Se encuentra usted aquí

pgjdf

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Del ciberacoso y las inicitivas de ley para castigar los ciberdelitos...

 

De acuerdo a datos publicados en 2013 por la Asociación Mexicana de Internet (AMPICI) en nuestro país existen alrededor de 45.1 millones de cibernautas y de ellos 15 millones tienen menos de 18 años de edad (entre 6 y 17 años), estos niños y jóvenes pasan un promedio de 5 horas frente a la computadora y otros dispositivos similares como tabletas o teléfonos inteligentes. Hay que destacar que la interacción con otros a través de las redes sociales es la actividad que más los ocupa al navegar. Más cifras: según el reporte 2015 de seguridad en hogares, Norton Online Family, los niños de México son cada vez más propensos a ser victimas del ciberacoso. Los datos de esta investigación nos dicen que en los últimos cinco años el 81% de los niños entre 12 y 17 años han declarado haber tenido alguna experiencia de acoso en la red. El 61% reporto haber sufrido una experiencia “muy mala” en internet que incluía la intimidación o chantaje por medio de imágenes de contenido sexual. Este mismo reporte señala que solo el 5% de los padres conocen qué páginas visitan frecuentemente sus hijos y si son o han sido sujetos de agresiones. Además, este fenómeno es escasamente reportado ante las autoridades y por lo tanto existe una cifra negra importante de delitos de este tipo no denunciados. Gustavo Caballero, Coordinador de la Unidad de Investigación Cibernética de la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) reporta que de 2009 a la fecha la dependencia a su cargo ha recibido un número escandalosamente bajo de denuncias de ciberbullying o sexting, por ejemplo: durante 2014 solo recibió ¡una denuncia por pornografía infantil!. Y lo peor: este tipo de delitos no se encuentran tipificados aún en el Código Penal de nuestro país. Esto quiere simplemente decir que hasta el día de hoy el Estado tiene nula capacidad para limitar o castigar conductas en redes sociales que generen riesgos para niños, niñas y adolescentes. Por todo esto se debe plantear la actualización, en materia penal, procesal y de atención a víctimas de este tipo de delitos. Creo que todos estaríamos de acuerdo con ello, sin embargo las cosas siempre son más complejas de lo que parecen. Ahí les va: el senador del PRI Omar Fayad, Presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, presentó en octubre de 2015, una iniciativa al Congreso para combatir los ciberdelitos que incluye una legislación específica sobre este tipo de abusos contra niños y adolescentes que se calcula han causado pérdidas por más de 3 mil millones de dólares anualmente a empresas y particulares, por no hablar de lo verdaderamente importante: los daños emocionales y psicológicos muchas veces irreversibles de las víctimas. Pero… gran polémica se ha desatado con la llamada Ley Fayad para prevenir y sancionar delitos informáticos ya que supuestamente esta regulación pone en peligro la “libertad de expresión” y el “derecho humano a la información de los ciudadanos”. Desde luego en redes sociales esta propuesta ha sido duramente criticada y algunos legisladores de otros partidos políticos se han pronunciado contra ella. Como psicóloga debo decir que los daños emocionales que el ciberacoso y el sexting (fotos y videos de desnudos o actividad sexual de compañeros, que se suben a la red) ocasionan en los chavitos repercusiones muy graves y en México como en otros países del mundo se han dado incluso suicidios por la humillación a la que fueron sometidos estos niños por otros en internet. Por otra parte como periodista he estado, estoy y estaré por la absoluta libertad de expresión, pero… nos enfrentamos a una situación muy difícil de resolver en bien de los niños. Creo que la iniciativa del senador Fayad debe ser discutida, seguramente refraseada y discutida por expertos, pero en definitiva me parece un muy buen intento por abordar un tema de la mayor importancia ya que afecta ni más ni menos que a nuestros hijos. Yo lo felicito y creo no debemos quitar el dedo del renglón… Y mejor, la recomendación de la semana: soy fan de los restaurantes de cocina mexicana “El Bajío” en distintos puntos de la ciudad de México, pero acabo de quedar gratamente sorprendida por la remodelación de la sucursal Polanco en Alejandro Dumas 7. La terraza en el segundo piso quedó realmente estupenda, con jardín interior y toda la cosa y por su excelente ventilación se puede fumar y al mismo tiempo no padecer las inclemencias del loco tiempo de nuestra ciudad. Y bueno, de la comida ¿qué les digo?, las grandiosas enmoladas de siempre, los frijolitos refritos, el excelso guacamole, las tortillas hechas a mano y mil delicias más de nuestra asombrosa y variada cocina. En fin, vayan, se la van a pasar y a comer muy bien. Y hasta aquí hoy, y muchos besitos a los niños, especialmente a la preciosa hija de mi querida amiga Wendy que acaba de llegar a este mundo. Bienvenida. Más besitos que de costumbre y bye.

Autor:

Fecha: 
Martes, 03 de Noviembre 2015 - 17:00
Redes sociales: 
1

Columnas:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

¿Saqueos?

Varios de los nuevos jefes delegacionales del Distrito Federal han denunciado que los perredistas que entre el 1 de octubre de 2012 y el 30 de septiembre los antecedieron en el puesto saquearon los bienes muebles e inmuebles propiedad de los gobiernos delegacionales que ahora están bajo su responsabilidad.

Las acusaciones más graves son las que desde hace meses ha hecho Ricardo Monreal, el ex gobernador perredista de Zacatecas y flamante delegado moreno de Cuauhtémoc.

A fines de julio pasado, representantes del entonces delegado electo Monreal presentaron ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) una denuncia de hechos en contra de quien fuera jefe delegacional perredista, Alejandro Fernández, y varios miembros de su equipo, por la presunta destrucción de documentos del archivo delegacional que fueron encontrados después de haber sido tirados a la basura.

Entre lo que el equipo de Monreal supuestamente recuperó de la basura había documentos relacionados a varias áreas de la delegación, entre ellas el archivo histórico, nóminas, inventarios, remisión de mercancías, control vehicular, reportes jurídicos y de gobierno, registros de mercados y padrones de ambulantes. La denuncia estaba sustentada en 50 pruebas reconstruidas, entre ellas, los fragmentos que encontraron la basura y tres bolsas que con 58,682 fragmentos de documentos públicos destruidos.

De acuerdo a los asesores legales del ahora delegado, en la denuncia podrían estar tipificados por lo menos diez delitos perpetrados por Fernández y otros ex funcionarios delegacionales.

Han transcurrido poco más de dos meses desde que se presentara la denuncia arriba detallada y el ministerio público del DF aún no ha dado a conocer algún resultado de sus pesquisas.

Hace unos días Monreal nuevamente denunció a los perredistas que entre 2012 y 2015 gobernaron la Cuauhtémoc. Dijo que la ex jefa delegacional interina, Jimena Martín del Campo y su equipo saquearon el patrimonio mueble e inmueble de la delegación. Acusó a su antecesora de llevarse hasta los botes de basura. De ser cierto lo anterior, Martín del Campo pudiera terminar en la cárcel, junto con Alejandro Fernández, quien el 7 de junio pasado perdió la elección para diputado local después de ser postulado por el PRD.

Falta ahora que Monreal presente las denuncias correspondientes contra Fernández y Martín del Campo, no solo ante la PGJDF sino ante la Contraloría General del Distrito Federal; que las denuncias estén bien sustentadas; y que tanto el MP como los investigadores de la CGDF hagan su trabajo. Mientras todo esto no suceda, solo nos quedará preguntarnos si en realidad los perredistas saquearon la delegación Cuauhtémoc o si las denuncias del nuevo delegado solo se hicieron con propósitos políticos.

Secciones:

Fecha: 
Jueves, 08 de Octubre 2015 - 12:00
Redes sociales: 
1
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

La autonomía de la UNAM

El pasado 15 de noviembre, un Oficial Secretario del Ministerio Público, un elemento de la Policía de Investigación y dos peritos de la Procuraduría General de Justicia del DF, en un hecho irregular ingresaron a las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México supuestamente a investigar un delito de robo a celular que una estudiante denunció días anteriores ante la Agencia especializada en atención a la comunidad universitaria. Frente a la Facultad de Filosofía y Letras, se dio un altercado entre los agentes de la PGJDF y estudiantes de la Máxima Casa de Estudios, resultando heridos dos estudiantes y un animal de compañía.

Tras este lamentable hecho, la comunidad universitaria y estudiantes de todo el país exigieron se respetara la autonomía de la Universidad, sin embargo, las autoridades capitalinas enviaron alrededor de 500 granaderos a Ciudad Universitaria para supuestamente recuperar el vehículo que utilizaron los agentes. Por tal motivo, mediante redes sociales, se convocó a una manifestación pacífica el domingo 16 de noviembre, en la que participaron no sólo los estudiantes, sino padres de familia y amigos. Unos cuantos infiltrados (como los que han estado presentes en la quema del Metrobus y en la puerta de Palacio Nacional), realizaron pintas e intentaron ingresar a las instalaciones de Rectoría, afortunadamente, los universitarios impidieron estos actos violentos, solicitando se retiraran y se desenmascararan.

El Secretario de Gobierno del DF, Héctor Serrano Cortés, señaló que este tipo de diligencias no violentan la autonomía universitaria, ya que se realizó de manera coordinada con autoridades de la UNAM, y se comprometió a ejercer acción penal contra el agente que lesionó a los estudiantes por abuso de autoridad y lesiones, así como la destitución del Director General de Zona Sur de la Policía capitalina por la intromisión de granaderos en las instalaciones de la Universidad, y reiteró que su investigación versaba sobre el robo de un celular, para lo cual reitero mi pregunta ¿se necesitan 500 granaderos?.

Lo que parece incongruente es que existiendo 29 mil 852 delitos de alto impacto en el DF, entre ellos homicidios dolosos, secuestros, robo de vehículos o incluso lesiones por disparo de arma de fuego, la Procuraduría haya ingresado por un delito de bajo impacto, justamente el día que se reunía la Asamblea General Interuniversitaria creada a propósito de los estudiantes de Ayotzinapa.

Dado al ingreso de la PGJDF en Ciudad Universitaria, el concepto de autonomía se encuentra en la discusión pública, que es uno de los cuatro pilares sobre los que se rige la propia Universidad y que deriva del artículo 3 fracción VII Constitucional, sin embargo, no es sino hasta la publicación de la Ley Orgánica en la que se le reconoce su autonomía y se señala entre otras cosas, que la Universidad es una corporación pública (organismo descentralizado del Estado) dotada de plena capacidad jurídica. Dicha autonomía debe considerarse desde los siguientes aspectos:

  • Autonomía académica, que se entiende como la libertad de cátedra, organización libre de estudio, formulación de planes de estudio y programas de investigación, así como la atribución de otorgarle validez a los estudios realizados en dicha institución.
  • Autonomía financiera, que implica la facultad de formular su propio presupuesto y de administrar libremente su patrimonio, exentándola de impuestos o derechos federales o municipales y a recibir un subsidio anual por parte del Gobierno federal.
  • Autonomía de gobierno, para organizarse como lo estime pertinente, es decir, sus órganos de gobierno, sus autoridades, funcionarios, personal académico y personal administrativo así como formular las normas que fijen la política global y el diseño del orden jurídico aplicable a todos los universitarios.

Como integrante de la comunidad universitaria, me parece necesario dejar claro que defender la autonomía universitaria no implica que exista un estado dentro de otro, sin embargo, se debe reconocer y respetar a la institución que ha sido un espacio cultural, académico y de debate, donde los alumnos, profesores y trabajadores han desarrollado sus capacidades en beneficio de la institución y de México, siempre orgullosos de lo que ser universitarios representa, trabajando en cada una de las escuelas, colegios, institutos y facultades, lo que permite que sea la UNAM la Universidad de nuestro país mejor posicionada dentro de las 500 mejores universidades del mundo, refrendando así, que es nuestra Máxima Casa de Estudios, lo que un clima de tensión por una mala decisión de alguna autoridad local o federal no debe soslayarse y mucho menos repetirse.

Fecha: 
Miércoles, 19 de Noviembre 2014 - 17:00
Redes sociales: 
1
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

De Frente y Claro - Sigue la corrupción, DF ¿ciudad en la que todos decidimos?

Versa el dicho, “éramos muchos y parió la abuela”. Nada más acertado con los nuevos actos de corrupción en el GDF, que vienen a sumarse a la larga lista, que desde que entraron en 1997, no han parado.

Toca el turno al Oficial Mayor, Edgar Armando González Rojas, quien el martes 14 renunció, al revelarse irregularidades en la compra de 10 mil llantas para la administración.

Comunicación Social informó que González Rojas se separó del cargo para atender diversos requerimientos e investigaciones que abrió la Contraloría por presuntos actos de corrupción en la adquisición de diversos insumos, además de los neumáticos.

En septiembre, se dio a conocer una grabación en la que el ahora ex oficial mayor pedía comprar neumáticos a un 25% de sobreprecio.

González Rojas fue designado el 5 de diciembre de 2012, cuando Mancera asumió la jefatura de gobierno para el periodo 2012-2018. Ocupó el mismo cargo en la PGJDF, cuando Mancera fue titular.

Tras difundirse las grabaciones, el Grupo Parlamentario del PAN en la ALDF pidió el 7 de octubre ante el pleno, la creación de una Comisión Especial Investigadora; la mayoría del PRD  la rechazó.

El PAN señaló que la investigación que llevan a cabo la Contraloría y la PGJDF debe continuar, para que éste no sea un caso de simulación. “La renuncia sólo confirma que el voto en contra del PRD para crear una Comisión Especial era un asunto político”, afirmó Federico Döring.

“Y si bien el jefe de gobierno ha tomado una decisión que parece combatir posibles actos de corrupción, también hay que decir que no se vale pretender tapar el pozo una vez ahogado el niño”.

Ahogado el Oficial Mayor intentarán tapar el pozo, pero en este caso, el PAN en la ALDF insistirá en una investigación seria y a fondo, a través de solicitudes de información pública, exigirán que el GDF dé a conocer las razones que hay detrás de esta renuncia. La renuncia no puede ser otro caso como la corrupción en la Línea 12 del Metro, donde no hay gente inhabilitada o sancionada penalmente.

Y por si estos fraudes no fueran suficientes, el GDF reservó por cuatro años la información relacionada con la compra de 158 mil luminarias, que costarán 2 mil 600 millones.

Siendo denunciado en agosto por empresas concursantes, que la licitación se hizo en “fast track”, que hubo sobreprecio y dirigida en favor de las firmas ganadoras Sola Basic y su distribuidora Axati Internacional. EL GDF Argumenta que el proceso de licitación se encuentra siendo investigado por la Contraloría del DF.

Llamando la atención que a pesar de esta situación, el Jefe de Gobierno, mencione que el programa "Iluminemos tu Ciudad" avanza, inclusive ya se repartieron las lámparas. El reservarse la información, lo aprobó el Comité de Transparencia de la Secretaría de Obras y Servicios, que encabeza Alfredo Hernández.

En respuesta a una solicitud de información, el GDF señaló que informar los datos podría derivar en manipulación de un tercero, que se generen conjeturas y mala interpretación para la ciudadanía ante el desconocimiento de la norma.

Cualquier semejanza con protegerse entre ellos mismos, es pura coincidencia.

¿Recuerdan estimados lectores aquella promesa de no corrupción en 1997 del PRD, al pedir el voto para elegir al primer jefe de gobierno?

Cosas de la vida, la realidad los rebaso y aplasto a 17 años de esa promesa.

Fecha: 
Miércoles, 15 de Octubre 2014 - 18:00
Redes sociales: 
1