Retos del SNA para los estados desde la perspectiva de la sociedad civil

​Nos encontramos a menos de un mes del primer aniversario de la promulgación de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción… Nos encontramos a menos de un mes del primer aniversario de la promulgación de las leyes...

21 de junio, 2017
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​Nos encontramos a menos de un mes del primer aniversario de la promulgación de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción…

Nos encontramos a menos de un mes del primer aniversario de la promulgación de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Según las fechas previstas, antes del 19 de julio del presente año, las entidades federativas deberían tener listo las reformas constitucionales y las leyes que rijan sus respectivos Sistemas Locales Anticorrupción (SLAs).[1]  No obstante, al día de hoy la ruta de avance entre los estados sigue siendo desigual y con distintos retos por superar.

Antecedentes

Los SLAs son esenciales para el buen funcionamiento del SNA, ya que a partir de éstos, se coordinarán las políticas de  prevención, investigación y sanción de actos de corrupción a nivel estatal. Para ello, de acuerdo con la Ley General del SNA,  los Sistemas Locales deberán contar con una integración y atribuciones equivalentes a los del SNA.[2] La flexibilidad en la redacción de dicha ley tiene ventajas y desventajas. Por una parte, abre la puerta a que ciertos estados mejoren el diseño que se hizo de las leyes a nivel federal. Por otra, se corre el riesgo de que se diseñen leyes “ a modo” que impidan un verdadero combate a la corrupción.

Los SLAs al día de hoy

En abril pasado, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana presentaron el “Semáforo Anticorrupción: Monitoreo de los Sistemas Locales Anticorrupción” que funge como un parámetro para evaluar el avance en las reformas constitucionales, las leyes secundarias y la implementación de los SLAs.[3] Lo anterior se hizo a través de una revisión de las gacetas parlamentarias de las entidades así como contactando y encuestando a funcionarios locales.[4] De acuerdo a la última actualización nos encontramos lo siguiente[5]:

En cuanto al Semáforo de la Reforma Constitucional:

  • Con reforma satisfactoria lo han hecho 14 estados, por mencionar algunos, Aguascalientes, Chiapas, Morelos, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, entre otros;
  • Con reforma deficiente está Jalisco, únicamente;
  • Sin reforma constitucional están Campeche, Tabasco y Chihuahua.

En cuanto al Semáforo de la Implementación de las leyes de los SLAs:

  • Con ley satisfactoria se encuentran 9 estados, por mencionar algunos, están Baja California Sur, Puebla, Sonora, Aguascalientes, Chiapas, entre otros;
  • Con ley regular se encuentran Durango y Guanajuato;
  • Sin iniciativa de ley se encuentran 13 estados entre los que se encuentran Veracruz, Tamaulipas, Quintana Roo, Ciudad de México, Colima, Baja California, entre otros.

Como se puede observar, más de la mitad de los estados no tienen una reforma satisfactoria constitucional y un tercio de los estados no tienen iniciativa de las leyes que regirán sus sistemas.  Las causas de estos retrasos son múltiples entre las que podemos encontrar: las elecciones locales a gobernadores y alcaldes, la falta de voluntad política, intromisiones del gobernador en turno en las legislaturas, entre otras. [6]

Los retos

Una evaluación comparada de las distintas reformas e iniciativas revela los distintos retos a los que se enfrenta la implementación de los sistemas estatales:

  • La integración de los Comités Coordinadores y Ciudadanos sea distinta a los nacionales sin aparente propósito. En Michoacán, por ejemplo, no se respeta la integración del Comité Coordinador original ya que agrega a tres titulares de los Órganos Internos de Control municipales, no contemplados en el diseño de las leyes nacionales.[7] Un ejemplo en el caso de los Comités de Participación Ciudadana es Baja California, donde el Comité está constituido por 15 personas y todos serán parte del Comité Coordinador.
  • Auditores estatales sin suficiente fuerzaSegún el Semáforo de las reformas constitucionales a nivel estatal, estados como Aguascalientes, Baja California, Nuevo León y San Luis Potosí no eliminaron el principio de posterioridad de la fiscalización. En otras palabras, al contrario que la ASF, estos órganos estatales no podrán supervisar el manejo de recursos en tiempo real.  En este sentido, preocupa el caso de San Luis Potosí, donde recientemente se destapó una red de corrupción entre el Auditor Local y legisladores, para eliminar de los registros las irregularidades en la administración de distintas alcaldías a cambio de un pago.[8]
  • Los nombramientos sean discrecionalesSe debe evitar que en los estados se nombre como integrantes del Comité de Participación Ciudadana a personas que no tengan el perfil adecuado o cercanos a las administraciones estatales. En Puebla, por ejemplo, según Luis Pérez de Acha, integrante del Comité de Participación Ciudadana nacional, se nombró como Fiscal Anticorrupción a Enrique José Flota Ocampo, quien es cercano al gobernador. En este sentido, el gobernador de Nuevo León, buscando evitar este tipo de situaciones, propuso que el Fiscal Anticorrupción fuera elegido directamente por toda la ciudadanía. No obstante, su propuesta fue vetada por la Corte, por lo que será el Comité de Selección  quien lo designe.[9]  Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) recomienda que para la elección de estos puestos se eviten consideraciones de tipo partidista o político.
  • No se asignen recursos suficientes. Si bien los Sistemas Locales aún no entran en funcionamiento, a nivel nacional existe un retraso en la asignación de apoyos a las nuevas instancias del SNA, como a la Secretaria Ejecutiva.[10] 

La sociedad civil en los estados

Además de lo anterior, uno de los principales retos se encuentra en la existencia de una sociedad civil local débil y sin capacidades adecuadas, que resulta fundamental para un adecuado monitoreo de los Sistemas Locales.[11]  A continuación se mencionan algunos de las principales debilidades que Ethos encontró a raíz de distintas visitas:

  • Incidencia insuficiente: Los proyectos de algunas OSCs no logran el impacto adecuado.
    • Partidización: Algunas OSCs tienen una agenda alineada a un partido político en particular.
    • Independencia gubernamental cuestionable: Diversas organizaciones son financiadas mayoritariamente por el gobierno.
    • Falta de institucionalidad: Para muchas OSCs que operan en el campo, se complica dar formalidad a sus actividades, sea notarial, de impuestos, entre otras.
    • Escaso financiamiento: No conocen el abanico de mecanismos disponibles para solicitar los recursos y operar de mejor manera.
    • Sin estrategias de comunicación: No conocen la forma en la que deben relacionarse con medios de comunicación y,en ocasiones, tampoco a través de redes sociales.
    • Ausencia de capacitación: No encuentran mecanismos por los que puedan actualizar sus conocimientos.

¿Es conveniente la alineación de SLAs con el SNA?

Algunos estados han implementado prácticas novedosas que podrían abonar al combate a la corrupción. Por ejemplo, en Nuevo León se eliminó el fuero a funcionarios públicos, por lo que se podrá proceder contra el Gobernador, alcaldes, regidores, síndicos, magistrados u otros a pesar que se encuentren en su cargo. Asimismo, se incluyó que las recomendaciones del Comité Coordinador sean vinculantes, cuando a nivel nacional no lo son.[12]

De esta forma, queda en entredicho si es deseable que los Sistemas Locales sean una copia de la leyes nacionales, ya que es posible que algunos procesos se encuentren mejor diseñados a nivel estatal.


[1] Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Artículo 2o transitorio, disponible en http://bit.ly/2kbw0Dv

[2] Ley General del SNA, Artículo 36. F. I.

[3] Algunos de los criterios que considera este índice son: si se establece el Sistema Estatal; si se establece y cómo el Comité Coordinador; si se establece y cómo el Comité de Participación Ciudadana; si se otorgan facultades al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, la Contraloría General y a los Órganos Internos de Control, según corresponda; si se introducen las nuevas faltas administrativas y penales por hechos de corrupción; si se crea una Fiscalía Anticorrupción; si son adecuados los requisitos para ser Secretario Técnico y elegirlo; entre otros.

[4] Boletín de Prensa, Semáforo anticorrupción: Monitoreo de los sistemas locales anticorrupción, disponible en http://bit.ly/2roM60O

[5] La fecha de consulta fue el 13 de junio d 2017 en la página http://www.semaforoanticorrupcion.mx  

[6] Llegaremos con deficiencias con las reformas estatales del SNA: Gustavo Rivera, El Economista, disponible en http://bit.ly/2sbmFx3

[7] Aprueba Congreso Ley del Sistema Estatal de Corrupción, Primera Plana Noticias, disponible en http://bit.ly/2rwdrJZ y Constitución Política del Estado de Michoacán, disponible en http://bit.ly/2rwgm5p

[8] Video revela red de diputados y auditores corruptos de SLP, El Financiero, disponible en http://bit.ly/2sx6jRR

[9] Tiran impugnación de Bronco por anticorrupción, El Norte, disponible en http://bit.ly/2sttVaL y APRUEBA CONGRESO SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN, Congreso del Estado de Nuevo León, disponible en http://bit.ly/2maOkdP

[10] Peschard: La sociedad cumple; el gobierno, no, El Economista, disponible en http://bit.ly/2s1NS6P y Sistema Nacional Anticorrupción, sin recursos: Peschard, El Universal, disponible en http://eluni.mx/2rshbRg

[11] Foro: Sistema Nacional Anticorrupción, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? Síntesis de aportaciones y  debates , Instituto Belisario Domínguez, disponible en http://bit.ly/2st6xKj

[12] APRUEBA CONGRESO SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN, Congreso del Estado de Nuevo León, disponible en http://bit.ly/2maOkdP  

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