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Cuarto de Crisis: ¿Quién dice yo?

Jueves, 11 de Septiembre 2014 - 17:00

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Joaquín Ortíz De Echavarría

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¿Cuál fue la causa que ocasionó el derrame de 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre en la mina Buenavista del Cobre? Voces de la industria minera informaron al autor de esta columna que el origen del problema fue un traxcavo que rompió el tubo por que el fluía el sulfato; la presión reventó un bordo sin compactar –fuera de norma- y la tardanza en la reacción de los equipos de la minera, fue la combinación de factores que ocasionaron el problema. Hoy el debate está abierto, como en cualquier crisis de carácter ambiental, serán las pruebas periciales las que determinen técnicamente la causa. Pero mientras eso sucede se tiene que colocar en la mesa de la discusión cuál es la fórmula o el método para resarcir el daño económico a las familias y los afectados por una situación que claramente apunta a un posible caso de negligencia de la empresa.   

De acuerdo con las autoridades, la minera será obligada a cubrir una multa y costear las reparaciones al medio ambiente que causó un derrame de ácidos y minerales en el río Sonora. Luego de las primeras evaluaciones sobre el derrame de 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado ocurrido el 7 de agosto, los titulares de cuatro dependencias federales indicaron que la responsabilidad por este incidente corresponde directamente a la compañía minera. "Se prevé que la empresa sea multada hasta con 40 millones de pesos, con base en la Ley de Responsabilidad Ambiental, además de que la ley permite obligar a la empresa remediar todo el daño ambiental que ha generado", apuntó la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) en un comunicado. El procurador federal de Protección al Ambiente, Guillermo Haro Bélchez, dijo que se presentó una denuncia penal contra quien resulte responsable, "la cual podría ser de 1 a 9 años de cárcel".  Haro Bélchez señaló que se inició un juicio de responsabilidad ambiental para la reparación de los daños.  

La demanda por responsabilidad ambiental obligaría a la empresa a reparar los daños ambientales que se han generado en la zona", indicó antes el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan José Guerra. Las estimaciones preliminares indican que la reparación del daño podría alcanzar un monto de "cientos o miles de millones de pesos", dijo. El 7 de agosto pasado, una falla estructural en un contenedor de la mina Buenavista del Cobre, parte del consorcio Grupo México —uno de los más grandes del sector a nivel internacional— provocó el derrame del ácido, que tomó el cauce del río Bacanuchi y se dispersó hacia otros afluentes del ríos Sonora. Unas 22,000 personas resultaron afectadas en siete municipios. La minera en un principio dijo que esto se debió a una lluvia “atípica” que cayó sobre el estado. Pero este martes el secretario Abud reiteró su declaración de los días previos y recalcó que, con base en los registros de lluvias, no hubo precipitaciones en la región en los cuatro días anteriores al derrame. "La responsabilidad es 100% de la empresa. No hubo lluvias como ellos lo habían comentado", dijo Guerra Abud en entrevista con la cadena Radio Fórmula. Reiteró que el resarcimiento de daños podría alcanzar "cientos de miles de millones de pesos" por las violaciones al artículo 414 del Código Penal Federal luego de que su dependencia ha realizado 22 análisis en puntos del afluente del río.  

Ese artículo fija una pena de uno a nueve años de prisión contra quien resulte responsable de contaminar el medio ambiente con sustancias tóxicas, y una pena de hasta 300,000 salarios mínimos que equivaldría a poco más de 20 millones de pesos. Mikel Arriola, director de la Comisión Federal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), presentó los resultados de las investigaciones de su dependencia, las cuales indican que de 54 muestras de agua, 34 estuvieron fuera de la norma federal para la potabilización del agua para el consumo humano. Las autoridades mantienen bajo cancelación 33 pozos que abastecían de agua esa región semidesértica del noroeste de México. En total, cuatro hombres y una mujer presentaron “intoxicaciones” en los días posteriores al derrame; después de ser atendidas, fueron dadas de alta de la atención hospitalaria. Grupo México tendría que indemnizar a las personas que resultaron afectadas directa o indirectamente, informó Arriola en la conferencia de prensa. David Korenfeld, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dijo que su dependencia ha estado trabajando en la verificación de la calidad del agua, con base en mediciones previas del organismo para determinar cuándo el afluente está en los niveles normales de calidad. Conagua ha destinado 32 pipas para la distribución del líquido potable a las poblaciones afectadas, 10 plantas potabilizadoras y 37 funcionarios se encuentran en el lugar monitoreando la situación, explicó Korenfeld. Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de Sonora interpuso una demanda ante la Procuraduría General de la República por el derrame de ácido sulfúrico en la mina Buenavista del Cobre en dos ríos de Sonora, lo cual generó pérdidas por 2 mil millones de pesos para las personas que vivían cerca de esta zona.  

En un comunicado, Accival Casa de Bolsa dijo que en México, las personas tienen derecho a demandar a una compañía por daños directos o pérdidas económicas (aunque no se conceden daños punitivos). “Creemos que es posible que la compañía y las agencias federales acuerden la creación de un fondo de compensación para agilizar el proceso, que este podría ser por $150 millones de dólares”, explicó. Afirmó que han estado utilizando un costo total estimado de $100 millones de dólares por esta situación, pero podrían pasar meses hasta disponer de un estimado concreto si el proceso pasa por el sistema legal.  “Hemos viajado a México y nos hemos reunido con las autoridades reguladoras y con la compañía para discutir este incidente. Seguimos creyendo que el impacto económico total será mínimo considerando la capitalización de mercado de Grupo México de $30 mil millones de dólares”, indicó Accival. Señaló que el riesgo negativo consecuente, es decir, el cierre de toda la mina durante cierto tiempo o la amenaza de que se revoque su concesión, es muy remoto. Sin embargo, las repercusiones a la reputación de la compañía podrían prolongarse durante más tiempo y ser más amplias. 

Ganaderos afectados por el derrame de sustancias tóxicas en un Río de Sonora recibirán 10 millones de pesos de parte de Grupo México, responsable del desastre, anunció este miércoles la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS). El presidente de la UGRS, Luis Sierra Maldonado, indicó que la entrega de los recursos económicos se realizará para que los rancheros hagan frente a los gastos y pérdidas ocasionadas por la contingencia ambiental que se vive en esa zona. Refirió que la organización ganadera gestionó los recursos ante el Grupo México, propietario de la minera Buena Vista del Cobre que ocasionó el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre y otras sustancias tóxicas a los ríos Bacanuchi y Sonora. El representante de los ganaderos recordó que en una primera etapa el consorcio minero destinó 5.7 millones de pesos para apoyar a unos 500 productores de la región afectada por la contingencia. “Logramos ahora un nuevo recurso por un monto de 10 millones más de parte de Grupo México, para pagar algunos gastos realizados por los productores en la construcción de cercos, acarreo de agua, alimento para el ganado, y en otros casos, por pérdida de producto como leche y sus derivados”, dijo. Manifestó que entre el jueves y el sábado se entregarán los apoyos, previa evaluación, a los ganaderos de los municipios del Río Sonora que han reportado pérdidas, entre los que se incluyen pequeños ganaderos de San José de Gracia y Hermosillo. “Desde un principio lo dejamos muy en claro, la Unión Ganadera está y estará de parte de los productores en este problema, es por eso que hemos estado en contacto permanente con directivos del Grupo México para que asuman su responsabilidad en estos pagos parciales a los ganaderos”, expuso. Detalló que la entrega de recursos a los productores ha sido transparente y con documentación comprobatoria, previa evaluación de los daños por inspectores de ganadería del gobierno estatal, avalados por dirigentes de las asociaciones ganaderas locales y la UGRS.  


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Número 33 - Septiembre 2019
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