, resulta vital que el Presidente de la República envié la terna al Senado con las mujeres y hombres comprometidas y comprometidos con la impartición de la justicia en nuestro país. 

Empero, el Ministro Presidente de la SCJN, en congruencia con su plan de trabajo, me parece, luego entonces, preferiría que el Senado designara a una mujer para Ministra. En efecto, entre la terna propuesta que sea la mejor capacitada para ocupar el cargo.

Las cifras, lo dicen en el referido plan de trabajo, al mencionar que como titulares de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, no se ha reflejado un incremento en el acceso a esta categoría del número de mujeres: los Magistrados de Circuito son 621 hombres y 152 mujeres; y, como Jueces de Distrito son 291 hombres y 77 mujeres. 

Así que, querido lector, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Luis María Aguilar, necesita ayuda. Los desafíos para administrar y organizar el Poder Judicial son muchos, y máxime, tal y como lo pretende, es su primer desafío el nombramiento de una mujer como Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con ella serían entonces tres mujeres ministras y ocho hombres ministros. 

Por tanto, estimado lector, con base al Estado de Derecho, con base al respeto de los derechos humanos, y con base a la colaboración institucional entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, es de suponerse que la consecuencia de la reunión de ayer, fue acordar que de manera urgente, pronta y expedita, se de respuesta por parte del Presidente de la República para que presente a consideración del Senado, la terna para designar a la Ministra o Ministro de la SCJN, sobre todo para la completa integración institucional de 11 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Al tiempo, tiempo…

Fecha: 
Martes, 10 de Febrero 2015 - 18:00
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La vigencia de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública

El origen de la Secretaría de la Función Pública data del año de 1982. Los nombres han sido varios para identificarla tal y como actualmente se le nombra.  

De 1982 a 1994 siendo presidentes de la República Miguel de la Madrid Hurtado y Carlos Salinas de Gortari, se le nombró “Secretaría de la Contraloría General de la Federación”. Los secretarios de entonces fueron: Francisco Rojas Gutiérrez  (1983-1987);  Ignacio Pichardo Pagaza (1987-1988); y, María  Elena Vázquez Nava (1988-1994).  

De 1994 a 2000, siendo presidentes de la República Ernesto Zedillo Ponce de León y Vicente Fox Quesada, se le denominó “Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo”. Los secretarios de entonces fueron: Norma Samaniego (1994-1995); Arsenio Farell Cubillas (1995-2000);  y, Francisco Barrio Terrazas (2000-2003).  

No obstante, en la presidencia de Vicente Fox es cuando cambia de nombre la “Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo” a “Secretaría de la Función Pública”. El secretario de entonces fue Eduardo Romero Ramos (2003-2006).    

El nombre  de “Secretaría de la Función Pública” subsistió a la fecha, siendo Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa. Los secretarios de entonces fueron: Germán Martínez Cázares (2006-2007); Salvador Vega Casillas (2007-2011); y, Rafael Morgan Ríos (2011-2012).

Y, con el Presidente Enrique Peña Nieto, el 2 de enero de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que reformó, adicionó y  derogó diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y entre ellos, se derogó el nombre de “Secretaría de la Función Pública”, y por ende, la desaparición y transferencia de las atribuciones. 

No obstante, cabe destacar que la publicación del citado Decreto consistió por la creación de un órgano autónomo constitucional en materia de anticorrupción, tal y como fue la pretensión del actual Poder Ejecutivo. De tal suerte, mientras ocurría su aprobación, en el mismo Decreto del 2 de enero de 2013, se estableció que  “…por lo que se refiere a la desaparición y transferencia de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, entrarán en vigor en la fecha en que el órgano constitucional autónomo que se propone crear en materia anticorrupción entre en  funciones…”. 

Asimismo, dice el Decreto que: “entre tanto se expiden y entran en vigor las disposiciones…la Secretaría de la Función Pública continuará ejerciendo sus atribuciones conforme a los ordenamientos vigentes al momento de expedición” del mencionado Decreto.

Por lo pronto, estimado lector, desde 2012 el encargado de la “Secretaría de la Función Pública”, fue Juan Olivas Ugalde, y a partir del 3 de enero de 2015 el nuevo secretario es Virgilio Andrade Martínez. 

Así que, querido lector  desde 1982 a 2015 son 33 años y 12 secretarios los responsables de tres secretarías:  “Secretaría de la Contraloría General de la Federación”; “Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo”, y de la “Secretaría de la Función Pública”. Por tanto, cabe preguntar: ¿cuál será el nombre de la cuarta secretaría?

Al tiempo, tiempo…

Fecha: 
Miércoles, 04 de Febrero 2015 - 17:00
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La crisis de legitimidad auspicia la violencia

 

En México no hay justicia porque usualmente se rinde al mejor postor. La impunidad campea: sólo 2% de los delitos son castigados, y la mayoría de los que están en la cárcel purgan largas condenas por infracciones menores o porque confesaron su culpabilidad bajo tortura, mientras que los grandes delincuentes presumen sus fechorías a la luz pública. La economía no funciona porque concentra la riqueza en un puñado y genera pobreza y desigualdad: los de arriba se reparten las oportunidades y los empleos bien remunerados con la única credencial que vale: su poder. Los partidos políticos recrearon el régimen patrimonialista: se reparten entre sus compinches los cargos de elección popular y usan los recursos públicos como si fueran de su propiedad para enriquecerse. La corrupción concentra el poder y las oportunidades.

Las instituciones mexicanas son, en consecuencia, inoperantes: la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no vigila ni regula a quién debería hacerlo, como lo muestra la defraudación de Ficrea a sus ahorradores. Lo mismo ocurre en el ámbito político donde los partidos violan un día sí y otro también la ley que ellos elaboraron y aprobaron. Los Poderes de la Unión tampoco operan: los legisladores encubren, en lugar de investigar para determinar si hubo o no conflicto de interés en las casas del presidente Peña y del secretario Videgaray de Hacienda, porque la mayoría se benefician de los moches; tampoco legislan a favor del interés general sino del gran capital. El Ejecutivo es incapaz de garantizar la vida y el patrimonio de las personas. Y la Corte no controla a sus jueces ni protege al ciudadano de los abusos del poder público.

En suma, la gran mayoría de mexicanos carece de oportunidades y de medios para defenderse de los poderes públicos y económicos. Es más fácil descender en la escala social (empobrecerse) que mejorar el nivel de vida. El mundo político, el mundo económico, el mundo de la justicia son impenetrables: la movilidad social se congeló. Con ello, los poderes públicos y las instituciones pierden su legitimidad porque no representan el interés general. Esta circunstancia explica la violencia de muchos grupos: si los de abajo no pueden acudir a la ley ni acceder a la justicia para protegerse ni a la prensa para hacerse oír, recurren al único medio que les da visibilidad y presencia: el vandalismo. Estamos entrampados, pues un Estado sin legitimidad pierde el derecho del uso legítimo de la fuerza pública. Por tanto, urge un gran acuerdo nacional para recuperar el Estado a favor del interés general. En caso contrario se corre el riesgo de que caigamos en una espiral fatal de violencia.

Fecha: 
Jueves, 22 de Enero 2015 - 18:00
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