La corrupción y su hermana la impunidad

A raíz de la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción, tendríamos que partir de la base que el problema fundamental del combate a la corrupción, no… A raíz de la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción, tendríamos que partir...

13 de mayo, 2015

RHT

A raíz de la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción, tendríamos que partir de la base que el problema fundamental del combate a la corrupción, no…

A raíz de la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción, tendríamos que partir de la base que el problema fundamental del combate a la corrupción, no radica únicamente en la implementación de nuevas leyes, sino también en que quienes son autoridad estén plenamente convencidos de la necesidad de su erradicación. De otra forma, el nacimiento de este sistema se puede convertir en un acto más de simulación.

Igualmente que no tiene sentido, que no suena lógico, que quienes practican la corrupción, también la investiguen, persigan y se castiguen a sí mismos, sobre todo porque con la aprobación del sistema anticorrupción queda claro que no existe una voluntad genuina de combatir el fenómeno y que su implementación, corresponde más bien a una respuesta a la presión de la sociedad y no a una convicción de hacerlo.

Ahora bien, aparte de las debilidades de origen del Sistema Nacional Anticorrupción, tanto las prácticas como las conceptuales, hay un reto adicional mayúsculo que solventar, porque los preceptos legales en el papel pueden ser los correctos, pero en su interpretación y administración práctica se pueden tergiversar deliberadamente para proteger a quien los incumple.

Estamos hablando de la impunidad, hermana gemela de la corrupción, un factor de la misma magnitud de gravedad, pero con un elemento añadido: la insatisfacción social, el rechazo colectivo que provoca el que no se castigue a los delincuentes aun cuando han sido descubiertos.

Si la corrupción es un cáncer de nuestra sociedad, la impunidad también es una enfermedad terminal y por ello hay que combatir ambas con la misma fuerza, ya que de lo contario de nada sirve encontrar culpables.

Por ejemplo, no se puede festejar la puesta en marcha de este sistema anticorrupción cuando la autoridad solo ha impuesto una sanción económica, aparte de su despido -y eso es un tema político-, al ex titular de la Conagua, David Korenfeld.

Recordemos que David Korenfeld aceptó abierta y plenamente el abuso de autoridad en el que incurrió, con el uso de un helicóptero de la dependencia para fines personales.

Korenfeld se disculpó e incluso pagó de mutuo propio, el traslado en la aeronave oficial, como resultado de ello, la Secretaría de la Función Publica tuvo que iniciar un procedimiento de investigación.

La conclusión derivo en una multa económica, cuando el castigo procedente tendría que haber sido la inhabilitación del ex titular de la Conagua para poder volver a ocupar cargos públicos.

La falta de un escarmiento adecuado no se puede ver como una simple omisión oficial, es un acto deliberado de impunidad que, independientemente de la incorrección del funcionario, se presenta como un claro incumplimiento de la ley.

El reclamo tiene que ser para el gobierno, que no ha querido cumplir con su responsabilidad, evidentemente para proteger a uno de los suyos.

Es innegable que al tratarse de un destacado miembro del régimen en funciones, se le está protegiendo apostando al olvido; sin embargo, eso es complicidad, es una muestra clara de impunidad.

Como este ejemplo hay muchos otros, en todo caso nos referimos a éste por ser tan reciente, tan útil y claro para ilustrar y demostrar que el sistema político no combate la corrupción, sino que favorece la impunidad.

Desde esta perspectiva, los lineamientos que integran el marco del sistema anticorrupción primordialmente se enfocan en descubrir los actos de corrupción. Habrá que ver si eso significa que también se podrán castigar.

El asunto no es encontrar los actos de corrupción, eso es relativamente sencillo: basta con observar los bienes de los servidores públicos como para tener suficientes pistas sobre un posible enriquecimiento ilícito, así como analizar adecuadamente el uso y manejo de presupuestos oficiales, para encontrar que los costos por la prestación de servicios y realización de obras no corresponden a la realidad.

El verdadero reto es evitar la complicidad, es formalizar las investigaciones y consignarlas, proceder al uso de la ley para castigar culpables, imponer sanciones ejemplares.

Solo así, desde una auténtica convicción para erradicar estos fenómenos, corrupción e impunidad, la sociedad podrá creer en el compromiso de la clase política: recuperar paulatinamente algo de la confianza perdida.

Se entendería que un resultado lógico de la correcta aplicación de la ley, serviría como un importante freno, así sea por el temor de los funcionarios de verse descubiertos y castigados, sobre todo castigados, porque todavía persiste la sensación de que si se es parte del gobierno, eso implica una protección inherente mediante la cual se puede infringir la ley y no necesariamente ser llamado a cuentas por ello.

Visto de esta forma, el Sistema Nacional Anticorrupción no garantiza que pueda realmente significarse como el elemento eficaz que se pretende.

Las dudas no se refieren al contenido de su intención, sino simple y llanamente al hecho de que no existe en este momento la confianza como para pensar que se cumplirá el cometido.

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