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La crisis de legitimidad auspicia la violencia

Jueves, 22 de Enero 2015 - 18:00

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Héctor Barragán Valencia

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En México no hay justicia porque usualmente se rinde al mejor postor. La impunidad campea: sólo 2% de los delitos son castigados, y la mayoría de los que están en la cárcel purgan largas condenas por infracciones menores o porque confesaron su culpabilidad bajo tortura, mientras que los grandes delincuentes presumen sus fechorías a la luz pública. La economía no funciona porque concentra la riqueza en un puñado y genera pobreza y desigualdad: los de arriba se reparten las oportunidades y los empleos bien remunerados con la única credencial que vale: su poder. Los partidos políticos recrearon el régimen patrimonialista: se reparten entre sus compinches los cargos de elección popular y usan los recursos públicos como si fueran de su propiedad para enriquecerse. La corrupción concentra el poder y las oportunidades.

Las instituciones mexicanas son, en consecuencia, inoperantes: la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no vigila ni regula a quién debería hacerlo, como lo muestra la defraudación de Ficrea a sus ahorradores. Lo mismo ocurre en el ámbito político donde los partidos violan un día sí y otro también la ley que ellos elaboraron y aprobaron. Los Poderes de la Unión tampoco operan: los legisladores encubren, en lugar de investigar para determinar si hubo o no conflicto de interés en las casas del presidente Peña y del secretario Videgaray de Hacienda, porque la mayoría se benefician de los moches; tampoco legislan a favor del interés general sino del gran capital. El Ejecutivo es incapaz de garantizar la vida y el patrimonio de las personas. Y la Corte no controla a sus jueces ni protege al ciudadano de los abusos del poder público.

En suma, la gran mayoría de mexicanos carece de oportunidades y de medios para defenderse de los poderes públicos y económicos. Es más fácil descender en la escala social (empobrecerse) que mejorar el nivel de vida. El mundo político, el mundo económico, el mundo de la justicia son impenetrables: la movilidad social se congeló. Con ello, los poderes públicos y las instituciones pierden su legitimidad porque no representan el interés general. Esta circunstancia explica la violencia de muchos grupos: si los de abajo no pueden acudir a la ley ni acceder a la justicia para protegerse ni a la prensa para hacerse oír, recurren al único medio que les da visibilidad y presencia: el vandalismo. Estamos entrampados, pues un Estado sin legitimidad pierde el derecho del uso legítimo de la fuerza pública. Por tanto, urge un gran acuerdo nacional para recuperar el Estado a favor del interés general. En caso contrario se corre el riesgo de que caigamos en una espiral fatal de violencia.


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