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País de los secretos

Viernes, 07 de Diciembre 2018 - 14:50

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Eduardo Ruíz-Healy

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Por órdenes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Procuraduría General de la República (PGR) difundió ayer el video grabado en el momento exacto en que fue asesinado, el 23 de marzo de 1994,  el entonces candidato presidencial priista, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Por quién sabe qué razones, el video había sido reservado hasta 2035. No soy un experto, pero no vi en él nada que no viera en otros videos que muestran el homicidio que cambió la historia de México, evento que me tocó narrar y comentar ese día a través de los micrófonos de la entonces XEDF-970 de Radio Fórmula. Todavía recuerdo, como si hubiera ocurrido ayer, el momento en que anuncié al país que había muerto el político sonorense.

No entiendo porqué tuvieron que transcurrir 24 años, 8 meses y 13 días desde el asesinato hasta la difusión pública del evento. 9024 días en que los gobiernos que presidieron Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se empeñaron en ocultar una escena vista por casi todos desde diferentes ángulos visuales (a menos de que un criminólogo forense vea algo en este material que permita abrir el caso que aparentemente está cerrado).

El caso del video largamente oculto por la PGR es uno de los millones de casos de documentos oficiales que por haber sido clasificados como reservados o confidenciales no pueden ser vistos por los mexicanos. Esto no incluye quién sabe cuántos miles y miles de documentos escondidos, desaparecidos o destruidos por funcionarios de los tres poderes y de los tres niveles de gobierno.

Para tener una idea de la secrecía que hasta ahora ha caracterizado a nuestros funcionarios, basta navegar por internet. Ayer googleé la frase “información reservada México”, entrecomillada, y obtuve 14,400,000 de resultados. También me encontré con una nota publicada el 4 de septiembre de 2017 en www.sinembargo.com, entre otras cosas, menciona:

“El Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto tiene 12,406,136 expedientes reservados. Muchos de ellos no se abrirán hasta 2024, seis años después de que haya dejado Los Pinos. Recurso permitido por el marco jurídico de la Transparencia. Cada vez, la secrecía se incrementa en la Administración Pública. Vicente Fox Quesada (2000-2006) concluyó con 3,839,000 asuntos y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) con ocho millones. Peña Nieto ha aumentado en cinco años en 55% los secretos del Gobierno”. Es la mayor cifra de información bajo reserva desde 2004, año en que fue creado el Índice de Expedientes Reservados del gobierno federal.

Entre la información reservada por la recién concluida administración, de acuerdo con sinembargo.com se encuentra:

  1. El diagnóstico sobre la guerra contra la delincuencia que Calderón le entregó a Peña, reservado hasta 2024.
  2. La información sobre la compra del sistema de espionaje Galileo hechas por el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN), reservada hasta 2027.
  3. Los nombres de los funcionarios que hicieron del Zócalo de la Ciudad de México un gigantesco estacionamiento el 2 de septiembre de 2014, cuando Peña rindió su Segundo Informe de Gobierno, reservados hasta 2026.

En este inicio de la llamada Cuarta Transformación, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador haría bien en ordenar a todas las dependencias del gobierno federal que revisen exhaustivamente los archivos que han clasificado como reservados o confidenciales y el Congreso debería modificar las leyes que rigen la materia. No es posible, por ejemplo, que a 50 años del movimiento estudiantil de 1968 aún haya archivos reservados sobre el asunto, algunos de ellos para proteger la identidad de quienes fueron responsables de abusos de autoridad y muertes.

En estos días se ha publicado que la familia Peña Nieto vació la residencia oficial de Los Pinos, ahora convertida en centro cultural. Se ha reportado que se llevaron pinturas, esculturas, muebles, ropa adquirida con recursos públicos, vajillas, cuchillería, libros y hasta las sábanas que había en el lugar. ¿Acaso ahora es reservada la información que nos permitiría saber cuáles de esos bienes eran propiedad del gobierno y cuáles de la familia presidencial? ¿Es necesaria esa secrecía?

Los mexicanos tenemos el derecho a saber lo más que podamos sobre nuestro gobierno y sus funcionarios, sean federales, estatales o municipales; pertenezcan al poder ejecutivo, legislativo o judicial. Sus situaciones patrimoniales al detalle, sus intereses económicos, o su estado de salud, entre otras cosas.

México debe dejar de ser el país de los secretos que hasta ahora ha sido.

 

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