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El PVEM está más allá del bien y del mal

Jueves, 16 de Abril 2015 - 18:00

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Héctor Barragán Valencia

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Hay una apasionada polémica entre quienes están a favor de quitar el registro al partido verde (PVEM) por violación grave y sistemática de la ley (causal de pérdida de registro), y por quienes sostienen que la decisión de quitar el registro a ese o cualquier partido atañe exclusivamente a los electores, es decir, si no obtiene en la elección de junio tres por ciento de los votos efectivos. ¿Cuáles son sus razones? Quienes están por sancionar al verde dicen que incurrió en las causales que señala la ley como motivo para perder el registro. Quienes se oponen a esa “decisión drástica” arguyen que una autoridad administrativa no debe tener la potestad de aplicar la ley como fue aprobada por los legisladores de los mismos partidos, y que las malas conductas de sus dirigentes no tienen por qué afectar a los seguidores y electores del partido en cuestión: el verde más allá del bien y del mal.

El argumento de quienes piden que no se cumpla la ley, y por tanto no se sancione al partido verde, parece favorecer la idea de dejar hacer, dejar pasar: que impere la ley del más fuerte. Todo se vale en la lucha por el poder político: durante el periodo electoral se abre un paréntesis en el que se suspende la ley. También adolecen de un vicio harto común entre los economistas, a saber, que existe la información perfecta, que todos saben lo mismo y que a partir del conocimiento excelso se toman “decisiones racionales”, las que hacen compatible el interés individual con el bien común. Olvidan que en el mercado electoral influyen el clientelismo, la publicidad engañosa, el hambre, el interés propio, la corrupción... Ergo, si la necesidad es causa prima de las “decisiones racionales”, la ley debe regular el mercado electoral.

Los apologistas del verde parecen pedir violar la ley, pues no les gusta (les parece excesiva). Nos quejamos por este o aquel vacío legal, pero cuando existe la ley pedimos clemencia. ¿Acaso la violación sistemática de la ley sin consecuencias no es una de las principales causas de la descomposición de México? ¿No sería un remedio eficaz para abatir la impunidad entre los políticos y sus partidos? ¿No es una ventana de oportunidad para someter a la partidocracia a la ley y depurar el sistema de partidos? ¿No constituiría un potente mensaje para que los políticos pongan sus barbas a remojar? ¿Acaso aplicar la ley no revitalizaría la confianza en el árbitro electoral, el INE? Si los encargados de cumplir y hacer cumplir la ley no la aplican seguirá el lento proceso de degradación política que se manifiesta como violencia. Es hora de preguntarnos seriamente si queremos o no un país de leyes.


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