¿Qué pasaría si los jueces u organismos de gobierno tuvieran la facultad de ordenarle a Facebook, Twitter o YouTube suspender una cuenta o eliminar el contenido parcial de ésta, de acuerdo a las leyes que se pretenden legislar en México?
Sospechosamente, después de que el Movimiento de Regeneración Nacional ganara la presidencia de la República, apoyado en gran medida por las redes sociales, se destaparon presiones para acotar a las redes sociales; no obstante antes de las elecciones, el discurso fue en sentido contrario, de no tocarlas.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dio instrucciones a la Unidad de Normatividad de Medios de Segob para que le hicieran un estudio sobre la posibilidad de regular a “este tipo de empresas”, y va a esperar la iniciativa del senador Monreal para, en su caso, apoyarla.
El domingo por la tarde, el coordinador de MORENA en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, dijo que presentaría una iniciativa para legislar la operación y el contenido de las empresas de redes sociales que prestan servicios en México, a pesar de que en el Tratado de Libre Comercio existen impedimentos para hacerlo.
El objetivo es cerrar la puerta tecnológicamente más efectiva de libertad de expresión a la sociedad civil, con la perversa farsa de “proteger” esa libertad mediante una maniobra legislativa de auténtica censura.
Esto es la secuela de una larga embestida de Andrés Manuel López Obrador que inició con el arranque del sexenio con la estrategia de eliminar todos los espacios de crítica a su gobierno, los organismos autónomos y el debilitamiento de los otros dos poderes: el Judicial y el Legislativo.
Lo que ocurrió ayer y hoy son pasos sólidos para el control de medios, iniciando con las redes sociales, empresas transnacionales que por lo tanto son satanizados por la izquierda más anquilosada de la 4T, pero también por los mercenarios y serviles funcionarios, prestos a ganarse el amor del líder de MORENA.
Con lo anterior, no me refiero a la protección de datos personales, sino a la regulación de contenidos y al uso político electoral de esas restricciones desde el gobierno, con el propósito de suprimir la crítica.
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