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Líderes impunes

Viernes, 11 de Diciembre 2015 - 12:00

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Eduardo Ruíz-Healy

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Todo empezó cuando el presidente Enrique Peña Nieto pronunció las siguientes palabras durante el discurso que pronunció en Palacio Nacional después de tomar posesión de su cargo, el 1 de diciembre de 2012.

“Séptima decisión. Ha llegado el momento de la Reforma Educativa. Una nación basa su desarrollo en la educación. El capital humano es la base del desarrollo y progreso de un país; ésta es la razón por la que corresponde al Estado la rectoría de la política educativa.

“Atendiendo a esta responsabilidad, en los siguientes días, enviaré al Congreso de la Unión la iniciativa para reformar el Artículo Tercero Constitucional y, en su momento, la subsecuente Reforma a la Ley General de Educación.

“Con esta reforma educativa, se establecen las bases para el Servicio Profesional de Carrera Docente. Habrá reglas claras y precisas, para que todo aquel que aspira a ingresar, permanecer y ascender como maestro, director o supervisor, lo haga con base en su trabajo y sus méritos, garantizándoles plena estabilidad laboral.

“De aprobarse la reforma por el Constituyente Permanente, dejará de haber plazas vitalicias y hereditarias en el Sistema Educativo Nacional.

“Esta reforma, también incluye la creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, que identificará, de manera objetiva e imparcial, las necesidades de mejora de maestros, directores, supervisores, escuelas y autoridades.

“Adicionalmente a la reforma, he instruido al Secretario de Educación Pública solicitar al INEGI la realización de un censo de escuelas, maestros y alumnos. Esta información, que hoy no se tiene, será la base de datos necesaria para lograr una operación más eficiente y transparente del sistema educativo de nuestro país”.

Días después, el 10 de diciembre, el presidente envió al Congreso su iniciativa de reforma educativa, la cual finalmente fue promulgada por el Poder Ejecutivo el 25 de febrero y publicada un día después en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El 13 de agosto de 2013 Peña Nieto envió al Congreso las tres iniciativas de las leyes secundarias de la reforma educativa, las cuales fueron promulgadas por el presidente el 10 de septiembre y publicadas al día siguiente en el DOF.

Desde el 1 de diciembre de 2012 a la fecha han transcurrido 1,106 días y en casi cada uno de ellos los maestros pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se han manifestado pacífica o violentamente contra la reforma educativa. En la Ciudad de México y en diversos lugares del país, sobre todo en ciudades y poblaciones de los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Veracruz, entre otros, han cometido toda clase de desmanes y delitos para manifestar su oposición a la reforma educativa.

Estos docentes, encabezados por sus líderes han bloqueado carreteras, impedido el acceso a aeropuertos, destruido propiedades públicas y privadas, secuestrado a militares y policías, causado caos vial en la Ciudad de México y los consiguientes daños a las personas, la economía y el medio ambiente. De acuerdo a datos del Gobierno del Distrito Federal, de 2012  hasta junio de 2015 la CNTE realizó 1,857 marchas y plantones, incluyendo la toma del Zócalo durante varios meses y la del Monumento a la Revolución en diversas ocasiones. Los daños que a la economía del país han producido los desmanes organizados por la CNTE son incalculables.

Lo peor de todo es que los líderes de la CNTE han enviado a varios maestros a su muerte. Hace uno días murió uno en Chiapas al ser arrollado por un autobús que sus compañeros se robaron e intentaron lanzar contra policías federales. En junio de 2013 siete perdieron la vida después de ser atropellados por un tráiler que se quedó sin frenos en el lugar de la autopista Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas en donde se manifestaban contra la reforma educativa.

Miles de maestros de la CNTE han cometido un sinfín de delitos y siguen libres pese a que están plenamente identificados. Peor aún, sus líderes que los han encabezado en sus actividades delincuenciales siguen actuando con absoluta impunidad convencidos de que nunca pisarán la cárcel para responder por sus actos.

¿Qué siguen esperando las autoridades federales y las de diversos estados para actuar contra ellos?

Foto: seccion22.org.mx


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