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La iniciativa preferente del Presidente

Los Diputados y Senadores iniciaron su periodo ordinario de sesiones  el pasado 1 de febrero y su agenda legislativa se encuentra saturada con temas de trascendencia nacional.

En mi columna anterior (del 26 de enero) lo había mencionado, son tres iniciativas de ley que dejaron pendientes en el periodo ordinario de septiembre y diciembre del año pasado: la de Seguridad Pública, la de la Reforma Política del DF y la del Sistema Nacional Anticorrupción.

Los legisladores al parecer toman los acuerdos para proceder a la  aprobación de las mencionadas iniciativas.

Las tres iniciativas son  de vital importancia para combatir los problemas sociales, sin embargo, la prioridad en su pronta aprobación, resulta ser con la iniciativa en materia de Seguridad Pública que envió el Presidente de la República a los senadores.

En otras palabras, en materia de facultades legislativas se pretende, como bien lo apunta la iniciativa del Presidente, “generar nuevos esquemas de cooperación y coordinación” para que “las autoridades locales puedan conocer de delitos federales y las autoridades federales de delitos locales”.

De tal suerte, la iniciativa del presidente, además puntualiza “la posibilidad de que la Federación asuma total o parcialmente las funciones municipales, cuando éstas se encuentren infiltradas por el crimen organizado”.

Ahora bien, se nos dice que en la reunión plenaria que llevaron a cabo los días previos al 1 de febrero en el PRI, habían planteado la idea de modificar la iniciativa del presidente. Los cambios son con base a los índices delictivos, es decir que las ciudades del país donde sean o demuestren una baja de ellos, no serán objeto de establecer la figura del mando único y la desaparición de municipios vinculados a la delincuencia.

En definitiva, estimado lector, el periodo ordinario legislativo comenzó el 1 de febrero, y  el tema principal es la iniciativa del Presidente, sin ser la iniciativa preferente que le concede presentar al Presidente.

La Constitución apunta que “el día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Presidente de la República podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen”. No obstante, al parecer en ambos contextos no fue así sustentada en este periodo ordinario por parte del Presidente, ya que dice la Constitución que: "No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a la Constitución".

Por tanto, la iniciativa de Seguridad Pública, es la iniciativa preferente de toda la población, pues con ella se otorgarían  facultades constitucionales para crear leyes que combatan con legalidad el problema de la inseguridad pública.

Asi qué, querido lector, los legisladores tienen una tarea primordial en modificar el texto constitucional, tendrán que  hacerlo de manera pronta, pues además tendrán que enviar la reforma constitucional a las legislaturas de los estados para que su mayoría apruebe la citada reforma, cuyo proceso legislativo no puede prevalecer otro periodo ordinario legislativo,  porque todos los diputados actuales terminan su periodo de representación popular el próximo mes de septiembre, y sobre todo porque es fundamental establecer el orden social mediante una efectiva seguridad pública en beneficio de conceder garantías de protección a toda población.

Al tiempo, tiempo…

Fecha: 
Viernes, 06 de Febrero 2015 - 19:30
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La ONU y los derechos humanos en México

Las repercusiones internacionales por el caso Ayotzinapa han atraído una atención sobre los derechos humanos en nuestro país que al menos debe resultar incómoda para el gobierno mexicano. En esta incomodidad llegó ante el Comité contra Desapariciones Forzadas, de la ONU. De acuerdo a la información de los diarios, el representante mexicano no contestó satisfactoriamente a ninguna de las preguntas o intervenciones sobre el tema. No se sabe el número real de desaparecidos, al parecer tampoco hay una metodología para definir ese número, no hay una ley contra desapariciones forzadas, no hay un trato digno y justo a las víctimas. En pocas palabras, parece no haber interés gubernamental al respecto.

Hay que recordar que México es signatario de la convención contra la desaparición forzada de Naciones Unidas, que entró en vigor en 2010.  Por supuesto, como suele suceder en estos casos, el jefe de la delegación oficial de México, el subsecretario Juan Manuel Gómez Robledo, contestó en el lenguaje diplomático de estas reuniones y se comprometió a que en junio habría una ley en materia de desapariciones forzosas. Sin embargo, este compromiso será de difícil cumplimiento. Primero habrá que hacer una reforma constitucional y posteriormente la ley complementaria, antes de que termine este periodo legislativo en abril. Mal panorama. Las posibilidades de que haya un periodo extraordinario antes de junio para tratar el tema en un año electoral se ven muy cuesta arriba. Muy probablemente México incumplirá este compromiso.

En Ginebra, México reconoció la necesidad de superar retos en materia de desapariciones forzadas, como es el caso de Ayotzinapa. Pero en casa el asunto toma otra dimensión. A los medios mexicanos el interés por lo que sucedió en Suiza les duró menos de 48 horas y el gobierno simplemente ya pasó a otro tema. Por las características de este tipo de comités de la ONU, es probable que se hagan recomendaciones y que haya una visita de representantes de la ONU para ver situaciones concretas. Las posibilidades de que haya una condena son lejanas. Lo cierto es que a la gente de a pie tampoco parecen importarles mucho las violaciones a los derechos humanos, a pesar de que las sufrimos continuamente hasta en pequeños detalles.

El gobierno de la República debía asumir con energía (y presupuesto) la defensa de los derechos humanos, la identificación de los miles de cadáveres encontrados en fosas clandestinas y el saber qué pasó con las personas que no aparecen, probables víctimas de desapariciones forzosas. No por el temor a ser juzgado por la ONU, sino por iniciar un proceso de reconciliación nacional con algunas de las comunidades más golpeadas por los abusos. 

Fecha: 
Miércoles, 04 de Febrero 2015 - 18:00
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¡Las tres iniciativas que no pueden esperar!

El próximo 1 de febrero inicia el periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y  se nos dice que los legisladores aprobaran entre otras, tres iniciativas de ley que dejaron pendientes en el periodo ordinario de septiembre y diciembre del año pasado. 

La primera iniciativa que entre el PRI, PAN y PRD, discutirán y decretarán es la referente a la reforma constitucional en materia de seguridad pública que envió el Presidente de la República a los senadores. La segunda iniciativa en turno será la reforma política del DF, y la tercera iniciativa es la del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Las tres iniciativas son fundamentales para que el legislador les otorgue lo antes posible su aprobación. Sin embargo, la primera a discutir es la de seguridad pública. 

Sin duda entre los legisladores será importante llegar a ponerse de acuerdo para establecer los términos a incluir en el texto constitucional, con el propósito de instituir el Mando Único Policial Estatal, facultar a los legisladores para expedir leyes generales que determinen la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de seguridad pública, asimismo, la facultad de definir con libertad qué conductas deben ser tipificadas en dichas leyes generales y por tanto, la distribución de competencias para su investigación, persecución y sanción. 

En otras palabras, en materia de facultades legislativas se pretende, como bien lo apunta la iniciativa del presidente, “generar nuevos de esquemas de cooperación y coordinación”  para que “las autoridades locales puedan conocer de delitos federales y las autoridades federales de delitos locales”.   

De tal suerte la iniciativa del presidente, además puntualiza “la posibilidad de que la Federación asuma total o parcialmente las funciones municipales, cuando éstas se encuentren infiltradas por el crimen organizado”. 

En definitiva, estimado lector, para el próximo periodo ordinario los temas legislativos son numerosos a discutir y aprobar por los legisladores. No obstante, tres son las iniciativas principales que requieren lo antes posible su entrada en vigencia, pero, pero, pero, también resulta primordial que los acuerdos legislativos sean lo antes posible, y que así sea, antes de que inicie del 22 al 29 de marzo el registro de candidatos a diputados federales y su posterior campaña política. 

Así que, querido lector, en unos días arrancan las discusiones legislativas por aprobar las iniciativas de seguridad pública, de reforma política del DF y del Sistema Nacional Anticorrupción, temas cardinales que la sociedad reclama, especialmente el de seguridad pública. 

Al tiempo, tiempo…

Fecha: 
Lunes, 26 de Enero 2015 - 18:30
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