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Los mandos militares tienen experiencia y conocimientos

No me preocupa que el futuro primer comandante de la Guardia Nacional (GN) sea un militar.

Quienes se oponen a que un soldado encabece lo que será la nueva encarnación de una corporación policiaca federal argumentan que los soldados no están adiestrados para realizar labores policiacas.

Sobre las diferencias que separan a soldados y policías se ha escrito bastante. La mayoría de los expertos coinciden en los siguientes puntos:

El objetivo de la policía es proteger a la población de los criminales: realiza labores de prevención del delito, persigue a los delincuentes, mantiene la seguridad pública y conserva el orden público.

El objetivo de las fuerzas armadas es disuadir invasiones hostiles extranjeras y, en caso de que ocurran, enfrentar a los invasores. También combatir en otros países para defender los intereses nacionales.

La policía vigila que los habitantes de un país obedezcan las leyes y actúa para que nadie las desobedezca. Asimismo, recopilan pruebas periciales para demostrar que alguien delinquió y con base en ellas arrestar a los sospechosos y presentarlos ante un tribunal que determinará su culpabilidad o inocencia.

Un militar no busca pruebas ni arrestar a nadie. Su objetivo es atacar al enemigo y tratar de vencerlo.

La policía está capacitada para interactuar casi todo el tiempo con la población civil, a la cual debe servir y proteger.

Las fuerzas armadas existen para combatir a militares extranjeros y hostiles, no para servir a la población civil, salvo en casos de desastres naturales.

La policía está legalmente facultada para arrestar a personas por supuestamente cometer un crimen, presentar a sospechosos ante un tribunal, confiscar bienes que sirvan de evidencia, ingresar a propiedad privada para buscar pruebas (ésta y otras actividades pueden requerir de una orden judicial para ser realizadas).

Los militares no tienen las facultades de los policías, aunque en varios países, como México, los soldados y marinos apoyan a la policía cuando ésta no puede enfrentar exitosamente por sí sola una situación.

Quienes se oponen a que un militar encabece la GN argumentan que por la naturaleza de sus funciones un soldado no tiende a respetar los derechos humanos y citan los casos en que las fuerzas armadas han incurrido en violaciones de los mismos.

Sin embargo, estos opositores al mando militar olvidan varias cosas. Entre ellas, que en nuestro país también la mayoría de los civiles que han dirigido las corporaciones policíacas han violado o permitido que regularmente se violen los derechos de miles de mexicanos. Es decir, un civil no garantiza automáticamente que esos derechos sean respetados.

También olvidan que los militares de alta graduación no solo poseen amplia experiencia práctica, sino que cuentan con avanzados estudios de posgrado donde se incluye el tema de derechos humanos. Es el caso del general de brigada Luis Rodríguez Bucio, quien hasta ayer fue el Presidente del Consejo de Delegados de la Junta Interamericana de Defensa, y que se retirará en agosto próximo para, como civil, dirigir a la GN. Su biografía puede consultarse en www.jid.org/?page_id=371.

El tiempo dirá quién tuvo la razón: si los opositores o los defensores de un mando militar al frente de la Guardia Nacional que, esperamos, sirva para combatir exitosamente al hampa.

Twitter: @ruizhealy

Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

Instagram: ruizhealy

Sitio: ruizhealytimes.com

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Fecha: 
Viernes, 12 de Abril 2019 - 13:10
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Fecha B: 
Viernes, 12 de Abril 2019 - 21:55
Fecha C: 
Sábado, 13 de Abril 2019 - 09:10
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Fracaso del chavismo

Si yo fuera venezolano en vez de mexicano tendría 61.22% más probabilidades de estar desempleado, 53.66% más probabilidades de morir durante mi infancia, 270% más probabilidades de morir asesinado y 300% más probabilidades de enfermar de VIH/SIDA.

Si viviera en Venezuela en lugar de México ganaría 12.82% menos dinero, usaría 67.01% más electricidad, consumiría 11.86% más petróleo, moriría 2.7 años antes y mis probabilidades de ir a la cárcel serían 22.43% menores, lo cual no estaría mal si fuera un delincuente.

Un venezolano consume tanto petróleo que su país emite cada año 6.95 toneladas métricas per cápita de dióxido de carbono (CO2), cantidad 184.84% mayor que las 3.76 toneladas métricas per cápita que produce un mexicano. Las emisiones per cápita de CO2 de Venezuela son superiores a las que se registran en países tan contaminados como China (7.6 toneladas) e India (1.8 toneladas).

Si viviera en Venezuela vería como los gastos militares del gobierno equivalen a 1.21% del producto interno bruto (PIB), porcentaje similar al que gasta el gobierno chino y arriba de los que se registran para Japón (1.0%), Alemania (1.1), Italia (1.1%) o México (0.62%).  

En 2014 la economía de Venezuela cayó 4.0% mientras que la de nuestro país creció 2.2%, la inflación (precios al consumidor) en el país sudamericano fue de 62.2% y en México del 4.0%.

En suma, si yo viviera en Venezuela vería con envidia a México y soñaría con vivir en este país. Y no es que los mexicanos tengamos fáciles las cosas o que nuestro país funcione de maravilla, pero de que estamos mejor que Venezuela no me cabe la menor duda.

Venezuela es hoy un país quebrado gracias en gran medida a la fallida Revolución Bolivariana por medio de la cual Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro trataron de llevar a su país hacia lo que el primero denominó “el socialismo del siglo XXI”.

Desde el 3 de febrero de 1999, día en que asumió la presidencia de su país, hasta el día en que murió de cáncer del colon, el 5 de marzo de 2013, Chávez presidió un gobierno casi dictatorial y populista que nacionalizó amplios sectores de la economía y ahuyentó la inversión privada local y trasnacional. Gracias a los petrodólares que a su país le dejó el boom petrolero que el mundo vivió durante esos años pudo cometer sus locuras sin que la economía venezolana se viera seriamente afectada. Su inepto, represor y sanguinario sucesor, el hasta 1998 chofer de autobuses Nicolás Maduro, no le ha ido tan bien. Su pésimo manejo de la economía y el desplome de los precios del petróleo han golpeado terriblemente a las finanzas públicas de Venezuela y a los bolsillos de los venezolanos.

Por todo lo anterior no es difícil entender porque el chavismo y Maduro fueron derrotados en las elecciones parlamentarias realizadas el 6 de diciembre del año pasado mediante las cuales se renovó íntegramente la Asamblea Nacional, que es la única cámara que integra al poder legislativo federal de Venezuela.

De los 167 diputados que ese día fueron electos, 112 pertenecen a la coalición de partidos de oposición unidos en la denominada Mesa de la Unidad Democrática. Y ayer, después de 17 años de que los incondicionales de Chávez y Maduro asumieran el control de la Asamblea Nacional, ésta pasó a ser dominada por una mayoría antichavista que ahora deberá enfrentarse al presidente represor para tratar de corregir las locuras cometidas durante los últimos 17 años y evitar que el semianalfabeta gobernante cometa otras más.

El chavismo ha fracasado. El problema es que Maduro y sus chavistas no lo aceptan y nada garantiza que estos bolivarianos no traten de imponer con las armas lo que perdieron en las urnas.

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Fecha: 
Miércoles, 06 de Enero 2016 - 12:00
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Se dice matar

Fue una más de las genialidades del gobierno de Felipe Calderón para hacernos creer que la guerra contra la delincuencia organizada no era tan violenta como todos sabíamos que lo era. De un día para otro la palabra matar fue substituida por abatir, y por todas las que de ella se derivan, en los comunicados de prensa emitidos por las dependencias encargadas de combatir a narcotraficantes, secuestradores, traficantes de personas, extorsionadores y demás criminales organizados en cárteles, bandas o pandillas. En sus discursos, los funcionarios empezaron a decir que tantos delincuentes habían sido abatidos -no muertos- después de enfrentarse a las fuerzas del orden.   

Lo peor del caso es que la trampa verbal fue imitada por la mayoría de los periodistas de todos los medios de comunicación. Por arte de magia, en México se acabaron los criminales muertos para ser substituidos por los abatidos.

Después de leer por primera vez el uso incorrecto de la palabra abatir y de todas las que de ella se derivan critiqué a los comunicadores del calderonato y los acuse de querer manipular al público utilizando un término que no describe en toda su magnitud y violencia el acto de matar a una persona. También me lamenté que la mayoría de los profesionales de la comunicación se sumaran al juego verbal diseñado desde Los Pinos.

Desafortunadamente, el mal uso del término ha continuado durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, creándole esto un serio problema a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) después de que el 2 de julio pasado el Centro Pro de Derechos Humanos presentara su informe Tlatlaya a un año: la orden fue abatir. En dicho informe se incluye copia de las órdenes giradas al teniente que iba al frente de los soldados involucrados en esta supuesta ejecución extrajudicial en donde se lee que “Las tropas deberán operar de noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de ilícitos se comete en ese horario”.

La SEDENA ha negado que al teniente se le hubiera ordenado matar a alguien. Es más, en la misma copia de las órdenes que hizo pública el Centro Pro también se lee que “Las operaciones deben realizarse con estricto respeto a los derechos humanos, evitando cateos sin orden de la autoridad judicial, así como el traslado de detenidos al interior de instalaciones militares”.

Sin embargo queda ahí anotada la palabra abatir, que desde hace unos años para el gobierno es sinónimo de matar.

Una nueva prueba de que para las autoridades de nuestro país la palabra abatir es igual a matar la aportó ayer el Grupo de Coordinación Tamaulipas, el cual mediante un comunicado de prensa informó que “elementos de Fuerza Tamaulipas fueron agredidos por civiles armados en el municipio de Río Bravo, cuando realizaban reconocimientos terrestres. Al repeler el ataque, abatieron a nueve de los delincuentes, que aún están sin identificar… Los policías estatales repelieron el ataque y abatieron a nueve de los delincuentes, ocho de los cuales quedaron sin vida en diferentes puntos del referido ejido, mientras un noveno fue encontrado muerto en el interior de uno de los vehículos”.

¿Abatieron? Se dice mataron.

¿Abatir? Se dice matar.

¿Dudas sobre el significado de abatir? Ve a http://buscon.rae.es/drae/srv/search?id=mzPqJvd7kDXX2aMdwshW

Foto: regeneracion.mx

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Fecha: 
Lunes, 27 de Julio 2015 - 12:00
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Chapomanía

La fuga del Chapo Guzmán de la cárcel de alta seguridad capturó la imaginación nacional y mundial. Aquí y allá se mofan del ridículo que hizo el gobierno de Enrique Peña y se pone de manifiesto el descrédito de México, que tendrá costos. En el ámbito interno un escenario posible es que puede complicarse, a medida que fenece el sexenio, la gobernanza. En el campo internacional es factible un deterioro de las relaciones con Estados Unidos por bloquear la extradición del capo; asimismo, existe el riesgo de que pocos gobiernos tomen en serio al régimen mexicano: el efecto Chapo puede acarrear una especie de aislamiento diplomático (¿y económico?) del país. A este penoso suceso le antecede la crisis de credibilidad por el conflicto de interés de las casas del presidente y de algunos funcionarios de su primer círculo. También le precede la crisis de derechos humanos en Tlatlaya e Iguala.

A tan delicados asuntos se le suma el descrédito de los poderes Legislativo y Judicial, ambos lastrados por la corrupción y el uso arbitrario y patrimonial del poder y de los recursos públicos en beneficio de sus camarillas. El mismo derrotero siguen los partidos políticos, que representan más bien a sus familias y pandillas. El distintivo de la clase política es la impunidad y la corrupción. El divorcio entre el pueblo y sus representantes es patente. El resultado es que México está al arbitrio del más fuerte, lo que genera más desigualdad. Si las instituciones están rebasadas por disfuncionales y, por tanto, están capturadas por los políticos y la gran empresa, si por ende el gobierno es incompetente, y si la ley está al servicio de las elites, entonces estamos ante una crisis de legitimidad política de las clases gobernantes. ¿Sigue la guerra civil?

Hay que evitar este posible escenario catastrofista. Es hora que el gobierno de Peña muestre que entiende que sí entiende. Ello implica un golpe de timón para cumplir y hacer cumplir la ley, para combatir a la impunidad –mediante la rendición de cuentas– y a la corrupción, llevando a los tribunales a los presuntos corruptos. También involucra un cambio de personas y en las políticas de seguridad y de lucha contra el narcotráfico. La seguridad debe centrarse en combatir a los delitos que más dañan y humillan a los mexicanos (secuestro, extorsión, asesinatos, etc.), y la estrategia contra el narcotráfico requiere sacar al ejército de ese infierno y replantear la política punitiva contra las drogas ilícitas ante Estados Unidos, pues esta inútil lucha nos arrastra a la guerra civil, que dañaría la seguridad del poderoso vecino norteño. Es lamentable lo que pasó, pero es atroz persistir en lo que nos lastima.

Fecha: 
Jueves, 16 de Julio 2015 - 17:00
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