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Diagnóstico de la crisis de los poderes públicos

 

El presidente Enrique Peña proferirá hoy un discurso en el que expondrá la ruta a seguir para enfrentar la crisis que asuela a los poderes públicos en México, y amenaza con provocar una espiral de ingobernabilidad. El diagnóstico que la elite política haya hecho de la circunstancia mexicana es vital para medir el alcance y la efectividad del remedio. Al parecer el tema central será la violencia. Puede ser un buen indicio si se entiende que la violencia tiene muchas caras: la del gobierno por no cumplir ni hacer cumplir la ley, o sea, la impunidad; la violencia política o desigualdad ante la ley; la violencia económica, que se revela como desigualdad y marginación; la violencia de la corrupción o uso privado de los bienes públicos, que mina el erario y a la competitividad; la violencia a los derechos del individuo o guerra contra las drogas, etc.

Estas manifestaciones de la violencia tienen en jaque a partidos y poderes públicos: el posible conflicto de interés entre el presidente y empresarios causó una crisis de confianza que socava su legitimidad. Los miles de asesinatos y desaparecidos devastan al poder judicial, y cierra este círculo la respuesta de la Suprema Corte al referendo, vía consulta popular, sobre salarios mínimos y energía: esta figura jurídica nació muerta, ya que cualquier ley tiene implicaciones económicas. Si el ciudadano no puede incidir sobre el destino de su dinero (los impuestos) se anula el sistema representativo. Así, la Corte da la espalda a la democracia. Por su lado, el legislativo no equilibra al ejecutivo. La corrupción e impunidad, que corroe a los partidos, obstruye a este canal como medio para encausar el conflicto social. Y estados y municipios están colapsados. Las violencias liquidaron a la estructura institucional.

Reconstruir a las instituciones es tarea de mediano plazo. En lo inmediato, es crucial incidir en el sistema de rendición de cuentas, que implica pedir perdón, un desagravio simbólico y tal vez una amnistía y, a partir de ahora, combatir con firmeza la corrupción, el tráfico de influencias, el abuso del poder y la malversación del dinero de cada uno de nosotros. Sugiero esto porque quizá no haya políticos sin mancha. Para preservar los derechos individuales debe sustituirse la guerra a las drogas por la prevención de las adicciones: es condición sine qua non para sanear a las policías. Contra la violencia económica hay que subir salarios, depurar programas sociales (origen del clientelismo), establecer una política industrial que reconstruya las cadenas productivas, brinde crédito, desarrolle la ciencia y dé fin a la colusión políticos-empresarios. Por último, hay que fijar plazos y metas. Es el último tren de las elites.

Fecha: 
Jueves, 27 de Noviembre 2014 - 17:30
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