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Impunidad para quienes arruinan vidas

Jueves, 23 de Febrero 2017 - 12:00

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Eduardo Ruíz-Healy

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Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González son tres indias ñhä-ñhúes (otomíes) que en agosto de 2006 fueron detenidas sin orden judicial de por medio después de ser acusadas de secuestrar, en marzo de ese año y en una comunidad rural y marginada de Querétaro, a seis agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). En diciembre de 2008, la primera fue encontrada culpable de secuestro y tráfico de drogas por el juez y sentenciada a una pena de 21 años de cárcel y 2,000 días de multa, equivalentes a 91,620 pesos. En enero de 2009, Alberta y Teresa fueron sentenciadas a la misma pena, pero solo por ser culpables de secuestro.

Desde el principio este caso levantó polémica porque nadie en su sano juicio podía creer que seis policías de la AFI se dejaran secuestrar por tres mujeres indefensas y desarmadas que nunca antes habían cometido un delito.

El Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” asumió la defensa integral de las tres mujeres y pudo probar que eran inocentes y que en su caso las autoridades de la PGR y el poder judicial federal incurrieron en serias omisiones y violaciones a la ley.

En resumen, la defensa demostró que: 1. No existieron nunca pruebas en su contra; 2. Los agentes dizque secuestrados nunca ratificaron su acusación; 3. Las tres fueron detenidas sin orden de aprehensión previa, y; 4. Nunca tuvieron un intérprete a su disposición para que entendieran de qué se les acusaba y menos para que pudieran defenderse.

En septiembre de 2009, tres años y un mes después de que fuera ilegalmente privada de su libertad, Jacinta fue liberada, después de que la PGR se desistiera del caso. Alberta y Teresa salieron de la cárcel en abril de 2010, tres años y siete meses después de haber sido detenidas sin orden judicial, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocara la sentencia que las había condenado a 21 años de prisión.

El martes pasado, casi 11 años después de que las tres fueran arrestadas, casi ocho de que fuera liberada Jacinta y casi siete de que salieran de la cárcel Alberta y Teresa, el Procurador General de Justicia, Raúl Cervantes, les ofreció disculpas y reconoció su inocencia. En noviembre de 2013, el tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa le ordenó a la PGR a reparar económicamente el daño que les causó a Teresa y Alberta y, en mayo de 2014, le ordenó hacer lo mismo a favor de Jacinta.

Si bien las tres fueron finalmente liberadas y la PGR les ofreció disculpas, ¿qué pasa con los agentes del ministerio público federal que actuaron en su contra con saña inaudita y con los impartidores de justica que sin pruebas las sentenciaron a 21 años de cárcel?

¿Por qué no es inhabilitado y castigado Rodolfo Pedraza Longi, quien siendo Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Querétaro las condenó a pasar 21 años de su vida en la cárcel sin tener las pruebas de su culpabilidad? Pedraza, que en 2014 fue amonestado por el Consejo de la Judicatura Federal, despacha hoy como Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región en Xalapa, Veracruz.

¿Cuál es la responsabilidad que tienen el entonces titular de la PGR, Eduardo Tomás Mora Icaza, y la entonces Delegada Estatal de la PGR en Querétaro, Norma Valdez Arguelles? Ambos estaban perfectamente enterados del caso y no levantaron un dedo para cerciorarse de que el ministerio público bajo sus órdenes estuviera actuando dentro de la ley, lo cual no lo hizo como quedó demostrado posteriormente. La disculpa del pasado martes, ¿no la debería haber ofrecido medina Mora, que hoy cobra por ser ministro de la Suprema Corte?

¿Y dónde anda el hasta ahora anónimo agente del ministerio público federal que inventó testigos y acusaciones sin sustento alguno con tal de mandar a la cárcel a tres inocentes mujeres?

Existe una gran impunidad para quienes arruinan vidas de inocentes.


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Número 33 - Septiembre 2019
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