López Obrador vs el Poder Judicial

Sin presupuesto suficiente, el judicial está condenado a no funcionar.

17 de octubre, 2023

Venus Rey Jr.

El pique entre López Obrador y el poder judicial, que ya lleva buena parte del sexenio, se agudiza cada vez más. El presidente planea desaparecer los fideicomisos del poder judicial. Estamos hablando de unos 15 mil millones de pesos. Y además planea recortar el presupuesto de ese poder. Y por si esto fuera poco, ha dicho que enviará una iniciativa de reforma constitucional para limpiar y democratizar de raíz al poder judicial y que los ministros, magistrados y jueces sean electos por el voto popular.

Es verdad que hay corrupción en el poder judicial y sí, hay que limpiarlo. En eso tiene razón el presidente. La justicia solo funciona para los ricos, para quienes pueden contratarse un abogado de élite y para los que tienen “conexiones” e “influencias”. Para el resto de la población, la justicia simplemente no existe. ¿Sabe usted que hay personas que llevan años en prisión, sin sentencia, y que han pasado más tiempo ahí dentro del que les hubiera correspondido de haber obtenido la sentencia más severa? ¿Cómo justifica esto el poder judicial? Las cosas como son, aunque duelan.

Y aquí le va otra. El artículo 127 de la constitución claramente ordena que ningún servidor público, federal, estatal o municipal, podrá recibir una remuneración mayor a la del presidente de la república. Es una disposición vigente desde el sexenio de Calderón. Pero todos los ministros de la Suprema Corte ganan mucho más que el presidente, y ahí “no ven” los ministros ninguna inconstitucionalidad. La verdad es que deben acabarse de una vez por todas los privilegios de todos los funcionarios, de todos los poderes, de todos los niveles. Es un escándalo que unos tengan privilegios de sultanes mientras millones de mexicanos viven en la más cruda pobreza.

Claro, algunos dicen que si se bajan los sueldos en el gobierno, solo los mediocres estarán interesados en el servicio público. Esto es de un cinismo nauseabundo. Si alguien quiere ser rico y ganar mucho dinero, hay muchas posibilidades. Si alguien quiere ser rico, que emprenda, adelante, no hay problema, es muy válido, siempre que sea sin violar la ley; pero si alguien quiere ser rico, que no sea a costa del erario público ni en perjuicio de los mexicanos, ni aprovechándose ilegítimamente de un cargo. Quien quiera servir a México como funcionario público, deberá erradicar de su mente la idea de ir a ver qué roba, de ir a ver cómo saca dinero y cómo se hace rico traicionando a los mexicanos.

Si alguien quiere ser funcionario público que sepa que ello supone austeridad, sobriedad, modestia, honestidad y hasta estoicismo. Nadie aficionado a los Lamborghinis y esas cosas debería ocupar nunca un cargo público, pues es absolutamente contrario a la naturaleza del bien común, y es obvio que alguien así antepondrá sus intereses personales siempre. Si alguien que es abogado quiere hacerse millonario, está bien, que trabaje para los más importantes despachos del país, pero que no aspire a ser ministro de la Suprema Corte para desde ahí enriquecerse más y concentrar mayor poder. Ese no es el espíritu del servicio público: eso es la perversión del espíritu del servicio público.

No estoy diciendo que los actuales ministros de la Corte sean todos corruptos. Hay gente muy brillante y muy honorable. Pero no nos hagamos tontos, porque por la Corte han pasado personajes impresentables. Para no ir más lejos, un ejemplo reciente: Eduardo Medina Mora. Fue tal el escándalo con las transferencias de varios millones de libras esterlinas que llegaron a sus cuentas desde Londres, que tuvo que presentar su renuncia. Sabemos todos del narcogobierno que hubo con Calderón y García Luna. La ascensión de García Luna empezó desde Fox, y desde el principio siempre estuvo ahí Medina Mora en puestos clave. Por ejemplo, en tiempos de Fox, Medina Mora fue director del CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) y secretario de Seguridad Pública. ¿A poco cree usted que ni él ni Fox sabían nada de las actividades de García Luna? Y ya con Calderón, Medina Mora fue procurador general. O sea, este sujeto, que llegó a ser ministro de la Suprema Corte, estaba en medio del entramado narco que prevalecía en la administración de Calderón. Si hubiera estado limpio y hubiera podido justificar las millonarias transferencias desde el Reino Unido a sus cuentas, no hubiera renunciado. Así que no romanticemos a los ministros de la Suprema Corte, que los hay muy buenos, pero también lo ha habido muy malos. Debe haber reformas para asegurar que los ministros sean probos y además expertos en derecho, que mire usted que se necesitan las dos cosas.

En resumen, López Obrador cree que recortando los dineros al poder judicial y reformando la Constitución para que jueces de distrito, magistrados y ministros de la Suprema Corte sean electos mediante el voto popular, se va a limpiar la corrupción y se va a democratizar aquel poder. Y los seguidores del presidente, que todo le festejan sin analizar, piensan que sí, que esa es la solución. Nada más equivocado.

No hay que recortar presupuesto al poder judicial. Al contrario, se necesita más dinero. Sin presupuesto suficiente, el judicial está condenado a no funcionar. Hay que crear más juzgados de distrito y más tribunales unitarios y colegiados. Hay que fortalecer también los poderes judiciales estatales. Y para eso se necesita mucho dinero.

Según el INEGI, en México existen tres jueces por cada 100 mil habitantes. Hay Estados, como el de México, en donde apenas son dos jueces por cada 100 mil habitantes. Es imposible no presentar rezagos con estos números. Según la OCDE, el número ideal sería 50 jueces por cada 100 mil habitantes. Estamos muy lejos de eso, y así se entiende el desorden y la lentitud que existe en los poderes judiciales en México. Si el presidente recorta severamente el presupuesto del poder judicial de la federación, lo va a arruinar, y los daños van a ser irreparables. Hay un rezago en el número de juzgadores, y de ahí la insoportable lentitud de los procesos, y de ahí que solo con dinero “baile el perro” en los tribunales.

Por otro lado, el presidente cree que democratizar al poder judicial es elegir a los jueces como si de cualquier diputado, senador o presidente municipal se tratara. La función jurisdiccional es sumamente técnica y no debe verse mezclada con la política. En el momento que existan “candidatos” a jueces, magistrados o ministros, en ese momento quedará completamente desvirtuada la dicción del derecho (iuris dictio). Creo que incluso los fiscales podrían ser electos, como sucede en Estados Unidos, porque esa es una función administrativa, pero no los jueces.

Para ser juez se requiere un título profesional en derecho, ciertos años de práctica, honorabilidad y dominio de la materia. La dicción del derecho no es conservadora ni liberal, en el sentido político, del mismo modo que una intervención quirúrgica o un experimento científico tampoco es ni conservador ni liberal. Se trata de funciones altamente técnicas y politizarlas significa destruirlas, banalizarlas, ridiculizarlas, prostituirlas.

Aun suponiendo que lo que propone el presidente limpiara de tajo al poder judicial de la federación, ¿qué hay de los 32 poderes judiciales estatales? También se tienen que limpiar. Es más, el grueso de la carga se da en los juzgados y tribunales de los Estados. Nadie ha hablado de eso. Y si el poder judicial federal es corrupto, la corrupción en los poderes judiciales locales es inmensamente mayor. El problema de la justicia en México es mucho más profundo de lo que parece creer el presidente López Obrador. La sensación de injusticia que vivimos a diario es inobjetable: impunidad, impunidad, impunidad… y más impunidad. Y esto no es solo culpa de los jueces.

El entramado de la justicia está conformado por cuatro momentos fundamentales. El primero es la prevención del delito, y eso no corresponde a los jueces, sino a los gobernadores, al presidente de la república y a los presidentes municipales. Y es claro que todo ellos están fracasando. El segundo momento es la persecución de los delitos, y ello tampoco es tarea de los jueces, sino de las fiscalías, que se supone son autónomas. La verdad de las cosas es que este segundo momento también es un fracaso generalizado. El tercer momento es propiamente la función jurisdiccional, la dicción del derecho en el caso concreto, la administración de la justicia, y esto sí es responsabilidad de los jueces. Y en esta tarea también hay fracaso. El cuarto momento es el punitivo, el sistema penitenciario, que no es responsabilidad de los jueces, sino de la autoridad administrativa, concretamente del presidente de la república en el ámbito federal, y de los gobernadores, en los ámbitos locales. Yo también veo un fracaso mayúsculo en este punto. Todo lo que tenga que ver con justicia en este país es un fracaso monumental de todas las autoridades, de todos los niveles, empezando por quienes más responsabilidad y mayor jerarquía tienen.

¿Lo ve usted? El problema de la falta de justicia, de la corrupción en la justicia y de la impunidad es muy complejo y atañe a los jueces, sí, pero también al presidente y a los gobernadores, y a las fiscalías. Se tienen que solucionar de manera simultánea los cuatro momentos de la justicia –prevención, persecución de los delitos, procesos jurisdiccionales, sistema penitenciario–, si no, de nada servirá.

Si usted es seguidor de López Obrador y cree que recortando el dinero al poder judicial de la federación, extinguiendo los fideicomisos y promoviendo que jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte sean electos por voto popular, se va a solucionar el problema de la justicia en México, permítame reír: ja, ja, ja. Para que brille la justicia en este México tan lacerado y sufrido, se necesita mucho, pero mucho más que eso.