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Las pejedecisiones

Miércoles, 23 de Enero 2019 - 13:40

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Julio Chavezmontes

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Las primeras cuatro decisiones del Pejesidente López Obrador, son dignas de retrospección:

La transformación de Los Pinos en parque temático;

La abolición del Estado Mayor Presidencial, ¿sustituido por un equipo de seguridad israelí?

La “enajenación” del avión presidencial que no nos pertenece;

La cancelación del NAIM, sin apegarse a lo que ordena el artículo 16º constitucional. (1)

Si de tomar cuatro medidas de alto impacto se trataba, hubiera preferido las siguientes:

1.- Pasar a los PRIANsidentes a la báscula; (2) entambar a los ex PRIANsidentes en una cárcel a prueba de túneles y moches; (3) meter al aro al Banco de México decretando que los salarios mínimos se paguen en UDIS; (4) bajarle los humos Clairol Trump.

I.- En vez de recortar sueldos con la peregrina intención de recuperar dineros y otros bienes, debería haber aplicado la Ley Federal de Extinción de Dominio confiscando los recursos mal habidos de malos funcionarios (que todos conocemos) de los que la Auditoría Superior de la Federación tiene expedientes bien integrados.

Confiscar cuentas en bancos extranjeros de expresidentes, malos funcionarios, líderes sindicales corruptos y sus cómplices, y de los muchos zopilotes y parásitos enriquecidos a nuestra costa, es más fácil y efectivo que los recortes presupuestales sin ton ni son.

Pasar a la báscula a los multimillonarios de sexenios pasados, cuyas ilicitudes no caducan, sería mucho más eficaz para robustecer las finanzas públicas.

Podríamos incluso “hacerle manita de puerco” a Estados Unidos, diciéndoles que se cobren la deuda externa mexicana, contra las cuentas mal habidas de servidores públicos mexicanos, desde exPRIANsidentes hasta legisladores, juzgadores, contratistas, favoritos, favoritas, alcahuetes y demás cómplices de la tan cacareada “mafia del poder”.

II.- La detención inmediata de expresidentes, altos funcionarios y sus cómplices del sector privado, sigue siendo un reclamo que exige que al fin se cumpla con aquella parte del artículo 87 constitucional, donde dice “QUE LA NACIÓN ME LO DEMANDE”.

López Obrador no es un emperador romano de cuyo dedo pulgar (hacia arriba o hacia abajo) deba depender el castigo que todo el pueblo mexicano espera para quienes nos han saqueado sexenalmente sin tener que responder jamás.

No se puede terminar la corrupción en tanto sobreviva la impunidad y el Peje Lagarto siga aplicando el refrán de su alma mater (el PRI): perro no come perro.

III.- A todo aumento de sueldo, sobreviene el consabido aumento de precios, PEEERO…

 

Si se cotizaran los salarios mínimos en UDIS, cantaría otro gallo, porque de nada serviría que los especuladores subieran los precios puesto que el salario estaría indexado a la paridad monetaria con el dólar estadounidense y con la inflación.

(Una chulada de sopa de su propio chocolate).

Si las famosas UDIS sirvieron para proteger el margen de utilidad de los banqueros, deben ser utilizadas para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores.

IV.- El ejercicio de los derechos vigentes de México ante los Estados Unidos, siguiendo exactamente lo que le dijo Benito Juárez a Matías Romero, en su carta de 22 de diciembre de 1864. (2)

En este punto, el gobierno de México debe oponer la fuerza del derecho, ante el derecho de la fuerza, y además, tenemos las armas jurídicas necesarias en la cláusula XXI del Tratado Guadalupe Hidalgo que, por cierto, Santa Anna ni siquiera firmó. (3)

Las cuatro decisiones con las que amanecieron los mexicanos el 1º de diciembre pasado, son “cabañuelas” de malos augurios.

Veamos su verdadero significado:

Primera decisión.- Los Pinos y Palacio Nacional.

Le pejedecisión de convertir Los Pinos en parque temático; en museo sin acervo que mostrar (porque lo vaciaron), excede los límites de su sexenio y en consecuencia implica una imposición a su sucesor inmediato.

¿Y si al presidente que suceda a AMLO no le da la gana de convivir con el espíritu de Benito Juárez en Palacio Nacional?

El siguiente titular del Ejecutivo Federal, deberá hacer lo siguiente en cuanto a la residencia oficial del presidente de México.

Debe presentar una iniciativa de ley para reglamentar la residencia oficial del presidente de México, de manera que Los Pinos sea un recinto a salvo de caprichos decorativos, delirios imperiales, arrebatos, pejedecisiones y ocurrencias transexenales.

Una vez aprobada la necesaria ley, residir y despachar en esa sede, cuya ubicación NO implica trastornos viales para la vida cotidiana de los capitalinos.

Segunda decisión.- La abolición del Estado Mayor Presidencial, es otra acción que indebidamente trasciende el periodo sexenal que le corresponde a AMLO.

Para no quedarnos en el ámbito de la opinología (3), hay que acudir al Instituto Nacional de Transparencia y acceso a la Información Pública, y preguntar dos cosas:

¿Quién se hace cargo ahora de la seguridad presidencial?

¿Cuál es el costo del aparato de seguridad que protege a AMLO y a su familia?

En vez de abolir el Estado Mayor Presidencial, debió disciplinarlo en un marco de austeridad republicana perfectamente factible, en vez de tomar una medida que al concluir su sexenio, obligará a su sucesor a restituir ese cuerpo de seguridad militar, reglamentándolo mediante una ley que lo ponga a salvo de decisiones transexenales y  evite que se convierta de nuevo en guardia imperial.

Tercera decisión.- La dizque venta del avión adquirido por Felipe Calde-ron Enojosa, y disfrutado por la Gaviota, sus gaviotitos, y por los Peña Pretelinis, mas sus invitados, comensales, gorrones, advenedizos, lambiscones y demás parásitos, ha sido, una vez más, un remedio equivalente a cortarse la cabeza para quitar las jaquecas.

NO se puede vender, lo que no nos pertenece.

En este caso, tambien merecería la pena acudir al INAI para constatar el estado legal en que se encuentra el famoso airioplano (sic) y determinar lo que nos está costando a los mexicanos la ocurrencia aeronáutica del Pejesidente.

Esto, sin olvidar que cada vez que el humilde y austero tabasqueño se trepa en aviones comerciales, convierte a todos los pasajeros, pilotos y sobrecargos, en víctimas potenciales de cualquier atentado que a alguien se le ocurriera perpetrar, inspirado en el “accidente” sufrido por Carlos A. Madrazo, en compañía de los pasajeros de aquel vuelo de Mexicana de Aviación hacia Monterrey, en 1969.

Cuarta decisión.- No hay que ser adivino ni brujo para presumir válidamente, que el Nuevo Aeropuerto Internacional de la ciudad de México, debe haber estado sumido en la misma corrupción que caracterizó al sexenio de Enriqueto el bonito de Atracomulco.

Esta cuarta decisión, debió (y todavía puede y debe) ser transparentemente quirúrgica.

Nadie en México sabe a la fecha cual fue el resultado del proceso conocido como “entrega/recepción”, durante el cual, SE SUPONE, que el gobierno entrante tuvo oportunidad de AUDITAR exhaustivamente al gobierno saliente.

En vez de la consulta hecha a troche y moche, que en vez de esclarecer, confundió a todos, se debió actuar conforme a lo siguiente:

Antes que todo, debió encomendarse un peritaje aeronáutico exhaustivo sobre la viabilidad de Texcoco como nuevo aeropuerto.

Tambien debió realizarse un peritaje ambiental para determinar si la construcción del NAIM, agravaría la escasez de agua en el valle de México.

(Yo en lo personal, creo que cualquier chilango debe preferir tener agua para beber y bañarse, que un “chico aeropuertísimo” por muy chulo que pudiera verse).

Simultáneamente habría que haber hecho (como sigue siendo posible e imperativo), una auditoría contable, fiscal y financiera para detectar toda posible corruptela en el proyecto.

En este mismo espacio ya he dicho que podría haberse hecho y aun puede iniciarse una averiguación previa federal cuya primera medida sea la de congelar y suspender todos los contratos y actos relacionados con el NAIM, aplicando la FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) mediante la cual, los gringos congelan y suspenden contratos de quien sea, sin que las calificadoras ni los tiburones de Wall Street puedan decir ni pío.

Hay una decisión que al parecer sigue flotando en el limbo inter-sexenal: La el Campo Militar de Santa Fe, perteneciente a la fábrica nacional de armas y municiones.

Se trata de un área densamente forestada que el copetón de Atracomulco comenzó a preparar para un negociazo inmobiliario a costa de la respiración de 22 millones de capitalinos.

¿Qué irá a hacer el Pejesidente al respecto?

Las primeras cuatro decisiones de AMLO, han sido arrebatos mal instrumentados.

Del huachicoleoo mejor ni digo nada, porque ya se me pasó la mano de extensión, y este artículo terminaría como el abasto de gasolina, que no tiene pa’ cuando.

 

(1) El artículo 16º constitucional exige que todo acto de autoridad se realice mediante mandamiento escrito de la autoridad competente, en el que se funde y motive la causa legal del procedimiento.

Esto significa que las pejedecisiones NO son admisibles en un estado de derecho “como el nuestro”… (Si escucha usted risas, son de los ministros de la $uprema Cohorte).

(2) Carta de Benito Juárez a Matías Romero, 22 de diciembre de 1864:

“Que el enemigo nos venza y nos robe, si tal es nuestro destino; pero nosotros no debemos legalizar ese atentado, entregándole voluntariamente lo que nos exige por la fuerza. Si la Francia, los Estados Unidos o cualquiera otra nación se apodera de algún punto de nuestro territorio y por nuestra debilidad no podemos arrojarlo de él, dejemos siquiera vivo nuestro derecho para que las generaciones que nos sucedan lo recobren.”

(3) El Tratado de Guadalupe Hidalgo no fue un tratado sino una imposición por la fuerza, cuya nulidad debemos reclamar conforme a las clausulas II, III, IV y XXI del mismo documento. Además, Santa Anna ni siquiera lo firmó y tampoco fue una venta como las de Century XXI.

(4) Opinología: La ciencia y arte en ejercicio de la cual, los expertólogos emiten opiniones sobre política y derecho, sin más sustento que su ronco pecho.


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Número 28 - Abril 2019
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