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Observatorio Ciudadano

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Apagón analógico y más de lo mismo en contenidos

A unos días de que llegue el plazo previsto para el apagón analógico en la televisión abierta, las dos televisoras más importantes del país, Televisa y Televisión Azteca, han declarado que están listas. Sin embargo, la prensa del país ha dado cuenta de que no necesariamente estas dos cadenas dicen la verdad, pues algunas de sus filiales o repetidoras que les permiten llegar a todo el país, son de baja potencia y hasta el momento, se dice, dichas estaciones no están listas para el apagón.

Es posible que cuando este texto se publique, la Cámara de Diputados haya aprobado la prórroga, hasta por un año, para que las televisoras que pertenecen al esquema de medios públicos queden excluidas de la fecha fatal del 31 de diciembre próximo para el apagón analógico. Bien por ellas. La presión constitucional para que estas televisoras, que en su mayoría pertenecen a los gobiernos estatales, reciban los recursos necesarios para adquirir el equipo necesario para la era de la televisión digital abierta o televisión digital terrestre (TDT).

Desde luego es importante la parte de la transformación tecnológica que implica el “apagón analógico” que no sólo se da en México, sino a nivel internacional. Desde esta perspectiva, el gobierno federal, a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones, viene destacando en sus comunicados las ventajas que esto traerá para el mercado de las telecomunicación y la radiodifusión, sobre todo en lo que tiene que ver con hacer más eficiente el uso del espectro radioeléctrico. Pondera la mejora sustancial en la calidad de la señal y eso es bueno.

Pero hay un punto sobre el que se dan pocas esperanzas de cambio y que es el de los contenidos. Dejemos de lado, por el momento, la viabilidad técnica de la multiprogramación y centrémonos en lo que hay. Televisa, además de percibirse como el gran ente monopólico de la televisión por el número de concesiones, tiene lo que podríamos llamar el “monopolio de los contenidos”.

Por años, la manera de hacer televisión estuvo a cargo de la televisora de los Azcárraga. Las fórmulas de sus programas son las mismas de siempre en todos los géneros televisivos y, digámoslo de esta manera, es la única escuela que se conoce a nivel nacional. Televisa es la empresa que a lo largo del tiempo ha moldeado el modo de hacer y consumir televisión, construyendo un círculo enrarecido en el que el público acepta un solo modelo y, concomitantemente, los medios sólo producen bajo ese modelo.

Habrá mejora en la calidad de la señal, más no en los contenidos. Televisa ha dado muestras de que no le interesa qué se transmita a través de sus múltiples plataformas, mientras sean redituables económicamente.

El círculo de referencia es tan fuerte y de resultados, que el paso de Imevisión a Televisión Azteca implicó la copia de los géneros explotados por Televisa: la misma estética y manejo de la información en los noticieros, la producción de telenovelas, los reality y los talk shows, programas de concursos de todo tipo y de comedia barata.

La tercera cadena nacional que entrará en operación en nuestro país, por lo que alcanzamos a ver en la transformada Cadenatres, será más de lo mismo. La apuesta se encuentra en la diversificación de señales (más canales y multiprogramación), pero lo que necesitamos son cambios sustanciales en los contenidos, cuantitativa y cualitativamente.

Fecha: 
Sábado, 12 de Diciembre 2015 - 10:00
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Morena y el avión presidencial

 

Hace unos días la coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena, Rocío Nahle García, solicitó a la Secretaría de la Función Pública, fundamentada, dice ella, en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que los 35 diputados de ese partido reciban una “visita guiada” en el nuevo avión presidencial. Aunque la solicitud ha ido por escrito y se entiende por los canales pertinentes, la diputada se dio tiempo para dar a conocer su valiente petición a los medios de comunicación.

Escuché por radio parte de sus declaraciones y en ellas decía que el propósito es mostrar al pueblo mexicano las características del citado avión, evidenciando el lujo y disposición de los espacios como la “recámara presidencial” y sus supuestos lujos; la oficina y la sala de juntas, etc.

Aterricemos la cuestión. Nuestro sistema político y de representación popular en particular, qué duda cabe, emana del Constituyente de Querétaro de 1916-17. Las distintas facciones en pugna pudieron en muchos casos zanjar sus diferencias con el diálogo y el debate en tribuna y no a balazos.

Este sistema representativo se basa en que son los diputados (locales y fererales) los que llevan la voz y el sentir del pueblo a la más alta tribuna de la entidad o del país, respecto a los asuntos que nos competen. A lo largo de los años hemos visto casos lamentabilísimos de legisladores que en su pasar por las Cámaras nunca suben a tribuna o, cuando lo hacen, tienen un desempeño igualmente lamentable por la torpeza al hablar, por el pobre manejo de conceptos o por lo frívolo de los asuntos que abordan. Es el caso que nos ocupa con los de Morena y el avión presidencial.

Que los diputados del partido que preside AMLO, bajo el pretexto de supervisar el gasto autorizado, quieran llevar el asunto del avión presidencial a la discusión pública, resulta intrascendente ante los problemas de fondo y no de forma de la actual administración federal. Es un tema ampliamente comentado, criticado de por decirlo así “cosa juzgada” que viene desde la administración de Felipe Calderón.

Si el prurito de la diputada es en verdad el ejercicio eficiente y sin excesos del presupuesto, tendría que ver otros muchos casos de opacidad en la aplicación de los recursos públicos en asuntos no solamente del poder ejecutivo, sino en los otros poderes, incluyendo, desde luego el legislativo del que ella o ellos son parte.

El sistema político revolucionario que ejercemos cotidianamente ha impuesto prácticas deleznables de compadrazgos, favoritismo, discrecionalidad, agandaye y otros calificativos que lo hacen tremendamente injusto cuando de la repartición de la riqueza se trata.

Al final del cuento, lo del avión presidencial que tanto preocupa a los legisladores morenos, carece de interés verdaderamente, frente a los costos reales que implica el soporte financiero de los partidos políticos, del tremendamente elevado gasto que implican las campañas y los procesos electorales, o la manutención de un Congreso de la Unión tremendamente obeso y con privilegios absurdos como dar boletos de avión a los legisladores que no los necesitan por motivo de la cercanía del distrito electoral al que representan, con el Distrito Federal. Todo ello, evidentemente, con el dinero de los contribuyentes.

Que el avión es ostentoso, hasta donde sabemos, sí; que puede lastimar por ello a las capas sociales más desprotegidas, también. Que lo vale Peña Nieto, no. Lo vale la institución que él representa. Es cuestión de imagen ante el concierto de naciones.

Fecha: 
Sábado, 05 de Diciembre 2015 - 10:00
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Las pasiones de Beltrones

 

La lucha por la presidencia de la República en el 2018 empezó ya y eso lo sabemos todos. En la época del priísmo como partido único, se guardaban las formas y las fórmulas mediante las cuales el presidente en funciones decidía “en soledad” el nombre de su sucesor. Pero eso quedó en el pasado con la “madurez” alcanzada por nuestro sistema político y ahora los partidos y los suspirantes sacan sus cartas y la decisión del que antes ejercía el derecho de dedo, no determina el triunfo.

Todos sabemos que el proceso electoral para la renovación del ejecutivo federal ha iniciado con el reposicionamiento de posibles candidatos en las estructuras internas de los partidos o con las declaraciones un tanto veladas de posibles candidatos independientes.

Hay quienes ven a Margarita Zavala por la libre; inequívocamente se sabe que López Obrador estará en la contienda por Morena; no se ve a ningún Cárdenas, aunque el proyecto Por México Hoy que encabeza el ingeniero haga guiños de “aquí estoy”; por el PRD muchos perfilan a Mancera —aunque en Michoacán algunos simpatizantes de Silvano Aureoles lo ponen en la contienda—; y, desde el poder la caballada empieza a engordar, con miras a que el PRI continúe en la silla presidencial.

Podemos coincidir con Ciro Gómez Leyva cuando le reclama a Beltrones la tardanza con la que ha respondido a los spots de Morena y la figura omnipresente de Andrés Manuel en, se estima, un millón 100 mil impactos a nivel nacional. Beltrones ha emprendido una cruzada para la modificación de la ley electoral para evitar esos “fraudes” a la ley y qué bueno que así sea, pero la ganancia de Obrador nadie se la quita.

López Obrador respondió a Beltrones con la estrategia que le ha funcionado, victimizándose: “es como otro desafuero” ha dicho el que aseguró que no iría por una tercera contienda por la presidencia.

En efecto, Obrador incumple una declaración que hizo después de su primera derrota electoral por la Presidencia de la República en un evidente desprecio por Cárdenas diciendo algo así como “no seré un eterno candidato a la presidencia".

Pero no me sorprendo de que incumpla esa declaración. Con los resultados de Morena en las pasadas elecciones, tal vez se sienta con un escenario inmejorable para llegar al poder. Por eso es la actitud de Beltrones. La pasión con la que ahora el sonorense defiende los tiempos del Estado para que no se abuse o se saque un beneficio indebido de esa prerrogativa, se lee, con lógica, como una estrategia no necesariamente tardía para restarle presencia a quien ya la tiene y empezar a configurar los escenarios del PRI, justamente para ir abriendo el camino a su candidato.

Creo que se equivoca Obrador al estimar que la “ley Beltrones no pasará”. La habilidad política y la influencia de Manlio Fabio es incuestionable y seguramente encontrará eco en los demás partidos que también se beneficiarían de cualquier freno que le pongan al tabasqueño.

Fecha: 
Sábado, 21 de Noviembre 2015 - 10:00
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¿Es necesaria la censura?

 

Se tendría que puntualizar un poco más acerca de esto de estar o no a favor de la censura. Desde luego, no es un asunto con el que se pueda simpatizar fácilmente, pues la censura tiene necesaria e históricamente una carga negativa.

Podemos establecer y aceptar de entrada que, ante el poder y las tentaciones de acallar voces por parte del las estructuras de gobierno, es preferible la liberalidad y apertura a que los ciudadanos puedan ejercer a plenitud el derecho constitucional de la libre expresión de las ideas.

Lo anterior viene nuevamente a cuento por la infortunada intervención del senador Omar Fayad, que retiró un proyecto de ley que fue valorada, casi unánimemente, como “ley mordaza”, algo que todas las sociedades democráticas reprueban ferozmente.

Sin embargo, y a riesgo de hacer como “abogado del diablo”, resulta conveniente explorar algunas aristas respecto a la libertad de expresión, la censura, la autocensura, la autorregulación de los medios y, por qué no, la cláusula de conciencia. Todos estos aspectos mantienen vasos comunicantes en torno a la comunicación de masas y de manera extensa a todos los ciudadanos en relación con su derecho a la información.

Es necesario insistir en que la libertad de expresión no es un derecho absoluto. Aunque para algunos las limitantes que establece la Constitución son “vagas” o “difíciles de definir”, existen, y ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido precedentes por ejemplo en el caso de las palabras “puñal” y/o, “maricón”, cuando en voz de comunicadores tienen la connotación discriminatoria u ofensiva.

Bajo la excusa del ejercicio de la libertad de expresión, no son pocos los casos en que se han destruido reputaciones, no sólo de políticos sino de ciudadanos ajenos a las actividades partidistas de cualquier color, que han sido blanco de productos de comunicación que obedecen a vendettas personales, pero también a la desinformación y negligencia de comunicadores.

Respecto a la autocensura podemos identificar dos escenarios. El primero referido a un ambiente social y político represivo, que inyecta el temor a la represalia, lo que evidentemente es indeseable, pero la otra vertiente puede obedecer a la mesura de los propios comunicadores que ponderan el valor de los ítems comunicativos que integran una información, y con ello la pertinencia o no de hacerlos públicos. Esto se concatena, de alguna manera, con la autorregulación de los medios, que pueden establecer parámetros de comportamiento ético, expresado en un código deontológico propio o, por lo menos, en una política de comunicación clara y pública.

Ante la censura o la presión interna en los medios, los profesionales de la comunicación tienen la posibilidad de ejercer la cláusula de conciencia, como respuesta a los cambios en la línea editorial, con la que ya no se puede estar de acuerdo.

El ejercicio responsable del periodismo, entendido como la profesionalización de la libertad de expresión, y de la manifestación de las ideas y opiniones del ciudadano común, en un ambiente de verdadero sentido democrático, hace innecesaria la censura. Cuando ésta aparece, desde luego enrarece el ambiente en detrimento de las libertades ciudadanas.

Frente a la libertad de expresión, como derecho ciudadano, es pertinente recordar que caminan de la mano, en un plano de alteridad, el derecho de los demás, al honor, al decoro, a la vida privada y al concepto de la propia imagen, que el Estado tiene la obligación de garantizar, a través de reglas que puedan generar un estado de equilibrio y de protección a la misma sociedad.

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Sábado, 14 de Noviembre 2015 - 10:00
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Muerta (por el momento) la Ley Fayad

Murió la llamada “Ley Fayad” y la puntilla la puso su autor, el senador priísta Omar Fayad, al retirarla de la agenda legislativa. En realidad el proyecto de Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos, murió de muerte natural al ser política y socialmente inviable.

Parece mentira que en el senado no se hayan establecido los criterios de reflexión y asesoría mínimos para desalentar, desde un principio, la redacción de un proyecto nada nuevo en sus alcances y de una materia sobre la que se ha escrito y discutido mucho: la conveniencia o inconveniencia de legislar, de manera específica sobre los delitos en y por internet.

Aunque Fayad ha dicho que las pretendidas consultas públicas se aplazan para “convocar a un mayor número de especialistas, académicos y cibernautas interesados en el tema”, lo cierto es que más bien parece una discreta salida que pare las críticas y con ello que el tema, su tema, desaparezca del imaginario colectivo. ¿Cuándo el senador Fayad intervendrá en la construcción o debate de un asunto de esta naturaleza? Nunca.

A lo largo de la historia de la internet, se han conocido diversas propuestas para legislar de manera específica sobre la red de redes y con más o menos estrépito, las iniciativas se han caído, al no encontrar los asideros que la teoría dicta para crear una norma, es decir, no hay “materia” sobre la que se pueda bordar un nuevo ordenamiento jurídico.

La mayoría de las acciones –si no es que todas– que pudieran tipificarse como delitos o transgresiones a derechos de terceros, ya están contenidas y contempladas en cuerpos legales vigentes desde antes de la llegada de la internet o se han modificado en la forma, más no en el fondo, para adaptarse a esta herramienta tecnológica.

Pensemos en los usos que damos a la red, que básicamente se reducen a comercio electrónico y a difusión de contenidos en forma de textos, sonidos, música, imágenes fijas o en movimiento o la combinación de algunas de estas formas. Es decir, estamos frente al concepto de la libre expresión y manifestación de las ideas, que es el principio básico de todas las democracias, y un derecho constitucional y humano.

En esta última parte radica la importancia de lo que ha pasado. Ha muerto provisionalmente, un proyecto que se antojaba, a la luz de sus postulados más trascendentes, como una forma clara de imponer la censura en nuestro país. Respecto a los usos genéricos de la internet ya existen en las normativas nacionales, leyes, códigos y reglamentos que tipifican delitos y sobre los que hay sanciones pecuniarias o penas corporales.

Por esto es trascendente hablar de este proyecto que, hay que insistir, ha muerto por el momento. Es importante hablarlo aun cuando su trato mediático compita con la resolución de la Suprema Corte en relación con el uso de la marihuana. La llamada Ley Fayad le falló al sistema y es previsible que en el futuro se intente nuevamente ir contra la libertad de expresión por otros caminos.

Las sociedades democráticas, frente a los usos de la red de redes, prefieren un sistema de liberalidad, antes que la censura. Los abusos y delitos que se cometen a través del recurso tecnológico (fraudes, robo de identidad, pornografía infantil, violación a los derechos patrimoniales –piratería- sobre derechos de autor, etc.) los podemos encontrarlos tipificados en las normas jurídicas ya existentes, pero antes que la censura a la expresión, debe anteponerse la tolerancia y la autorregulación.

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Sábado, 07 de Noviembre 2015 - 10:00
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Azúcar, azúcar

 

El debate en el Congreso de la Unión respeto a la reducción del impuesto a las bebidas azucaradas escaló a niveles de lavadero. En un intercambio de tweets entre Miguel Barbosa, coordinador de los perredistas en el Senado y el diputado y ex dirigente nacional del PAN Gustavo Madero, cuando este último llamó “pendejo” al perredista, la cosa pasó de lo serio que es el asunto, a lo anecdótico que alimentará las charlas de oficina por unas horas.

Ante la propuesta de reducir un impuesto especial a las bebidas endulzadas, y las reacciones que ello ha generado, ahora los legisladores se lanzan ataques y por lo pronto el miércoles pasado se modificó el dictamen que ha de regresarse a la cámara de origen (de diputados) para su revisión.

La modificación a la baja en 50 por ciento del impuesto, provocó la reacción de la secretaria de salud, Mercedes Juan López,  quien argumentó que desde el punto de vista de salud pública, el impuesto ha demostrado su eficacia y agregó que hay estudios del Instituto Nacional de Salud Pública que señalan que el refresco ha contribuido de manera importante a la epidemia de sobrepeso y obesidad que enfrenta el país.

Otros estudios que han explorado el efecto del impuesto a las bebidas azucaradas, han encontrado que, por ejemplo, en el 2014, el consumo de este tipo de productos se redujo en un 6 por ciento, mientras que la ingesta de agua creció en 4 puntos porcentuales.

Por su parte, la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Bebidas Carbonatadas (ANPRAC), lamentó la decisión del Senado, pues la reducción al impuesto se había propuesto como un incentivo para la innovación y el desarrollo de bebidas con menor contenido calórico.

De acuerdo con datos del INEGI, referidos por Milenio, el consumo de bebidas endulzadas se había incrementado hasta el 2012, año con año, hasta alcanzar 14 por ciento que para ese año correspondía al mismo valor del crecimiento de la industria.

En términos de volumen, en 2011, el consumo de refrescos per cápita de los mexicanos ascendió a 166 litros en ese año, lo que significó un gasto de más de mil pesos por persona.

Sobre esto, vale la pena insistir en que lo que se debate no es un asunto menor. Más allá de los descalificativos y calificativos que se lancen los señores legisladores, hay verdaderos asuntos de peso que vale la pena ponderar. Desde el punto de vista de la economía, de la industria, ésta representa un valor de más de 11 mil 756 millones de dólares (2014) y aporta el 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto, además de que da empleo directo a más de 51 mil personas.

Pero el otro lado del debate está en los aspectos vinculados con la salud, pues además de los datos aportados por la secretaria de salud, se encuentran los que genera la Organización Mundial de la Salud que apuntan a que estos productos, en efecto, por su alto impacto en la prevalencia de obesidad y diabetes, pueden demandar un costo en los sistemas de salud de un valor superior a los 5 mil 600 millones de dólares al año.

Desde luego las bebidas azucaradas no son el único factor que tiene que ver con que México tenga el primer lugar en obesidad a nivel mundial y en ese sentido deben enfocarse las baterías en una apuesta integral de mejora en los hábitos alimenticios de los mexicanos. Es una cuestión, en verdad, de vida o muerte; es un asunto de la salud personal y es un tema de salud pública que obliga a plantear soluciones integrales.

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Sábado, 31 de Octubre 2015 - 10:30
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Nos faltan 43

Lo políticamente correcto es que nos pronunciemos por la aparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Tras pasar la hoja de la mal llamada verdad histórica de Murillo Karam, se ha abierto un nuevo capítulo en este caso, en busca de saber verdaderamente lo que pasó en septiembre de 2014.

Resulta positivo que el gobierno federal haya aceptado la intervención del llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y que se hayan firmado una serie de acuerdos para tratar de limpiar la causa y llegar eventualmente a conclusiones creíbles y aceptadas por las partes.

Muchas personas, por desgracia, tenemos la creencia construida en base a la información pública y a la lógica que se desprende de ella, de que los normalistas están muertos. Deseamos estar equivocados, pero es difícil deconstruir esta casi certeza formada a lo largo de poco más de un año.

Desde luego, es obligado respetar el deseo y la esperanza de los familiares de los jóvenes, de verlos en un corto o mediano plazo, vivos. No hay, creo yo, un mejor motor para que este hecho se esclarezca, que la voluntad de los padres y familiares de los desaparecidos, que siguen luchando y buscando los caminos en busca de la verdad.

¿Por qué un hecho como este nos confronta como sociedad? La respuesta más importante es la gravedad del asunto. No podemos aceptar que hoy en día se sigan desapareciendo personas por los motivos que sean. “Ni vivos ni muertos” es el título del libro de Federico Mastrogiovanni que abunda en cómo se llega a este estado de indefinición sobre seres humanos: no están vivos, pero tampoco están muertos, porque no hay certezas. Ahí radica la trascendencia de esta nueva etapa en la investigación, pues a través de los mecanismos que se han establecido con los expertos, el objetivo es encontrar ese dato preciso que nos de ese mínimo y doloroso porcentaje de certeza de la muerte o jubilosa certeza de vida.

No es una metáfora decir que los ojos del mundo están puestos en México. La prensa, y con ella la sociedad internacional, siguen a detalle cada revelación o acción que trasciende. La comunidad de naciones espera también, como nosotros, que se esclarezca si ha sido una acción desde el Estado o fue en acontecimiento entre civiles (el narcotráfico es una línea de investigación), en donde se dio la participación desafortunada de las fuerzas del orden, con el saldo que todos conocemos.

Habrá responsables con nombres y apellidos, a quienes se tendrán que encaminar procesos judiciales por los delitos que las investigaciones determinen. Por lo pronto, es Estado mexicano es el primer “indiciado”, pues faltó a su deber de proteger la integridad física de por lo menos 43 ciudadanos.

Todos tenemos, respecto al caso Ayotzinapa, una idea que se modifica o no, cuando algo emerge. Poniatowska deseó en la FIL Zócalo que “Alguna vez volveremos a ver a los 43 que nos faltan y les rendiremos el homenaje que se merecen”; Javier Cicilia dijo que estaba molesto por la forma en que los familiares de los estudiantes y las organizaciones que los apoyan han centrado todo su esfuerzo y atención únicamente en la desaparición de los 43 jóvenes, cuando en el país son miles las víctimas de la violencia generada desde el Estado (http://aristeguinoticias.com/2010/mexico/javier-sicilia-se-dice-molesto-con-familiares-de-los-43-normalistas/); mientras que Cuauhtémoc Cárdenas señaló “Seguir las rutas del dinero sucio podrían contribuir a esclarecer el caso” (http://www.ccardenass.org/index.php?option=com_content&view=article&id=259:por-mexico-hoy-las-tareas-inmediatas&catid=35:pronunciamientos&Itemid=56).

“Nos faltan 43”, es tan cierto como que nos faltan muchos más, derivados de otras acciones, pero lo que se impone es dar el beneficio de la duda a esta nueva etapa y esperar a que haya resultados serios y contundentes que apunten con certeza a la verdad histórica que, sobre Ayotzinapa, todos queremos conocer.

Fecha: 
Sábado, 24 de Octubre 2015 - 10:00
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Fuga silenciosa

Nuevamente la práctica de las filtraciones pone de cabeza al sistema judicial del país. De nueva cuenta, las manos anónimas que venden o “regalan” materiales “calientes” a los medios, están operando desde la oscuridad con una finalidad obvia: minar la versión oficial de los hechos ocurridos hace un poco más de tres meses.

Pero cuando pasan cosas como estas, es que el ciudadano común se pregunta qué es lo que pasa en las esferas de la administración pública, que intenta ocultar lo que es evidente y que tienen que ver con la corrupción que se da en los centros de readaptación social, refiriéndonos a la fuga del Chapo.

Se han escuchado versiones tan absurdas y chabacanas, como aquella en la que decían que la fuga de El Chapo era una acción concertada con el presidente de la República para tender una cortina de humo que cubriera los cambios en el IMSS.

Lo que es cierto es que faltaba confirmar un elemento que muchos analistas y el sentido común señalaban, relativo a lo silencioso que parecía que había sido el proceso de construcción del túnel de la fuga. Y no, no había en la realidad tal silencio.

Para muchos, la profusa difusión que se dio al video de la fuga, hace tres meses, parecía suficiente, pensando, tal vez, en que no había micrófonos en las celdas en razón de los parámetros de incomunicabilidad a la que se sujetan los reos: están solos, sin medios de comunicación con el exterior (se supone), etc. Ahora nos damos cuenta de que sí hay micrófonos y que éstos registraron los sonidos de la horadación; los sonidos de la fuga.

Las implicaciones que esta filtración ha traído consigo son muy graves y denota el grado de corrupción de una cadena de personas con diferentes rangos de mando en el penal, muy extensa.

La pregunta que ahora es necesario que sea contestada, es por qué desde que se dieron a conocer los videos de la fuga, las autoridades no incluyeron el audio, que ahora los incrimina. Es decir, si cuando las autoridades de seguridad y de procuración de justicia, en el caso de El Chapo, dieron a conocer los videos de la fuga hubieran incluido el audio, evidentemente la percepción colectiva hubiera sido más grave (y justo aquí se encuentra la lógica de su ocultamiento), pero al ocultar ese elemento, ahora que se hace público “el chirrión se les voltea por el palito” y los involucra de manera directa, por lo menos por la omisión en que incurrieron.

En este momento es secundario saber cómo y quién hizo la filtración del audiovisual dado a conocer por Loret de Mola. Lo realmente importante es que se finquen las responsabilidades correspondientes, de acuerdo al marco jurídico aplicable y se esclarezca la cadena de corrupción al interior del penal. Los exámenes de confianza de los que tanto se habla, deben ser permanentes y en todos niveles del sistema de seguridad del país.

Fecha: 
Lunes, 19 de Octubre 2015 - 12:00
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Poor Mexico

“Por México hoy” fue anunciado con más pena que gloria por el exgobernador de Michoacán, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, como un nuevo proyecto de acción política pero, dice, no electoral.

El proyecto nació en realidad el 22 de noviembre del 2014, curiosamente tres días antes de la renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano a su militancia en el PRD, como un conjunto de ideas por la “necesidad de superar los actuales problemas del país y llegar, si así se decidiera democráticamente, a la formulación de una nueva carta constitucional”.

En la presentación que se hizo, el 3 de octubre pasado, acompañaron al ingeniero Cárdenas, Alejandro Encinas y Porfirio Muñoz Ledo, figuras emblemáticas de la izquierda mexicana, así como Miguel Barbosa y el también exgobernador de Michoacán Leonel Godoy Rangel, entre otros.

Aunque aseguran que “Por México hoy” (similar al Pacto Por México, impulsado por Peña Nieto) no significa ni pretende la conformación de un partido político, sí aspiran a que los planteamientos que de ahí surjan, los puedan “abrazar” futuros candidatos a puestos de elección popular, de cualquier partido político.

En una entrevista concedida a la periodista Azucena Uresti, Cárdenas Solórzano dejó entrever una de las debilidades que, desde mi perspectiva, tiene este proyecto político, que es lo programático, es decir, los tiempos. Le dijo Cárdenas “no nos estamos fijando fechas o límites para tener una Constitución, para movilizarnos o impulsar las discusiones. Tampoco estamos en contra de partidos políticos o a favor de candidatos. En este proyecto cabe todo mundo”.

De acuerdo: queda claro que no es partidista, pero hay, sin duda puntos sustanciales que habría que aclararle a la sociedad a la que invitan a sumarse. Ya decía antes, los tiempos. Si coincidimos con la indignación de Cuauhtémoc Cárdenas y la urgencia de la acción, se deben establecer tiempos, objetivos y metas. Si el propósito inicial es tener una nueva Constitución federal, como para cuándo se les antoja: ¿2018? ¿2024?, ¿para cuándo? Aunque es claro que no depende de ellos la vigencia de una nueva Carta Magna, sí tendrían, Cárdenas y sus seguidores, la obligación de presentar su proyecto de Constitución, a la nación.

Si no es partido político se impone saber bajo qué figura jurídica se lanza “Por México hoy”. La información hecha pública no nos dice si es ONG, AC, algún tipo de fundación o un grupo de amigos (que se vale).

Quiero pensar que la iniciativa es positiva y posible, pero no puedo. Falta la parte de la credibilidad de la que en nuestro país es carente. No le puedo creer a Cárdenas cuando, en una campaña presidencial, dijo tener como parte de su patrimonio una cuenta bancaria con sólo 95 mil pesos; me cuesta trabajo creerle al ingeniero, cuando su hijo Lázaro, político profesional, no lo acompaña en el proyecto y estratégicamente sigue en las filas del PRD; cómo creer que hay congruencia en los fines que alimentan “Por México hoy”, cuando el hijo de Cárdenas mostró ineficiencia y rapacidad en la construcción de un teatro en Morelia, siendo a la vez vicepresidente del Festival Internacional de Cine de Morelia y asesor del gobierno de Mancera.

Algo no se mueve con claridad bajo estas aguas. La ciudadanía está cansada de la política y de quienes la ejercen como profesión. Por México, hoy, muchos ciudadanos podemos movilizarnos para lograr un mejor país. De la individualidad podemos pasar a la colectividad, pero antes se tiene que derribar el paradigma de que la política es cosa de unos cuantos iluminados que merecen ser atendidos como reyes, en plena aspiración democrática.

Fecha: 
Sábado, 10 de Octubre 2015 - 10:00
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Para los toros del jaral…

“Hablando de democracia, un voto ignorante, no es un voto”

Salvador Jara Guerrero, Exgobernador sustituto de Michoacán

Termina la suplencia de Salvador Jara Guerrero en el gobierno de Michoacán, dejando un estado de insatisfacción generalizada por sus usos y abusos. Su último acto gubernamental, además de los protocolarios por el doscientos cincuenta aniversario del natalicio de Don José Morelos, es la entrega de 22 notarías a su entera discreción, entre las que destaca una a su secretario particular -que también lo fue durante su rectorado en la UMSNH-, a quien fuera su secretario de gobierno y candidato perdedor a la alcaldía de Morelia y otras más a amigos y familiares de sus amigos.

Su “herencia política” es la designación de quien fuera también una de sus funcionarias en la Universidad Michoacana, en una posición inmejorable para recibir, como ha sido, una de las diputaciones plurinominales en el Congreso local.

En los últimos días de su administración, a través de un decreto legislativo, asignó seguridad personal a los gobernadores salientes (hasta por tres años con cargo al erario público), situación que sorprendió hasta al propio gobernador entrante, Silvano Aureoles Conejo.

Ante los michoacanos, en este momento, deja la gubernatura uno de los funcionarios que ha logrado captar en mayor rango de impopularidad y rechazo, que gobernador alguno haya logrado en la historia reciente de Michoacán.

“Nunca pensé que llegaría a ser gobernador”, palabras más o menos expresó en público un par de veces y en los resultados que entrega es patente que, en efecto, nunca entendió la tarea que el Congreso de la entidad le confirió. Los innegables lastres que, si bien es cierto recibió, nunca supo superar y menos solucionar.

¿Qué se lleva Salvador Jara?, le preguntaron hace días en una entrevista radiofónica, a la que respondió que “un montón de relaciones”, “tuve –dijo- la oportunidad de conocer a mucha gente con la que he hecho buenas relaciones”. Según su respuesta, su llegada a gobernador no significó la responsabilidad de, sólo por ejemplo, resolver el pago a proveedores y prestadores de servicios a los que se adeuda cantidades millonarias (se sabe que muchos proveedores quebraron y se fueron a la ruina), sino hacer relaciones en aras de un futuro venturoso para él y sus cercanos.

A su llegada a la rectoría de la Universidad Michoacana, circularon dos videos (mal hechos, por cierto) en las redes en donde, como rector, cuestionaba el manejo de los recursos públicos el entonces IFE. En uno de ellos advertía al entonces presidente del IFE “lo estamos viendo” y en el otro, una de sus colaboradoras y alumna de la Facultad de Derecho, expresaba, refiriéndose a Valdés Zurita, que podían ser legales las decisiones del IFE pero “¿y lo moral?.


El chirrión se volteó por el palito. Jara no se dio cuenta que los michoacanos lo estábamos observando y que sus decisiones podían ser cubiertas de un halo de legalidad, pero carentes de sentido ético del que tanto presumía quien recién ha dejado de gobernar Michoacán.
 
Imagen: Antonio Rodríguez García
Fecha: 
Sábado, 03 de Octubre 2015 - 10:00
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