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El (in)trascendente mensaje de año nuevo y los pendientes del Chapo

El previsible mensaje de año nuevo del presidente Peña Nieto tenía que mencionar los logros de su gobierno y, desde luego, la captura de Joaquín Guzmán, alias El Chapo. Como lo mencionó el presidente, era el criminal más buscado del mundo, pero el gobierno aún tiene algunos temas que abordar sobre el caso. En primer lugar, ante el cuestionamiento de las diferentes versiones en torno a cómo se dio la recaptura, urge que el gobierno federal dé una narrativa contundente sobre lo sucedido. En esa narrativa es menester que las autoridades federales traten de recuperar la verdadera dimensión del capo: un delincuente peligroso y violento. Esta vez, los medios han sido los que más han exaltado su leyenda.

Hay otro pendiente aún más importante: recuperar para la nación los bienes del capo hechos a base de actividades ilegales. Hace un par de días, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray, señaló que diversos organismos trabajan en conjunto con el Gabinete de Seguridad en la investigación contra Guzmán Loera para buscar anomalías en los bienes del capo. Resulta tardío este señalamiento, el gobierno federal debió desmantelar el flujo financiero e incautar las propiedades del narcotraficante aunque no estuviera preso. En este sentido, resulta lamentable que pese a la captura de El Chapo en 2014, de acuerdo con un solicitud de transparencia, hasta el cierre de ese año no se le había incautado ni un centavo.

Otro punto a considerar es lo ocurrido el viernes 8 de enero, durante el anuncio del secretario Miguel Ángel Osorio Chong, quien ante embajadores y cónsules leyó el tuit del presidente Enrique Peña Nieto que informaba sobre la detención de Guzmán Loera. En ese momento se aprecia como el titular de Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, empuja al secretario de la Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz. Este sólo es el último episodio de un problema mayor, gestado en el sexenio pasado entre las dos principales ramas de nuestras Fuerzas Armadas. El gobierno civil confía más en la Marina que en el Ejército y este último ha sido acusado de varias tropelías con relación a casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos. El mismo secretario Cienfuegos ha reaccionado a estos señalamientos.

Por otro lado, la revista Rolling Stone publicó anteayer la versión completa de la entrevista que el actor Sean Penn realizó al líder del Cártel de Sinaloa, en octubre del año pasado. En el video de un poco más de 17 minutos, El Chapo platica sobre sus inicios en el narcotráfico. Asimismo, reconoció que ahora puede abastecer “más heroína, metanfetamina, cocaína y mariguana que nadie en el mundo”. Al respecto, se sabe que el gobierno de Estados Unidos examinará los encuentros del actor Sean Penn con Guzmán Loera, pero no está claro si los fiscales intentarían obligar al actor a entregar información sobre su entrevista con el narcotraficante. Más allá de esto, si el gobierno federal no tiene elementos sólidos para acusar a los actores, es conveniente que los acercamientos con ellos se realicen de forma cautelosa y evitar en todo momento criminalizarlos.

Como demuestran los diarios norteamericanos, nuestros vecinos están felices con la idea de extraditar a Guzmán Loera y hablan de que esto ha mejorado las relaciones entre los dos países. Mala cosa si el destino de un criminal pesa más que el comercio, la cultura y una rica frontera común.

Fecha: 
Jueves, 14 de Enero 2016 - 17:00
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Peña Nieto, a la caza del Mencho

Cuatro días después que ocurriera el ataque del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a varios municipios de Jalisco y estados vecinos, se reunió en Guadalajara el Gabinete de Seguridad del gobierno federal, encabezado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval. Como es costumbre, a la reunión acudieron los titulares de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez González; de la Secretarías de la Defensa Nacional y Marina, Salvador Cienfuegos Zepeda y Vidal Francisco Soberón, respectivamente; de la Comisión Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido; y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Eugenio Ímaz Gispert.

De la reunión destacaron dos compromisos: primero, que el objetivo principal de la Operación Jalisco es el desmantelamiento completo del Cártel Jalisco Nueva Generación y la captura de Nemesio Oseguera (el Mencho), líder del mismo. Segundo, que al frente de dicha Operación estará el general de división diplomado de Estado Mayor, Miguel Gustavo González Cruz, un militar que estuvo al frente de la comandancia en Reynosa, Tamaulipas, que frenó la embestida de Los Zetas en la zona.

Finalmente, el gobierno federal está haciendo lo que le corresponde en materia de seguridad pública al enfrentar el reto que representa el CJNG. En los hechos, se refuta la idea de que el gobierno federal tiene la intención de “invisibilizar” el problema del narco. Sin embargo, hay cuatro puntos importantes en los que el gobierno federal debe cuidar su estrategia:

1) Evitar la filtración de información sobre los operativos en preparación. Hay elementos para suponer que el pasado primero de mayo una filtración permitió al cártel tomar la iniciativa contra las fuerzas federales.

2) Lograr una mayor coordinación con el gobierno estatal. El gobernador Aristóteles Sandoval parece tener otra percepción de lo ocurrido el pasado primero de mayo. Según el mandatario estatal, los actos de violencia fueron a consecuencia de una exitosa estrategia que está mermando a dicho Cártel.

3) Mejorar la prevención a las respuestas del crimen organizado. En Tamaulipas cada vez que capturan a un jefe de plaza criminal, hay un contragolpe que vuelve caótica a las ciudades y siembra el pánico en la población. 

4) Mejorar los sistemas de inteligencia para reducir al mínimo los enfrentamientos y no basar la estrategia sólo en enviar más efectivos a la zona de conflicto.

Antes de la reunión, el presidente Enrique Peña Nieto lanzó como advertencia que “los actos violentos del crimen organizado, lejos de frenar la acción del gobierno federal, fortalecen la determinación del Estado mexicano para hacer valer la ley.” Parece que el presidente Peña Nieto se ha tomado como cosa personal la captura del Mencho.

Fecha: 
Miércoles, 06 de Mayo 2015 - 17:30
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Disminuye la inseguridad

En el reporte intitulado Principales Avances de la Política de Seguridad 2014, emitido por el gobierno federal con información de las secretarías de Gobernación (SEGOB), Defensa Nacional (SEDENA) y Marina (SEMAR) y la Procuraduría General de la República (PGR), se encuentran datos alentadores.

El reporte indica que a dos años de haberse iniciado la administración de Enrique Peña Nieto:

1. “La tasa de delitos totales por cada 100 mil, habitantes es la segunda más baja en 17 años (de 1997 a 2014).

2. “La tasa de homicidios dolosos ha disminuido de forma consistente y se acerca a niveles de 2008.

3. “Los secuestros y las extorsiones se han reducido en 2014”.

4. En lo que a la incidencia delictiva total, la tasa de delitos totales por cada 100 mil habitantes de 2014 es de 1,328, la segunda más baja desde 1997. En 2005 fue de 1,321.

5. De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSP), “en 2014 los homicidios dolosos se redujeron un 14.6% con relación a 2013 y 28% con relación a 2012”. La tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes fue de 13.1, la mas baja desde 2009, pero aún superior al 10 que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera como de nivel epidémico. En lo que a la tasa de homicidios dolosos vinculados con la delincuencia organizada se refiere, esta fue de 5.69 en 2014, su nivel más bajo desde 2007.

6. “Diciembre de 2014 (83 casos) es el mes que menos secuestros ha presentado desde diciembre de 2017 (78 casos). A nivel nacional durante 2014, los secuestros presentaron una disminución del 18% con relación a 2013”. Sin embargo, falta mucho para llegar a los niveles de 2005, cuando se registraron 278 casos, el menor número durante el período 2000-2014 y, aún así, muy alto si se compara con los datos de otros países.

7. “Durante 2014 se logró una reducción de 29.5% de extorsiones en comparación con 2013 y de 20.7% en comparación con 2012. Noviembre de 2014 (362 casos) es el mes que menos extorsiones ha presentado desde abril de 2011 (319 casos)”. Pese a esto, falta mucho por hacer para llegar al número de casos registrado en 2000, que fue de 1,168.

8. “En 2014 se logró una disminución en los robos del 11% con relación a 2013 y del 13.6% con relación a 2012. Diciembre de 2014 (46,647 casos) representa la cifra más baja de este delito desde diciembre de 2006 (45,479)”.

9. En lo que al robo de vehículo se refiere, “durante 2014 se redujo en un 13% respecto a 2013 y 21% respecto a 2012”. Es más, el número de casos fue el más bajo desde 2008.

Al analizar las cifras arriba anotadas y ver las gráficas que las acompañan queda una cosa muy clara: el número de casos y la tasa de cada delito se disparó desde 2007, en el primer año del gobierno de Felipe Calderón. Los números muestran como el expresidente fue claramente derrotado en su guerra contra la delincuencia.

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Fecha: 
Miércoles, 18 de Febrero 2015 - 12:00
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¿Quiénes buscan desestabilizar? ¿Por qué no nos lo dicen?

“Primero hay que entender a los padres, a los familiares y a la sociedad de un enojo que es perfectamente justificado. De que existen organizaciones, intereses que tienen propósitos desestabilizadores, también lo hay (…) Estos momentos son los que aprovechan grupos con propósitos específicos, y no sólo me refiero a los anarquistas, me refiero a otros que no aparecen visiblemente en la escena pero que creo que existe esta condición muy riesgosa, en este momento, de provocar una desestabilización mayor.

“Detrás de esas expresiones de dolor, de rabia, de rechazo de incredulidad a todo lo que se hace por la autoridad hay otros intereses que son más allá de la solidaridad con ellos, que es más allá de poder exigir la verdad, tiene que ver con planes de desestabilización general”.

Esto lo dijo ayer el presidente del Senado y líder de los senadores perredistas, Luis Miguel Barbosa, durante una entrevista que le concedió a Adela Micha.

Sus palabras me recordaron a las que pronunció el presidente Enrique Peña Nieto el 18 de noviembre, al presidir un evento en Cuautitlán, Estado de México. Al referirse a los sucesos ocurridos el 26 de septiembre en Iguala, dijo lo siguiente:

“Hemos sido los más sensibles al tema, los más solidarios. Hemos atendido puntualmente desde lo personal y a través de los funcionarios responsables de la investigación, a los padres de familia a quienes embarga esta pena y este dolor.

“Pero, también, hemos advertido que al amparo de este dolor, que al amparo del sufrimiento de los padres de familia, que al amparo de esta consternación social que hay por los hechos de dolor y de horror, que de acuerdo a la investigación se tuvieron en Iguala, hemos advertido los movimientos de violencia que, al amparo y al escudo de esta pena, pretenden hacer valer protestas.

“Protestas que a veces no está claro su objetivo. Pareciera que respondieran a un interés de generar desestabilización, de generar desorden social y, sobre todo, de atentar contra el proyecto de Nación que hemos venido impulsando”.

De alguna manera u otra, además de Barbosa y Peña Nieto, diversos líderes políticos, empresariales y sociales han advertido que muchas de las manifestaciones, marchas y bloqueos que cotidianamente vemos en diversos lugares del país, así como los actos vandálicos perpetrados por anarquistas, maestros que no dan clases y otros grupos inconformes con algo, buscan desestabilizar al país y derrocar al gobierno federal que, no guste o no, fue elegido por una mayoría de los votantes el 1 de julio de 2012.

Ayer comenté aquí mismo lo dicho hace dos días por el Secretario de la Marina, Vidal Francisco Soberón, quien aseguró que le llama mucho la atención “ver a actores o agrupaciones que se dediquen a tratar de desacreditar lo hecho por el gobierno federal” y “manipulen a los padres de familia” de Ayotzinapa.

Hay desestabilizadores y manipuladores que buscan arruinar al país nos han dicho el titular del Poder Ejecutivo, el presidente de una de las dos cámaras que integran el Poder Legislativo y uno de los dos más altos jefes de nuestras fuerzas armadas. Algo han de saber del asunto.

La pregunta obligada es: ¿por qué no identifican a esos que buscan derrocar al gobierno legítimamente establecido de México? ¿Miedo? ¿Precaución? No entiendo…

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Fecha: 
Viernes, 12 de Diciembre 2014 - 12:00
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Manipuladores

“Me llama a mi mucho la atención ver a actores o agrupaciones que se dediquen a tratar de desacreditar lo hecho por el gobierno federal y me enoja más todavía que manipulen a los padres de familia. Me da tristeza que dentro de todo esto haya personas o grupos que realmente lucren, lucren con el dolor de los padres de los muchachos, lucren, me refiero, porque obviamente dicen una cantidad de mentiras que realmente son hechos que no son muchos de ellos son ciertos y toda esa gente trata de manipular la información para alcanzar objetivos individuales u objetivos de grupo”.

“Debemos ser claros de lo que ahí sucedió, ya que esto fue obra de la delincuencia organizada y de las autoridades municipales. La Federación ha actuado conforme al marco jurídico vigente y ha hecho su mayor esfuerzo para que este delito no quede impune. Reitero: quien falló fue la autoridad municipal infiltrada, este es el nivel que corresponde a tales hechos, de acuerdo con las investigaciones se trató de un acto de barbarie cometido por la delincuencia organizada y las policías municipales de Iguala y Cocula”.

Estas palabras las pronunció ayer en un evento el secretario de la Marina, Vidal Francisco Soberón y no tardó mucho en escucharse la respuesta del representante de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa secuestrados en Iguala el 26 de septiembre pasado por policías de ese municipio guerrerense y del de Cocula.

Felipe de la Cruz, quien es el padre de un normalista que sobrevivió a la balacera que ocurrió antes del secuestro de sus 43 compañeros, al referirse a lo dicho por el almirante, dijo: “Los títeres son ellos, nosotros no somos tontos. Ellos están bajo las órdenes de un presidente corrupto y asesino… “no hay perdón ni olvido para este gobierno”.

La respuesta de De la Cruz carece de toda lógica si recordamos lo que sucedió el 26 de septiembre.

La agresión a balazos contra los 80 y tanto normalistas que llegaron a Iguala y el secuestro de los compañeros del hijo de De la Cruz supuestamente se llevaron a cabo siguiendo las órdenes del entonces presidente municipal perredista de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, quien se perfilaba para ser la próxima candidata del PRD-PT-MC a la presidencia municipal de Iguala.

El asesinato de los 43 normalistas y la posterior incineración de sus cadáveres fue ejecutado por sicarios de los Guerreros Unidos, organización criminal a la que aparentemente pertenecieron tres hermanos de Pineda, dos de lo cuales fueron asesinados en 2009. María de los Ángeles supuestamente era la operadora de Guerreros Unidos en Iguala.

El secuestro y asesinato fue perpetrado en un estado que desde hace 2005 es gobernado por perredistas. El anterior al actual, Ángel Aguirre, evitó que el secuestro fuera inmediatamente investigado por la Procuraduría General de la República, que hasta el 4 de octubre atrajo el caso.

El dolor que causa el perder a un hijo afecta los sentimientos y hasta la cordura de cualquier padre o madre. Eso lo entiendo. Lo que no alcanzo a entender es que en sus declaraciones los padres de los normalistas no mencionen nunca a Abarca y Pineda, que aparentemente ordenaron la desaparición de sus hijos, ni a Aguirre, que pemitió que este par de pillos se apoderara del poder político de Iguala sabiendo que tipo de personas eran.

¡Claro que están siendo manipulados los padres de los 43! Soberón debería haber identificado a los manipuladores.

Foto: www.milenio.com

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Fecha: 
Jueves, 11 de Diciembre 2014 - 12:00
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Antes de los 43, ¿31?

Cuando aún no sabemos quién le dijo a lo 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa que se fueran a Iguala el 26 de septiembre pasado, cuando todavía no hay quien nos diga para qué fueron a esa ciudad a sabiendas de que no serían bienvenidos, cuando parte del país está agitado por quienes buscan aprovecharse políticamente de la desaparición y seguro asesinato de esos jóvenes, nos enteramos ayer, gracias a un reportaje realizado por la cadena de televisión francesa France 24, que el pasado 17 de julio fueron secuestrados 31 adolescentes que salían de la escuela secundaria Justo Sierra de Cocula, Guerrero, el mismo municipio cuyos policías auxiliaron a los policías municipales de Iguala a secuestrar a los normalistas.

En el breve reportaje, de solo 1:47 minutos de duración, se asegura que nadie en Cocula se ha atrevido a denunciar el secuestro de los 31 estudiantes porque los delincuentes, que iban vestidos con uniformes azul marino, amenazaron de muerte a quienes se atrevieran a hacerlo. Sin embargo, me cuesta trabajo aceptar que cada uno de los aproximadamente 4,500 habitantes del municipio, incluidos los padres de los desaparecidos, decidieran quedarse callados, a menos de que en ese lugar impere un reino de terror absoluto.

De acuerdo a France 24, “el silencio colectivo de los coculenses se debe en parte a los que parece ser otro caso de complicidad criminal entre las fuerzas policíacas locales y los cárteles de la droga que operan con impunidad en la región. A pesar de que los secuestradores estaban usando máscaras, se llevaron a los estudiantes de secundaria en vehículos de la policía que ni se molestaron en camuflar”.

¿Puede una organización criminal callarle la boca a los miles de habitantes de una población durante poco más de cuatro años? Tal vez, aunque me cueste trabajo creerlo.

El caso denunciado por France 24, en el supuesto de que sea cierto, corrobora que la delincuencia está apoderada de Guerrero y que ésta comete sus delitos con absoluta impunidad, coludida con funcionarios municipales, estatales y tal vez federales.

También nos permite suponer dos cosas más: 1) que el gobierno federal o el de Guerrero o ambos no estaban enterados del caso, lo que indicaría que los tan cacareados servicios de inteligencia del Ejército, de la Marina, de la Policía Federal y otras dependencias encargadas de la seguridad pública no sirven para mucho, o 2) que tanto las autoridades federales como las guerrerenses sí estaban enteradas del caso y optaron por ocultarnos lo sucedido.

Hasta anoche ningún funcionario federal o de Guerrero había informado o comentado algo sobre los 31 adolescentes presuntamente secuestrados hace exactamente 134 días. Considerando la gravedad de asunto, es imperdonable tal silencio. Peor aún, no había quien contestara el teléfono de la dirección de Comunicación Social de la Procuraduría General de la República, lo que demuestra la gran ineptitud del responsable de esa oficina.

¿Fueron 31 antes de los 43? Si sí, qué tragedia.

El reportaje de France 24 puede verse en www.france24.com/en/20141126-video-new-kidnapping-case-cocula-mexico-france24-exclusive-missing-students.

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Fecha: 
Jueves, 27 de Noviembre 2014 - 12:00
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Iguala, un caso más de violencia e impunidad

Nuevamente el estado de Guerrero, en específico la Ciudad de Iguala, se ha convertido en el foco de atención no sólo de autoridades, sino de la sociedad nacional e internacional, quienes exigen se esclarezca el ataque a estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa por parte de autoridades federales y municipales, cuando intentaban regresar a su escuela tras un boteo que realizaron en el centro de la ciudad donde recababan fondos para su tradicional marcha del 2 de octubre, derivado de estos hechos, el viernes 26 de septiembre perdieron lamentablemente la vida 6 personas, 17 resultaron heridos gravemente, y aproximadamente 43 personas más se encuentran desaparecidas, muchos de ellos sin estar involucrados en los hechos, y siendo víctimas de las circunstancias, como el caso de los futbolistas del club “El Avispón”.

Un municipio donde mucho pasa y nada se sabe, ese en el que la máxima autoridad José Luis Abarca Velázquez tiene supuestos nexos con la delincuencia organizada, ligándose a su familia política con el cartel de Arturo Beltrán Leyva, promovía a su esposa como próxima presidenta municipal, contaba con denuncias en su contra por homicidio y de quien poco se sabe cómo obtuvo sus riquezas, decidió simplemente no enterarse de lo sucedido porque se encontraba en un baile festejando el segundo informe de labores de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa al frente del DIF, presentando poco después licencia al cargo de alcalde para evadir sus responsabilidades y huir.

Debido a ello, la Procuraduría del estado inició sus investigaciones sobre el asunto, -buscando incluso casa por casa a los desaparecidos sin encontrar un sólo indicio-, la cual mediante una llamada anónima acudió a investigar unas fosas clandestinas donde aparentemente se encontraron más de 25 cuerpos calcinados pertenecientes a los normalistas, mientras esto sucedía, el Gobernador del estado Ángel Aguirre Rivero se encontraba en el IX Consejo Nacional del PRD donde se renovó su dirigencia nacional. Es lamentable para quienes conocemos y amamos al estado de Guerrero, que a las autoridades les interese más un evento político social que atender los problemas que aquejan a sus pobladores.

El fiscal general de Guerrero, Iñaki Blanco, en conferencia de prensa, informó que la policía municipal actuó en contubernio con la delincuencia organizada, declarando que la orden de detener a los normalistas la dio el director de seguridad pública municipal, Francisco Salgado Valladares.

El gobierno federal tras no contar con los mejores resultados de la Procuraduría estatal, decidió acompañar y asumir las tareas de seguridad pública en el municipio de Iguala mediante la División de Gendarmería de la Policía Federal, teniendo como objetivo principal contribuir a la búsqueda y localización de los estudiantes, decisión anunciada el lunes pasado por el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García.

Sin embargo, no es la primera vez que se recurre a la intervención del ejército, marina y policía federal en estados en los que se ha detectado el crimen organizado; como antecedente tenemos a Tamaulipas, entidad que hasta el día de hoy presenta enfrentamientos entre la delincuencia y la policía; o casos como Nuevo León, Michoacán, Coahuila, Veracruz, Sinaloa, Durango, Chihuahua o Zacatecas donde sus índices delictivos, sobre todo los homicidios, secuestros y extorsiones han ido a la alza en los últimos años.

Estos hechos denotan que existe una deficiencia en la capacitación policial, no se cuenta con una instrucción adecuada sobre el uso de la fuerza y sobre todo, no existe la presunción de inocencia, por lo que aún queda mucho por investigar en esta lamentable situación en la que una vez más se encuentran ligadas las autoridades con el crimen organizado, y que hacen que la ciudadanía pierda la confianza en las instituciones y sus gobernantes.

Fecha: 
Miércoles, 08 de Octubre 2014 - 17:00
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Nuestro Ejército

El 18 de febrero de 1913 Victoriano Huerta consumó el golpe de Estado que terminó con el gobierno y la vida de Francisco Madero. Un día después, el Congreso de Coahuila desconoció al gobierno huertista y autorizó al gobernador Venustiano Carranza la creación de una fuerza armada cuyo objetivo fuera derrocarlo y restituir el orden constitucional. Ese mismo día 19 de febrero Carranza publicó el Decreto que creó el Ejército Constitucionalista. Poco más de un mes después, el 26 de marzo, Carranza expidió el Plan de Guadalupe que en su artículo 4 señaló: “Para la organización del ejército encargado de hacer cumplir nuestros propósitos, nombramos como primer jefe del ejército, que se denominará “Constitucionalista”, al ciudadano Venustiano Carranza, gobernador del Estado de Coahuila”.

El actual Ejército Mexicano es el resultado de los cambios y modificaciones que se le hicieron al Constitucionalista después de que concluyera la Revolución Mexicana. El responsable de reorganizar y modernizar a las fuerzas armadas durante esos años fue el general Joaquín Amaro, primero como Secretario de Guerra (1924-31) y luego al frente del Heroico Colegio Militar (1931-35).

Desde hace décadas el Ejército ha sido la institución gubernamental de mayor prestigio en nuestro país. Pamela Gómez Bañuelos y Rodrigo Peña González, ambos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, señalan lo anterior en su excelente estudio “Confianza en juego: las Fuerzas Armadas Mexicanas en la opinión pública de la transición”, publicado en la Revista Mexicana de Opinión Pública (julio - diciembre 2013, pp. 31-43) y en www.revistas.unam.mx/index.php/rmop/article/download/43674/39592. En su estudio incluyen una tabla que muestra la confianza que los mexicanos hemos tenido en nuestras instituciones desde 2000 a 2013, medida a través de diversas encuestas. En todos los años excepto 2000, cuando empató con el IFE, el Ejército ocupó el primer lugar.

66% de los mexicanos le tenía confianza en 2000 (mismo porcentaje que confiaba en el IFE). Este porcentaje fue de 63 en 2005, 70 en 2007, 60 en 2010, 72 en 2011 y 69 en 2013. En todos esos años las demás instituciones (menos el IFE en 2000) disfrutaron de niveles de confianza mucho menores. El año pasado estos fueron los porcentajes: Ejército, 69; IFE, 50; Presidencia/Gobierno Federal, 46; Suprema Corte de Justicia, 42; Policía, 32; Cámara de Diputados, 29; y Partidos Políticos, 25.

Ahora bien, desde que el Ejército y la Marina se enfrentan a la delincuencia organizada han aumentado sensiblemente las quejas contra ambas por supuestas violaciones a los derechos humanos. Esto necesariamente afecta al país porque es más que evidente que éste requiere de fuerzas armadas que garanticen la viabilidad de las instituciones y del sistema democrático.

Por eso deben preocuparnos eventos como los ocurridos el 30 de junio pasado en Tlatlaya, Estado de México, en donde 22 supuestos delincuentes murieron al supuestamente enfrentarse contra 25 soldados. Escribo supuestamente porque ahora hay una versión, que es investigada por la PGR, que asegura que 21 de los 22 fueron asesinados por los militares después de haberse rendido. Hasta ahora un oficial y siete soldados han sido arrestados por su participación en lo ocurrido.

El caso Tlatlaya debe resolverse con plena transparencia y de manera convincente. Los responsables deben ser castigados en caso de que haya ocurrido un asesinato masivo, o en caso de que se haya intentado encubrir lo que ocurrió, o en caso de que la supuesta masacre sea un cuento chino elaborado por personas que pretenden desacreditar al Ejército.

Nuestro Ejército no puede cometer crímenes ni tratar de ocultarlos. Tampoco puede ser el objeto de infundios por quienes buscan debilitar su imagen.

La institución mejor vista por la población no puede darse el lujo de perder prestigio.

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Fecha: 
Lunes, 29 de Septiembre 2014 - 12:00
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