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Desprestigio

Tuiteé esto ayer: “Ante declaraciones de los funcionarios el Chapo se muere de risa. Su fuga es muestra más de la ineficiencia autoridades #quiénestáacargo”. Poco después tuiteé: “Ineficiencia=corrupción #quiénestáacargo”.

Y la verdad es que no dudo que se estuviera muriendo de risa el hombre que dos veces se ha fugado de cárceles mexicanas que dizque son de alta seguridad mientras los más altos funcionarios del gobierno federal se pronunciaban sobre el caso.

Joaquín “El Chapo” Guzmán se ha de haber doblado de la risa al escuchar al comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, leer el rebuscado texto mediante el cual explicaba su fuga: “Tras notar su ausencia mediante el sistema de videovigilancia del penal, se activó la alerta por la evasión, por lo que el personal del centro federal hizo una revisión en la celda y en ella encontró una boca de túnel. Éste iniciaba con un hueco de forma rectangular en el área de la regadera, de aproximadamente 50 por 50 centímetros, y metro y medio de profundidad. Dicho orificio comunica, a su vez, con un conducto vertical de aproximadamente 10 metros de profundidad habilitado con una escalera… Según marcan los protocolos de seguridad de las instalaciones penitenciarias, la alerta roja se emitió en cuanto el personal se percató de la ausencia de Guzmán Loera… Es importante destacar que también se desplegó equipo técnico de vigilancia aérea”.

Y más risa le ha de haber causado escuchar a la Procuradora General de la República, Arely Gómez, al referirse a la investigación que se ha iniciado sobre su fuga, decir que “ya tenemos evidencias, se desplegaron desde ayer a media noche los peritos para ver toda la integración de huellas, todo lo que se pudiera encontrar, y los peritos están haciendo su evaluación, así como tenemos en el penal Ministerios Públicos que también están tomando declaraciones a otras personas”.

Y las carcajadas seguramente se apoderaron de él al enterarse que, por su culpa, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se quedará sin presenciar el desfile del 14 de julio entrante en París ya que tuvo que regresar de Francia, en donde acompañaba en una hora al presidente Enrique Peña Nieto, para “encabezar” las investigaciones en torno a la fuga.

Y siguió riendo a mandíbula batiente cuando escuchó a Peña Nieto decir, desde París, que su fuga “es una afrenta para el Estado mexicano… un hecho lamentable que ha indignado e indigna a la sociedad mexicana”. Y tal vez le empezó a faltar aire cuando el presidente dijo que espera que “las instituciones del Estado, especialmente las encargadas de seguridad”, las mismas que no supieran mantenerlo encarcelado, “estén a la altura con la fortaleza y la determinación” para reaprehenderlo.

Lo que definitivamente no debe causarnos risa es el hecho de que El Chapo lograra fugarse nuevamente de la que supuestamente es la más sofisticada de las cárceles federales de alta seguridad por medio de un sofisticado túnel que, según un experto citado por el diario defeño Milenio, requirió mover tierra y escombros en 352 camiones materialistas; una excavación que se realizó sin que nadie dentro o fuera del penal de Almoloya se diera cuenta. Lo que debe decepcionarnos es que el jefe del Cártel de Sinaloa se fugó pese a que el presidente Peña Nieto y el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, nos aseguraron que eso no ocurriría. Lo que debe atemorizarnos es que de nueva cuenta esté libre un narcotraficante muy sanguinario que seguramente buscará ajustar cuentas con quienes se beneficiaron durante sus 505 días de encarcelamiento.

La fuga del narcotraficante mas poderoso de la historia le propinó un duro golpe a la imagen del Peña Nieto y su gobierno. Desde ayer, la oposición se ha dado vuelo criticándolo. Caray, hasta Donald Trump exclamaba ayer: “¡Se los dije! México es un país llenó de corrupción”.

Si el presidente quiere minimizar el desprestigio que le está causando la fuga del Chapo, más vale que los que no pudieron mantenerlo tras las rejas lo capturen rápidamente. Si no lo logran hacer, el desprestigio lo acompañará hasta el final de su sexenio y aún después.

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Fecha: 
Lunes, 13 de Julio 2015 - 12:00
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¿Es privada o pública la llamada telefónica del presidente del INE?

La Constitución de nuestro país establece que las comunicaciones privadas son inviolables. Sin embargo, y de manera desafortunada para el Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova Vianello, no es así. 

En una grabación que circula por YouTube, y retomada por diversos medios de comunicación, se muestra que el presidente del INE mantiene conversación con el Secretario Ejecutivo del INE respecto a una reunión que sostuvo con personas de la comunidad indígena.

Es una conversación desagradable, sin duda, de la cual Lorenzo Córdova ofreció una “disculpa pública y franca a quienes se hayan sentido ofendidos”. 

No obstante, también resulta importante destacar diversos aspectos de la intervención telefónica.

En tiempos de campañas políticas-electorales, tal y como lo vemos con diversos candidatos y partidos políticos, la confrontación entre ellos por ganar votos para el próximo 7 de junio, es de todos los días.   

Mostrar, revelar y publicar las debilidades del opositor, al parecer es la estrategia política que se utiliza con el propósito de deshonrar a los actores políticos.  

¿Cuál es la estrategia y efectos políticos al intervenir comunicaciones privadas? ¿Es una práctica común? Para Lorenzo Córdova ¿cuál es el resultado y/o secuela política de su comportamiento? ¿es posible que se deteriore su imagen como persona privada, o como servidor público, o como presidente del INE, o que sean perjudicadas las decisiones de los  consejeros del INE?  

¿Cuál es la consecuencia política de la inviolabilidad de la comunicación privada a unos días que finalicen las campañas políticas? En estas campañas políticas ¿el presidente del INE, es también candidato a un cargo de elección popular?  

Con tal eventualidad son muchas las preguntas. 

Pero, me parece que la realidad es otra. Es decir, que la intervención de las comunicaciones privadas, tales como las llamadas telefónicas, los correos electrónicos y/o los chats, entre otros medios de comunicación, es un acto que profana y vulnera el derecho fundamental consagrado en el texto constitucional a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, el que ni autoridad ni gobernados pueden intervenir un comunicación, salvo por los casos previstos por la ley. Así como lo dice la Constitución: “Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o el titular del Ministerio Público de entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada”. Por tanto, la “ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas”.

Fecha: 
Miércoles, 20 de Mayo 2015 - 17:00
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¡Maldita impunidad!

De los 59 países incluidos en el Índice de Impunidad Global elaborado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) solo hay uno en donde haya más casos de impunidad que en México y es Filipinas, otro país que seguramente aprendió mucho del asunto durante los 377 años (1521-1898) en que fue una colonia española.

Ocupar el nada honroso lugar 58 de 59 posibles no debe sorprendernos. Después de todo, la impunidad con que actúan la mayoría de los delincuentes en nuestro país está más que comprobado.

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2014 realizada por el INEGI, en 2013 se cometieron aproximadamente 33.1 millones de delitos de los cuales solo 6.2% merecieron el inicio de una averiguación previa por parte de algún ministerio público federal o estatal. O sea, 31 millones de delitos ni siquiera merecieron ser investigados. Es obvio que los delincuentes que los cometieron no recibieron su castigo.

Lo peor del caso es que la mayoría de las víctimas, sabedoras de que de nada sirve denunciar el delito, se abstienen de hacerlo. De acuerdo a la misma ENVIPE 2014, nueve de cada 10 delitos no son denunciados por las víctimas por razones que van desde el miedo a represalias hasta la desconfianza en las autoridades.

Peor aún, de cada 100 casos denunciados solo se inició averiguación de 70, quedando impunes 30 probables delitos.

Ante toda la evidencia que señala la pésima situación, lo único que hacen nuestros gobernantes es aprobar leyes que seguramente serán ignoradas de la misma manera que lo fueron las que supuestamente no sirvieron para remediar el problema.

Los datos que contiene el Índice de Impunidad Global muestran claramente que el problema no se resolverá con nueva legislación sino invirtiendo una gran cantidad de recursos económicos, humanos y materiales para lograr que el país tenga policías muy bien pagados y la cantidad adecuada de juzgadores, por citar algunos aspectos.

Ahora bien, si los recursos son aplicados de la misma manera en que se han aplicado cientos de miles de millones de pesos en el corrupto sector educativo nacional, nada ocurrirá y la impunidad seguirá siendo una maldición que afecta a todos los mexicanos.

¡Maldita impunidad!

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Fecha: 
Viernes, 24 de Abril 2015 - 12:00
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La autonomía de la UNAM

El pasado 15 de noviembre, un Oficial Secretario del Ministerio Público, un elemento de la Policía de Investigación y dos peritos de la Procuraduría General de Justicia del DF, en un hecho irregular ingresaron a las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México supuestamente a investigar un delito de robo a celular que una estudiante denunció días anteriores ante la Agencia especializada en atención a la comunidad universitaria. Frente a la Facultad de Filosofía y Letras, se dio un altercado entre los agentes de la PGJDF y estudiantes de la Máxima Casa de Estudios, resultando heridos dos estudiantes y un animal de compañía.

Tras este lamentable hecho, la comunidad universitaria y estudiantes de todo el país exigieron se respetara la autonomía de la Universidad, sin embargo, las autoridades capitalinas enviaron alrededor de 500 granaderos a Ciudad Universitaria para supuestamente recuperar el vehículo que utilizaron los agentes. Por tal motivo, mediante redes sociales, se convocó a una manifestación pacífica el domingo 16 de noviembre, en la que participaron no sólo los estudiantes, sino padres de familia y amigos. Unos cuantos infiltrados (como los que han estado presentes en la quema del Metrobus y en la puerta de Palacio Nacional), realizaron pintas e intentaron ingresar a las instalaciones de Rectoría, afortunadamente, los universitarios impidieron estos actos violentos, solicitando se retiraran y se desenmascararan.

El Secretario de Gobierno del DF, Héctor Serrano Cortés, señaló que este tipo de diligencias no violentan la autonomía universitaria, ya que se realizó de manera coordinada con autoridades de la UNAM, y se comprometió a ejercer acción penal contra el agente que lesionó a los estudiantes por abuso de autoridad y lesiones, así como la destitución del Director General de Zona Sur de la Policía capitalina por la intromisión de granaderos en las instalaciones de la Universidad, y reiteró que su investigación versaba sobre el robo de un celular, para lo cual reitero mi pregunta ¿se necesitan 500 granaderos?.

Lo que parece incongruente es que existiendo 29 mil 852 delitos de alto impacto en el DF, entre ellos homicidios dolosos, secuestros, robo de vehículos o incluso lesiones por disparo de arma de fuego, la Procuraduría haya ingresado por un delito de bajo impacto, justamente el día que se reunía la Asamblea General Interuniversitaria creada a propósito de los estudiantes de Ayotzinapa.

Dado al ingreso de la PGJDF en Ciudad Universitaria, el concepto de autonomía se encuentra en la discusión pública, que es uno de los cuatro pilares sobre los que se rige la propia Universidad y que deriva del artículo 3 fracción VII Constitucional, sin embargo, no es sino hasta la publicación de la Ley Orgánica en la que se le reconoce su autonomía y se señala entre otras cosas, que la Universidad es una corporación pública (organismo descentralizado del Estado) dotada de plena capacidad jurídica. Dicha autonomía debe considerarse desde los siguientes aspectos:

  • Autonomía académica, que se entiende como la libertad de cátedra, organización libre de estudio, formulación de planes de estudio y programas de investigación, así como la atribución de otorgarle validez a los estudios realizados en dicha institución.
  • Autonomía financiera, que implica la facultad de formular su propio presupuesto y de administrar libremente su patrimonio, exentándola de impuestos o derechos federales o municipales y a recibir un subsidio anual por parte del Gobierno federal.
  • Autonomía de gobierno, para organizarse como lo estime pertinente, es decir, sus órganos de gobierno, sus autoridades, funcionarios, personal académico y personal administrativo así como formular las normas que fijen la política global y el diseño del orden jurídico aplicable a todos los universitarios.

Como integrante de la comunidad universitaria, me parece necesario dejar claro que defender la autonomía universitaria no implica que exista un estado dentro de otro, sin embargo, se debe reconocer y respetar a la institución que ha sido un espacio cultural, académico y de debate, donde los alumnos, profesores y trabajadores han desarrollado sus capacidades en beneficio de la institución y de México, siempre orgullosos de lo que ser universitarios representa, trabajando en cada una de las escuelas, colegios, institutos y facultades, lo que permite que sea la UNAM la Universidad de nuestro país mejor posicionada dentro de las 500 mejores universidades del mundo, refrendando así, que es nuestra Máxima Casa de Estudios, lo que un clima de tensión por una mala decisión de alguna autoridad local o federal no debe soslayarse y mucho menos repetirse.

Fecha: 
Miércoles, 19 de Noviembre 2014 - 17:00
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