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Detenidos y exhonerados del 20 de noviembre, marchas estudiantiles y Cocula y los 31 niños secuestrados.

 En esta ocasión me acompañan Tere Vale, Viridiana Ríos y Mariana Campos. Los temas que abordamos esta noche fueron:

  • Detenidos y exhonerados, marchas a favor de los estudiantes.
  • Caso Cocula de 31 niños secuestrados. Volada de France24, versiones encontradas de las autoridades estatales y municipales. La PGR no aporta datos ni averiguaciones.

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Lunes, 01 de Diciembre 2014 - 20:30
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Plaga delincuencial

La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República (PGR) hizo pública, el 27 de marzo del año pasado, la identidad de los “grupos, células y/o pandillas, vinculadas a las ocho organizaciones del narcotráfico en México”. Poco más de dos meses después la información fue publicada en la revista Contralínea. Al analizarla es fácil darse cuenta de la magnitud del problema que representa la delincuencia organizada en gran parte de nuestro país.

Hasta marzo de 2013 los ocho cárteles del narco eran Los Zetas, El Pacífico, Los Arellano Félix, La Familia, Los Caballeros Templarios, Nuevo Cártel de Juárez y lo que quedaba de las organizaciones de La Barbie y de Los Beltrán Leyva.

Los grupos delincuenciales vinculados a Los Zetas eran: 1) Los Talibanes, 2) Los Legionarios y 3) Los Hijos del Diablo.

12 grupos estaban vinculados con el Cártel del Pacífico o de Sinaloa: 1) Gente Nueva, 2) Cártel de Jalisco Nueva Generación, 3) Los Cabrera, 4) La Barredora, 5) El Comando del Diablo, 6) Cártel del Poniente, 7) Cártel de la Laguna, 8) Los Mata-Zetas, 9) El Aquiles, 10) El Tigre, 11) Los Artistas Asesinos y 12) Los Mexicles.

Los Arellano Félix contaban con 14 bandas afines: 1) Don Balas, 2) El Mario, 3) El Melvin, 4) El Chan, 5) El Jorquera, 6) los de Barranco, 7) los de García, 8) Pelioni, 9) El Kieto, 10) Chikaka, 11) El Bibi, 12) El Licenciado, 13) El Turbo y 14) Los Zamudio.

Aliados a La Familia había cinco grupos: 1) Guerreros Unidos o La Nueva Empresa, 2) La Resistencia, 3) Champis o Champis Crew, 4) Brown Side Family y 5) La Empresa.

Con Los Caballeros Templarios colaboraban dos grupos: 1) Guardia Morelense y 2) Los Troyanos.

También eran dos las bandas vinculadas al Nuevo Cártel de Juárez: 1) La Línea y 2) Los Aztecas.

23 grupos delincuenciales estaban vinculados con lo que quedaba del Cártel de la Barbie: 1) Los Canchola, 2) El Cabezas, 3) El Panda, 4) El Coyote, 5) El Banda, 6) La Oficina, 7) Cártel Independiente de Acapulco, 8) Los Marquina, 9) El Yey, 10) Santana Ríos Bahena, 11) Iguala, 12) El Mudo, 13) El Comandante 8, 14) El JJ o Batman, 15) Cártel del Centro, 16) El Javi, 17) La Nueva Administración, 18) El Pelo, 19) El Indio, 20) El Güero Guetamo, 21) Los Pelones, 22) El Pelos y 23) los de Solano.

Finalmente, había 19 bandas identificadas como “escondidas de Los Beltrán Leyva”. Estas eran: 1) El Chico Malo, 2) El H2, 3) Los Mazatecos, 4) Los Tigres, 5) El 2 Mil,  6) Los Gilos, 7) Los Granados, 8) Nuevo Cártel de la Sierra, 9) El Tigre, 10) los Ardillos, 11) Morelos Unidos, 12) Cártel del Pacífico Sur, 13) Los Rojos, 14) Los Pineda, 15) Los Zafiros, 16) La Oficina, 17) La Mano con Ojos, 18) El Mosco y 19) Los Arturos.

17 de estos 80 grupos operaban en Guerrero. Entre ellos los Guerreros Unidos y los Rojos. Los primeros, involucrados en la desaparición y casi segura muerte de los 43 normalistas de Ayotzinapa que, según algunas versiones, fueron confundidos con los segundos.

Los mexicanos nos enfrentamos a una verdadera plaga delincuencial. Los gobiernos federal y estatales permitieron que se esparciera y ahora parece que no saben como controlarla, primero, para luego aniquilarla.

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Martes, 18 de Noviembre 2014 - 12:00
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“Fue el Estado” ¿Cuál?

La consigna más usual a propósito de Ayotzinapa es culpar a Peña = el gobierno federal = “el Estado”). Solución: que el presidente renuncie.

1. Peña. Según nuestra tradición el presidente es el único actor y ejecutor y el pueblo se acostumbra a que él (para bien y para mal) hace todo, sabe todo y lo puede todo. El carruaje de don Porfirio rodaba siempre a la misma hora ante un reloj cuyas campanadas sonaban puntuales a su paso (en la torre del campanario había un disciplinado empleado ajustando el reloj). “¿Qué hora es?” “La que usted ordene, señor presidente.”

2. El Estado. ¿Quién es “el Estado”? Los legisladores de “izquierda” que constituyen uno de los tres poderes del Estado acusan “fue el Estado” el criminal en Iguala. Al atacar a un ente que no entienden qué es, se autoculpabilizan y dejan clara su estatura moral e intelectual.

Mi abuela platicaba que en Yucatán en tiempos de la persecución religiosa un señor muy devoto se dedicaba a atacar al clero. Le preguntaron por qué. Contestó que como católico quería mucho a la Iglesia y a los padrecitos, pero don Clero era muy malo. Hoy se ataca a don Estado.

3. Tan infames como los asesinos son los que lucran políticamente de la tragedia y no critican a los gobiernos perredistas de Guerrero ni de Iguala. El gobierno federal es el asesino, como si Enrique Peña Nieto hubiera ordenado secuestrar y asesinar a más de 43.

No arremeten contra el perredista gobernador dimitente, ni el jefe de la policía prófugo, ni el presidente municipal aliado a una banda criminal en pugna. No culpan a las gavillas homicidas ni les importa que hayan encarcelado a ese alcalde, o que lo hayan cobijado en Ixtapalapa contratistas que ayudaron a instalar el plantón en Reforma. No mencionan que López Obrador definió con sumo cuidado y aprobó a sus candidatos en una de las entidades federativas que más votos le ha dado; no dicen que le previnieron de los antecedentes del alcalde de Iguala: de todas maneras lo puso como candidato.

4. Lo anterior no importa: ¡fuera Peña! Y que se vaya antes del 1º de diciembre, porque si hay ausencia definitiva del presidente antes de dos años es obligatorio convocar a nuevas elecciones (art. 84). Eso le viene muy a modo al Peje para alcanzar legalmente su obsesión por el poder. Si quisiera asaltarlo luego de esa fecha tendrá que mandar al diablo las instituciones y de pasada la ya quebrantadísima paz social.

5. El presidente recibe durante cinco horas a los padres de los desaparecidos y nada bueno puede decirles. Resultado: “no aceptaremos otra cosa: ¡vivos se los llevaron y vivos los queremos!”.

6. Como no aparecen vivos, la PGR no sirve y Peña tiene la culpa. Murillo Karam presentó un estrujante informe, acaso tan brutal y explícito porque tras esa reunión con los padres tuvo que demostrar que no había indicios de vida: los asesinos quemaron casi profesionalmente los cadáveres. No importa que haya hoy 74 detenidos o haya muerto un policía federal. Lo único informable es que Murillo estaba cansado.

7. Ante esta catástrofe ni el presidente ni su secretario de Gobernación han mostrado ya no digamos grandeza, sino decisión y valor. Impunes pandillas de encapuchados queman autobuses y hasta la puerta del Palacio Nacional, por no hablar de carreteras y aeropuertos cerrados. Toda policía está paralizada, medrosa y con instrucciones de negociar la ley y dejarse humillar (y herir) por los delincuentes.

Por una vez estaré de acuerdo con Zedillo: lo que más nos falta es estado de derecho. Agrego que sin leyes no hay sociedad civilizada y libre; las leyes no sirven sin policía; y no hay policía sin cárceles. Pero los impunes critican la impunidad (no la de ellos: la del “Estado”). ¡Y que se vaya Peña!

8. ¿Es éste un “crimen de estado”? En todo caso, de varios gobernantes del estado de Guerrero y de sus municipios, no del Estado con mayúscula.

Hay que decirlo con claridad y sin exageraciones. Es la mayor crisis política que haya vivido México desde fines de los años veinte, cuando con su persecución religiosa, Plutarco Elías Calles perpetró una guerra contra el pueblo. Esta es una lucha insurreccional que el gobierno federal no parece saber combatir, muy manifiesta en la parálisis de unas autoridades federales, estatales y municipales incapaces de aplicar la ley y hacer el ridículo contra la franca delincuencia en que incurre la “protesta social”.

Hay intereses claros en exigir que renuncie el presidente y culparlo de lo que no hizo. Como Peña no renunciará, para que el Peje asalte el poder que tan enfermizamente pretende sólo quedará la vía que ya demasiados ejercen impunemente y atizan con manifiesto éxito: la violencia.

De nuevo: estado de derecho. Para eso hace falta valor. Mano estricta. Gobierno y policía que apliquen la ley: toda la ley. Y sobre todo, justicia. Es indispensable poner tras las rejas a los que llevan mucho tiempo moviendo libre e impunemente a bandas criminales, narcoguerrillas, gobernadores y presidentes municipales aliados a ellos, políticos y partidos cómplices; bandas violentas que a bordo de camiones robados proclaman acciones pacíficas e incendian lo que no es suyo. Pero a los obligados a aplicar la ley se les aflojan las corvas y se limitan a exhortar (uf) al “diálogo”.

Ante todo: hay que señalar nombres de gente importante. Las autoridades conocen a los alfiles, caballos y torres que manejan libremente a peones que bajo cualquier razón o pretexto bloquean, desaparecen y asesinan a su gusto, y que primero queman camiones, luego palacios municipales y luego incendiarán al país. Mientras tanto, los encargados de aplicar la ley e impedir la creciente violencia ilegítima abjuran de la violencia legítima, ordenan dejarse lastimar a la policía, y siguen invitando a los energúmenos a dialogar.

Hace falta talento. Hace falta valor. Hace falta grandeza histórica. Como dijo Thomas Paine durante la guerra de independencia de EEUU: “Estos son los tiempos que ponen a prueba el alma de los hombres.”

Foto: internacional.elpais.com

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Miércoles, 12 de Noviembre 2014 - 17:00
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Extracto de la conferencia de prensa que hoy dio el procurador general de la república, Jesús Murillo Karam

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El caso Ayotzinapa

 

Esta tarde dedicamos todo el programa a analizar el caso de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos con base en la conferencia de prensa que hoy dio el procurador general de la república, Jesús Murillo Karam. Me acompañan en el estudio Tere Vale, Viridiana Ríos y Bernardino Esparza.

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Viernes, 07 de Noviembre 2014 - 19:30
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Mi programa:

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La noche triste de la elite gobernante en Iguala

Iguala mostró a propios y extraños la decadencia del sistema político, centrado en la corrupción y la violación de la legalidad (impunidad), donde es una pieza crucial el contubernio entre políticos y mercaderes de lo lícito y lo ilícito. También revela el fracaso del modelo de negocios mexicano, cuyo leitmotiv es la depredación de la naturaleza y la pauperización de la gente. Nadie de la elite gobernante (políticos y empresarios) sale bien librado de esta crisis sistémica. Es su noche triste porque se colapsa su modo de vida y de operar. Para adelante la disyuntiva es una profunda reforma política, económica y social o el riesgo de implosión que, si lo vemos a la luz de la historia, el escenario puede ser un creciente desorden general, que es la antesala de movimientos populistas autoritarios, ya sea de izquierda o derecha.

¿Por qué es terminal la crisis que estalló en Guerrero? Porque acabó con el crédito público de políticos y partidos, como revela la agresión a un tótem de la izquierda (Cárdenas) y el escándalo que rodea al otro caudillo (AMLO). En las marchas, el grito y los carteles de fuera a todos es una señal de la distancia entre la gente y los políticos. A los partidos se les ve como cómplices o subordinados de las mafias, corruptos e ineptos: el PRI ya no puede presumir que sí sabe gobernar; el PAN no tiene cara para enarbolar la bandera de la moral pública y la legalidad, y el PRD extravió sus credenciales de defensor de las causas populares: los hechos demuestran que vende su alma al diablo con tal de ampliar sus parcelas de poder. Los niveles de gobierno también están rebasados: gobernadores y munícipes sólo figuran en la nómina.

El gobierno federal igualmente sale muy lastimado: si no lo quería ver, ahora es claro que la política contra el crimen y las drogas, herencia de Calderón, es un fracaso: ha generado más violencia y criminalidad; los cuerpos de inteligencia están rebasados; la PGR y Segob son cómplices por omisión, pues conocían los hechos en Iguala; las desapariciones, primero, y el subsecuente vandalismo demuelen la imagen global de México: los órganos de inteligencia extranjeros están preocupados por la creciente amenaza de un Estado fallido en la trastienda de la mayor potencia del mundo; la caída de los precios del petróleo puede frenar la inversión extranjera en energía. En suma, la elite política está contra la pared. En otras crisis, como la zapatista en 1994, reaccionó bien. Ojalá que en esta ocasión impere su instinto de sobrevivencia e impulse profundos cambios institucionales y legales, cuyos ejes sean el combate a la corrupción, la impunidad y la injusticia.

Fecha: 
Jueves, 30 de Octubre 2014 - 17:30
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Desaparecidos y Extraviados

El 21 de agosto pasado, la subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Mariana Benítez Tiburcio, informó en conferencia de prensa que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto “recibió con corte al 30 de noviembre de 2012, un total de 26,121 registros de personas no localizadas… Derivado de la actualización acordada con las fiscalías y procuradurías de las entidades federativas, dicha cifra se llegó a incrementar hasta 29,707 personas no localizadas. Como resultado de las acciones realizadas por las entidades federativas para la localización de personas y depuración de registros en el marco de la política integral antes mencionada, al 31 de julio de 2014 se reporta que se han localizado 17,175 personas de esa lista, de las cuales 16,274 se encontraron con vida y continúan las acciones de búsqueda de 12,532 personas”.

Al referirse a los desaparecidos durante la administración peñista, Benítez dijo que “por lo que se refiere a los registros ingresados a partir del 1 de diciembre de 2012 con corte al 31 de julio de 2014, las fiscalías y procuradurías de las entidades federativas han reportado a esa fecha, la localización de 13,444 personas, de las cuales 12,821 se localizaron con vida, es decir el 95 por ciento. Por tanto, se continúa trabajando para localizar a 9 mil 790 personas”.

Es decir, que al 31 de julio estaban desaparecidas 12,532 personas que se esfumaron durante el sexenio de Felipe Calderón más 9,790 durante el actual gobierno. En total 22,322, más los que se hayan acumulado desde el 1 de agosto, incluyendo entre estos a los 43 normalistas guerrerenses que fueron desaparecidos el 26 de septiembre pasado.

De acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, Tamaulipas es el estado que registra el mayor número de desapariciones, 4,875 hasta el 31 de julio pasado o el 22% del total. Le siguen Jalisco, con 2,113 (9.5%); Estado de México, con 1,554 (7%), Distrito Federal, con 1,450 (6.5%); y Coahuila, con 1,332 (6%).

Sin embargo, los números absolutos no indican la realidad que prevalece en cada estado. Para conocer mejor lo que sucede es necesario analizar las tasas de desaparecidos por cada 100,000 habitantes. De acuerdo a esta medición, tenemos que la tasa promedio nacional es de 19.9 desaparecidos y que los estados que rebasan este promedio son: Tamaulipas (149.1), Coahuila (48.5), Sinaloa (46.6), Baja California (39.9), Colima (36.9), Chihuahua (33.1), Jalisco (28.7), Durango (23.5), Guanajuato (22.0), Michoacán (21.9) y Nuevo León (21.1).

El Distrito Federal y el Estado de México reportan un alto número de desaparecidos por ser las entidades más pobladas, pero registran tasas inferiores al promedio: de 16.4 el primero y 10.2 el segundo.

En algunos estados donde claramente se siente la presencia del crimen organizado, la desaparición de personas no representa aún un problema. En Veracruz la tasa es de 6.5, en Morelos de 3.5 y en Nayarit de 1.0.

Alguien dirá que las cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas no reflejan la realidad y tal vez tengan razón, pero estos son los datos oficiales y por ello los únicos que nos permiten conocer la realidad.

Sea como sea, los números presentan una realidad aterradora. Son datos que suelen verse en países en donde existe una guerra. En Ucrania, por ejemplo, país que vive una guerra civil y una invasión de rusos, el número oficial de desaparecidos es de 375.

Los mexicanos deberíamos protestar y marchar no solo por los 43 desparecidos de Ayotzinapa sino por las más de 23,322 personas que no aparecen por ningún lado. El gobierno de Peña Nieto debe trabajar más arduamente para resolver estos casos.

Foto: desaparecidos-altebrown.blogspot.mx

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Martes, 28 de Octubre 2014 - 12:00
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Iguala: ¿cómo? ¿quiénes? ¿cuántos? ¿dónde? ¿por qué?

En lo que al caso Iguala se refiere existe mucha confusión en la mayoría de las personas con quienes he hablado desde el 27 de septiembre. Por eso es bueno revisar lo que ayer dijo al respecto el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam. Esto es lo más relevante de lo que informó en conferencia de prensa:

1. “… lo acontecido el 26 de septiembre en Iguala constituyó una represión violenta por parte de las policías de Iguala y Cocula, dirigidos por el grupo delincuencial que ya está muy señalado [Guerreros Unidos], con la intención de disuadir a un grupo de personas a hacer presencia en el evento de celebración que el alcalde y su esposa estaban realizando esa noche en Iguala, con motivo del informe de la segunda.

2. “… se tiene acreditado el modo de operar y los móviles del grupo delictivo de las policías y funcionarios de Iguala y Cocula; se tiene acreditado el aval de acción dado por Sidronio Casarrubias [líder de Guerreros Unidos capturado el 18 de octubre] a los elementos; se tiene acreditado el lugar donde los detenidos fueron entregados a este grupo delincuencial; se tiene plenamente identificados y acreditados a los policías municipales de Iguala y Cocula que incurrieron en los ilícitos de secuestro y delincuencia organizada....

3. “Se tiene detenido al líder del grupo delincuencial Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, que se encuentra ya recluido en el CEFERESO número 1 del Altiplano; se solicitaron las órdenes de aprehensión contra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, su esposa, la señora Pineda Villa y el Secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez, en su calidad de probables responsables como autores intelectuales de los hechos acontecidos en Iguala el 26 de septiembre, independientemente de la consignación que se les ha hecho por el homicidio de Arturo Hernández Cardona en mayo de 2013.

4. “Hoy ya se tienen identificados, por lo menos a tres de los integrantes del grupo delincuencial Guerreros Unidos, que recibieron a los retenidos por los policías de Cocula e Iguala, y asimismo, conocemos el camino por el cual fueron internados a un paraje.

5. “La detención de estos criminales es determinante para el propósito fundamental de esta investigación, dar con el paradero de los estudiantes no localizados.

6. “Con las investigaciones realizadas se tienen detenidas y consignadas a 52 personas entre policías locales, funcionarios municipales e integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, de quien incluso se capturó a su líder máximo”.

Con base en lo dado a conocer ayer por Murillo Karam, me pregunto:

1. ¿Los estudiantes de Ayotzinapa fueron reprimidos en venganza porque en julio de 2013 agredieron el palacio municipal de Iguala?

2. ¿Fueron agredidos porque los Guerreros Unidos creyeron que eran miembros de la banda de Los Rojos?

3. ¿Fueron agredidos porque algunos o todos los normalistas que fueron a Iguala en cuatro autobuses que secuestraron, hiriendo antes al chofer de uno de ellos, tenían algún tipo de vínculo con Los Rojos?

4. ¿Por qué después de ser agredidos y capturados por policías de Iguala y Cocula se decidió secuestrar a los estudiantes? ¿Quién decidió secuestrarlos, Sidronio Casarrubias o el presidente municipal Abarca o su esposa?

5. ¿De qué manera fueron llevados los 43 estudiantes a la zona de Pueblo Viejo para ser entregados ahí a los Guerreros Unidos? ¿Cuántos policías participaron en la operación? ¿Caben 43 personas en la caja de la camioneta de redilas? ¿Cuántas patrullas se utilizaron, además de la camioneta para transportar a los estudiantes secuestrados y sus secuestradores?

6. Si ya tienen al líder de los Guerreros Unidos, quien supuestamente fue el autor material del secuestro ordenado por él o Abarca o su esposa, ¿por qué no aparecen los 43 normalistas? ¿Es que los tres miembros de Guerreros Unidos que los recibieron en Pueblo Viejo no le reportaron a su jefe, Sidronio Casarrubias, a dónde los llevaron y qué hicieron con ellos? ¿Es que ninguno de los 52 detenidos sabe qué paso con ellos?

Foto: www.ejecentral.com.mx

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Fecha: 
Jueves, 23 de Octubre 2014 - 12:00
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¿Ingobernabilidad en Guerrero?

Los hechos ocurridos el pasado viernes 26 de septiembre, en los que lamentablemente fallecieron 6 personas y desaparecieron 43 estudiantes normalistas en la ciudad de Iguala, Guerrero, generó un evidente ambiente de tensión, por el cual, la sociedad guerrerense ha salido a las calles a manifestarse exigiendo atención y respuestas a la alarmante situación que vive su estado.

La intervención del gobierno federal con la gendarmería, la atracción de la investigación de los desaparecidos por parte de la Procuraduría General de la República y hasta la suspensión de actividades en el Ayuntamiento de Chilpancingo, denotan que el estado no sólo tiene un problema social, sino que sus autoridades locales han sido deficientes en la atención.

Por tal motivo, diversas autoridades, la sociedad organizada, las instituciones no gubernamentales y los partidos políticos se han preocupado por la situación de dicha entidad federativa. Uno de los partidos que presentó su posicionamiento fue Acción Nacional, quien a través de sus senadores, promovió la declaratoria a la que hace referencia la fracción V del artículo 76 Constitucional, es decir, la implementación de un gobierno provisional.

Y se preguntará el lector: ¿en qué consiste?, ¿es legal?. En efecto, la Constitución Política, en su artículo 76 fracción V y la Ley reglamentaria del mismo artículo señalan que es facultad exclusiva del Senado de la República declarar un gobierno provisional cuando hayan desaparecido los poderes de un estado, y se convoque a elecciones. Esta desaparición de poderes se puede dar en los casos en que los titulares de los poderes constitucionales se encuentren imposibilitados para el ejercicio de sus funciones con motivo de situaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos, que afecten la vida del estado o se impida la plena vigencia del orden jurídico.

Esta solicitud de declaratoria, presentada el 15 de octubre, fue turnada a la Comisión de Gobernación del Senado, la cual el día de ayer decidió que se dará a la tarea de verificar el ejercicio y funcionamiento de los tres poderes del estado de Guerrero, y en caso de que exista ingobernabilidad en la entidad, procederán a declarar un gobierno provisional que dé las respuestas y atención necesaria para regresar a los guerrerenses la tranquilidad que les fue arrebatada.

Por su parte, senadores del PVEM, PRI e incluso integrantes de la fracción del PRD, han hecho expresa su solicitud al titular del gobierno guerrerense Ángel Aguirre Rivero, solicite su licencia legal al cargo, con la finalidad de no entorpecer las investigaciones que realiza la autoridad federal, ya que a su decir, su desempeño del cargo ante esta problemática ha sido deficiente.

Las acciones que deberán emprender las autoridades de los diferentes niveles, para atender la situación que se vive en Guerrero, deberán ser apegadas a la normatividad legal, preservando en todo momento el respeto a los derechos humanos, y buscando la solución más factible y favorecedora para los habitantes de la entidad.

 

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Miércoles, 22 de Octubre 2014 - 17:00
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Cambió la percepción del país

Para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto las cosas iban muy bien hasta que hace un mes empezaron a ir mal.

El 17 de septiembre cambió el ambiente de optimismo y la percepción de la realidad nacional dio un giro.

Ese día la revista Esquire Latinoamérica publicó un articulo titulado “Exclusiva: Testigo revela ejecuciones en el Estado de México - Una testigo dice a Esquire que el ejército ejecutó a 21 presuntos delincuentes en Tlatlaya, Estado de México”.

Desde entonces han ocurrido sucesos que han derrumbado la imagen de paz y tranquilidad que el gobierno federal tan cuidadosamente construyó desde 1l de diciembre de 2012, cuando decidió minimizar las noticias relacionadas con la delincuencia organizada y maximizar las que tenían que ver con el Pacto por México y las reformas que los tres principales partidos políticos acordaron discutir y aprobar en el Congreso.

En solo un mes los mexicanos nos enteramos que hay un municipio mexiquense llamado Tlatlaya en donde bandas criminales operan con virtual impunidad y que a una veintena de supuestos delincuentes se les acabó la vida cuando el 30 de junio pasado tres soldados los mataron a sangre fría dentro de una bodega en la comunidad rural de San Pedro Limón.

Nueve días después, el 26 de septiembre, el caos y la corrupción que imperan en Guerrero salieron a flote después de que la policía municipal de Iguala matara a seis personas, entre ellos a tres estudiantes de la normal de Ayotzinapa, y secuestrara a 43 normalistas.

Hoy, la opinión pública nacional e internacional sabe que el ex presidente municipal perredista de Iguala, su esposa y su jefe de la policía, todos ellos prófugos, aparentemente estaban asociados a una banda criminal llamada Guerreros Unidos; que la policía del municipio trabajaba para los delincuentes; que otro presidente municipal, el priísta de Cocula y su jefe de policía fueron arrestados por sus posibles nexos con los Guerreros Unidos y la participación de algunos policías de este municipio en el secuestro de los normalistas.

Hoy se sabe que mandos de la Secretaría de la Defensa y funcionarios del gobierno del Estado de México pretendieron encubrir la masacre de Tlatlaya; que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la Procuraduría General de la República (PGR) y el gobierno de Guerrero no actuaron contra Abarca y sus cómplices a pesar de que tenían en sus poder información sólida que mostraba los vínculos que tenían con la delincuencia organizada.

Para complicar el asunto, durante la búsqueda de los 43 secuestrados se encontraron 28 cadáveres en tumbas clandestinas cerca de Iguala. Cadáveres de personas que hasta el momento no han sido identificadas pero que la PGR ya descartó sean la de los normalistas.

Tlatlaya e Iguala perjudicaron la imagen del gobierno federal y la del Estado de México y empeoraron la que se tenía de Guerrero.

Aquí solo me he referido a eventos que a los mexicanos nos regresaron a la realidad del México violento y dominado en muchos lugares por la delincuencia organizada, al México de la corrupción ilimitada y de la impunidad casi absoluta.

Si todo lo anterior no fuera suficiente, están la huelga del Politécnico, las bajas en los precios del petróleo y otras materias primas que México exporta, el ébola…

Foto: http://planoinformativo.com/

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Fecha: 
Viernes, 17 de Octubre 2014 - 12:00
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