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Aplicar las leyes es demanda generalizada

Nos hemos convertido en una sociedad acostumbrada a ver como un gran número de personas viola regularmente los reglamento, códigos y leyes que existen, entre otras cosas, para mantener el orden, proporcionar seguridad, promover la disciplina colectiva, garantizar la impartición de la justicia, desarrollar la economía, y educar y proporcionar niveles de bienestar adecuados a los integrantes de la sociedad.

Desobedecemos las leyes porque nadie se encarga de hacer que las respetemos o porque el castigo que se nos impone por desobedecerlas es mínimo o nulo.

Nos pasamos los altos del semáforo y conducimos nuestros vehículos a exceso de velocidad porque no hay policías que sean capaces de detenernos y multarnos.

Los microbuseros de la Ciudad de México escandalizan con sus cornetas de aire, que aparentemente tienen prohibido instalar en sus unidades, porque los inspectores de la Secretaría de Movilidad de Gobierno del DF no hacen su trabajo.

Los zánganos que durante años han vivido de los recursos que la sociedad aporta al fisco, como son los maestros de la CNTE, los ex trabajadores de la desaparecida Luz y Fuerza del Centro y los miembros de otros grupos, rompen la ley al bloquear nuestras calles y carreteras. Y los funcionarios responsables de impedirlo también la rompen al permitírselo.

La delincuencia organizada opera a lo largo y ancho del país porque ha sabido sobornar a un elevado número de funcionarios de los poderes ejecutivo y judicial responsables de combatirlos.

Son muchísimas las empresas que prefieren violar una ley u otra porque que el monto de las multas que se les aplican por no acatarlas es menor al que tendrían que invertir para que poder cumplirlas debidamente.

La cantidad de funcionarios púbicos que no obedecen ciertas leyes es elevada porque no existe castigo alguno por desobedecerlas o porque el castigo es meramente simbólico y no les afecta ni la cartera ni la carrera.

En resumen, las leyes no se aplican de manera pareja porque en el país hay muchas organizaciones, empresas y personas que están por encima de la ley gracias a su poder e influencia política y/o económica.

Frente a estos individuos y grupos que constituyen una clase dorada estamos los millones de mexicanos que por convicción o temor actuamos de acuerdo a lo que las leyes, códigos y reglamentos nos señalan. Mexicanos que estamos hartos de ver como ciertos grupos e individuos que sin pensarlo dos veces y gozando de una absoluta impunidad las violan, afectan nuestros derechos, perjudican nuestro bienestar y frenan el de por sí lento desarrollo del país. Hombres y mujeres que exigimos que nuestras autoridades federales y locales las cumplan y las hagan cumplir antes de que sea demasiado tarde y lleguen al poder los demagogos que prometen un paraíso y terminan entregando un infierno.

Que las leyes se apliquen es una demanda generalizada que nuestros altos funcionarios se empeñan en ignorar pese a los altos riegos que eso entraña.

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Fecha: 
Jueves, 12 de Febrero 2015 - 12:00
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La iniciativa preferente del Presidente

Los Diputados y Senadores iniciaron su periodo ordinario de sesiones  el pasado 1 de febrero y su agenda legislativa se encuentra saturada con temas de trascendencia nacional.

En mi columna anterior (del 26 de enero) lo había mencionado, son tres iniciativas de ley que dejaron pendientes en el periodo ordinario de septiembre y diciembre del año pasado: la de Seguridad Pública, la de la Reforma Política del DF y la del Sistema Nacional Anticorrupción.

Los legisladores al parecer toman los acuerdos para proceder a la  aprobación de las mencionadas iniciativas.

Las tres iniciativas son  de vital importancia para combatir los problemas sociales, sin embargo, la prioridad en su pronta aprobación, resulta ser con la iniciativa en materia de Seguridad Pública que envió el Presidente de la República a los senadores.

En otras palabras, en materia de facultades legislativas se pretende, como bien lo apunta la iniciativa del Presidente, “generar nuevos esquemas de cooperación y coordinación” para que “las autoridades locales puedan conocer de delitos federales y las autoridades federales de delitos locales”.

De tal suerte, la iniciativa del presidente, además puntualiza “la posibilidad de que la Federación asuma total o parcialmente las funciones municipales, cuando éstas se encuentren infiltradas por el crimen organizado”.

Ahora bien, se nos dice que en la reunión plenaria que llevaron a cabo los días previos al 1 de febrero en el PRI, habían planteado la idea de modificar la iniciativa del presidente. Los cambios son con base a los índices delictivos, es decir que las ciudades del país donde sean o demuestren una baja de ellos, no serán objeto de establecer la figura del mando único y la desaparición de municipios vinculados a la delincuencia.

En definitiva, estimado lector, el periodo ordinario legislativo comenzó el 1 de febrero, y  el tema principal es la iniciativa del Presidente, sin ser la iniciativa preferente que le concede presentar al Presidente.

La Constitución apunta que “el día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Presidente de la República podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen”. No obstante, al parecer en ambos contextos no fue así sustentada en este periodo ordinario por parte del Presidente, ya que dice la Constitución que: "No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a la Constitución".

Por tanto, la iniciativa de Seguridad Pública, es la iniciativa preferente de toda la población, pues con ella se otorgarían  facultades constitucionales para crear leyes que combatan con legalidad el problema de la inseguridad pública.

Asi qué, querido lector, los legisladores tienen una tarea primordial en modificar el texto constitucional, tendrán que  hacerlo de manera pronta, pues además tendrán que enviar la reforma constitucional a las legislaturas de los estados para que su mayoría apruebe la citada reforma, cuyo proceso legislativo no puede prevalecer otro periodo ordinario legislativo,  porque todos los diputados actuales terminan su periodo de representación popular el próximo mes de septiembre, y sobre todo porque es fundamental establecer el orden social mediante una efectiva seguridad pública en beneficio de conceder garantías de protección a toda población.

Al tiempo, tiempo…

Fecha: 
Viernes, 06 de Febrero 2015 - 19:30
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98 años de modificaciones constitucionales

Hoy 5 de febrero se cumplen 98 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917-2015). Desde su promulgación a la fecha se han consumado 618 reformas constitucionales a diversos artículos.  

De tal manera de 136 artículos contenidos en la Constitución, 27 de ellos se mantienen iguales, y 109 artículos son los que han cambiado.

No obstante, los artículos con el mayor número de reformas son 16. Es decir, han sido modificados por el legislador más de diez ocasiones.

Entre ellos se encuentra con 71 modificaciones el artículo 73 relacionado con las “Facultades del Congreso”.

Otro artículo es el 123 con 24 modificaciones el cual determina lo referente al derecho del trabajo.

Por su parte el artículo 27 tiene 19 modificaciones y establece el derecho a la propiedad. 

El artículo 89 posee 17 modificaciones y determina las “Facultades y obligaciones del Presidente de la República”.

El artículo 74 muestra 16 modificaciones y señala las “Facultades exclusivas de la Cámara de Diputados”.

El artículo 107 ostenta 15 modificaciones y apunta lo relacionado con las bases del “Juicio de Amparo”. 

El artículo 4 exhibe 14 modificaciones y cita lo relacionado con la protección a la salud, el derecho al agua, a disfrutar de vivienda digna y decorosa, a la identidad y a ser registrado de manera inmediata  a su nacimiento, y a la cultura, entre otros derechos.

El artículo 115 con 14 modificaciones en el rubro de “Los Estados de la Federación y del Distrito Federal”.

El artículo 76 contiene 13 modificaciones con relación a las “Facultades exclusivas del Senado”.

El artículo 79 expone 12 modificaciones al tema de la “Fiscalización  Superior de la Federación”.

El artículo 94 presenta 12 modificaciones  pertenecientes  con el tema del “Poder Judicial”.

El artículo 105 contiene 11 modificaciones tocantes con el tema de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.

El artículo 116 con 11 modificaciones en el rubro de “Los Estados de la Federación y del Distrito Federal”.

El artículo 122 contiene 11 modificaciones en el rubro de “Los Estados de la Federación y del Distrito Federal”.

El artículo 97 dispone de 10 modificaciones relacionadas con el tema del “Poder Judicial”.

Y, el artículo 111 dispone de 10 modificaciones en el rubro de “Las responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado”.

En definitiva, estimado lector, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma jurídica fundamental del Estado Mexicano, y es la norma jurídica con un mayor número  de reformas constitucionales.

Así que, querido lector, aquí no terminan las modificaciones constitucionales, ya que los legisladores pretenden realizar otras reformas constitucionales, con la creación del Mando Único de la Policía en los Estados, la iniciativa del Sistema Nacional Anticorrupción y/o la iniciativa de Reforma Política del DF.

Al tiempo, tiempo…

Fecha: 
Jueves, 05 de Febrero 2015 - 18:00
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La vigencia de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública

El origen de la Secretaría de la Función Pública data del año de 1982. Los nombres han sido varios para identificarla tal y como actualmente se le nombra.  

De 1982 a 1994 siendo presidentes de la República Miguel de la Madrid Hurtado y Carlos Salinas de Gortari, se le nombró “Secretaría de la Contraloría General de la Federación”. Los secretarios de entonces fueron: Francisco Rojas Gutiérrez  (1983-1987);  Ignacio Pichardo Pagaza (1987-1988); y, María  Elena Vázquez Nava (1988-1994).  

De 1994 a 2000, siendo presidentes de la República Ernesto Zedillo Ponce de León y Vicente Fox Quesada, se le denominó “Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo”. Los secretarios de entonces fueron: Norma Samaniego (1994-1995); Arsenio Farell Cubillas (1995-2000);  y, Francisco Barrio Terrazas (2000-2003).  

No obstante, en la presidencia de Vicente Fox es cuando cambia de nombre la “Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo” a “Secretaría de la Función Pública”. El secretario de entonces fue Eduardo Romero Ramos (2003-2006).    

El nombre  de “Secretaría de la Función Pública” subsistió a la fecha, siendo Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa. Los secretarios de entonces fueron: Germán Martínez Cázares (2006-2007); Salvador Vega Casillas (2007-2011); y, Rafael Morgan Ríos (2011-2012).

Y, con el Presidente Enrique Peña Nieto, el 2 de enero de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que reformó, adicionó y  derogó diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y entre ellos, se derogó el nombre de “Secretaría de la Función Pública”, y por ende, la desaparición y transferencia de las atribuciones. 

No obstante, cabe destacar que la publicación del citado Decreto consistió por la creación de un órgano autónomo constitucional en materia de anticorrupción, tal y como fue la pretensión del actual Poder Ejecutivo. De tal suerte, mientras ocurría su aprobación, en el mismo Decreto del 2 de enero de 2013, se estableció que  “…por lo que se refiere a la desaparición y transferencia de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, entrarán en vigor en la fecha en que el órgano constitucional autónomo que se propone crear en materia anticorrupción entre en  funciones…”. 

Asimismo, dice el Decreto que: “entre tanto se expiden y entran en vigor las disposiciones…la Secretaría de la Función Pública continuará ejerciendo sus atribuciones conforme a los ordenamientos vigentes al momento de expedición” del mencionado Decreto.

Por lo pronto, estimado lector, desde 2012 el encargado de la “Secretaría de la Función Pública”, fue Juan Olivas Ugalde, y a partir del 3 de enero de 2015 el nuevo secretario es Virgilio Andrade Martínez. 

Así que, querido lector  desde 1982 a 2015 son 33 años y 12 secretarios los responsables de tres secretarías:  “Secretaría de la Contraloría General de la Federación”; “Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo”, y de la “Secretaría de la Función Pública”. Por tanto, cabe preguntar: ¿cuál será el nombre de la cuarta secretaría?

Al tiempo, tiempo…

Fecha: 
Miércoles, 04 de Febrero 2015 - 17:00
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Se Necesitan Crear Círculos Virtuosos... La Nueva Ley de Juegos

La perfección no es alcanzable, pero si perseguimos la perfección,

podemos alcanzar la excelencia... Vince Lombardi.

He encontrado que existe un similitud entre el mundo de las carreras de caballos y nuestro gobierno. Son mundos paralelos, valga la analogía. Para mi resulta claro que cuando los países son exitosos, sus hipódromos funcionan bien y viceversa. Es el resultado de crear círculos virtuosos para alcanzar la excelencia. Todo un reto.

De la analogía propuesta el Hipódromo de las Américas (HA) es un buen ejemplo.

Si a la empresa a la que se le otorgó la concesión federal de los terrenos de las Lomas de Sotelo y no cumple con las condiciones de su permiso —ni con el espíritu del mismo— y no hay quien la obligue, la consecuencia es el desastre que tenemos. De manera similar es con nuestro gobierno, las cosas tampoco funcionan del todo bien. Así se puede decir que la "empresa" es como el "gobierno".

Por otro lado, cuando los gobernados —los caballistas en nuestra analogía—, no exigen sus derechos —timoratos al fin— se comprende el fracaso que es el hipódromo (HA) en sus resultados. Hay decrecimiento.

Así, es claro que la empresa permisionaria del Hipódromo de las Américas sólo busca su interés; esto es generar utilidades para sus accionistas —a cosa de lo que sea— incumpliendo su permiso, pagando sueldos miserables y sin la capacitación correspondiente. Probablemente corrompiendo. De manera similar, si nuestros gobernantes sólo buscan su interés personal y adquieren bienes bajo sospecha —es probable que en muchos casos sea sólo la punta del iceberg de sus bienes mal habidos—  como se ha denunciado en la prensa nacional y extranjera, el país se vuelve un caos.

De esa manera, como vamos —en el hipódromo y con este gobierno— se están creando círculos viciosos que sufrimos todos los días en nuestra industria hípica y nuestra sociedad.

Para el hipódromo (HA) parece que es inevitable seguir en plena decadencia a menos que alguien empiece a poner orden; sean los funcionarios responsables; sean los legisladores con la aprobación de una excelente Ley en la materia; sean los caballistas y criadores quienes realmente no se han manifestado exigiendo mejores premios y una autoridad hípica independiente. Confiable.

Sí no hay condiciones para que se equilibren estas dos fuerzas, es decir entre gobernados y gobernantes —caballistas y permisionaria— no se va a poder engendrar un buen resultado. Los sucesos van a seguir igual o peor... Así se forjan las revoluciones. ¡Cuidado!

La corrupción, la impunidad y la discrecionalidad para aplicar la ley no se van acabar en México ni en el mundo por decreto —es imposible si se la achacamos a la condición humana— pero se pueden disminuir. En mi opinión, sólo se va poder reducir este mal —ya endémico— teniendo las leyes adecuadas y que se exija su aplicación. Aquel que infrinja, es decir, no cumpla con una ley, norma u acuerdo o actué en contra de lo dispuesto en ellas, debe recibir una sanción ejemplar y si es grave, a la cárcel.

Quien incurra en prácticas deshonestas en el HA debe ser castigado. Cero tolerancia... Hoy, la autoridad hípica está en manos de la empresa permisionaria con la complacencia de las autoridades de la SEGOB y sin cumplir lo que manda el Reglamento vigente. Es obvio el conflicto de interés que existe.

Entonces, cómo crear un círculo virtuoso para que nuestra industria hípica y nuestra sociedad salgan a flote. Sólo creando las condiciones y las leyes adecuadas que permitan el desarrollo para que el "México se Mueva" no sólo sea un slogan gubernamental.

Deben saber los Senadores de la República —pues la iniciativa de la nueva Ley de Juegos está en sus manos— que la Industria Hípica genera una derrama económica mucho más significativa que los casinos. En un hipódromo que opere bien, un caballo estabulado debe crear 3.5 empleos directos y otros tantos indirectos. Incide además en la producción de granos y forrajes (para nuestro campo); medicamentos veterinarios; transportes, la industria restaurantera; empleos especializados como son jinetes, entrenadores, galopadores, caballerangos, herreros y talabarteros. Por ello hay que impulsar la operación de muchos hipódromos. Circuitos Hípicos. Es una industria millonaria en otros países, en el nuestro... era.

La actual iniciativa de la Ley de Juegos aprobada por la Cámara de Diputados es perfectible. Sí se aprueba como está se estará permitiendo —otra vez— una gran discrecionalidad con el Instituto del Juego planteado que debiera funcionar cómo un Órgano Colegiado y no como está propuesto.

Necesitamos excelencia en esta Ley. También se requiere crear una autoridad hípica dentro del texto de la Ley, no como está propuesta, pues por su especialidad las carreras de caballos se cuecen aparte.

En las manos del Congreso Mexicano está crear círculos virtuosos para nuestra Industria Hípica...

Fecha: 
Miércoles, 04 de Febrero 2015 - 17:30
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Las nuevas reglas electorales

La Fracción VI del Articulo 41 de la Constitución señala, entre muchas cosas, las siguientes:

“La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos:

a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado;

b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley;

c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.

“Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento.

“En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada”.

El texto de casi toda esta Fracción VI es el resultado de reformas y adiciones aprobadas el año por el Congreso de la Unión y ha modificado la manera en que todos los partidos políticos están planeando sus campañas electorales de este año.

A dirigentes partidistas y aspirantes a los diversos cargos de elección popular les quita el sueño el hecho de que una elección pueda ser anulada por rebasar el monto autorizado para una campaña. Tanto, que sus abogados especializados en derecho electoral trabajan arduamente para definir qué puede ser considerado como un gasto de campaña, además de lo que ya establecen diversos artículos de la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La neurosis de los dirigentes partidistas es tal que hasta están tratando de determinar si la tarjeta de presentación que un candidato entrega a una persona es o no un gasto de campaña.

Su preocupación ha ido en aumento porque en varias ocasiones diversos consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) han reiterado que será anulada aquella elección en donde se compruebe que hubo un rebase en el monto de gasto autorizado.

Por ejemplo, el 10 de diciembre del año pasado, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que “de presentarse esa forma de ejercer los recursos públicos y privados en esta elección, se provocaría la mayor sanción que puede aplicarse en un régimen democrático, la válvula extrema de seguridad para garantizar que un régimen democrático siga siendo tal: anular la voluntad de los electores expresada en las urnas”.

Quienes se acostumbraron a realizar muy buenos negocios cada tres años vendiéndole todo tipo de productos y servicios a los partidos políticos y sus candidatos ya no podrán, si van en serio las advertencias de los consejeros del INE, seguirse enriqueciendo con el dinero de nuestros impuestos.

Las nuevas reglas que estableció la Reforma Político-Electoral del año pasado, si se cumplen al pie de la letra, podrán ser el principio de un verdadero cambio en la manera de hacer campañas políticas en nuestro país. Podría por fin terminarse el despilfarro irracional que todavía vimos en las elecciones de 2012. Ojalá así sea.

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Fecha: 
Jueves, 29 de Enero 2015 - 12:00
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¡Las tres iniciativas que no pueden esperar!

El próximo 1 de febrero inicia el periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y  se nos dice que los legisladores aprobaran entre otras, tres iniciativas de ley que dejaron pendientes en el periodo ordinario de septiembre y diciembre del año pasado. 

La primera iniciativa que entre el PRI, PAN y PRD, discutirán y decretarán es la referente a la reforma constitucional en materia de seguridad pública que envió el Presidente de la República a los senadores. La segunda iniciativa en turno será la reforma política del DF, y la tercera iniciativa es la del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Las tres iniciativas son fundamentales para que el legislador les otorgue lo antes posible su aprobación. Sin embargo, la primera a discutir es la de seguridad pública. 

Sin duda entre los legisladores será importante llegar a ponerse de acuerdo para establecer los términos a incluir en el texto constitucional, con el propósito de instituir el Mando Único Policial Estatal, facultar a los legisladores para expedir leyes generales que determinen la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de seguridad pública, asimismo, la facultad de definir con libertad qué conductas deben ser tipificadas en dichas leyes generales y por tanto, la distribución de competencias para su investigación, persecución y sanción. 

En otras palabras, en materia de facultades legislativas se pretende, como bien lo apunta la iniciativa del presidente, “generar nuevos de esquemas de cooperación y coordinación”  para que “las autoridades locales puedan conocer de delitos federales y las autoridades federales de delitos locales”.   

De tal suerte la iniciativa del presidente, además puntualiza “la posibilidad de que la Federación asuma total o parcialmente las funciones municipales, cuando éstas se encuentren infiltradas por el crimen organizado”. 

En definitiva, estimado lector, para el próximo periodo ordinario los temas legislativos son numerosos a discutir y aprobar por los legisladores. No obstante, tres son las iniciativas principales que requieren lo antes posible su entrada en vigencia, pero, pero, pero, también resulta primordial que los acuerdos legislativos sean lo antes posible, y que así sea, antes de que inicie del 22 al 29 de marzo el registro de candidatos a diputados federales y su posterior campaña política. 

Así que, querido lector, en unos días arrancan las discusiones legislativas por aprobar las iniciativas de seguridad pública, de reforma política del DF y del Sistema Nacional Anticorrupción, temas cardinales que la sociedad reclama, especialmente el de seguridad pública. 

Al tiempo, tiempo…

Fecha: 
Lunes, 26 de Enero 2015 - 18:30
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La crisis del poder partidista

Los partidos políticos en México están en crisis democrática. En otras palabras, las leyes electorales desde el año de 1911 han sido modificadas para regularizar la actividad política de los partidos políticos. 

Los años transcurren y los cambios al régimen electoral también ocurren con las modificaciones legales, todo con el objeto de otorgar instituciones políticas y sólidas y confiables para que el ciudadano con certeza emita su voto en las elecciones.  

Son 103 años de cambios constantes a las leyes en materia electoral para que los partidos políticos en nuestro país sean auténticamente democráticos. Por ejemplo, la ley electoral de 1946 estableció, por primera vez el concepto jurídico partido político: “como agrupaciones constituidas conforme a la ley por ciudadanos mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos cívicos para fines electorales y de orientación política”.  

Y, en 1977 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los incorpora y reconoce para establecer que: “los partidos políticos son entidades de interés público, y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.” 

De tal suerte los partidos políticos son legalizados y constitucionalizados para que sean en su vida interna y externa democráticos; en la selección de sus dirigentes y candidatos y en la toma de decisiones políticas en beneficio de la población. 

No obstante, estimado lector, el poder es el poder, la codicia por el poder de los políticos es desmedida. La disputa por el poder lograr una candidatura interna partidista a un cargo de elección popular, el acomodo de los grupos políticos en postular a sus incondicionales, para que representen los intereses de su grupo político, los transporta a fomentar la crisis partidista por el poder político. El control político es su máxima ganancia. Es la práctica humana vinculada al poder. Sin duda, siempre y cuando sea en beneficio de la población y no de unos cuantos que pertenecen a la clase política. 

Así que, querido lector, tal vez  no sea verdad la crisis democrática de los partidos políticos, y máxime en estos días que dichas instituciones se encuentran en precampañas internas para lanzar a sus candidatos, pero, pero, pero, usted se preguntará: ¿Por qué los partidos buscan personajes públicos para ganar las elecciones? ¿Por qué los servidores públicos elegidos por sus electores por un periodo de tres años no lo terminan, y ahora buscan un nuevo cargo de elección popular? ¿Por qué algunos senadores de la República renuncian a su militancia partidista? ¿Por qué algunos diputados solicitan licencia para postular su candidatura? ¿Por qué  los servidores públicos de la administración pública renuncian o solicitan licencia para postular su candidatura? ¿Por qué existen las broncas internas  en los partidos políticos? ¿Por qué los dirigentes partidistas designan sin procesos democráticos a sus candidatos?

En fin, quizá la respuesta sea ¿cuál de todos los candidatos es el mejor y el que podría, claro está, en su momento político, representar los intereses del grupo político? Sin más ni más, me parece que los partidos políticos están en crisis democrática.

Al tiempo, tiempo… 

Fecha: 
Viernes, 23 de Enero 2015 - 19:30
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La magnitud de los problemas

De nuevo tenemos que padecer el suplicio de escuchar y ver la propaganda de los partidos políticos que mañana, tarde y noche se difunde en todas las estaciones de radio y televisión del país. Otra vez, como sucede cada tres años, debemos ser los involuntarios receptores de las mil y un estupideces que contienen los anuncios del PAN, PRI, PRD y los microminipartidos MC, PANAL, PT y PVEM. Este año, como si ser víctimas de estos siete partidos no fuera suficiente, también debemos serlo de MORENA, PES y PH, los nuevos institutos políticos que al igual que los otros prometerán redimir a la Patria y sus habitantes. 

Personalmente trato de evitar escuchar y ver esta propaganda chatarra, pero estoy profesionalmente obligado a hacerlo para saber cuales son las ocurrencias de los comunicadores de cada uno de los 10 partidos políticos que buscarán nuestros votos el próximo 7 de junio.

En términos generales cada uno de ellos nos promete el Sol, la Luna y las estrellas prometiendo hacer lo que les es imposible cumplir.

Los partidos nos dicen en sus mensajes, palabras más, palabras menos, las mismas cosas: si votas por mí, se acabará la corrupción, la impunidad, la pobreza, el desempleo, la ineficiencia, imperará el imperio de la ley, se combatirá mejor a los delincuentes, México tomará el justo lugar que le toca en el mundo, etc., etc., y etc.

Las ofertas y promesas que se nos hacen no las cree ya ni un descerebrado. Al hacerlas, los dirigentes y candidatos de cada partido hacen caso omiso de varias encuestas que indican que solo el 7% de los mexicanos le creen a los partidos políticos (entre ellas la Encuesta México: Política, Sociedad y Cambio: Escenarios de Gobernabilidad, realizada por GEA durante el último trimestre del año pasado y difundida el 14 de diciembre de 2014) y que apenas el 31% de los ciudadanos piensa votar en las próximas elecciones.

La desconfianza y desilusión que la mayoría de los mexicanos tenemos en los partidos políticos no es gratuita. Todos nos han fallado de una manera u otra, sus candidatos que han logrado ganar un cargo de elección olvidaron sus promesas de campaña y, peor aún, demostraron que el puesto no era más que un escalón hacia otro más importante.

Ahí están los casos de la educación, la seguridad pública, la impartición de la justicia y la salud. Pese a todo lo que se ha invertido en estos rubros, nuestros niños y jóvenes no reciben los conocimientos necesarios para enfrentar los retos del mundo contemporáneo, los policías de todos los niveles siguen siendo mal pagados, los niveles de impunidad rompen récords cada año y la probabilidad de morir en un hospital público es mayor hoy que ayer.

Durante esta temporada electoral todos lo candidatos de todos los partidos prometerán mejorar la seguridad pública. Sería bueno recordarles que, según la misma encuesta de GEA, “dos terceras partes de los policías locales tienen ingresos de apenas 4 mil pesos y tres cuartas partes además de tener sólo educación básica, no han recibido prácticamente ninguna capacitación” y que “muy pocos municipios y entidades alcanzan el parámetro recomendado por la ONU de tres policías por cada mil habitantes. En los municipios hay en promedio 1.6 policías y en los estados 1.3.”

Después de recordarles estos datos, sería bueno que cada candidato nos explique cómo piensa hacerle para que cada policía gane un sueldo decoroso (mínimo 14,000 pesos al mes), tenga como mínimo la secundaria terminada, reciba capacitación constante y adecuada y cómo piensa trabajar para que su municipio o estado llegue a tener un promedio de tres buenos, bien pagados y capacitados policías por cada mil habitantes. Después de que nos explique lo anterior, que nos diga de dónde obtendrá los recursos para lograrlo y cuánto tiempo deberemos esperar para ver cumplida su promesa.

Si alguno candidato puede hacer lo anterior de manera convincente, merece nuestro voto. Dudo que haya uno capaz de hacerlo.

La magnitud de los problemas que enfrenta el país es enorme y no van a solucionarse con promesas y soluciones sin fundamento como las que tendremos que escuchar en la propaganda de los partidos políticos que, además de estúpida, ya resulta ofensiva.

Foto: inciclopedia.wikia.com

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Fecha: 
Lunes, 19 de Enero 2015 - 12:00
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Por fin: los juicios orales en materia penal en el DF

A partir de las cero horas del hoy 16 de enero de 2015, en el Distrito Federal entra en vigencia la implementación de los juicios orales en materia penal, según lo previsto en el Decreto publicado en la Gaceta Oficial del DF del 20 de agosto de 2014.   

De tal forma se declara la incorporación del sistema procesal penal acusatorio y del Código Nacional de Procedimientos Penales al orden jurídico de la ciudad de México, con base a que el 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman diversos artículos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad pública y justicia penal, mediante el cual se establecen las bases del nuevo Sistema de Justicia Penal en la República Mexicana. 

En la misma reforma constitucional se determina que el sistema penal acusatorio entrará en vigor cuando lo establezca la legislación correspondiente (Código Nacional de Procedimientos Penales), sin exceder el plazo de ocho años, esto es a partir del día siguiente a la publicación de la referida reforma constitucional, es decir, el 19 de junio de 2008. 

En consecuencia, en el DF se cumple con la disposición constitucional del 2008, al entrar en vigor su implementación, aunque de manera parcial, ya que solamente se aplicará para los delitos culposos y aquellos que se persiguen por querella o acto equivalente de parte ofendida, así como los actos de investigación que requieran autorización previa del Juez de Control, inherentes a estos delitos, pero no para los delitos graves, sobre todo porque  estos últimos tipo de delitos se implementaran para el 2016. 

De esta suerte los delitos culposos y de querella en los que operará el sistema acusatorio son los siguientes.

Los delitos culposos son: homicidio; lesiones; aborto; lesiones por contagio; daños, ejercicio ilegal del servicio público, en las hipótesis siguientes: entre otras la de destruir, alterar o inutilizar información o documentación bajo su custodia o a la cual tenga acceso; evasión de presos; suministro de medicinas nocivas o inapropiadas; ataques a las vías y a los medios de comunicación; delitos contra el ambiente; y, los delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad en contra de animales no humanos.

Y, los delitos de querella, entre otros son: lesiones simples; procreación asistida, inseminación artificial y esterilización forzada; peligro de contagio; privación de la libertad con fines sexuales; simulación de secuestro en el siguiente supuesto: cuando sea cometido por un ascendiente, descendiente, cónyuge, parientes por consanguinidad hasta el segundo grado, concubina, concubinario, pareja permanente, adoptante o adoptado, y parientes por afinidad hasta el segundo grado; abuso sexual; acoso sexual; estupro; incumplimiento de la obligación alimentaria; violencia familiar; discriminación; amenazas; allanamiento de morada; encubrimiento; intimidación; ejercicio ilegal del propio derecho; fraude; y, violación de correspondencia. 

En fin, estimado lector, el orden jurídico en el DF, será mediante la implementación de los juicios orales en materia penal, con el propósito de que en una primera instancia se logre dar solución de manera inmediata el conflicto planteado ante la autoridad, de las personas afectas, sin tener que llegar a un proceso largo, quizá de años, y por lo general complicados en resolver de manera pronta y expedita.

Así que, querido lector, se dice que el costo de su implementación es de 500 mdp, y todo para agilizar la procuración y administración de justicia. Esperemos que sea así. 

Al tiempo, tiempo…

Fecha: 
Viernes, 16 de Enero 2015 - 18:00
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