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No son nada...

Las fracciones del PAN en la Cámara de Diputados y del PRD en la de Senadores presentaron ayer sus iniciativas para facilitar el acceso a las candidaturas independientes a cargos de elección popular.

Lo anterior como respuesta a las medidas que algunos congresos locales han tomado para hacer virtualmente imposible que cualquier ciudadano mexicano busque ser electo a un cargo por la vía independiente, sin partido político de por medio. Ambas iniciativas dejarían sin efecto lo que han aprobado estas legislaturas estatales y evitaría que otras intentaran limitar los derechos de quienes quieran ser candidatos independientes.

La iniciativa del PAN busca reformar los artículos 35, 41, 73 y 116 de la Constitución federal mientras que la del PRD modificaría el 35 y el 116.

Ambas propuestas, de ser aprobadas, reducirían y homologarían en 0.5% del listado nominal el número de firmas necesarias para inscribir una candidatura independiente, esto es la mitad del 1.0% que la ley vigente exige para registrar una candidatura independiente a la presidencia de la república y la cuarta parte del 2.0% necesario para las candidaturas a senadores y diputados.

La iniciativa panista fija el tiempo para que un aspirante a una candidatura independiente recabe el porcentaje de firmas necesarias: de 20 a 60 días. También permitiría que los candidatos independientes disfruten de los mismos tiempos de radio y televisión que los candidatos partidistas y de similar financiamiento público y privado para sus campañas.

Yo propondría que el 0.5% que ambas iniciativas recomiendan como el mínimo para registrar una candidatura independiente no se base en la lista nominal de electores sino en el número de personas que en la elección más reciente hayan votado en el distrito electoral en el caso de diputados, estado en el caso de senadores, y país en el caso de la presidencia de la república. Si consideramos el alto número de votantes registrados que no sufragan en las elecciones, el porcentaje exigido debe representar la realidad y no la situación ideal.

Falta ahora ver que opinan al respecto los diputados y senadores del PRI, PVEM y demás partidos ya que, por tratarse de enmiendas a la Constitución, se necesitará el voto aprobatorio de dos terceras partes de los integrantes de cada cámara y de la mayoría simple de los congresos de los estados.

De entrada, Morena no apoyará estas iniciativas. Hace unos días el dueño de este partido, el Peje López, dijo que “Los independientes no significan una opción, una alternativa, porque ellos no cuestionan el principal problema que es la corrupción, ni enfrentan la política económica que ha venido imponiendo la mafia del poder, desde hace 30 años, que es la que ha causado el empobrecimiento y la destrucción del país… no son nada, representan la nada”. Afortunadamente, los legisladores federales y locales de Morena son tan pocos que fracasarán en sus intentos de impedir cualquier enmienda constitucional porque, como diría su patroncito, “no son nada”.

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Fecha: 
Miércoles, 07 de Octubre 2015 - 12:00
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98 años de modificaciones constitucionales

Hoy 5 de febrero se cumplen 98 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917-2015). Desde su promulgación a la fecha se han consumado 618 reformas constitucionales a diversos artículos.  

De tal manera de 136 artículos contenidos en la Constitución, 27 de ellos se mantienen iguales, y 109 artículos son los que han cambiado.

No obstante, los artículos con el mayor número de reformas son 16. Es decir, han sido modificados por el legislador más de diez ocasiones.

Entre ellos se encuentra con 71 modificaciones el artículo 73 relacionado con las “Facultades del Congreso”.

Otro artículo es el 123 con 24 modificaciones el cual determina lo referente al derecho del trabajo.

Por su parte el artículo 27 tiene 19 modificaciones y establece el derecho a la propiedad. 

El artículo 89 posee 17 modificaciones y determina las “Facultades y obligaciones del Presidente de la República”.

El artículo 74 muestra 16 modificaciones y señala las “Facultades exclusivas de la Cámara de Diputados”.

El artículo 107 ostenta 15 modificaciones y apunta lo relacionado con las bases del “Juicio de Amparo”. 

El artículo 4 exhibe 14 modificaciones y cita lo relacionado con la protección a la salud, el derecho al agua, a disfrutar de vivienda digna y decorosa, a la identidad y a ser registrado de manera inmediata  a su nacimiento, y a la cultura, entre otros derechos.

El artículo 115 con 14 modificaciones en el rubro de “Los Estados de la Federación y del Distrito Federal”.

El artículo 76 contiene 13 modificaciones con relación a las “Facultades exclusivas del Senado”.

El artículo 79 expone 12 modificaciones al tema de la “Fiscalización  Superior de la Federación”.

El artículo 94 presenta 12 modificaciones  pertenecientes  con el tema del “Poder Judicial”.

El artículo 105 contiene 11 modificaciones tocantes con el tema de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.

El artículo 116 con 11 modificaciones en el rubro de “Los Estados de la Federación y del Distrito Federal”.

El artículo 122 contiene 11 modificaciones en el rubro de “Los Estados de la Federación y del Distrito Federal”.

El artículo 97 dispone de 10 modificaciones relacionadas con el tema del “Poder Judicial”.

Y, el artículo 111 dispone de 10 modificaciones en el rubro de “Las responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado”.

En definitiva, estimado lector, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma jurídica fundamental del Estado Mexicano, y es la norma jurídica con un mayor número  de reformas constitucionales.

Así que, querido lector, aquí no terminan las modificaciones constitucionales, ya que los legisladores pretenden realizar otras reformas constitucionales, con la creación del Mando Único de la Policía en los Estados, la iniciativa del Sistema Nacional Anticorrupción y/o la iniciativa de Reforma Política del DF.

Al tiempo, tiempo…

Fecha: 
Jueves, 05 de Febrero 2015 - 18:00
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El Estado de Derecho contra la corrupción

En suma, comentaba ayer con mi tema “Por la vigencia plena del Estado de Derecho”, que el Estado de Derecho es el imperio y primacía de la ley, por medio de un sistema jerárquico de normas para el pleno establecimiento de la seguridad jurídica. Y, para ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma fundamental del país, que asiduamente es reformada por el legislador, como bien se aprecia con las 618 modificaciones desde su creación en 1917 a la fecha.

Pues, bien, con la norma jurídica se combate a la corrupción, al menos esa es una de las propuestas del Partido de Acción Nacional (PAN) que presentó esta semana a través de la iniciativa de ley suscrita por sus diputados y senadores, para  reformar y adicionar y derogar diez artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La corrupción es un tema que les ocupa igualmente a los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pues en noviembre de 2012 presentaron la iniciativa de ley suscrita por sus senadores para reformar y adicionar nueve artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La corrupción se combate con la ley. Por lo visto con las modificaciones al texto constitucional se pretende crear por parte de los legisladores del PAN un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), conformado por un Comité Coordinador, un Consejo Nacional para la Ética Pública y un Comité de Participación Ciudadana.

El sistema se coordinará entre sí para cumplir con las políticas en materia de prevención, corrección, combate a la corrupción y promoción de la integridad. Un Sistema Nacional de Fiscalización, encargado de coordinar las acciones de los órganos de fiscalización en el país, con el objetivo de generar condiciones que permitan un mayor alcance en sus revisiones; evite duplicidades; permita un intercambio efectivo de información; homologue los criterios de planeación, ejecución y reporte de auditorías; y establezca una serie de deberes para quienes conforman el Sistema.

Además, nos dicen los del PAN, que es necesario crear la figura de la extinción del dominio en el delito de enriquecimiento ilícito de los servidores públicos. Esto es, que los bienes derivados de dicho delito sean tratados acorde al procedimiento de extinción de dominio.

Por su parte en la iniciativa de los legisladores del PRI y PVEM se pretende  crear una Comisión Nacional de Anticorrupción y la reorganización de la estructura de la Administración Pública para determinar en desaparecer la Secretaría de la Función Pública (SFP). 

En definitiva, son buenas intenciones de los legisladores. En efecto, no es prudente pensar que entre todos es sabido que los actos de corrupción son muchos, muchos, muchos todos los días y no hacemos nada para evitarlos.

Los legisladores en sus iniciativas manifiestan el porque quieren que se modifique el texto constitucional, entre otras causas de corrupción, muestran la corrupción en México con diversos estudios. Por ejemplo, que en 2010, Transparencia Mexicana reportó e identificó para la conformación del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, que al menos 200 millones de actos de corrupción para acceder a 35 trámites y servicios monitoreados. En diez de cada cien ocasiones en que se realizó un trámite o se accedió a un servicio público, los hogares pagaron sobornos.

Por ende, se estima que el costo económico de dicha forma de corrupción rebasó los 32 mil millones de pesos, lo cual representa 165 pesos por cada hogar mexicano que debió pagar por el uso de servicios públicos provistos por autoridades federales, estatales, municipales, así como por concesiones y servicios administrados por particulares. 

Estimado lector, la corrupción es un tema de hace muchos años, difícil de combatir, y que las leyes tratan de limitar sus tipos, por ejemplo, el nepotismo, el uso indebido de los recursos públicos, el enriquecimiento ilícito, el abuso de autoridad, los conflictos de intereses, el favoritismo, el soborno, el amiguísimo, el compadrazgo, el uso político de los recursos públicos, el blanqueo de dinero, el uso discrecional o político electoral de los recursos públicos y/o la ausencia de rendición de cuentas.

Así, qué, querido lector esperemos que los legisladores no tarden otros dos años para crear todo un sistema institucional, que combata de manera eficiente y eficaz la corrupción en nuestro país.

Al tiempo, tiempo…

Fecha: 
Miércoles, 05 de Noviembre 2014 - 18:30
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