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La batalla por el Mando Único

Empezando por el gobernador Graco Ramírez, toda la clase política morelense está de cabeza alrededor de dos temas: el asesinato de la presidenta municipal de Temixco, la perredista Gisela Mota, y la instauración por decreto del mando único policíaco en la entidad. Es claro que esta confusión, a la que ha contribuido el propio Graco, beneficia diversos intereses locales que se empalman con los del crimen organizado.

Los opositores al mando único no representan una corriente homogénea, los hay que por principio no están de acuerdo con escamotear al municipio una de sus atribuciones constitucionales. En los hechos, argumentan, eso sería anular a los municipios como un nivel de gobierno. Se dice que el mando único no será la panacea que pregonan sus propagandistas. En lugar de esto, proponen que se discutan fórmulas que blinden a los municipios, es decir que los fortalezcan, en lugar de simplemente anularlos. Sin embargo, la clase política nacional no parece interesada en iniciar siquiera una reflexión en este sentido.

El gobernador Ramírez, como la mayoría de los mandatarios estatales, está de acuerdo con la solución del mando único, algo que prometió como parte de su campaña. Sin embargo, ha arribado al cumplimiento de su propuesta de manera chapucera. En primer lugar, ha atribuido el asesinato de su correligionaria Gisela Mota al crimen organizado y ha asegurado que se debió a que esta apoyaba el mando único. Al mismo tiempo, integrantes de su gobierno han asegurado que quienes se oponen al dichoso mando único son ignorantes o cómplices del crimen organizado. Ambas afirmaciones deberán probarse.

En este universo de ignorantes o cómplices, cabe el exfutbolista y flamante presidente municipal de Cuernavaca Cuauhtémoc Blanco, quien considera que la imposición del mando único equivale a un “golpe de Estado”. Otro alcalde, Enrique Alonso, de Tlalquitenango, asegura que fue amenazado por el comisionado estatal de seguridad, Alberto Capella, por oponerse al mando único. Más aún, el propio Graco ha señalado que algunas personas cercanas a Blanco son parte del crimen organizado y que el hermano del cantante Joan Sebastian es parte de esa mafia. Ambos personajes han salido a los medios a exigir que se prueben los dichos del mandatario estatal, que nos ha resultado tan boquiflojo como el propio Cuauhtémoc Blanco.

En esta guerra de declaraciones temerarias y confusiones, el gobierno federal sólo ha dicho que apoya a Graco en el tema del mando único. Esto es lógico, el mando único es una propuesta hecha por el presidente Calderón en su momento y retomada por el actual presidente Peña Nieto, pero que no ha logrado concretarse en el Congreso y en la vida real. Curiosamente, todas las chapucerías morelenses podrían estar decidiendo el éxito o el fracaso del famoso mando único. 

Fecha: 
Miércoles, 06 de Enero 2016 - 17:00
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Cuauhtémoc vs Graco

De enero de 2014 hasta marzo de 2015, los 33 gobiernos municipales de Morelos suscribieron un convenio con el gobierno estatal por medio del cual entregaron el mando de sus policías al gobernador Graco Ramírez Garrido (PRD), creándose así el llamado Mando Único, que de acuerdo a la Comisión Estatal de Seguridad Pública morelense es “un sistema de operación y administración policial debidamente homologado, profesionalizado y estructurado, que concentra a todas las corporaciones preventivas municipales y estatales como un solo ente”.

Dichos convenios expiraron en el último segundo del 31 de diciembre pasado al concluir los gobiernos de los presidentes municipales que los suscribieron. Para reestablecer el Mando Único es necesario que cada nuevo gobernante municipal acepte suscribir un nuevo convenio con el gobierno del Estado.

El problema es que las diferentes organizaciones delincuenciales no desean que se reestablezca el Mando Único porque eso les impide tener el control de las policías municipales y les dificulta delinquir con la tranquilidad con que lo hacían hasta el día en que se creo dicho Mando.

De acuerdo al gobierno de Morelos, gracias al mando único se logró disminuir el número de delitos de alto impacto. De noviembre de 2014 a octubre de 2015 se registraron 2,722 delitos de este tipo, lo que significa un promedio de 226 delitos al mes, que es la mitad de los delitos que se registraban cada mes en 2012. Además, Morelos pasó del primero al cuarto lugar en la tasa de secuestros por cada 100 mil habitantes.

En su más reciente informe de gobierno, Ramírez Garrido presumió el descenso del número de delitos entre 2013 y 2014: “Un descenso de 8% en la incidencia delictiva general; en especial, una disminución del 16% en los delitos de alto impacto… En el caso del robo de vehículo con violencia… este delito presenta un descenso de 37.8%; en su modalidad de robo de vehículo sin violencia… descendió 17%;  el robo a casa habitación, en su modalidad de robo con violencia… se redujo 34.6%; el robo de casa-habitación sin violencia… 19.8% menos que el año 2013; el delito de homicidio doloso… al concluir el año 2014, una disminución de 33.4%;  el abigeato… se logró disminuir sustancialmente un 57.7% en el número de estos delitos”. Además, las denuncias por secuestro disminuyeron 21.5%, el número de personas secuestradas fue 28.4% menor, mientras que el número de presuntos secuestradores capturados aumentó 15.1%.

Graco Ramírez afirma que la delincuencia organizada presiona a los nuevos presidentes municipales para que no acepten el Mando Único. Es más, asegura que la flamante presidenta municipal de Temixco, Gisela Mota Ocampo (PRD), fue asesinada el sábado pasado, un día después de asumir su cargo, justamente por estar decidida a suscribir el nuevo convenio y negarse a obedecer a los delincuentes.

Tanto el gobernador como el Comisionado Estatal de Seguridad Púbica, Alberto Capella afirman que el nuevo presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco (PSD), puede estar en contra del Mando Único debido a la influencia o presión que sobre él ejercen personas que le son cercanas y que aparentemente tienen vínculos con la banda criminal Guerreros Unidos, la misma que la PGR acusa de desaparecer y asesinar a los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En vista de que Cuau Blanco y otros presidentes municipales no quieren o no pueden suscribir los nuevos convenios del Mando Único, el gobernador decidió actuar y el pasado domingo emitió varios decretos por medio de los cuales asumió de manera “inmediata y temporal”, el mando de las policías municipales de Ayala, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, Ocuituco, Temixco, Temoac, Tepalcingo, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Xochitepec y Zacatepec.

En exfutbolista Blanco ha dicho que no acatará el decreto del gobernador y que recurrirá a otras instancias, pero la verdad es que no hay mucho que pueda hacer al respecto. En la exposición de motivos de sus decretos, Graco Ramírez anota, entre otras cosas, que “la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 92/2010, ha sostenido que al tratarse de casos extraordinarios, de fuerza mayor o de alteraciones graves del orden público, los gobernadores de los estados tienen la facultad de asumir el mando de las policías municipales de la Entidad” y que “la Carta Magna confiere a los Ejecutivos estatales la libertad de apreciación para actuar en los casos que ellos mismos consideren como de fuerza mayor y de alteración grave del orden publico”.

En este pleito, desde ahora pronóstico que el perdedor será el aguerrido y bronco Blanco, quien dudo mucho haya leído alguna vez el Artículo 115 Constitucional.

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Fecha: 
Martes, 05 de Enero 2016 - 12:00
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Temixco: inicia el año con el maniqueísmo de siempre

Mal inicia la semana para quien matan en lunes, dicen por ahí, y mal las cosas empiezan en el año para Morelos. En efecto, el asesinato de la alcaldesa electa de Temixco, la perredista Gisela Mota, subraya varios fenómenos a los que no se ha querido dar carta de plena existencia. El primero, es la situación de inseguridad que se vive en el corredor Guerrero-Morelos, que hace mucho rebasó a las autoridades locales, sean municipales o estatales. Ni Héctor Astudillo ni Graco Ramírez parecen asumir la situación y se dedican a responder con lugares comunes ante los hechos sangrientos que suceden cotidianamente. Las autoridades federales también están rebasadas, pero de diferente manera. Los gobiernos locales no parecen saber qué pasa, tampoco parecen poder contra el crimen organizado que está enquistado en esferas de poder. Además, da la impresión de que no quieren sumarse a una lucha a la que temen. No saben, no pueden, no quieren.

En cambio, el gobierno federal sí sabe y sí quiere, pero no puede. Son tantos los asuntos en los que los policías federales y las fuerzas armadas están involucrados que no se dan abasto. Ahora no sólo se dedican a mantener la seguridad y combatir el crimen, además de ayudar a la población en casos de emergencia, sino que custodian a los maestros que tratan de cumplir con la evaluación. Son muchos pequeños incendios (algunos no tan pequeños) y los guardianes del orden no son tantos. Han estado más de ocho años en las calles, han muerto muchos de sus elementos, ¿cuánto tiempo más se puede mantener este esquema?

Por lo pronto, el gobernador Ramírez ha dado su explicación de lo que sucedió tras la muerte de la presidenta municipal de Temixco: se trató de un intento de frenar el mando único. Por esa razón, ayer en la tarde decretó que todos los municipios de la entidad estarán regidos por ese mando. Mientras, algunos personajes como Javier Sicilia reprochan al gobernador lo imposible: que le brinde protección a los presidentes municipales, a todos ellos. Los medios y las autoridades explican que la zona está bajo control del grupo delictivo de Los Rojos, quienes se oponen a que las autoridades tomen el control.

Esta narrativa en términos de buenos y malos niega algo esencial: no hay manera de que las bandas criminales subsistan si no es a través de una vasta red en donde están involucrados funcionarios y población civil, quienes obtienen ganancias a cambio de proteger los intereses de dichos criminales. Los personajes críticos debían también encaminar sus palabras para exigir que todas las personas involucradas paguen por sus delitos. Estos delincuentes pasan por ciudadanos honorables y en realidad son cómplices de los peores crímenes en la historia reciente de nuestro país. 

Fecha: 
Lunes, 04 de Enero 2016 - 17:00
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Mando Único Policial: una solución a medias

Desde hace varios años, México atraviesa por momentos difíciles en términos de rendición de cuentas, corrupción y seguridad, lo cual ha obligado al gobierno a rediseñar e implementar políticas que mejoren esta situación. Entre éstas, destaca la Ley General de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción. Cabe señalar que ambos esfuerzos han estado acompañados de una participación activa por parte de la sociedad civil.[1] Actualmente, se busca que lo mismo suceda en el caso de la Iniciativa que presentó el Ejecutivo de crear un Mando Único Policial Estatal.

Frente a esta problemática, recientemente la organización Causa en Común conformó la Red Nacional por la Seguridad: Ciudadanos + Policías, de la cual Ethos forma parte. Ésta ha logrado reunir a más de 60 organizaciones de la sociedad civil y académicos para que participen en la consolidación de instituciones de seguridad confiables, profesionales, cercanas a la ciudadanía y que rindan cuentas.

El Ejecutivo y el Mando Único Policial

Se debe resaltar que desde hace algunos años, varios estados, como Nuevo León, Guerrero, Morelos y Chihuahua ya han avanzado en la implementación de policías estatales únicas, pero éstas conviven en la práctica con policías municipales. La novedad de esta reforma es que pretende modificar el artículo 21 de la Constitución para establecer que la seguridad pública sea una función exclusiva de la Federación y de las entidades federativas, con lo que los municipios sólo podrán coadyuvar con el diseño y la ejecución de políticas no policiales de prevención del delito. La propuesta del Ejecutivo considera los siguientes cambios:[2]

  • Desaparecer las policías municipales. Los municipios sólo podrán contar con agentes con funciones de visita, inspección y sanción, que no desplegarían funciones propias de seguridad pública, con lo que se pasaría de más de 1,800 corporaciones de policías municipales a 32 de las entidades federativas.
  • Los gobiernos estatales quedarían a cargo de la seguridad pública de los municipios, así como de las funciones de tránsito. Cada municipio tendría que aportar recursos de su propia hacienda para solventar el servicio.
  • Los agentes de las policías municipales pasarían a las policías estatales, pero podrían ser sometidos a las evaluaciones y certificaciones que cada estado determine.
  • Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Jalisco serían los primeros estados en implementar lo dictado en la reforma. Durante el periodo de transición, los municipios mantendrán sus atribuciones en seguridad pública.
  • Se pretende fijar reglas para la homologación de las policías estatales en los criterios y procedimientos de selección; ingreso y permanencia; remuneración mínima;[3] la formación; la certificación y evaluación; el equipamiento; y el régimen disciplinario de los integrantes de las instituciones de seguridad pública.[4]
  • Según la SEGOB, en 8 años el mando único podría operar en todo el país.[5]

Balance del proyecto de reforma:[6]

Los pros

  • Las policías municipales son débiles en términos presupuestarios y de capacidades. Oportunidad para que se vuelvan a planificar los recursos materiales, de infraestructura y comunicacionales, así como sueldos que incentiven un comportamiento honesto y comprometido de los agentes.[7]
  • La reducción a 32 cuerpos policiales únicos ayudará a que la ciudadanía identifique más fácilmente a la autoridad que está al mando de cada uno.
  • La centralización del mando pretende impedir la infiltración del crimen organizado.

Los contras

  • No se hace un diagnóstico suficiente de la situación que guardan las policías al día de hoy. Actualmente hay casos de policías municipales, como los de Cd. Juárez, Monterrey, Tijuana y Querétaro, más capacitadas que las estatales. En contraste, estados como Michoacán, Nayarit, Tlaxcala, BCS y Zacatecas no han atendido el desarrollo de sus policías.[8]
  • Puede propiciar mala repartición de los recursos cuando el gobernador pertenezca a un partido político y maneje a la policía estatal con fines político-electorales (por ejemplo, cuando permite que la inseguridad aumente en un municipio gobernado por la oposición).
  • Es más fácil solucionar los problemas entre más cercana sea la autoridad al ciudadano. Idea de que la seguridad se construye desde el ámbito local.
  • Actualmente se corrompen a las autoridades de ciertos municipios, afectando principalmente a los habitantes de dicho municipio. Tras el cambio se podría corromper a las autoridades de todo un estado.
  • Las policías de Mando Único podrían disminuir los delitos de alto impacto, pero también propiciar un aumento en los delitos patrimoniales, como robos a casa habitación, personas y vehículos.[9]
  • No representa un cambio de fondo en las instituciones policiales, sino sólo un cambio gerencial.[10]

La sociedad civil coincide en que el desarrollo policial es fundamental

Varias organizaciones concuerdan en que el desarrollo policial, producto de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2009, es la base del éxito de las políticas policiales de seguridad, no el cambio a un mando único. En este sentido, la solución, más allá de estar en el cambio a un mando más centralizado, estaría en implementar esquemas de carrera policial, profesionalización y certificación y un régimen disciplinario para las policías estatales.[11]Adicionalmente, la problemática de las policías estatales y municipales es distinta, por lo que es difícil pensar que un remedio va a acabar con distintos males.[12]

Conclusiones

A pesar de los efectos positivos que podría ocasionar la estrategia del Mando Único en términos de seguridad, esta medida carece de:

  • Elementos de control y evaluación internos y externos.
  • Diagnóstico adecuado de la situación actual policiaca.
  • Claridad en diversos aspectos de la operación del programa, entre otras cosas, que podrían afectar de manera significativa la eficacia en la disminución de la inseguridad.

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[1]Con el Sistema Nacional Anticorrupción intervinieron organizaciones como Transparencia Mexicana, Transparencia Internacional y la Red por la Rendición de Cuentas. El Colectivo por la Transparencia (que aglutina alrededor de 300 organizaciones) se ha manifestado en torno a los recientes cambios de la iniciativa de la Ley General de Transparencia.

[2] El texto de la iniciativa puede consultarse en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-12-02-1/assets/documentos...

[3] Aproximadamente 40% de los policías municipales perciben un sueldo base mensual inferior a $4,600 pesos y menos del 4% percibe un sueldo superior a los $12,000 pesos.(http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-12-02-1/assets/documentos...)

[4] http://mexico.cnn.com/nacional/2014/12/03/mando-unico-policial-y-otras-1...

[5] http://www.milenio.com/policia/anos-mando-unico-pais-Osorio-Chong-insegu...

[6] http://mexico.cnn.com/nacional/2014/12/03/mando-unico-policial-y-otras-1...

[7] http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/apoyan-gobernadores-man...

[8] Ídem, pág. 2

[9] http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/30/mando-unico-policial-condu...

[10] http://causaencomun.org.mx/wp-content/uploads/2015/02/Posicionamiento-de...

[11] http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNSP.pdf

[12] http://causaencomun.org.mx/wp-content/uploads/2015/02/Posicionamiento-de...

Foto: http://www.aztecanoticias.com.mx

Fecha: 
Martes, 03 de Marzo 2015 - 17:00
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