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Un problema irresoluble para el gobierno federal

Viernes, 30 de Junio 2017 - 18:00

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Jaime Guerrero Vázquez

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La acusación de que el gobierno federal ha espiado a periodistas y defensores de derechos humanos se ha convertido en un problema irresoluble. En efecto, al leer la mayoría de las columnas y notas se parte de dos afirmaciones: el gobierno federal espió y la investigación gubernamental no llegará a nada, de acuerdo a la primera afirmación.

Si a esto se le agregan las torpezas cometidas por los voceros oficiales no hay manera de salir adelante con una buena solución. ¿Cuál sería una buena solución? Esta simple pregunta tiene muchas respuestas, ninguna verdadera, todas ciertas. Para los acusadores, la respuesta ideal sería que el gobierno aceptara su culpa y procediera a cortarle la cabeza a algún funcionario de peso. De todos modos quedaría la duda de si el personaje sacrificado sería un chivo expiatorio. Para el gobierno federal, la respuesta sería que se olvidara el tema (no pasará) o bien que otro asunto diluyera la noticia. En realidad, ninguna de estas opciones daría una salida aceptable para los principales actores.

La acusación contra el gobierno federal, dada a conocer por el New York Times hace casi dos semanas, sigue pareciendo una construcción mediática. Se da por supuesto algo que no se ha probado y hay muchas dudas que no parecen interesar a nadie aclararlas. Dos fundamentales: ¿cuántas compañías venden el programa Pegasus y que tan buenas prácticas tienen? Sobre esto, baste decir que uno de los dueños de una de estas empresas enfrenta un proceso en los Estados Unidos, así que no parece que sea tan transparente aquello de que “´solo” se le vende a gobiernos. Segunda duda: ¿a qué empresas, gobiernos y particulares se le ha vendido el dichoso programa? Hasta ahora, no hay bases para creer que sólo se le vendió al gobierno federal. Habría una tercera duda: ¿cuántos programas que sirven como el Pegasus hay en el mercado? Algún sector de la prensa debería tomarse la molestia de averiguarlo. Se dice que hay programas baratos que sirven para espiar redes como tuiter, whatsapp y otros. ¿Nadie hará una investigación al respecto? Si nadie contesta estas preguntas, entonces todo apuntaría a que el asunto es una construcción que así se quiere mantener.

La nota del espionaje ya no está en ocho columnas, pero sigue llamando la atención y es altamente posible que marque, como la casa blanca y Ayotzinapa, al gobierno peñista. Ayer salieron a relucir dos noticias que parecen comprobar la culpa del gobierno federal. La primera fue la comprobación de que la PGR compró el Pegasus en tiempos de Murillo Karam (la verdad histórica) y se lo entregó a su sucesora: Arely Gómez. Más tarde, esta declaró a la prensa que se había usado el programa de acuerdo a la ley. La segunda noticia es que tres personajes del PAN, entre ellos Ricardo Anaya, presidente nacional, y el senador Roberto Gil, fueron espiados por el dichoso programa. Sobre estas dos notas, los diarios y noticieros exhiben con profusión los documentos, las opiniones de los espiados y los comentarios de analistas, pero ninguna prueba fehaciente de la culpa del gobierno, ninguna averiguación sobre las dudas arriba señaladas. La construcción, pues.

Ahora bien, no hay duda de que el gobierno federal espía y debe espiar. No puede ningún vocero salir a decir una estupidez como: “no espiamos ciudadanos”. El gobierno debe estar dispuesto a espiar a cualquiera si la situación lo amerita, pero debería haber una orden de un juez de por medio. Sin embargo, hay la sólida sospecha de que espía sin ese marco legal y también hay la firme sospecha de que los diarios y periodistas se han beneficiado de ese espionaje más de una vez para “crear” noticias y ganar rating. Otra vez, ¿ese espionaje es bueno o estamos ante un caso de simple hipocresía?


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Número 33 - Septiembre 2019
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