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¿Cuántos mexicanos serán las próximas víctimas?

Lunes, 17 de Octubre 2016 - 12:30

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Eduardo Ruíz-Healy

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La Constitución Política de la República Mexicana, aprobada por el congreso extraordinario constituyente el 5 de febrero de 1857, señalaba en su Artículo 10 que “Todo hombre tiene derecho de poseer y portar armas para su seguridad y legítima defensa. La ley señalará cuáles son las prohibidas y la pena en que incurren los que las portaren”.

60 años después, el 5 de febrero de 1917, el congreso constituyente aprobó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que Reforma la de 5 de Febrero de 1857, la cual ahora conocemos como la Constitución de 1917. En su Artículo 10 señalaba: que “Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen libertad de poseer armas de cualquiera clase, para su seguridad y legítima defensa, hecha excepción de las prohibidas expresamente por la ley y de las que la nación reserve para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Guardia Nacional; pero no podrán portarlas en las poblaciones sin sujetarse a los reglamentos de policía”.

Es decir, ambas constituciones les dieron a los mexicanos el derecho de “poseer y portar armas para su seguridad y legítima defensa”. La de 1857 autorizaba la libre portación mientras no fueran de las prohibidas. La de 1917 restringió la portación dentro de las ciudades.

El Artículo 10 se mantuvo inalterado durante 54 años, hasta que el 22 de octubre de 1971, día en que el Congreso de la Unión, que en esa época seguía siendo títere del titular del Poder Ejecutivo, lo reformó por instrucciones del entonces presidente Luis Echeverría. Así, desde hace 45 años, de acuerdo al citado artículo, “Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas”.

O sea, que hoy el mexicano solo puede defenderse de los delincuentes que lo agreden dentro de su domicilio, pero no de los que lo hacen fuera de éste, ya sea en su negocio, su vehículo o la calle, como si esos fueran lugares en donde no actúan los criminales.

Y de la portación de armas, ni hablar. Son muy pocos los mexicanos que logran convencer a la Secretaría de la Defensa Nacional que les otorgue un permiso para portar un arma.

Muchos ignoran que las armas que la ley autoriza tener en el domicilio para que uno se defienda de los delincuentes que lo invadan son pistolas y revólveres que disparan balas de pequeño calibre (.22, .25, .32, .380, .357SIG y .38 Special). Con estas armas el mexicano debe defenderse contra delincuentes que usualmente portan pistolas y revólveres que disparan balas de mayor calibre (.357MAG, .38 Súper, .38 Comando, 9mm Parabellum, .44, .45, entre otras), si es que no llevar rifles que disparan balas de mucho mayor potencia.

El jueves pasado escribí en este espacio que “De enero a agosto de este año se denunciaron 54,156 robos a casas habitación, 44,450 a negocios y 105,107 a vehículos. Si tomamos en cuenta de que solo se denuncian seis de 100 delitos perpetrados, podemos suponer que se cometieron 902,600 robos a casas habitación, 740,833 robos a negocios y 1,751,783 robos a vehículos. En la mayoría de los casos, las víctimas no tuvieron como defenderse ante los delincuentes armados”.

No basta poder tener un arma en casa. Los números no mienten y demuestran que uno tiene casi el mismo riego de ser asaltado en su negocio y mucho más de ser víctima del delincuente cuando va a bordo de su vehículo.

Nuestros gobernantes, muchos de ellos bien protegidos por guaruras que pagan con nuestro dinero, ignoran estos números y nos piden que confiemos en ellos, que pronto resolverán el problema. Mientras esto sucede, ¿cuántos mexicanos indefensos serán las próximas víctimas de la delincuencia sin poderse defender de ella?


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