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Los muertos no votan, pero sus familiares sí

Martes, 04 de Febrero 2020 - 11:20

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Eduardo Ruíz-Healy

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Se informó ayer que el domingo pasado fueron encontrados 11 cadáveres en Uruapan, Michoacán. De acuerdo con la Fiscalía General de ese estado (FGE-MICH), todos muestran signos de tortura y es muy posible que fueran delincuentes asesinados por sicarios pertenecientes a una banda enemiga.

Antes, entre los días 7 y 14 de enero, empleados de la Fiscalía General de Jalisco (FGE-JAL) y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), desenterraron “secciones anatómicas que presumiblemente corresponderían a 29 personas” de una fosa clandestina en un predio en Tlajomulco de Zúñiga. Las autoridades afirman que esta fosa está relacionada con otras dos localizadas muy cerca: en una encontraron los restos de por lo menos 50 personas en diciembre pasado, y en otra, en noviembre, se desenterraron bolsas con 31 cuerpos desmembrados.

En total, los restos recuperados en Michoacán y Jalisco pertenecen a unos 110 seres humanos.

Algunos de ellos fueron reportados como desaparecidos por sus familiares y amigos; otros no. Muchos tal vez jamás serán identificados y serán solo un número más en una aterradora estadística que indica que México es un país muy violento en donde, para muchos, la vida no vale nada.

La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) informó a principios de este año que 3631 fosas clandestinas fueron encontradas entre 2006 y 2019.

La misma CNBP explicó que del primero de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019 se hallaron 873 fosas que contenían 1124 cadáveres, habiéndose identificado hasta ahora solo 395. Más del 60% estaban en Sinaloa, Colima, Veracruz, Sonora y Jalisco.

El 6 de enero pasado la Comisión informó que durante los 55 años que transcurrieron entre 1964 y diciembre pasado se reportaron 147 033 personas desaparecidas, que 85 396 de ellas, el 58%, eventualmente fueron localizadas y que 61 637, el 42%, nunca han sido encontradas.

La aterradora situación que vive el país es evidente si tomamos en cuenta que el 97.4% de las 61 637 desapariciones, es decir 60 053, se registraron de 2006 a 2019.

Tan solo en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se reportaron 56 453 desapariciones, el 91.6% de las 61 637; un promedio de 2532 cada mes. Durante los primeros 13 meses del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se denunciaron 5184 desapariciones; un promedio mensual de 399.

¿Cuántos de los desaparecidos están entre los 37 000 cadáveres que, según José Miguel Vivanco, director Ejecutivo de Human Rights Watch, no están identificados? ¿Podrán ser algún día identificados?

En Veracruz, por ejemplo, con la actual infraestructura que tiene la Fiscalía General estatal, se tardarán 15 años en identificar los 1044 cuerpos que hay en distintos depósitos de cadáveres, asegura la encargada de la FGE, Verónica Hernández.

En Jalisco, entre 2006 y 2015, durante los gobiernos de los panistas Francisco Ramírez Acuña (2001-06) y Emilio González Márquez (2007-13) y del priista Aristóteles Sandoval (2013-18), el IJCF, con permiso de la FGE-JAL incineró 1559 cadáveres sin identificar.

Miles de personas desaparecidas jamás serán identificadas porque los gobernadores olvidaron que, si bien los muertos no votan, sus familiares sí lo hacen. Y por un partido de oposición.


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Número 35 - Noviembre 2019
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