La madrugada del pasado miércoles 18 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó, por mayoría simple morenista, la eliminación de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que representan un ingreso de más de 15 mil millones de pesos, por considerarlos como gastos superfluos y millonarios. La discusión continuará la semana entrante en el Senado de la República, donde se espera que también se apruebe por mayoría simple.
Este enfrentamiento entre el poder Ejecutivo y el poder Judicial en esta materia presupuestal, podría acabar en una controversia constitucional que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvería a su favor, sin importar mucho el evidente conflicto de interés que representaría.
En los 13 fideicomisos eliminados están incluidas las lujosas prestaciones para los 11 magistrados y 9 miembros de la judicatura, así como otras prestaciones que se suman al salario de miles de trabajadores operativos. Los onerosos salarios de los magistrados llegan a los 700 mil pesos mensuales, sumando todo tipo de bonos y prestaciones, que por muy especializado que sea su trabajo, representan una afrenta a la realidad económica del país y de sus ciudadanos.
En sus conferencias mañaneras, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que la desaparición de estos fideicomisos no afectaban las prestaciones laborales de los trabajadores del poder judicial. Mencionó que se buscaba acabar con privilegios y canonjías existentes en los altos mandos, con la misión de elevar los salarios de los elementos operativos que menores ingresos perciben. También afirmó el presidente que de darse una controversia constitucional y la SCJN vete la ley emitida por el poder Legislativo, será el aspecto perfecto que desnude la voracidad de este poder de la unión, que tiene los más altos índices de ineficiencia, corrupción y nepotismo.
Los ramos de los fideicomisos, algunos hasta duplicados en el presupuesto federal, privilegian a las elites judiciales que son la burocracia más dorada del país. Aunque algunas de esas partidas son apoyos indirectos a muchos trabajadores, la tarjeta informativa del 18 de octubre y la comparecencia de la Oficial Mayor de la SCJN, Dimpna Gisela Morales González, reconocen que se destinan 386 millones de pesos para gastos de alimentación de solo mil 700 trabajadores.
El comunicado de prensa destaca que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reconocía que dichos fideicomisos cumplían con la ley, pero en materia de análisis más profundo no menciona que dicho órgano auditor si ha hecho recomendaciones en el pasado y que la obligación del poder judicial es regresar los recursos económicos derivados del subejercicio. Y no dejarlos en los fideicomisos que por mucho que no se hayan invertido u ocupado en otras funciones no dispuestas en la ley, no deben estar en posesión del poder judicial.
Por lo pronto en lo que va de la semana los trabajadores sindicalizados rompieron su tradición de no movilizarse y cerraron vialidades adjuntas a los edificios del poder judicial, amenazan con realizar un paro laboral hasta el próximo martes 24 de octubre. Nadie con un poco de memoria puede reconocer que esta sección sindical está más cerca de los liderazgos “charros”, que de ser una representación laboral democrática. La movilización inédita parece más cercana a los intereses cupulares del poder judicial.
Si bien es cierto que el poder judicial con la presidencia de la ministra Norma Piña sostiene un enfrentamiento directo con el poder Ejecutivo al haberle bateado varias leyes que fueron promulgadas con desapego a la norma legislativa, también es cierto que el actuar histórico de jueces, magistrados, ministerios públicos y muchos litigantes en el poder judicial, son más que ineficientes, históricamente más proclives a beneficiar al poder económico, político, mediático y criminal que en defensa de los ciudadanos de escasos recursos.
Por ello una reforma de este poder tan opaco debería ser un pendiente en la conformación de una verdadera democracia. La justicia en México es uno de los males ancestrales a los que los ciudadanos se enfrentan con mucho pesar. Nadie que haya tenido la desventura de tener que acudir a las instancias judiciales, tiene una buena imagen de sus ministerios públicos, la atención de los jueces cuando estos atienden, o en los largos y desgastantes procesos que son un viacrucis para el ciudadano.
La historia sumamente conservadora de la SCJN no registra grandes sentencias en contra del poder económico, en la historia del capitalismo nacional, muy pocas empresas han sido sancionadas por haber realizado ecocidos, invadido o desplazado poblaciones indígenas, o lograr la real protección de sus pobladores que cuidan de reservas naturales.
En materia económica, no se recuerda una acción en contra de los oligopolios, incluso empresarios prominentes eran beneficiarios de la excepción del pago de impuestos hasta la llegada del actual régimen que les obligó a cumplir con sus tributaciones.
La promesa del cambio en el sistema judicial que privilegiaba los juicios orales terminó siendo una decepción más, ya que muchos delincuentes reincidentes simplemente son liberados en lo que se conoce como “la puerta giratoria”. El nivel de impunidad de los delitos de alto impacto es del 99%, por lo que los pocos casos que logran judicializarse, tienen asegurada casi la impunidad total y hacen del sistema judicial en su conjunto, un elefante blanco ostentoso incapaz de servir a los mexicanos de a pie.
El presidente AMLO retó a los ministros a desmentir los lujos que están incluidos en los fideicomisos que suman en conjunto más de 15 mil millones de pesos, además de tratar de explicar que a los trabajadores se les iba a compensar con aumento de salario, las prestaciones en las que se les viera afectadas.
Es hasta tragicómico que una figura política como el excandidato presidencial, Diego Fernández de Cevallos, quien siendo legislador litigó en contra del estado mexicano, se haya quejado de la corrupción y podredumbre del poder judicial, varios años atrás.
Quizás el tabú destruido en la incipiente democracia mexicana es que se haya empezado a analizar el trabajo de los jueces y magistrados quienes trabajaban desde el anonimato, fuera de la discusión pública.
Si bien su trabajo es especializado, además de altamente técnico y poco accesible al común de la ciudadanía, también es cierto que muchas veces los juzgadores se amparan en la pésimas elaboraciones de las carpetas de investigación para no profundizar en las causas de delitos, haciendo de su trabajo una simple labor que a contentillo ejercen según sus interés personales o politiqueros.
El presidente AMLO destruyó ese halo de semi divinidad del poder judicial al que muy rara vez se le cuestionaba, si bien su estilo rudo y confrontativo no acaba de gustar a muchos, ya es imposible que la clase privilegiada de juzgadores, estén lejos del escrutinio público. Independiente de que en las instancias de vigilancia que tienen en forma institucional. En una democracia que se precie de serlo, absolutamente todo debe estar a discusión, cuando más el ejercicio público de un poder de la República que afecta la vida cotidiana de millones de mexicanos.
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