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De Liberal a “liberal”

El pasado cinco de noviembre, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó el primer amparo para el autoconsumo lúdico de la marihuana, excluyendo cualquier posibilidad de venta y comercialización. Múltiples voces han hecho hincapié en el talante liberal de la decisión de la corte, argumentando que la raíz y el fundamento del proyecto del Ministro Zaldívar radican, esencialmente, en la defensa de la libertad y de la iniciativa individual, fomentando la tolerancia entre particulares. 

Reflexionando acerca del tema en una tertulia efectuada en casa durante los días pasados, y, en efecto, buscando algún punto para propiciar el debate abierto, opté por cuestionar a los presentes si podían ubicar, temporalmente, el punto exacto en el cual los principios del liberalismo y la república, fundamentada en ellos, habían logrado actuar de manera sincrónica, coordinada, teniendo un sendero y un destino aparentemente comunes. O, al menos, en qué momento ambos habían estado más cerca de lograrlo. A pesar de las muy diversas argucias que esgrimían periodos y épocas distintas a modo de respuesta, el gobierno juarista y las leyes de reforma resultaron ser las más numerosas. 

-Falso, puntualicé en aquel momento, tal y como lo hago ahora.  

Jamás, a lo largo de la historia de nuestro país, los ideales liberales y La República, han transitado sendas más distantes, e incluso contrapuestas, como lo hizo bajo la presidencia constitucional de Benito Juárez García. La resolución de la corte y su carácter liberal, mismas que nos ocupan hoy día, le deben más a un monarca europeo y a sus colaboradores. Explico.

La noche del 17 de junio de 1867, un extranjero que respondía al nombre de Fernando Maximiliano Jose Maria de Habsburgo y Lorena y a quien le correspondieron primero, el titulo de archiduque de Austria y después, el de Emperador de México, se hallaba recluído en una celda del convento de las monjas capuchinas en el primer cuadro de la ciudad de Santiago de Queretaro, capital del estado del mismo nombre. Su efímero periodo al frente de la nación mexicana había llegado a su fin. 

Dejaba tras de sí, sin embargo, un copioso legado legislativo que sentaba las bases de un estado institucional. El emperador de origen austriaco, motivado tanto por su educación como por el compromiso adquirido de someter la monarquía al mandato constitucional, promulgó el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano el 10 de abril de 1865, el cual tuvo validez jurídica y sentó los precedentes de una importante legislación de carácter prioritariamente social (e institucional) que garantizaba los derechos del hombre y del trabajador. Dicha legislación, generada por una asamblea de notables, misma que fue creada entre los meses de junio y agosto del año de 1863 y derivada del estatuto provisional, constituyó más un esfuerzo por crear una herramienta de gobierno que una constitución en sí misma, sin embargo, su visión y alcances, nos permiten resaltar algunos puntos tales como: 

  • La creación de una ley orgánica que dividía el territorio nacional para una más eficiente administración, una ley sobre la administración de justicia y de la organización de tribunales y juzgados al servicio del Imperio, una ley sobre lo contencioso administrativo y su respectivo reglamento. Aun más relevantes, al menos en cuanto al tema que nos atañe, resultan aquellas de carácter social e individual: Una ley de garantías individuales, un decreto de libertad del trabajo, liberando a los indígenas que trabajaban como peones y que proponía la extinción de deudas contraídas con sus empleadores, eliminando los castigos físicos en las haciendas que involucraban la prisión, azotes, y cualquier otro tipo de sanciones corporales, moneda corriente en el gobierno juarista. 

Nunca, y menos en tan poco tiempo, gobernante alguno elaboró una legislación tan extensa, con un enfoque prioritariamente apegado a los principios del liberalismo como lo hicieron Maximiliano de Habsburgo y su corte. Los conservadores, por otro lado, sector que había apoyado la decisión (francesa) de llevar al noble europeo a tierras mexicanas, desencantados por su talante político y sus propuestas, muy pronto se desentendieron de él y de sus intentos gubernamentales.

Más que a cualquier otro, la cruzada emprendida por el bando liberal mexicano con Juárez a la cabeza, en contra de aquel regente, apeló al discurso (del déspota) de la amenaza de un enemigo extranjero. La monarquía, a pesar de sus características, ideales, propuestas y anhelos progresistas, debía ser derrocada. Cualquier injerencia de carácter externo en los asuntos del país, representaba una afrenta. Con ello, el concepto de la república en sí mismo se situó por encima de los ideales liberales que supuestamente esgrimía (e irónicamente, compartía con el monarca nacido en Viena). El emperador, abandonado a su suerte por Francia, que requería las tropas de vuelta en la Europa continental y por sus aliados conservadores, decidió mantenerse en México hasta que, sitiado por el ejército republicano, debió entregar su espada de rendición al General Ramón Corona y ponerse en manos de sus oponentes. Mientras el regente europeo esperaba pacientemente su fatal porvenir, Victor Hugo, el renombrado autor de Les Misérables y Notre-Dame de Paris, escribió de su puño y letra y remitió a Benito Juárez una carta solicitándole, de liberal a liberal, respetar la vida del regente europeo, consiente ya de la derrota del imperio:

“(…) Hoy pido a México la vida de Maximiliano, (…) Maximiliano le deberá la vida a Juarez ¿y el castigo?, preguntarán. El castigo, helo aquí, Maximiliano vivirá, por la gracia de la república”. 

La gracia de La República, en manos del jurista oaxaqueño, decidió ignorar la petición del literato francés y la mañana del 19 de junio de 1867, Maximiliano de Habsburgo y Lorena, junto con Tomás Mejía y Miguel Miramón, fue fusilado en la cima del Cerro de las Campanas, tras un juicio sumarísimo cuya sentencia fue dictada por un tribunal militar compuesto por un teniente coronel y seis capitanes del ejercito liberal, sin derecho a apelaciones. 

Con lo anterior, nuestra nación retrocedió a pasos agigantados durante las décadas posteriores a la muerte del hijo de Francisco Carlos de Austria y Sofía de Baviera, dejando de lado las propuestas y leyes creadas por él. Cuarenta y tres años más tarde, serían precisamente la falta de garantías individuales, la ausencia de libertad en el trabajo, la acumulación de deudas por parte de los trabajadores y el enrarecido clima político, entre muchos otros, los elementos que servirían de tierra fértil para que germinara el estallido social denominado como La Revolución Mexicana de 1910. En aquel episodio, La República había renegado de los principios que la habían constituido, buscando su prevalencia y con ello, se negó a sí. 

Los próximos meses nos permitirán visualizar, en su justa medida, los alcances de la resolución emitida por la Suprema Corte considerando tanto el precedente de acción como, elemento que se obvia, la jurisprudencia que sentará. Las diversas posturas que de ella emanan deberán, necesariamente, atraer al debate aspectos tales como: la postura prohibicionista, la salud pública, la criminalización del consumidor, el dominio y libertad propios así como la postura intervencionista y regulatoria del Estado, entre muchos otros. Hoy, La República a través de sus instituciones, y las premisas liberales, deberán decidir ante la disyuntiva de converger en un mismo fin, la mejora social y civil, es decir, si son fieles mutuamente o por el contrario, optan por separarse y seguir senderos distintos, como aquel no tan lejano año de 1867.

Veremos. 

Foto: www.mexicoenfotos.com

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Fecha: 
Martes, 24 de Noviembre 2015 - 19:00
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El año de la revuelta

El Partido Liberal ganó las elecciones federales realizadas el domingo pasado en Canadá. De tener solo 36 asientos en la Cámara de los Comunes, los liberales ahora tendrán 184, lo que les permitirá formar un gobierno de mayoría sin la necesidad de aliarse con ningún otro partido. El Partido Conservador del primer ministro saliente, Stephen Harper, ganó solo 99 escaños, 60 menos de los que obtuvo en las elecciones de 2011, mientras que el Nuevo Partido Democrático se quedó con 44, que son 51 menos que las que consiguió hace cuatro años.

El factor que explica el crecimiento desmesurado del Partido Liberal en solo cuatro años se llama Justin Trudeau, de 43 años de edad, hijo mayor del finado Pierre Trudeau, quien fue primer ministro canadiense de 1968 a 1979 y de 1980 a 1984. En 2008 fue electo por primera vez al parlamento canadiense y en 2013 se convirtió en el líder de los liberales. En solo dos años Justin hizo que su partido accediera al poder después de que en 2011 apenas obtuvo el 18.9% de los votos. Por eso, dentro de pocos días se convertirá en el vigesimotercer primer ministro de su país.

Pese a su apellido famoso, Justin no es visto como un político por los electores en vista de que gran parte de su vida la ha dedicado a la academia y a la defensa de causas sociales. No pasó desapercibido el hecho de que dudó en aceptar el liderazgo de su partido por el temor de no dedicarle el tiempo suficiente a su esposa, quien es una conductora de televisión, y a los tres pequeños hijos de ambos.

Al elegir a un gobierno liberal dirigido por un político que no es percibido como tal, los votantes se sublevaron contra la clase política representada por Harper, un veterano con casi 30 años de carrera, 10 de ellos al frente del gobierno canadiense.

La revuelta de los ciudadanos contra la clase política acaba de verse en Canadá; se está viendo en Estados Unidos, en donde dos hombres que nunca han ocupado un cargo público –Donald Trump y Ben Carson- encabezan las encuestas de preferencias entre quienes se declaran republicanos; la vimos el 6 de junio pasado en México, cuando un candidato independiente ganó la gubernatura de Nuevo León sin que a nadie le pareciera importar que militó durante 33 años en el PRI.

2015 podría ser recordado como el año del inicio de la revuelta de millones de ciudadanos contra la clase política de sus respectivos países. Revuelta que se origina en la falta de capacidad de los políticos para resolver el creciente número de problemas económicos, sociales y políticos que afectan la vida de millones de personas, y en la percepción de que los políticos solo usan sus cargos para enriquecerse mientras que gran parte de la población enfrenta cada vez más carencias.

Habrá que ver si Trudeau y el flamante gobernador de Nuevo León no terminan actuando igual que los que los antecedieron. Mientras eso sucede o no, los no políticos podrán seguir beneficiándose de la revuelta de los votantes.

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Fecha: 
Miércoles, 21 de Octubre 2015 - 12:00
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De 1812 - Es promulgada la Constitución de Cádiz

La Constitución española de 1812, conocida popularmente como La Pepa o La Constitución de Cádiz, fue promulgada por las Cortes Generales de España, reunidas extraordinariamente en Cádiz, el 19 de marzo de 1812. Se le ha otorgado una gran importancia histórica por tratarse de la primera constitución promulgada en España, además de ser una de las más liberales de su tiempo. Respecto al origen de su sobrenombre, la Pepa, no está muy claro aún, pero parece que fue un recurso indirecto tras su derogación para referirse a ella, debido a que fue promulgada el día de San José.

Oficialmente estuvo en vigor sólo dos años, desde su promulgación hasta su derogación en Valencia, el 4 de mayo de 1814, tras el regreso a España de Fernando VII. Posteriormente se volvió a aplicar durante el Trienio Liberal (1820-1823), así como durante un breve período en 1836-1837, bajo el gobierno progresista que preparaba la Constitución de 1837. Sin embargo, apenas si entró en vigor de facto, puesto que en su período de gestación buena parte de España se encontraba en manos del gobierno pro-francés de José I de España, otra en mano de juntas interinas más preocupadas en organizar su oposición a José I y el resto de los territorios de la corona española (los virreinatos) se hallaban en un estado de confusión y vacío de poder causado por la invasión napoleónica.

La constitución establecía la soberanía en la Nación (ya no en el rey), la monarquía constitucional, la separación de poderes, la limitación de los poderes del rey, el sufragio universal masculino indirecto, la libertad de imprenta, la libertad de industria, el derecho de propiedad o la fundamental abolición de los señoríos, entre otras cuestiones, por lo que "no incorporó una tabla de derechos y libertades, pero sí recogió algunos derechos dispersos en su articulado". Además, incorporaba la ciudadanía española para todos los nacidos en territorios americanos, prácticamente fundando un solo país junto a las excolonias americanas.

Por el contrario, el texto consagraba a España como Estado confesional católico, prohibiendo expresamente en su art. 12 cualquier otra religión, y el rey lo seguía siendo "por la gracia de Dios y la Constitución". Del mismo modo, este texto constitucional no contempló el reconocimiento de ningún derecho para las mujeres, ni siquiera el de ciudadanía (la palabra "mujer" misma aparece escrita una sola vez, en una cita accesoria dentro del art. 22), aunque con ello estaban en plena sintonía con la mayoría de la sociedad española, europea y americana del momento. Con todo, se le reconoce, en gran estima, su carácter liberal, su afán en la defensa de los derechos individuales, su posicionamiento en querer modificar caducas instituciones propias del Antiguo Régimen, y en general de recoger medidas regeneradoras enfocadas, con espíritu idealista, en mejorar la sociedad.

Fecha: 
Jueves, 19 de Marzo 2015 - 09:20

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