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#3de3

Viernes, 06 de Febrero 2015 - 12:00

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Eduardo Ruíz-Healy

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Desde 1982, cuando inicié mi actividad periodística, he exigido una y otra vez que se hagan públicas las declaraciones patrimoniales que los servidores públicos federales, estatales y municipales de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial presentan cada año ante la autoridad correspondiente. Y lo he exigido porque soy un contribuyente que le entrego al fisco gran parte de lo que gano y por lo tanto tengo el derecho a saber cuál es la situación económica de aquellos que reciben un sueldo que está integrado con parte de lo que el gobierno me quita por concepto de diversos impuestos y derechos.

A lo largo de estos 33 años los funcionarios se han negado a que quienes les pagamos sus sueldos sepamos qué tan ricos o pobres son y desconozcamos como ha mejorado o empeorado su situación económica durante el tiempo en que supuestamente han trabajado para mejorar la situación del país y sus habitantes.

Para no dejarnos saber cuál es su situación económica, los funcionarios han argumentado, entre otras cosas que el hacerlo podría poner en riesgo su integridad física y patrimonial y la de sus familiares, que la ley no los obliga a hacerlo o que tienen derecho a la privacidad. Ningún argumento es válido si tomamos en cuenta que su sueldo proviene de los impuestos y derecho que pagamos casi todos los que vivimos en México o que en una verdadera democracia la declaración patrimonial de los funcionarios puede ser conocida por cualquiera que quiera hacerlo.

Como mexicano, me ofende el hecho de que pueda conocer cuál es la situación patrimonial de los funcionarios de muchos otros países pero no la de los que en teoría me sirven a mi.

Es cierto que algunos funcionarios han autorizado a que se difundan sus declaraciones patrimoniales pero por medio de versiones que generalmente no dan información detallada y suficiente de los bienes declarados. Como ejemplos de estas declaraciones públicas que en realidad cien muy poco están las del presidente Enrique Peña Nieto y el jefe de gobierno del DF Miguel Ángel Mancera y sus respectivos gabinetes.

Para corregir esta aberrante situación y atendiendo a una exigencia que hacemos cada vez más mexicanos surge una iniciativa de dos organizaciones no gubernamentales, Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para a Competitividad (IMCO), denominada #3de3, la cual busca que los funcionarios y representantes populares hagan púbicas, de manera voluntaria, tres declaraciones: la patrimonial, la de intereses y la de impuestos.

Ambas ONGs explican por que cada documento:

“1. Declaración patrimonial: Aunque en México todo servidor público debe presentar una declaración patrimonial a su órgano interno de control, es opcional que este documento se haga público para consulta ciudadana. La declaración que hoy presentan los legisladores corresponde al formato de declaración inicial con vigencia al 3 de febrero de 2015.

“2. Declaración de intereses: La legislación sobre conflicto de interés en México es prácticamente inexistente y en los casos en los que hay mención explícita al tema, sus mecanismos no son accionables. Ante la ausencia de legislación, Transparencia Mexicana y el IMCO nos dimos a la tarea de generar un primer formato en el que se presentan de manera ordenada un conjunto de intereses, el cual utilizamos el día de hoy por primera vez.

“3. Declaración de impuestos: Para restaurar la confianza en la clase política es indispensable que la declaración de impuestos se haga pública. Los funcionarios responsables del manejo presupuestario deben probar que han contribuido a generar los recursos públicos que habrán de administrar o sobre los que tienen influencia directa en sus decisiones. En nuestro portal (www.legisladortransparente.mx) se pueden consultar los comprobantes de pago de impuestos de los últimos tres años de cada uno de los legisladores participantes”.

Hasta ayer, únicamente cuatro legisladores han aceptado participar en a iniciativa y son los senadores Zoé Robledo Aburto (PRD-Chiapas) y Laura Rojas Hernández (PAN-México) y los diputados Fernando Belaunzarán Méndez (PRD-DF) y Fernando Rodríguez Doval (PAN-DF). Faltan cientos de miles pero es un comienzo.

Llevó 33 años exigiendo y seguiré haciéndolo: que se hagan públicas las declaraciones patrimoniales de mis empleados.


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Número 35 - Noviembre 2019
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