Un pacto que no lo es

El primer resultado del pacto llamado Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar… El primer resultado del pacto llamado Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, es...

12 de enero, 2017
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El primer resultado del pacto llamado Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar…

El primer resultado del pacto llamado Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, es contundente: el peso cerró el martes 11 de enero de 2017, antes del discurso de Donald Trump, en un máximo histórico frente al dólar: $22.10 en ventanillas bancarias, y el precio del petróleo que exporta Pemex cayó 2.5% y se ubicó en 44.05 dólares el barril. ¿Qué significa esto? Que el pacto trata de incidir en variables económicas fuera del control del gobierno mexicano con las herramientas usuales de política económica. Es decir, los precios de las gasolinas seguirán subiendo a medida que se devalúa el peso, no obstante la baja de los petrolíferos.

El acuerdo tiene un tufo a los pactos negociados durante los gobiernos de José López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas. En aquellos años, los regímenes políticos tenían el control de muchas de las variables económicas, toda vez que la mayoría de las empresas eran “públicas”; la economía apenas iniciaba su apertura; los principales precios los fijaba el gobierno; el abasto de gasolina y de alimentos básicos era nacional, y podían controlar al dólar mientras había suficientes reserva de divisas, amén de créditos internacionales disponibles, más unas cuantas inversiones directas o en cartera: el tipo de cambio era administrado, no había libre circulación de capitales.

Hoy las condiciones económicas son diametralmente diferentes: salvo Pemex -en virtual quiebra- las principales empresas son privadas, muchas de ellas transnacionales, de modo que los precios los fijan los mercados; importamos 64%, en promedio anual, de las gasolinas, lo que significa que los precios internacionales fijan el precio final del combustible; México es una de las economías más abiertas del mundo y es irrestricta la circulación de capitales, lo cual ha convertido al mercado de cambios del país en punto de referencia en los mercados de los llamados países emergentes o si se prefiere, subdesarrollados. El efecto Trump desdibujó este esquema: la inversión extranjera se está secando y la reserva de divisas, más las garantías contratadas con el FMI, dejaron de funcionar como eficaz salvaguardas del peso. Prima la especulación porque la economía es frágil (el bajo crecimiento compromete la capacidad de pago) y las instituciones  son muy débiles: imperan las violaciones a la ley, el crimen y el desorden.

A estos fenómenos seguirá, bajo la lógica del mercado global y de la integración de las cadenas productivas mexicanas a la economía de Estados Unidos, una casi parálisis de la inversión privada nacional.

Así que, ¿de qué pacto hablamos? ¿Podrá un puñado de empresarios (diversos indicios sugieren que la mayoría de ellos no son patrones sino de gerentes de empresas extranjeras y nacionales) y unos sindicatos que son un cascarón -porque no tienen trabajadores- incidir sobre las variables económicas, fuera de su control? ¿Qué puede hacer un gobierno deslegitimado por la mentira, la corrupción y los privilegios para hacer creíble sus promesas, aun si las cumpliera? ¿Cómo hacer viable un pacto sin convocar al Congreso, al Poder Judicial, a la sociedad civil, a los gobernadores y a los partidos? ¿Cómo hacer creíble la defensa del interés nacional si el gobierno sólo busca congraciarse con Donald Trump, sin ninguna estrategia contra el proteccionismo, como si México no tuviera nada para defenderse?

¿En serio creen que van a poder repatriar 10 mil millones de dólares para invertirlos en un país convulso, inseguro y sin capacidad para competir con tasas impositivas de 15% en Estados Unidos, como prometió Trump?¿Cuál sería el costo en crecimiento y pérdida de empleos si se quiere detener la hemorragia de capitales con base en tasas de interés cada vez más elevadas? ¿Podremos sobrevivir, como hasta ahora, bajo los patrones del libre mercado? ¿Acaso llegó la hora de aplicar el llamado impuesto Tobin para penalizar al capital golondrino y detener la sangría de divisas en vez de ahorcar a la economía con altos tipos de interés? ¿Caeremos en la cuenta de que el Brexit y Trump indican que cambiaron las reglas que originaron a la actual globalización, basada en la libre circulación de capitales y mercancías?

Qué pobre es la concepción de la clase dirigente mexicana que supuso que las empresas transnacionales serían un contrapeso a los caprichos de Trump, como lo revela lo sucedido con Ford, Fiat-Chrysler, Toyota, y seguramente muy pronto General Motors. La respuesta no está en la economía sino en la política. Qué erradas están las élites que suponen que la crisis política la originó el gasolinazo, y no el engaño, la mentira, la indignación por los privilegios de los políticos (bonos y sueldos fuera de toda proporción, uso patrimonial del erario público -corrupción-, impunidad -crimen sin castigo-, viáticos, séquitos de servidores, combustible, transporte, alimentos y telefonía gratis, así como un sinfín de prebendas). Qué enorme distancia separa a los servidores públicos de los gobernados, gracias a vivir no en la medianía sino en la opulencia (jamás sufren el transporte público, desconocen los apuros para llegar a la quincena…) y rodeados de séquitos que les dicen: ¡son las horas que usted diga!

La respuesta a la crisis no consiste en una desiderata ni tampoco, como el pacto en comento, en actos simbólicos, pregonando rebajas de 10% a los salarios de los altos mandos de la burocracia. El cáncer del descrédito, y su consecuente desconfianza, no se cura con paños de agua caliente. Es necesaria una profunda reforma administrativa, que delimite funciones y responsabilidades, elimine trámites, que fije sueldos y prestaciones, y elimine los privilegios de los altos manos de la burocracia y de los representantes populares, para que vivan como cualquier persona de clase media-media. Igualmente cabe recortar sustancialmente las prerrogativas de los partidos políticos, que crearon una casta distante del sentir popular. También es urgente combatir a fondo y con eficiencia corrupción e impunidad. Esas son condiciones para lograr la concordia y la unidad nacional. Sin estos requisitos, México será incapaz de enfrentar los desafíos que plantea Trump, más bien desfalleceremos ante sus acometidas.

En fin, este aciago pacto o acuerdo es una muestra más de que la clase gobernante vive en el limbo: sueña que con buenos deseos o plegarias se va a conjurar el mal. La realidad corre por un lado y su discurso toca la fuga. Es hora de hacer política y cambiar el statu quo.

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