La renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda, no es cualquier cosa; no es la simple separación de un funcionario más del gabinete presidencial; es una denuncia en la que lamentablemente, Urzúa ha omitido mencionar por su nombre y apellidos a los funcionarios indebidamente designados por el presidente López Obrador.
La breve carta del ahora ex secretario de Hacienda, retrata de cuerpo entero el autoritarismo necio del actual presidente de la república.
En su breve carta, el Doctor Urzúa menciona diversos motivos a cual más de preocupantes:
Discrepancias en materia económica.
Decisiones de política pública sin sustento.
Políticas económicas a mano alzada sin base profesional, dependientes de lo que diga el dedito presidencial.
Ausencia de análisis sobre los posibles efectos de las decisiones presidenciales.
Extremismo como norma.
Aislamiento inadmisible del secretario de Hacienda por parte del presidente que no entiende más razones que las suyas.
Imposición inaceptable de funcionarios sin conocimiento alguno de la Hacienda Pública.
Influyentismo y compadrazgos en la asignación de cargos públicos estratégicos, con el viejísimo propósito de parasitar a costa del erario.
Creciente conflicto de interés en la injerencia presidencial sobre la Secretaría de Hacienda.
Imposibilidad de continuar a cargo de la dependencia ante la necedad y torpeza de López Obrador.
El presidente podrá “tener otros datos” como acostumbra decir, pero los aportados por el saliente secretario de Hacienda, exigen comprobación y solución satisfactoria.
¿Qué podemos hacer los mexicanos para salvar a nuestra patria antes que sea demasiado tarde?
Lo primero que tenemos que hacer, es exigirle a Alejandro Gertz Manero como autoridad autónoma que cite a Carlos Urzúa a declarar ante la ahora llamada Fiscalía General de la República, para que proporcione los cargos, empleos, nombres y apellidos de todos y cada uno de los beneficiarios de las designaciones de ineptos ignorantes en la Secretaría de Hacienda.
Otro tanto está obligado a hacer el titular de la Secretaría de la Función Publica y el titular de la Auditoria Superior de la Federación.
Si se demuestra que el presidente de la república ha auspiciado directa o indirectamente la designación de incompetentes para ocupar cargos que requieren altísima calificación profesional, no solamente deben ser destituidos sus favorecidos, sino que, en caso de comprobarse la comisión de violaciones graves por parte del presidente, deberá actuarse legalmente para hacerlo responder.
¿Podría López Obrador fungir exitosamente como secretario de Hacienda?
Evidentemente no.
La pregunta viene al caso, porque recuerdo la temible frase de Luis Echeverría cuando durante su sexenio dijo que “la política hacendaria se dictaba desde Los Pinos”
… Y así nos fue.
Vicente Fox es un individuo igual o más incompetente que López Obrador, pero con una gran diferencia:
Fox designo para dirigir el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, a Guillermo Ortiz Martínez y Francisco Gil Díaz, dos profesionales de credenciales inmejorables pero además, los dejo trabajar.
Creo que la renuncia del Doctor Urzúa NO PUEDE quedarse así nada más; no podemos darle vuelta a la página y seguir esperando que las cosas mejoren por si solas.
La contundente lista de violaciones catastróficas contenida en la brevísima carta de renuncia del Doctor Urzúa, debería encender las alarmas para poner remedio legal a tiempo, antes que los daños a nuestra patria sean de tal gravedad que se requieran muchos años más para repararlos.
Si usted contrata un arquitecto para que construya su casa en doce meses, pero desde las primeras semanas se da cuenta de que la obra se está subcontratando con primos, compadres y amigos del arquitecto que al igual que él no tienen ni la menor idea de que toda construcción debe comenzar con cimientos sólidos, no tiene usted que esperar los 12 meses para echarlo a la calle y reclamarle la devolución de su dinero.
Basta legalmente que se haya hecho obvio que el individuo no va a cumplir ni está cumpliendo sus obligaciones contractuales, para que le rescinda el contrato y lo haga pagarle una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.
La famosa reforma de revocación de mandato pregonada por el Obrador, no solamente está pensada para traducirla en un NO TE VAYAS, sino que pueda interpretarse como un QUEDATE HASTA QUE TÚ QUIERAS.
La denuncia contenida en la renuncia del secretario de Hacienda, hace obligado que se abra una carpeta de investigación en la FGR, y que en la Secretaría de la Función Pública se investiguen también las violaciones a la Constitución denunciadas por el Doctor Urzúa.
La Auditoria Superior de la Federación también tiene facultades y está obligada a indagar a fondo las ilegalidades señaladas por el Doctor Urzúa al separarse de su cargo. (1)
Este es un momento crítico para que las ONG y la sociedad civil en pleno, exijan que se actúe con diligencia y eficacia, de manera que si se comprueban conductas ilegales del titular del Ejecutivo Federal, se actúe a tiempo para evitar el desastre al que México se está precipitando rápidamente.
Los mexicanos tenemos derecho a saber los nombres y apellidos de los ineptos incrustados en la Secretaría de Hacienda por el presidente de la república.
Tenemos derecho a saber en qué cargos fueron impuestos a pesar de su ineptitud y ausencia de credenciales profesionales indispensables.
Tenemos derecho de conocer a detalle, las discrepancias y las arbitrariedades que motivaron la renuncia del Doctor Urzúa.
Tenemos derecho a que el Doctor Urzúa proporcione un diagnostico profesional sobre el curso que llevan las finanzas públicas como resultado de la injerencia presidencial que le ha resultado inadmisible hasta el punto de renunciar.
No estamos ante una simple renuncia, sino ante una DENUNCIA que debe dar lugar al esclarecimiento total de lo dicho por el ahora ex secretario de Hacienda y sobre todo, que debe traducirse en poner remedio a tiempo, caiga quien caiga.
__________________________________
(1) Lo dicho por el Doctor Urzúa, está previsto en el artículo 109 de la Constitución Federal, que a la letra dice:
Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente
III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones.
Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control, o por sus homólogos en las entidades federativas, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control.
Sed de justicia en ChihuAGUA
Ante la violencia creciente desatada por la llamada “Guardia Nacional” en Chihuahua, López Obrador se vio obligado a “salir...
julio 24, 2020
Detrás de la mampara de cristal
Me veo yo mismo Detrás de la mampara, Detrás de esa mampara de cristal Con orificios a manera de...
julio 22, 2020
Un México donde reine LA VERDAD
Hoy se cumplen 92 años de la muerte de Álvaro Obregón. La lista de traiciones y crímenes del “general”...
julio 17, 2020
Destiempo
Solo quiero que rías por la mañana Cuando paso a tu lado, Que me miren tus ojos Y luego...
julio 15, 2020